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El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno está próximo a retomar su tratamiento parlamentario. Mientras el oficialismo busca sumar apoyos, la CGT y varios gobernadores expresan fuertes reparos por el impacto sobre los derechos sindicales, el empleo y la recaudación provincial.

Con negociaciones abiertas en distintos frentes, el oficialismo intenta consolidar apoyos legislativos, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) y varios gobernadores advierten sobre artículos que consideran regresivos y fiscalmente perjudiciales.

Desde la difusión del proyecto, la central sindical dejó en claro su rechazo a múltiples apartados, en especial aquellos que afectan la actividad gremial y el ejercicio del derecho a huelga. Durante la masiva movilización del 18 de diciembre, los principales dirigentes sindicales sintetizaron su postura con un mensaje contundente:
“Este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados. Se limita la acción gremial, se amplía el poder disciplinario del empleador y se violenta la libertad sindical”.

Los artículos que generan mayor rechazo sindical

El núcleo del conflicto con la CGT se concentra en las modificaciones que restringen la protesta y la organización sindical. Entre los puntos más cuestionados figura la ampliación del listado de servicios considerados “esenciales”, que deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% durante medidas de fuerza. A esto se suma la categoría de “actividades de importancia trascendental”, obligadas a sostener el 50% de su actividad. Para los gremios, esta redefinición vacía de contenido el derecho a huelga.

Otro aspecto crítico es la limitación a las asambleas y congresos sindicales, que solo podrían realizarse con autorización previa y sin goce de haberes para los trabajadores que participen. Además, el proyecto habilita a los empleadores a retener las cuotas sindicales únicamente con conformidad expresa del trabajador, lo que la CGT interpreta como una intromisión directa en la vida interna de los sindicatos.

La central obrera también rechaza la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a renegociar acuerdos vencidos sin prórroga automática; la exclusión del aguinaldo y las vacaciones del cálculo indemnizatorio; y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desvía el 3% de los aportes patronales hacia un esquema de inversión privada en lugar de reforzar el sistema de seguridad social.

Gobernadores entre el apoyo condicionado y la alarma fiscal

En el plano político, La Libertad Avanza logró conformar la primera minoría en la Cámara de Diputados, pero necesita construir consensos con bloques provinciales. Allí aparece el rol clave de los gobernadores, cuyas posiciones oscilan entre el respaldo parcial y el rechazo abierto.

Desde una gobernación con diálogo fluido con la Casa Rosada admitieron que “algunos aspectos del proyecto de modernización laboral van en línea con lo que se necesita”, aunque aclararon que existen “distorsiones que deben corregirse para no perjudicar ni a los trabajadores ni al capital privado”.

En Santa Fe, el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que el país requiere una modernización que permita a las pymes sostener el empleo y avanzar en la formalización laboral. En Córdoba, en cambio, el gobernador Martín Llaryora optó por una postura más cautelosa: “Vamos tema por tema, sin apuro y sin condicionamientos”, deslizaron desde su entorno, descartando cualquier negociación atada a fondos discrecionales.

La posición más crítica emergió desde Catamarca. Si bien el gobernador Raúl Jalil reconoce que “algo hay que cambiar”, los legisladores provinciales elevaron un documento con duras objeciones al proyecto. Según advirtieron, la reforma genera un impacto fiscal negativo directo sobre las provincias al reducir aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.

“Lejos de promover un desarrollo equilibrado, el proyecto profundiza asimetrías regionales, debilita derechos laborales y compromete la sostenibilidad fiscal y social de la provincia”, afirmaron los legisladores catamarqueños, marcando una línea roja para el debate parlamentario.

El impacto tributario y el costo fiscal

La reforma laboral también incluye modificaciones impositivas, en particular en el impuesto a las Ganancias. Entre los cambios se destacan la reducción de alícuotas para empresas y la exención del tributo para alquileres destinados a vivienda.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas medidas asciende al 0,22% del PBI, equivalente a unos $1,9 billones a valores actuales. De ese total, $790.000 millones recaerían sobre el Estado nacional y $1,12 billones afectarían a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto no sería homogéneo: Buenos Aires perdería más de $238.000 millones, seguida por Santa Fe ($97.000 millones), Córdoba ($96.400 millones) y Chaco (más de $54.000 millones), lo que refuerza las resistencias provinciales.

La reforma laboral vuelve al centro de la escena con un escenario adverso para el oficialismo. El rechazo de la CGT, las advertencias de los gobernadores y el elevado costo fiscal configuran un debate complejo que excede la modernización del empleo. En juego están los derechos laborales, la capacidad de financiamiento de las provincias y el delicado equilibrio político que el Gobierno necesita sostener en el Congreso para avanzar con su agenda de reformas estructurales.

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Menos compras y crédito en retroceso: las señales de alerta del consumo argentino

El consumo de los hogares argentinos continúa sin recuperar fuerza. En septiembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual del 0,8% y no mostró variaciones respecto de agosto. La medición confirma las dificultades para consolidar una recuperación: el índice permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

La evolución del gasto refleja una economía familiar que todavía encuentra límites para ampliar sus compras. Aunque la desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer los ingresos reales, los precios volvieron a acelerarse hasta el 1,9% mensual, según los datos consignados en el informe. La persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual mantiene la presión sobre los presupuestos domésticos.

Los bienes de consumo masivo tampoco exhibieron señales de recuperación. En septiembre retrocedieron 1,2% interanual y 1% frente al mes anterior, una trayectoria que evidencia dificultades para sostener las compras habituales.

