El Gobierno de Javier Milei se dispone a reabrir un frente de conflicto con el sindicalismo, al impulsar un nuevo proyecto para eliminar las cuotas solidarias que sostienen parte del financiamiento de los gremios. La medida, que figura entre las prioridades del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuenta con el respaldo del titular de Economía, Luis Caputo, y forma parte del paquete de reformas laborales que el Ejecutivo pretende debatir en el Congreso antes de fin de año.

La iniciativa no es nueva. Ya había sido incorporada en el DNU 70/2023, que buscó modificar las bases del sistema laboral argentino y fue suspendido parcialmente por la Justicia. Ahora, con un escenario político más favorable tras los comicios legislativos, el oficialismo planea retomar la ofensiva. En el reciente Coloquio de IDEA, Sturzenegger definió las cuotas solidarias como “impuestos privados ilegales” y “peajes” que, según su visión, distorsionan los salarios y encarecen los costos empresariales.

El funcionario incluso puso cifras sobre la mesa: en el convenio de Camioneros, esas contribuciones representan un descuento anual promedio de $845.401 por trabajador y generan ingresos al gremio de más de $200 mil millones. El decreto 149/25 —aún en borrador— propone prohibir esos descuentos automáticos, incluso si están pactados en los convenios, salvo autorización expresa de cada trabajador.

El artículo 9 de la Ley 14.250 ampara la existencia de esas contribuciones, al permitir que los acuerdos colectivos incluyan aportes destinados a las asociaciones que los negocian, aplicables tanto a afiliados como a no afiliados. Su espíritu es claro: los beneficios obtenidos por la negociación sindical —salarios, licencias, condiciones laborales— alcanzan a todo el universo comprendido en el convenio, por lo que se considera razonable que todos contribuyan a sostener la estructura que los consigue.

Para el Gobierno, sin embargo, esta figura consagra una “colectivización compulsiva” que contradice la libertad individual. En el trasfondo, la disputa no se limita a una cuestión económica: implica un choque ideológico entre el modelo libertario de atomización contractual y la lógica colectiva del sindicalismo tradicional.

El trasfondo político: Milei frente a la CGT

La embestida libertaria llega en un momento particularmente sensible. La CGT se encamina a renovar su Consejo Directivo el 5 de noviembre, mientras mantiene la cohesión interna tras meses de fricciones por la reforma laboral. En ese marco, el intento del Ejecutivo por restringir las fuentes de financiamiento sindical es leído como un movimiento para debilitar la capacidad de acción gremial antes del debate parlamentario.

El cotitular de la central obrera, Héctor Daer, advirtió que la CGT no cederá ante medidas que impliquen retrocesos:

“Si es para retroceder, no vamos a negociar. No hay indicios claros del borrador que pretende el Gobierno. Si no alcanza con el Parlamento, ejerceremos la presión política y gremial necesaria, como hicimos con el DNU 70”.

El mensaje fue directo. El sindicalismo ya frenó una parte sustancial del decreto en los tribunales y construyó mayorías legislativas circunstanciales para limitar la Ley Bases. La eliminación de la cuota solidaria, según advierten, no solo afectaría el financiamiento de los gremios, sino también la representación colectiva, ya que muchas organizaciones dependen de esos recursos para sostener servicios de salud, asesoramiento jurídico y beneficios sociales.

La ofensiva oficial expone dos visiones antagónicas sobre el sistema laboral argentino. Por un lado, la mirada libertaria de desregulación absoluta, que busca reducir la intermediación sindical y promover acuerdos individuales. Por otro, la concepción histórica del sindicalismo argentino como pilar de la negociación colectiva, cuya fortaleza reside precisamente en la solidaridad contributiva que garantiza su funcionamiento.

El debate, en el fondo, no es técnico sino político: ¿Quién representa a los trabajadores en un mercado desregulado?. Eliminar la cuota solidaria puede interpretarse como un avance en la libertad individual, pero también como un ataque directo a la estructura institucional que equilibra la relación entre capital y trabajo.

