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La Confederación General del Trabajo presentó una acción ante la Justicia del Trabajo para suspender provisoriamente 64 artículos de la reforma laboral. Denuncia vulneración de derechos constitucionales y profundiza su estrategia judicial tras recientes reveses.

En una nueva escalada de confontación entre el movimiento obrero organizado y el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción judicial para frenar la aplicación de una porción sustancial de la reforma laboral recientemente sancionada por el Congreso. El planteo, radicado ante la Justicia del Trabajo, incluye un pedido de medida cautelar con el objetivo de suspender de manera inmediata 64 artículos de la norma, al tiempo que solicita su declaración de inconstitucionalidad.

La presentación apunta directamente contra aspectos medulares de la denominada Ley de Modernización Laboral, una de las piezas centrales del paquete de reformas impulsado por el oficialismo. Según argumenta la central sindical, los artículos cuestionados afectan derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores, vulnerando garantías consagradas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.

En el escrito, la CGT sostiene además que varios de los puntos impugnados replican contenidos previamente incluidos en el DNU 70/2023, que ya fue objeto de múltiples cuestionamientos judiciales. Este antecedente, remarcan, refuerza la presunción de inconstitucionalidad de los artículos ahora incorporados por vía legislativa.

La ofensiva judicial no se limita a este expediente. Forma parte de una estrategia más amplia desplegada por la conducción sindical en distintos fueros, incluyendo el contencioso administrativo, donde también se tramitan presentaciones contra otros capítulos de la reforma. El objetivo es construir un cerco jurídico que limite la aplicación efectiva de la norma hasta tanto se resuelva su validez constitucional de fondo.

El nuevo movimiento de la CGT se produce en un clima adverso en los tribunales. Días atrás, la central sufrió un revés cuando un juzgado rechazó una medida cautelar que buscaba suspender disposiciones vinculadas al traspaso de la Justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Ese fallo, lejos de desactivar la estrategia, parece haber acelerado la decisión de profundizar la disputa judicial.

La judicialización de la reforma laboral confirma que el conflicto ha ingresado en una etapa de mayor complejidad institucional. Ya no se trata únicamente de una puja política o sindical, sino de una controversia que será dirimida en los tribunales, con impacto directo sobre la arquitectura normativa del mercado de trabajo.

El planteo de la CGT se apoya en un argumento central: la presunta regresividad de los derechos laborales. Este eje no es menor, ya que la jurisprudencia de la Corte Suprema y los estándares internacionales han establecido límites a las reformas que impliquen retrocesos en materia de protección social. En ese aspecto, la discusión sobre la constitucionalidad de la ley no solo será técnica, sino también profundamente política.

Al mismo tiempo, la reiteración de contenidos previamente incluidos en el DNU 70/2023 introduce un elemento adicional de controversia. Si bien el Congreso tiene potestad para legislar sobre esas materias, la persistencia de artículos ya cuestionados judicialmente podría ser interpretada como una continuidad de criterios normativos que aún no han superado el test de constitucionalidad.

La ofensiva judicial de la CGT abre un nuevo capítulo en la disputa por la reforma laboral. Con una cautelar en trámite y múltiples frentes abiertos en distintos fueros, el futuro de la norma queda sujeto a decisiones judiciales que podrían redefinir su alcance o incluso invalidar partes sustanciales. En un escenario de alta tensión política y social, la última palabra, al menos por ahora, la tendrá la Justicia.

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JetSMART desembarca en San Juan y suma cinco vuelos semanales a Buenos Aires

La aerolínea de bajo costo comenzará a operar este jueves 19 de noviembre. El primer servicio llegará al aeropuerto de Las Chacritas pasado el mediodía, mientras que los pasajes se comercializan desde $78.000 por tramo, con impuestos incluidos.

San Juan incorporará desde este jueves una nueva alternativa para viajar a Buenos Aires. JetSMART iniciará sus operaciones en la provincia con una conexión directa que tendrá cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes, y cuyo primer vuelo está previsto para alrededor de las 13 en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas.

