El Gobierno confirmó que el bono extraordinario para jubilados y pensionados seguirá en $70.000 durante febrero. El monto permanece sin cambios desde marzo de 2024, mientras la inflación acumulada ronda el 180%, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores.

El esquema previsional vuelve a quedar en el centro del debate económico y social. El Gobierno nacional oficializó este jueves que el bono adicional destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuará congelado en $70.000 durante febrero, pese a la persistencia de la inflación y al marcado deterioro del poder de compra de los ingresos previsionales.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial, y ratifica una política que se mantiene inalterable desde marzo de 2024, cuando el bono fue fijado por última vez. Desde entonces, el costo de vida acumuló un aumento cercano al 180%, lo que transformó a ese refuerzo en una suma cada vez más marginal frente a las necesidades básicas de los adultos mayores.

Con el ajuste correspondiente a la inflación de diciembre —un 2,84%—, la jubilación mínima que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en febrero ascenderá a $359.219,42. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará los $429.219,32.

La normativa establece que los jubilados y pensionados que cobren un monto igual o inferior al haber mínimo garantizado recibirán la totalidad del bono de $70.000. En tanto, quienes superen ese piso percibirán un monto variable como complemento, equivalente a la diferencia necesaria para llegar al tope resultante de la suma entre el haber mínimo y el bono máximo, es decir, $429.219,32.

Desde el Ejecutivo, la continuidad del bono congelado se inscribe en la estrategia de contención del gasto público y consolidación del superávit fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico del presidente Javier Milei. Sin embargo, el impacto social de esta decisión vuelve a encender cuestionamientos, en un momento donde los ingresos previsionales siguen corriendo muy por detrás de la inflación acumulada.

Un informe basado en proyecciones demográficas nacionales anticipa un descenso significativo en la cantidad de alumnos de nivel primario en San Juan hacia 2030. La caída, superior a los 15.600 estudiantes, plantea desafíos importantes para la planificación educativa, la asignación de recursos y la infraestructura escolar.

La provincia de San Juan se encamina a un cambio estructural en su sistema educativo primario. Según proyecciones oficiales difundidas a nivel nacional, la matrícula del nivel primario registrará una caída superior a los 15.600 alumnos hacia el año 2030, una tendencia que responde a transformaciones demográficas profundas y sostenidas en el tiempo.

De acuerdo con el informe, San Juan pasaría de contar con aproximadamente 123.300 alumnos de primaria en 2025 a unos 107.600 en 2030, lo que implica una reducción de más del 12% en apenas cinco años. El fenómeno se explica principalmente por la disminución de las tasas de natalidad, observada en todo el país durante la última década, y por movimientos migratorios de familias hacia otras provincias o al exterior, factores que inciden directamente en la cantidad de niños en edad escolar.

Las estimaciones forman parte de un relevamiento más amplio sobre la evolución de la población escolar en Argentina, elaborado a partir de datos oficiales y proyecciones de organismos especializados en demografía y planificación poblacional. En ese marco, San Juan aparece entre las provincias con una baja significativa en el nivel primario, aunque el fenómeno no se limita al ámbito local.

Desde el sector educativo, la proyección genera preocupación por su impacto en la planificación futura. Una menor cantidad de alumnos obliga a repensar la organización del sistema: desde la conformación de cursos y turnos hasta la asignación de docentes, el mantenimiento de edificios escolares y la distribución del presupuesto educativo. En escenarios de caída sostenida, también se abre el debate sobre posibles reconfiguraciones de la infraestructura, fusiones de establecimientos o redefinición de programas específicos.

Especialistas en educación y demografía advierten que la baja en la matrícula primaria no necesariamente implica una mejora automática en la calidad educativa. Por el contrario, sin políticas adecuadas, puede derivar en desajustes administrativos, pérdida de cargos o subutilización de recursos. Al mismo tiempo, señalan que la reducción de alumnos podría representar una oportunidad para avanzar en mejoras pedagógicas, con cursos menos numerosos y mayor acompañamiento, siempre que exista una planificación estratégica de largo plazo.

La Confederación General del Trabajo intensifica su despliegue político en provincias y en el Senado para impedir que el proyecto oficial se trate en febrero. Apunta a postergar la discusión hasta las sesiones ordinarias y advierte sobre un impacto regresivo en derechos laborales, economías regionales y empleo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha una ofensiva política de alcance federal para frenar el tratamiento acelerado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En los últimos días, la central obrera profundizó contactos con gobernadores y senadores considerados clave, con un objetivo preciso: evitar que el proyecto sea debatido durante el período de sesiones extraordinarias y forzar su análisis a partir del 1 de marzo, cuando se inicien las ordinarias.

Desde la conducción sindical advierten que el oficialismo busca una aprobación rápida, sin debate profundo ni participación de los sectores involucrados. Así lo expresó el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien cuestionó públicamente la intención de discutir la reforma “entre gallos y medianoche” durante las extraordinarias. En declaraciones radiales, el dirigente fue contundente al señalar que se trata de un texto “pobre desde el punto de vista técnico” y alejado del objetivo declarado de modernizar las relaciones laborales.

Según la mirada sindical, el proyecto no sólo no promueve empleo genuino ni inversión productiva, sino que además implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el sector empleador. “Está muy lejos de ayudar a las pymes y de generar trabajo estable”, subrayó Sola, al tiempo que defendió el derecho de los trabajadores a conservar conquistas históricas.

La estrategia de la CGT combina gestiones políticas directas y construcción de consensos en las provincias. “Hemos mantenido numerosas reuniones con quienes hoy tienen la responsabilidad de definir si esta ley va a cambiar el futuro de los trabajadores”, explicó el dirigente, en referencia al rol central que jugarán los gobernadores y el Senado en la definición del trámite legislativo.

Advertencias y presión política

El mensaje se refuerza desde otros sectores de la conducción cegetista. Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, advirtió que lo que está en discusión “es el futuro de la Argentina” y denunció que la iniciativa fue elaborada por estudios jurídicos ligados a grandes corporaciones, sin contemplar beneficios reales para las pymes ni para el mercado laboral. Además, alertó sobre el impacto negativo en el financiamiento de obras sociales, el sistema previsional y las economías regionales.

Por su parte, Octavio Argüello, referente de Camioneros, cuestionó la falta de convocatoria del Poder Ejecutivo al diálogo social y anticipó que la CGT dará la discusión “en todos los ámbitos necesarios” para frenar la reforma. Entre las opciones mencionó el plano institucional, judicial y también la movilización en la calle, al considerar que el proyecto favorece a multinacionales sin crear empleo genuino.

En este sentido, la central obrera asegura contar con propuestas técnicas alternativas y busca que gobernadores y senadores dimensionen el alcance real de la iniciativa antes de avalar su tratamiento exprés.

Con una ofensiva coordinada que combina diálogo político, presión institucional y advertencias públicas, la CGT apuesta a ganar tiempo y bloquear el avance acelerado de la reforma laboral. El objetivo inmediato es claro: sacar el proyecto de las sesiones extraordinarias, abrir un debate profundo en el período ordinario y, en el mejor de los escenarios para el sindicalismo, modificar sustancialmente o desactivar una iniciativa que consideran regresiva. En ese tablero, gobernadores y senadores aparecen como piezas clave de una disputa que promete escalar en las próximas semanas.