Los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron retomar sus actividades laborales después de que el Gobierno les advirtiera que les aplicarían sanciones si continuaban con la medida de fuerza. La decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del hospital y la amenaza de despidos y sanciones.

El Gobierno había advertido a los residentes que si no cesaban las protestas, se tomarían medidas. En un mail enviado por el Consejo de Administración del hospital, se les informó que si no retoman sus actividades laborales, se les aplicarían sanciones que podrían incluir el descuento del día del salario, la pérdida de la regularidad en el programa de residencia y hasta la desvinculación del hospital.

La justificación de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio de reforzar el ingreso con un bono de $500.000. Según el Ministerio, el aumento informado el fin de semana «es un hecho», por lo que cualquier medida de fuerza al respecto no tiene un motivo legítimo.

La reacción de los residentes

Después de una reunión con autoridades del hospital, los residentes decidieron retomar sus actividades laborales. En un comunicado oficial, los médicos informaron que «por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del hospital retoma su actividad laboral de forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha».

La posición de ATE

Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo para este jueves. «Nada de nada», sostuvo Norma Lezana, titular de APyT sobre las propuestas analizadas en la reunión con autoridades del hospital. «Es una vergüenza», continuó.

La decisión de los residentes del Hospital Garrahan de levantar el paro después de la advertencia del Gobierno es un claro ejemplo de la presión que existe entre los trabajadores de la salud y el Gobierno. Mientras que los residentes decidieron retomar sus actividades laborales, ATE y otros gremios siguen firme en su posición de lucha por mejores condiciones laborales y salariales.

En un miércoles especial, el Congreso y sus alrededores se convirtieron en el epicentro de una gran movilización que reunió a diversos sectores sociales afectados por las políticas del Gobierno. Puertas adentro, se estaba tratando el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, mientras que afuera, miles de personas se congregaron para reclamar la sanción de una ley que ponga un freno a los recortes llevados a cabo por la gestión de Javier Milei.

La manifestación fue pacífica y contó con la participación de jubilados, científicos, médicos y discapacitados, todos vulnerados y pisoteados en sus derechos por parte de un Ejecutivo nacional. Acompañados también por el colectivo ‘Ni una menos’, los manifestantes alzaron la voz para hacer oír sus demandas.

Las demandas

Atrasos salariales, condiciones de trabajo precarias, ajustes de personal, quita de medicamentos y condiciones de vida indignas son algunas de las causas que motivaron esta marcha multitudinaria. Los jubilados vienen manifestándose frente al Congreso todos los miércoles, y en las últimas movilizaciones, las fuerzas de seguridad reprimieron duramente a los manifestantes.

La represión

Nuevamente, como ocurre todos los miércoles, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich desplegaron un extenso y exagerado operativo en la zona del Congreso. La ministra de Seguridad amenazó con violentar a los manifestantes en caso de agresión contra personal policial, lo que es un claro ejemplo de violencia institucional con el aparato de la fuerza del Estado.

La unión de las luchas

Bajo la consigna «Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos», miles de personas se congregaron frente al Parlamento, donde se reunieron con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales. El movimiento feminista decidió unirse este año a la lucha de cada miércoles de los jubilados y jubiladas, de las universidades, ciencia, migrantes y personal de salud.

El Gobierno nacional prepara un decreto que podría vaciar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo clave en la generación de tecnología y conocimiento para el sector agropecuario. La medida podría tener graves consecuencias para la investigación agropecuaria y la economía del país.

En un contexto de ajuste y reestructuración, el Gobierno nacional prepara un decreto que podría vaciar al INTA, un organismo que ha sido fundamental en la generación de tecnología y conocimiento para el sector agropecuario argentino. La medida, impulsada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, implicaría la salida inmediata de entre 800 y 850 trabajadores que no forman parte de la planta permanente, con la intención de alcanzar los 1.500 desvinculados en una segunda etapa mediante retiros voluntarios.

El impacto en la investigación agropecuaria

El INTA es un organismo que ha desarrollado tecnologías y conocimientos que han permitido mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario argentino. El vaciamiento del INTA podría afectar la capacidad del país para producir alimentos y materias primas de manera eficiente y sostenible.

Ante esta situación, se convocó a una asamblea urgente en el INTA Castelar para este jueves, con el objetivo de organizar una movilización nacional en defensa del organismo. Los trabajadores y delegados están decididos a resistir lo que consideran el mayor ataque al INTA en su historia. «Este decreto apunta a vaciar al INTA y dejarlo en manos del negocio inmobiliario rural y urbano», alertó José Perea, delegado de ATE en Castelar.