El desembarco de la compañía introduce una nueva opción en el mercado aerocomercial sanjuanino, especialmente para quienes necesitan trasladarse con regularidad hacia la Ciudad de Buenos Aires. La frecuencia diaria durante los días hábiles permitirá ampliar las alternativas disponibles y sumar competencia en una ruta de importancia para la actividad económica, turística e institucional de la provincia.

Los pasajes ya pueden adquirirse a través del sitio oficial de JetSMART y en agencias de viajes. De acuerdo con los valores informados por la empresa, las tarifas comienzan en $78.000 finales por tramo, con impuestos y tasas incluidos. El precio constituye una tarifa de referencia y puede variar según la fecha elegida, la disponibilidad y las condiciones de compra.

La llegada a la provincia forma parte del proceso de expansión que la aerolínea busca consolidar en Argentina y la región. La compañía informó que ya transportó a más de 17 millones de pasajeros en el mercado nacional, una cifra que refleja el crecimiento de su operación desde el inicio de sus actividades en el país.

Para sostener esa expansión, JetSMART utiliza aeronaves Airbus A320 y A321neo, modelos que integran su flota regional. Además, proyecta superar las 20 aeronaves operativas en Argentina hacia el verano de 2027, con la incorporación de diez unidades A321neo.

La puesta en marcha de esta ruta representa una ampliación de la oferta aérea para San Juan. Su impacto dependerá, entre otros factores, de la continuidad de las frecuencias, la evolución de la demanda y la competitividad de las tarifas. En donde la conectividad resulta relevante para el turismo, los negocios y los vínculos institucionales, la incorporación de un nuevo operador abre una alternativa que podría fortalecer la integración con uno de los principales centros de actividad del país.

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Departamentales

Siete de cada diez argentinos agotan su sueldo antes del día 20 y recurren al crédito para sobrevivir

Un relevamiento de la consultora Zentrix correspondiente a octubre reveló que el 67,7% de la población se queda sin ingresos antes de terminar la tercera semana del mes. El endeudamiento alcanza al 59,4% de los encuestados y más de la mitad de quienes tomaron préstamos los destinó a comprar alimentos o afrontar gastos de salud.

El salario pierde capacidad para sostener los gastos cotidianos y cada vez más hogares argentinos deben recurrir al crédito para atravesar las últimas semanas del mes. Según el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix, el 67,7% de la población agota sus ingresos laborales, como máximo, alrededor del día 20. El dato expone la dificultad de una proporción mayoritaria de los hogares para cubrir sus necesidades con los recursos que perciben regularmente.

El deterioro resulta todavía más evidente al observar que el 35,3% de los consultados se queda sin dinero disponible después del día 15. A partir de entonces, las tarjetas de crédito, los préstamos digitales —entre ellos Mercado Crédito— y las financieras comienzan a funcionar como mecanismos para sostener consumos que ya no pueden financiarse con el salario.

El informe, correspondiente a octubre, muestra que apenas el 31,1% de los argentinos logra llegar al cierre del mes con sus ingresos. Sin embargo, esa proporción tampoco refleja necesariamente una situación holgada: el 23,6% termina el período sin margen para ahorrar y solamente el 7,5% consigue reservar una parte de su dinero.

La clase media también pierde margen

Las dificultades alcanzan con distinta intensidad a todos los estratos sociales, aunque se profundizan entre los hogares de menores recursos. En ese segmento, el 82,4% consume la totalidad de sus ingresos antes del día 20 y el 43,8% se queda sin dinero antes del día 15. Apenas el 16,9% consigue cubrir el mes completo y ninguno de los encuestados de este grupo manifestó tener capacidad de ahorro.

La clase media tampoco escapa a esa dinámica. El 60,6% de sus integrantes agota sus recursos hacia el día 20, frente al 51,4% registrado en septiembre. El salto en un solo mes refleja un deterioro significativo de la capacidad de consumo. Entre quienes logran afrontar todos sus gastos, apenas el 8,3% consigue guardar dinero.

