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Será en tres cuotas: 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo; con el 7% ya pactado suma un 25%

Los trabajadores de la administración pública nacional recibirán un aumento del 25% en sus haberes, en tres cuotas que se pagarán entre febrero y mayo próximo, según el acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un gremio que, después de 14 años, volvió a rubricar su conformidad en una negociación salarial. Fuentes oficiales informaron que el Gobierno y los sindicatos acordaron un incremento del 18% para cerrar la paritaria del convenio colectivo de trabajo del empleo público, que se suma al 7% dispuesto en octubre último y, de esa forma, alcanza el 25%.

Indicaron además que el aumento «será efectivo en tres cuotas (4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo), a las que se sumará un bono de 4.000 pesos para fin de año para los salarios de hasta 60.000 pesos brutos.

«Este año, de un enorme esfuerzo fiscal, se garantizaron los puestos de trabajo, el cobro integral del salario y las condiciones laborales que preservan la salud de las y los trabajadores en el contexto de la emergencia sanitaria», reflexionó Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.

Según explicó el secretario de prensa de UPCN, Lucas Denna, el acuerdo alcanza «un aumento salarial del 25 por ciento desde octubre hasta mayo de 2021 y el pago de un bono de 4.000 pesos con los sueldos de diciembre, que beneficia a un universo de 130.000 trabajadores públicos».

«Para 2021 estamos ofreciendo incrementos por encima de la inflación esperada, iniciando un sendero de recuperación salarial; el próximo año será el de la recuperación y la propuesta de un 18% para el primer cuatrimestre va en ese sentido», declaró Castellani y remarcó que el acuerdo constituye «una clara señal, junto con el plan de regularización del empleo público, de la necesidad de elevar la calidad en la Administración Pública Nacional».

De la reunión paritaria, la segunda del año, participaron Castellani; el subsecretario de Empleo Público, Mariano Boiero; y los representantes gremiales de UPCN, Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Marta Farías y Mariano Unamuno y de ATE, Hugo Godoy, Mercedes Cabezas, Flavio Vergara y Rodolfo Aguiar.

El acuerdo salarial firmado en las dependencias de la cartera laboral tiene un componente histórico: es la primera paritaria que firman en conjunto UPCN y ATE después de 14 años, dado que desde el 2007 ATE firmó cada año en disconformidad lo acordado por el otro gremio.

Los aumentos comprenden a 130 mil trabajadores públicos de todas las categorías, en tanto, a partir de mayo de 2021, se iniciará la nueva paritaria estatal que tendrá vigencia hasta mayo de 2022. El acuerdo tiene además como antecedente la normalización laboral de unos 29 mil trabajadores estatales contratados desde hace más de cinco años y que ahora podrán concursar para integrar la planta permanente.

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Tensión en Misiones: policía, docentes y personal de salud reclaman mejoras salariales

En la provincia de Misiones se registra una fuerte protesta de la Policía frente al Comando Radioléctrico de la ciudad de Posadas que, lentamente, se va llenando con efectivos de toda la provincia que reclaman por su sueldo. 

Las fuerzas federales llegaron al lugar este domingo por la mañana, cerca de las 9:20, generando una escenario de máxima tensión que se tradujo en empujones en una de las esquinas lindantes, aunque el encontronazo se desactivó a los pocos minutos y la situación no pasó a mayores. Sin embargo, en las últimas horas se empezó a juntar una mayor cantidad de personas.

En este marco, el jefe de Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, inició gestiones de último momento para intentar acercar posiciones y destrabar el conflicto, que se originó el viernes a la madrugada.

Asimismo, indicaron que hay avances en las negociaciones entre los voceros de los manifestantes y las autoridades policiales, más allá que en la reunión anterior no se había presentado una nueva propuesta salarial.

Martínez logró el retiro de la Infantería y arribó al lugar para encarar las tratativas, luego de que este domingo por la mañana llegaran a la zona fuerzas federales, conformadas por Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

Las negociaciones se llevan a cabo con los referentes de la manifestación, los retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, además de un comisario de apellido Gentili, designado como «negociador» por el comité de crisis conformado con intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación.

«Hay un principio de acuerdo. Por eso se va a retirar la Infantería. El diálogo se ha reinstaurado. Le demostramos al jefe que la seccional está funcionando normalmente. Por favor no generemos conflictos ni peleas», indicó Palavecino, quien además indicó que como parte del acuerdo el jefe de la Policía solicitó la devolución de los móviles tomados para la protesta.

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El gobierno mantiene a Aerolíneas Argentinas entre las empresas a privatizar

Mientras el oficialismo negocia para conseguir votos, el senador Bartolomé Abdala afirmó que la ley saldrá “con algunos cambios”. Negó la posibilidad de que la compañía sea quitada de la lista como reclamaban los gremios y algunos gobernadores.

En la continuidad del debate de la Ley Bases, el senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala aseguró que el mega-proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei será aprobada pero “con algunos cambios”.

“La Ley Bases tuvo un diálogo extenso. En muchos casos se ha estudiado y se han hecho sugerencias. Por eso la demora”, afirmó en declaraciones radiales.

“Hoy sabemos que la Ley va a salir con algunos cambios. Los cambios que van a hacerse son los de menos impacto”, sumó.

En ese sentido, el legislador libertario descartó la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas sea quitada de la lista de empresas públicas a privatizar como había trascendido en las últimas jornadas.

“Aerolíneas ha sido muy cuestionada. Personalmente no veo con firmeza que salga de la lista de privatizaciones. Es uno de los temas a resolver. Lo veo muy difícil”, planteó.

El reclamo por Aerolíneas había llegado desde el ámbito gremial pero también de un grupo de gobernadores, especialmente de provincias de aquellas en las que la llegada de los vuelos comerciales son menos rentables.

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Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado

Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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