Mientras tanto, la CGT enfrenta un doble desafío: defender su autonomía financiera y demostrar que su representatividad no depende solo de los aportes, sino de la legitimidad frente a los trabajadores. El Gobierno, por su parte, apuesta a erosionar el poder sindical sin perder estabilidad parlamentaria ni generar conflicto social.

La batalla por la cuota solidaria no es una discusión marginal: es la prueba de fuego del modelo laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende instaurar. En nombre de la libertad individual, el oficialismo busca desarticular uno de los mecanismos centrales de la estructura gremial argentina.

Para la CGT, el desafío será resistir sin quedar atrapada en una defensa corporativa, y revalidar su papel en una sociedad que reclama representaciones más transparentes y democráticas.
El resultado de esta pulseada marcará si el país avanza hacia un esquema de individualización del trabajo o si logra sostener un sistema colectivo, solidario y equilibrado entre los derechos laborales y las libertades económicas.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rompió el silencio y volvió a colocarse en el centro del escenario político al rechazar en bloque la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende debatir antes de fin de año. El mensaje fue categórico: no habrá negociación si el objetivo es retroceder en derechos laborales.

Tras un lunes de cautela, las declaraciones más duras provinieron de Héctor Daer, uno de los secretarios generales salientes, y de Maia Volcovinsky, referente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y posible integrante de la nueva conducción. Ambos coincidieron en que lo que el Ejecutivo llama “reforma” constituye, en realidad, un recorte estructural de derechos bajo el argumento de flexibilizar el mercado de trabajo.

“No va a haber ninguna negociación para ceder derechos”, enfatizó Daer, quien cuestionó con firmeza el proyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. “Si es para retroceder, no vamos a discutir. Si es para progresar en derechos, sí”, agregó, dejando en claro los límites del diálogo.

El dirigente de Sanidad apuntó particularmente contra la idea de “salario dinámico” esbozada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien propuso que las empresas puedan ajustar remuneraciones sin seguir los convenios colectivos ni las paritarias. “Eso es un delirio que no existe en ningún lugar del mundo”, replicó Daer, al advertir que una medida de ese tipo “igualaría hacia abajo las condiciones de todos los trabajadores y rompería el equilibrio del sistema laboral argentino”.

El sindicalista denunció además que, con las normas actuales ya debilitadas, “tener un trabajador formal o informal da lo mismo”, dado que las sanciones por empleo no registrado se eliminaron y los fondos de indemnización se utilizan como mecanismos financieros. Por eso, insistió en que el debate que el país necesita “no es cómo quitar derechos, sino cómo generar empleo formal y desarrollo productivo”.

Un frente sindical en unidad

La posición de Daer encontró respaldo inmediato en otras corrientes internas de la CGT. Incluso Gerardo Martínez, de la UOCRA, quien ya se había expresado antes de las elecciones, reiteró su rechazo al proyecto libertario. Por primera vez en meses, todas las vertientes del sindicalismo coincidieron en una línea común: la defensa cerrada de los derechos laborales básicos.

Con la renovación del Consejo Directivo prevista para la semana próxima, el tema se convirtió en un punto de cohesión interna. El objetivo, según dirigentes de la central, es llegar a ese proceso con una CGT unificada y en posición de confrontar políticamente los cambios que impulsa el Ejecutivo.

El “menú táctico” para resistir

El sindicalismo ya elabora una estrategia múltiple. Daer la definió como un “menú táctico” que incluirá acción política, judicial y gremial. En los hechos, esto implicaría presentaciones ante la Justicia laboral, presión parlamentaria y, si fuera necesario, paros y movilizaciones masivas, replicando el esquema que permitió frenar la reforma incluida en el DNU 70/2023, suspendida por los tribunales y resistida en las calles.

“El Gobierno no busca una modernización sino un cambio de paradigma: trasladar los riesgos empresariales al trabajador”, advirtió un integrante del consejo directivo, en una lectura que resume el diagnóstico cegetista.