El panorama cambia entre los sectores de mayores ingresos: el 75,6% llega a fin de mes y el 40% tiene posibilidades de ahorrar. Por edades, los jóvenes de entre 18 y 39 años que se sostienen económicamente por sus propios medios aparecen entre los más afectados: tres de cada cuatro se quedan sin recursos antes del día 20 y apenas el 2,1% logra reservar dinero.

Préstamos para comprar alimentos y pagar servicios

Uno de los indicadores más sensibles del relevamiento es la finalidad del endeudamiento. El 59,4% de los encuestados afirmó haber contraído alguna deuda durante los últimos seis meses. Entre quienes recurrieron a ese mecanismo, el 57,7% utilizó el dinero para afrontar gastos esenciales, principalmente alimentos y salud, mientras que otro 18,3% lo destinó al pago de tarifas y servicios.

En los hogares de menores ingresos, la dependencia del crédito para cubrir necesidades básicas asciende al 68,3%. Este comportamiento evidencia una dinámica difícil de revertir: los préstamos permiten resolver urgencias inmediatas, pero las cuotas y los intereses comprometen una parte de los ingresos futuros y reducen todavía más el dinero disponible para el mes siguiente.

La percepción sobre la evolución de los salarios acompaña ese diagnóstico. El 80,6% considera que sus ingresos pierden frente a la inflación, mientras que el 69,6% sostiene que el índice oficial no refleja los aumentos que experimenta en sus gastos cotidianos. Además, el 63,9% evalúa negativamente la situación económica nacional.

Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza, el 59% reconoce que sus ingresos no logran acompañar el incremento de los precios, un dato que muestra que la preocupación por el poder adquisitivo atraviesa distintas identificaciones electorales.

En cuanto a las preferencias laborales, el empleo formal continúa siendo la alternativa más valorada: el 67,2% elegiría un puesto registrado en relación de dependencia, frente al 26,9% que optaría por el monotributo y apenas el 1,4% que manifestó preferencia por el trabajo no registrado.

Los resultados dibujan una economía doméstica cada vez más condicionada por la insuficiencia de los ingresos. Cuando el crédito deja de utilizarse para financiar proyectos o consumos extraordinarios y pasa a cubrir alimentos, medicamentos y servicios, el endeudamiento se convierte en una señal de fragilidad económica. La posibilidad de llegar a fin de mes sin recurrir a préstamos aparece, para una mayoría de los hogares, como una dificultad en aumento.

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destacada

ASIJEMIN acordó con Vicuña un aumento salarial del 10% para el personal jerárquico minero

El entendimiento fue firmado en San Juan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Contempla una recomposición del 6% retroactiva a octubre de 2026 y otro incremento del 4% desde enero de 2027, con bases de cálculo correspondientes a los salarios de septiembre y diciembre, respectivamente.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y Vicuña Argentina S.A. alcanzaron un acuerdo paritario que establece una mejora salarial acumulada del 10% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. La conformidad se firmó este miércoles 18 de noviembre y contempla dos etapas de aplicación, con incrementos distribuidos entre el último trimestre de 2026 y el comienzo del próximo año.

La primera recomposición será del 6%, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y calculada sobre los salarios básicos de septiembre. El retroactivo correspondiente será abonado junto con los haberes de noviembre, según lo establecido en el acuerdo.

La segunda actualización alcanzará el 4% y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. En este caso, la base de cálculo será el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2026. De esta manera, las partes definieron un esquema de actualización escalonado que extiende sus efectos sobre las remuneraciones del personal jerárquico, profesional y técnico alcanzado por el convenio.

Por ASIJEMIN participaron de la negociación el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano.

La representación de Vicuña Argentina estuvo integrada por Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.

El pacto constituye un nuevo resultado de la negociación entre la organización sindical y la compañía minera, en una actividad donde la evolución de los proyectos y la incorporación de personal mantienen en primer plano las discusiones sobre condiciones laborales y remuneraciones. La aplicación de los dos tramos acordados marcará la pauta salarial para los trabajadores alcanzados durante los próximos meses.

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