La reforma laboral vuelve al Congreso con fuerte rechazo sindical y alertas fiscales provinciales

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno está próximo a retomar su tratamiento parlamentario. Mientras el oficialismo busca sumar apoyos, la CGT y varios gobernadores expresan fuertes reparos por el impacto sobre los derechos sindicales, el empleo y la recaudación provincial.

Con negociaciones abiertas en distintos frentes, el oficialismo intenta consolidar apoyos legislativos, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) y varios gobernadores advierten sobre artículos que consideran regresivos y fiscalmente perjudiciales.

Desde la difusión del proyecto, la central sindical dejó en claro su rechazo a múltiples apartados, en especial aquellos que afectan la actividad gremial y el ejercicio del derecho a huelga. Durante la masiva movilización del 18 de diciembre, los principales dirigentes sindicales sintetizaron su postura con un mensaje contundente:
“Este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados. Se limita la acción gremial, se amplía el poder disciplinario del empleador y se violenta la libertad sindical”.

Los artículos que generan mayor rechazo sindical

El núcleo del conflicto con la CGT se concentra en las modificaciones que restringen la protesta y la organización sindical. Entre los puntos más cuestionados figura la ampliación del listado de servicios considerados “esenciales”, que deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% durante medidas de fuerza. A esto se suma la categoría de “actividades de importancia trascendental”, obligadas a sostener el 50% de su actividad. Para los gremios, esta redefinición vacía de contenido el derecho a huelga.

Otro aspecto crítico es la limitación a las asambleas y congresos sindicales, que solo podrían realizarse con autorización previa y sin goce de haberes para los trabajadores que participen. Además, el proyecto habilita a los empleadores a retener las cuotas sindicales únicamente con conformidad expresa del trabajador, lo que la CGT interpreta como una intromisión directa en la vida interna de los sindicatos.

La central obrera también rechaza la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a renegociar acuerdos vencidos sin prórroga automática; la exclusión del aguinaldo y las vacaciones del cálculo indemnizatorio; y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desvía el 3% de los aportes patronales hacia un esquema de inversión privada en lugar de reforzar el sistema de seguridad social.

Gobernadores entre el apoyo condicionado y la alarma fiscal

En el plano político, La Libertad Avanza logró conformar la primera minoría en la Cámara de Diputados, pero necesita construir consensos con bloques provinciales. Allí aparece el rol clave de los gobernadores, cuyas posiciones oscilan entre el respaldo parcial y el rechazo abierto.

Desde una gobernación con diálogo fluido con la Casa Rosada admitieron que “algunos aspectos del proyecto de modernización laboral van en línea con lo que se necesita”, aunque aclararon que existen “distorsiones que deben corregirse para no perjudicar ni a los trabajadores ni al capital privado”.

En Santa Fe, el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que el país requiere una modernización que permita a las pymes sostener el empleo y avanzar en la formalización laboral. En Córdoba, en cambio, el gobernador Martín Llaryora optó por una postura más cautelosa: “Vamos tema por tema, sin apuro y sin condicionamientos”, deslizaron desde su entorno, descartando cualquier negociación atada a fondos discrecionales.

La posición más crítica emergió desde Catamarca. Si bien el gobernador Raúl Jalil reconoce que “algo hay que cambiar”, los legisladores provinciales elevaron un documento con duras objeciones al proyecto. Según advirtieron, la reforma genera un impacto fiscal negativo directo sobre las provincias al reducir aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.

“Lejos de promover un desarrollo equilibrado, el proyecto profundiza asimetrías regionales, debilita derechos laborales y compromete la sostenibilidad fiscal y social de la provincia”, afirmaron los legisladores catamarqueños, marcando una línea roja para el debate parlamentario.

El impacto tributario y el costo fiscal

La reforma laboral también incluye modificaciones impositivas, en particular en el impuesto a las Ganancias. Entre los cambios se destacan la reducción de alícuotas para empresas y la exención del tributo para alquileres destinados a vivienda.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas medidas asciende al 0,22% del PBI, equivalente a unos $1,9 billones a valores actuales. De ese total, $790.000 millones recaerían sobre el Estado nacional y $1,12 billones afectarían a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto no sería homogéneo: Buenos Aires perdería más de $238.000 millones, seguida por Santa Fe ($97.000 millones), Córdoba ($96.400 millones) y Chaco (más de $54.000 millones), lo que refuerza las resistencias provinciales.

La reforma laboral vuelve al centro de la escena con un escenario adverso para el oficialismo. El rechazo de la CGT, las advertencias de los gobernadores y el elevado costo fiscal configuran un debate complejo que excede la modernización del empleo. En juego están los derechos laborales, la capacidad de financiamiento de las provincias y el delicado equilibrio político que el Gobierno necesita sostener en el Congreso para avanzar con su agenda de reformas estructurales.