Volcovinsky: “Le llaman reforma a un recorte de derechos”

Desde el plano político, Maia Volcovinsky reforzó la postura con un discurso que combinó crítica técnica y defensa doctrinaria. “Cada vez que se habla de reforma laboral en la Argentina, en realidad se está hablando de un recorte: flexibilizar, fragmentar y debilitar la negociación colectiva”, afirmó.

La dirigente judicial recordó que las medidas aplicadas hasta ahora por el Gobierno “no generaron empleo digno, sino todo lo contrario: destruyeron más de 200 mil puestos formales, cerraron 15 mil pymes y empujaron los salarios a los niveles más bajos de la región”.

Volcovinsky también apuntó contra las ideas de extender la jornada a 12 horas y de promover convenios por empresa, iniciativas impulsadas por Federico Sturzenegger. “Eso no es eficiencia, es regresión. Extender la jornada en un país donde las mujeres dedican más de seis horas diarias a tareas de cuidado equivale a institucionalizar la sobreexplotación”, sentenció.

En su rol de cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT, adelantó que la central “será custodia de los derechos laborales conquistados y no permitirá su desmantelamiento”.

Tras las elecciones legislativas que reforzaron su posición, el presidente Javier Milei convocó a una reunión en Casa Rosada con los gobernadores considerados “dialoguistas”. El objetivo es reconstruir los puentes políticos que le permitan avanzar con su programa de reformas laborales e impositivas, en un contexto de creciente rigidez con el sindicalismo y los bloques opositores más duros.

A menos de una semana de consolidar un resultado favorable en las legislativas, Javier Milei reactivó su estrategia de acuerdos con los mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo en 2024. La convocatoria, confirmada por fuentes oficiales, apunta a trazar un nuevo entendimiento político que facilite la implementación de las reformas estructurales pendientes: la laboral y la impositiva.

El encuentro, previsto para este jueves en Balcarce 50, marcará el primer gesto político del Gobierno tras el reposicionamiento electoral de La Libertad Avanza (LLA). En la Casa Rosada se busca consolidar una base de sustentación territorial capaz de garantizar gobernabilidad y votos en el Congreso, donde la fragmentación legislativa continúa siendo el principal obstáculo.

Los llamados fueron dirigidos exclusivamente a los mandatarios considerados “dialoguistas”, en su mayoría firmantes del Pacto de Mayo, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), que se alinearon con el oficialismo durante la campaña. También confirmaron asistencia los referentes de Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Ignacio Torres (Chubut), junto a Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

En contraste, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) quedaron fuera de la convocatoria, confirmando la división política entre el Gobierno nacional y el bloque de gobernadores peronistas más críticos.

Entre los mandatarios peronistas invitados, se destacan Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos fortalecidos por recientes triunfos electorales, junto a Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que mantiene una relación de pragmatismo con la administración nacional.

La conducción del encuentro estará encabezada por Milei, acompañado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien recuperó protagonismo tras semanas de tensiones internas con el asesor presidencial Santiago Caputo. Francos volverá a desempeñar el rol de articulador político con los gobernadores, una tarea clave en esta etapa de negociación.

Según trascendió, el eje central de la reunión será el diseño de un consenso mínimo que permita reimpulsar las reformas estructurales que el oficialismo considera indispensables para la “modernización económica” del país. El Gobierno busca destrabar los proyectos laboral e impositivo, dos pilares que enfrentan fuerte resistencia tanto en el Congreso como en el movimiento sindical.

En los despachos oficiales se admite que el éxito del encuentro dependerá de la capacidad del Ejecutivo para ofrecer garantías a las provincias, especialmente en torno al reparto de recursos fiscales, la coparticipación y los mecanismos de compensación por la reducción de impuestos nacionales. La Casa Rosada confía en que una foto de unidad con los gobernadores aliados funcione como señal política hacia los mercados y como advertencia a los sectores que obstaculizan el avance de las reformas.