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Mientras AMET y UDA cuestionaron la propuesta por su composición no remunerativa y su falta de impacto estructural, UDAP la aprobó por mayoría y dejó al Gobierno provincial en condiciones de avanzar hacia el cierre de la paritaria, en un escenario atravesado por tensiones y diferencias de fondo.

La negociación salarial docente en San Juan ingresó en una etapa decisiva marcada por la fractura sindical. En la antesala de una nueva reunión paritaria, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmó su rechazo a la última oferta del Ejecutivo provincial, alineándose con la postura previamente adoptada por la Unión Docentes Argentinos (UDA). En contraposición, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió aceptar la propuesta, inclinando el equilibrio de la negociación hacia un eventual cierre.

La decisión de AMET se conoció pasado el mediodía, luego de que la propuesta del Ejecutivo fuera sometida a consulta de bases. El principal punto de conflicto radicó en la inclusión de sumas fijas no remunerativas, particularmente un bono mensual de 100.000 pesos por cargo, que no impacta en el salario básico ni en adicionales como el aguinaldo o las jubilaciones. Este esquema fue interpretado por los gremios disidentes como una herramienta coyuntural que no resuelve el deterioro estructural del ingreso docente.

La oferta del Gobierno contempla, además, un incremento del 5% sobre el valor índice tomando como referencia diciembre de 2025, junto con la incorporación de seis puntos a los códigos A01 y E60 del nomenclador, con efectos en distintos componentes del salario. A esto se suman aumentos del 2% en mayo y del 3% en junio, así como una cláusula de revisión condicionada a la evolución económica y fiscal de la provincia.

Otro de los ejes cuestionados por AMET y UDA fue precisamente esa cláusula de actualización, al considerar que subordina los futuros ajustes a la capacidad recaudatoria del Estado provincial en lugar de establecer mecanismos automáticos vinculados a la inflación. En ese sentido, ambos gremios coincidieron en reclamar una recomposición salarial con mayor previsibilidad y alcance integral.

También señalaron la necesidad de que cualquier mejora abarque a la totalidad del sistema educativo, sin segmentaciones que generen inequidades entre cargos, niveles o modalidades.

Desde la conducción de AMET, encabezada por Daniel Quiroga, se enfatizó que la propuesta no satisface las demandas específicas del sector técnico, profundizando así el distanciamiento con la posición oficial.

En contraste, UDAP —el gremio con mayor peso en la mesa de negociación— resolvió aprobar la oferta tras un extenso debate interno. La decisión, adoptada por mayoría en su plenario, resulta determinante para el desenlace del proceso paritario, ya que su aval otorga al Ejecutivo el respaldo necesario para avanzar hacia la formalización del acuerdo.

El escenario que emerge de esta negociación expone una doble dinámica. Por un lado, el Gobierno logra encaminar el cierre de la paritaria apoyado en el respaldo del sindicato mayoritario, lo que le permite sostener su estrategia de administración fiscal en un contexto económico restrictivo. Por otro, la negativa de AMET y UDA deja al descubierto un malestar persistente en sectores del sistema educativo que cuestionan la calidad de la recomposición salarial.

La utilización de sumas no remunerativas vuelve a posicionarse como un punto crítico. Si bien ofrece una respuesta inmediata al deterioro del poder adquisitivo, su carácter transitorio y su exclusión del salario básico generan tensiones de mediano y largo plazo, especialmente en lo que respecta a derechos previsionales.

Asimismo, la inclusión de cláusulas atadas a variables fiscales introduce un elemento de incertidumbre que choca con la demanda sindical de previsibilidad en los ingresos, en un contexto inflacionario que continúa erosionando los salarios reales.

Con la aceptación de UDAP, el Gobierno queda a un paso de cerrar la paritaria docente, aunque lo hace sobre una base de consenso parcial y con señales claras de disconformidad en parte del arco gremial. La resolución del conflicto, lejos de clausurar el debate, deja abiertas fricciones que probablemente reaparezcan en futuras negociaciones, bajo un panorama donde la puja entre sostenibilidad fiscal y recomposición salarial seguirá marcando el pulso de la agenda educativa.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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