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La Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), que lidera Julio Estévez (h), advirtió hoy que convocará a un paro de una semana, con asistencia al trabajo, y que no iniciará las ejecuciones fiscales del año si no se actualizan los honorarios que perciben los agentes judiciales del organismo.

Un documento gremial firmado por Estévez (h) y la secretaria de Prensa, Cultura y Capacitación, Florencia Barbieri, explicó hoy que ese personal -agrupado en la Seccional Representantes del Fisco- es el más numeroso y que a esos trabajadores «las paritarias no les impacta en el bolsillo porque viven del cobro de sus honorarios».

«Esos ingresos están de forma virtual congelados no obstante la brutal inflación anual», señalaron los sindicalistas, quienes detallaron que el sector percibía un honorario propio máximo de 5 mil pesos en 1997 (entonces igual al dólar); en 2015 de 7 mil pesos y, en la actualidad, un tope por juicio de 14 mil pesos», aclararon.

También enfatizaron que si esos honorarios fuesen actualizados desde su creación en 1997 el tope por juicio debería ser hoy de 320.064 pesos, sin un aumento, y añadieron que «el 100 por ciento de lo percibido por los agentes judiciales es pagado por el contribuyente fuera de la recaudación, es decir, no le cuesta un centavo a la AFIP».

«El 50 por ciento de lo que abonan esos contribuyentes se destina a la bolsa de la totalidad de los empleados del organismo, por lo que el reclamo no es sectorial sino que apunta a beneficiar al conjunto», puntualizaron Estévez (h) y Barbieri.

Además, el gremio expresó su «alegría» por la incorporación a todas las áreas de forma diaria de nuevos empleados contratados o trasladados a planta, aunque para los futuros ingresos de trabajadores reclamó «la participación de los sindicatos».

La Upsafip, que agrupa al personal jerárquico escalafonario de los grupos 17 a 26 en el organismo recaudador nacional, sostuvo que «es posible mejorar aspectos que reclaman los trabajadores de la AFIP», y explicó que «esa participación está determinada por la ley y los convenios aplicables respecto de la idoneidad de los postulantes y del régimen de transparencia en los variados procesos de su selección».

El gremio reclama en ese sentido «activa participación», y demandará una veeduría sindical, ya que «la demanda va de la mano del nuevo Código de Ética dictado por la propia administración federal para fomentar los valores institucionales, la no discriminación y la legalidad como valores aplicables al conjunto de los trabajadores».

«Hubo diálogo demasiado tiempo. Es momento de actualizar los importes de los valores judiciales y de que el gremio tenga participación en el proceso de incorporación de nuevo personal para evitar una medida de fuerza escandalosa, como sería la suspensión de las cobranzas judiciales, lo que nunca ocurrió», dijeron los dirigentes.

Por último, Estévez (h) sostuvo que «la AFIP limita lo que cobran los agentes judiciales cuando realizan un juicio por deudas», y explicó que existe «una ley nacional de aranceles que determina lo que debe percibir un abogado por una ejecución, pero esa norma no es obedecida, lo que perjudica al empleado y fomenta la morosidad».

«Es más barato ir a juicio con un 110 por ciento de inflación anual que pagar en tiempo y forma. Es injusto para el trabajador y el ciudadano que abona impuestos», concluyó.

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Fracasó la paritaria de la UOM y se declaró en libertad de acción

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El sindicato que nuclea a los trabajadores siderúrgicos UOM anunció que se declara en libertad de acción tras otra negociación paritaria fracasada. La Cámara Argentina del Acero, anclada por el Grupo Techint, se volvió a negar este jueves a otorgar un aumento salarial a trabajadores que reciben el mismo sueldo desde noviembre de 2023, mientras la inflación se sigue comiendo su poder adquisitivo.

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La Secretaría de Trabajo de todas formas convocó a una nueva reunión para el jueves 2 de mayo. Aún así ya no hay opción para dictar conciliación obligatoria, por lo que las medidas de fuerzas se decidirán en forma independiente.

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Lanzan campaña para derogar el DNU del gobierno

La CTA Autónoma que encabeza Hugo “Cachorro” lanza la campaña 1 millón de firmas para derogar el DNU 70/23 que actualmente continúa en disputa. 

En el día de hoy se reunió la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma para avanzar, definir y ratificar el plan de lucha con paros, movilizaciones, actividades callejeras y campañas para ponerle un freno al gobierno nacional.

Encabezada por el Secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy, la reunión definió realizar una campaña denominada “1 millón de firmas para derogar el DNU”, iniciativa que pondrá en funcionamiento la militancia y el activismo de la CTA para derogar y anular el DNU que expresa una reforma constitucional de facto. La campaña será callejera y digital y se pondrá en funcionamiento a partir de la semana que viene.

Luego de poner en valor la inmensa movilización protagonizada el martes pasado por gran parte de la sociedad, en todo el país, en defensa de la educación y la universidad pública, se resolvió movilizar el próximo 1º de Mayo al Monumento al Trabajo en una acción unificada junto a las demás centrales sindicales y la UTEP. Además de respaldar todas las iniciativas que se realizarán en cada una de las provincias.

En ese marco, también se ratificó el Paro Nacional del 9 de Mayo ya anunciado por todo el arco del campo popular.

Previamente, el día 30 de abril, se realizará una jornada Nacional de Lucha del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas en la cual se instalarán mesas y gacebos frente al Congreso de la Nación.

Para el mismo día, el gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para definir el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Recordemos que en la anterior reunión llevada a cabo en el mes de febrero, la secretaría de Trabajo montó una farsa junto al sector empresarial y no hubo acuerdo entre las partes. En esta oportunidad, la CTA Autónoma volverá a plantear una suma importante ante la permanente caída de los salarios.

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Aeronavegantes rechazó el acuerdo de cielos abiertos con Chile

La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que lidera Juan Pablo Brey, repudió el reciente acuerdo bilateral de cielos abiertos que firmó el Gobierno de Javier Milei con la República de Chile, que otorga al país vecino la totalidad de las libertades para operar en territorio nacional argentino, con aeronaves y personal extranjero.

“Este pacto intempestivo y de dudosa constitucionalidad implica la cesión de hecho de la soberanía sobre nuestro espacio aéreo, en perjuicio no sólo de nuestra línea de Bandera, sino de todo un sector del trabajo nacional”, señaló el gremio.

Así, Aeronavegantes rechazó el acuerdo celebrado con Chile y manifestó su “profunda preocupación por las políticas aerocomerciales” que lleva adelante la actual gestión. En este sentido, alertaron sobre el riesgo de la continuidad laboral de miles de trabajadores y advirtieron que “iniciarán todas las acciones gremiales y legales pertinentes a fin de revertir esta salvaje medida”.

En la misma línea Brey, quien es también Secretario de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), demandó medidas urgentes al Gobierno para revertir lo actuado. “Exigimos a las autoridades nacionales que tomen seriamente un tema tan sensible, del cual depende ni más ni menos que la conectividad aérea del país, y decenas de miles de puestos de trabajo argentino”, señaló.

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