Transporte y recreación, entre los rubros más afectados

El comportamiento por categorías fue dispar, aunque predominaron las bajas. Transporte y vehículos registró una contracción interanual del 5,5% y fue el principal aporte negativo al índice general, con 0,8 puntos porcentuales. La caída en los patentamientos de automóviles no logró ser compensada por el avance de las motocicletas.

Recreación y cultura retrocedió 3,4%, mientras que indumentaria y calzado cayó 1,5%. El conjunto de los demás rubros presentó una disminución del 1,1%.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador. La mayor demanda de electricidad explicó buena parte de ese resultado, aunque el aumento del rubro no necesariamente implica una expansión equivalente del consumo discrecional de las familias.

El crédito pierde fuerza y condiciona las compras

La evolución del financiamiento constituye otra señal relevante. Después de un avance pronunciado durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a retroceder en términos reales durante 2026, tras el estancamiento registrado hacia fines del año pasado. El crédito hipotecario conserva una tendencia ascendente, aunque con menor intensidad.

Dicho enfriamiento está estrechamente vinculado al menor dinamismo de los bienes durables. Prueba de ello es que la matriculación de vehículos y la venta de electrodomésticos registran retrocesos en lo que va del año; por su parte, el mercado inmobiliario ha estancado su crecimiento, si bien las escrituras sostienen niveles altos respecto a ejercicios previos.

La débil recuperación de los ingresos y un crédito más restrictivo frenan el crecimiento a largo plazo. Actualmente, el consumo básico sigue paralizado y los bienes de alto valor se desaceleran, lo que siembra dudas sobre la solidez de la reactivación económica.

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Departamentales

Ruta 40 Norte: Mapal construirá el primer tramo con fondos del acuerdo con Vicuña

La recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte tendrá su primer contrato en manos de una empresa local. El Gobierno de San Juan adjudicó a Mapal S.A.C.I.A. la reconstrucción de los 28 kilómetros comprendidos entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal, por una oferta cercana a los $26.988 millones. La intervención abrirá la ejecución del programa vial financiado con los US$ 250 millones acordados con la minera Vicuña.

La propuesta de la firma, perteneciente a la familia Palucchini, superó en unos $885 millones el presupuesto oficial de $26.103 millones. Aunque fue el cuarto monto más bajo entre seis oferentes, resultó seleccionada para ejecutar el primero de los tramos previstos en la recuperación de este corredor.

Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad y la seguridad de una ruta clave para la circulación entre el Gran San Juan y el norte provincial. La calzada actual, de unos 6,30 metros de ancho promedio, pasará a medir 7,30 metros. Se conservarán dos carriles, uno por sentido, y se incorporarán banquinas de tres metros a cada lado, con superficies pavimentadas y de material granular.

El proyecto incluye pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores dañados y refuerzo de la estructura vial donde sea necesario ampliar la traza. También prevé adecuaciones en alcantarillas y sifones, elevación del camino en puntos determinados y obras de drenaje para mejorar el escurrimiento del agua.

Mapal compitió con Sigma S.A. junto con LLP Pietroboni, Ivica Dumandzic, Federico Hnos., Armegom en asociación con BWT —Burgwardt y Cía.— y Menin Construcciones. Tras la adjudicación, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, estimó que las tareas podrían comenzar en aproximadamente una semana, con la expectativa de iniciar los trabajos a principios de noviembre.

Una inversión vial de mayor alcance

La intervención en Jáchal forma parte de un programa que abarca 143 kilómetros entre Albardón y San Roque. El proyecto contempla una doble calzada entre Albardón y Villicum, terceras trochas desde Villicum hasta Talacasto y mejoras en la traza hacia el norte provincial, con obras diferenciadas según las características de cada tramo.

El financiamiento provendrá de los US$ 250 millones comprometidos por Vicuña, mediante un acuerdo que requirió aprobación legislativa. La adjudicación de Mapal representa el primer paso concreto de ese esquema de inversión en infraestructura vial.

El cronograma de otras obras, sin embargo, todavía debe completar instancias administrativas. La licitación para transformar en autovía los 3,7 kilómetros entre Callejón Blanco y calle Rawson fue prorrogada hasta el 6 de noviembre, luego de que las empresas interesadas solicitaran más tiempo para elaborar sus propuestas.

Con una inversión estimada en $85.000 millones y un plazo de ejecución de 915 días corridos, el proyecto prevé cuatro carriles separados por una barrera de hormigón, colectoras, bicisenda y cruces a distinto nivel. También incluye cuatro puentes sobre el río San Juan y en las calles De la Roza, Sarmiento y Rawson.

Las consultas empresariales estuvieron vinculadas con la complejidad técnica de las obras, la construcción de puentes y la organización de los desvíos de tránsito. La extensión del plazo no altera la adjudicación del tramo San Roque-Tucunuco.

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Nueva paritaria mercantil: subas en octubre, noviembre y diciembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las principales entidades empresarias una actualización salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, junto con un bono extraordinario de $50.000. El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, uno de los más numerosos del empleo privado argentino.

El acuerdo fue suscripto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La recomposición se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.

A ese esquema se sumará una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 con los salarios de octubre y noviembre. Además, se mantendrá el adicional fijo de $120.000 establecido en la negociación anterior durante el trimestre comprendido por el nuevo entendimiento.

Aumentos escalonados y sumas adicionales

La pauta acordada establece una actualización gradual de los ingresos durante los últimos tres meses del año. La combinación de porcentajes mensuales y sumas fijas busca sostener las remuneraciones en un período en el que el poder de compra continúa bajo presión.

Con este entendimiento, las partes establecieron la pauta salarial para el cierre de 2026. La próxima revisión, prevista para comienzos de 2027 según la información difundida sobre el acuerdo, permitirá evaluar la evolución de los precios y la necesidad de nuevas actualizaciones.

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