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En vísperas de la renovación parlamentaria que ampliará la representación de La Libertad Avanza tanto en Diputados como en el Senado, el Gobierno nacional encara una nueva ola de reclamos y denuncias por inconstitucionalidad. Se trata de la decisión del Ejecutivo de promulgar pero suspender la aplicación de tres leyes claves: la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Emergencia Pediátrica, más conocida como Ley Garrahan.

El argumento oficial, según plantearon los funcionarios ante la Comisión de Presupuesto, es que las normas “no contaban con fuentes de financiamiento definidas”. Sin embargo, desde distintos sectores —académicos, sanitarios y sociales— se sostiene que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender la ejecución de una ley ya sancionada y promulgada por el Congreso, lo que configura una vulneración del principio de división de poderes y del Estado de Derecho.

Universidades en pie judicial

Durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anunciaron que el Presupuesto 2026 prevé un aumento nominal del 17,6% en inversión educativa, lo que implicaría un incremento real del 7%, con una inflación proyectada del 10,1%. En el caso del sistema universitario, anticiparon un incremento “del 10% en términos reales” y aseguraron que “las universidades podrán cubrir sus necesidades básicas”.

No obstante, ambos funcionarios ratificaron que el Gobierno mantendrá suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar “ilegal” aplicar una norma sin respaldo presupuestario explícito.

Frente a esa postura, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —junto a 49 universidades nacionales— presentó un amparo ante la Justicia Contencioso-Administrativa Federal, solicitando el cumplimiento inmediato de la ley y una medida cautelar que obligue al Ejecutivo a destrabar los fondos.

El abogado patrocinante, Pablo Manili, calificó la situación de “inédita en la historia argentina” y advirtió:

“Es la primera vez que un presidente se niega a cumplir una ley debidamente sancionada y promulgada. El presidente tiene una sola facultad: promulgar y cumplir. No puede suspender ni revisar el contenido de la ley”.

Según el reclamo judicial, las universidades públicas operan con presupuestos congelados desde 2023, lo que implicó una pérdida del 80% de poder de financiamiento y del 40% en los salarios docentes, generando una crisis funcional sin precedentes en el sistema educativo superior.

Discapacidad: una emergencia postergada

Una situación similar atraviesan las organizaciones de discapacidad. Tras suspender la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno buscó descomprimir el conflicto con un aumento del 30 al 35% para los prestadores del sector, escalonado hasta diciembre. La medida fue aprobada por el Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Pese a ello, gremios, familiares y entidades de atención directa sostienen que el incremento es insuficiente frente a la inflación acumulada y el atraso del nomenclador nacional, congelado desde diciembre pasado. Las protestas se multiplicaron en todo el país con pedidos de cumplimiento integral de la ley y actualización real de los aranceles.

Salud: parches y reasignaciones

En el área sanitaria, el Gobierno aplicó la misma lógica: mientras mantiene suspendida la Ley Garrahan, dispuso por Decisión Administrativa 29/2025 un refuerzo presupuestario de 196 mil millones de pesos para hospitales de alta complejidad —entre ellos el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce, el Néstor Kirchner y el Hospital de Cuenca Alta—. Sin embargo, esos fondos provienen de reasignaciones internas, lo que implica recortes en otras áreas y no un aumento genuino de la inversión en salud.

El conflicto alcanzó un punto crítico este viernes, cuando trabajadores del Hospital Garrahan ocuparon la Dirección del establecimiento en protesta por descuentos salariales considerados ilegales y exigieron la renuncia del interventor Mariano Pirozzo y del Consejo de Administración.

“Son lo peor que le pasó al Garrahan. Cada minuto que siguen al frente, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, denunciaron los trabajadores en un comunicado.

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Viento Zonda: suspenden las clases en toda la provincia y la UNSJ pasa a la virtualidad

La suspensión rige durante toda la jornada de este jueves y alcanza a todos los niveles, modalidades y turnos del sistema educativo provincial. La UNSJ también canceló la presencialidad y dispuso distintas alternativas virtuales para facultades e institutos preuniversitarios.

San Juan no tendrá clases presenciales este jueves 24 de septiembre debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ante la presencia de viento Zonda. El Ministerio de Educación provincial dispuso la suspensión preventiva de toda la actividad escolar, mientras que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) adoptó medidas diferenciadas para sus facultades y dependencias.

La decisión del Gobierno provincial alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades durante toda la jornada. También quedaron suspendidos los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra previstos para este jueves, que deberán ser generados nuevamente por los directores de los establecimientos.

Educación activó además el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12.277-ME-2024. La medida fue adoptada a partir del informe meteorológico y de la recomendación de la Dirección de Protección Civil, con el objetivo de evitar los desplazamientos de estudiantes, docentes y personal educativo durante el período de mayor riesgo.

Debido a la interrupción de las actividades, la entrega de computadoras de Maestro de América también debió ser calendarizada en una nueva fecha., Cultivando el Futuro, prevista para este jueves en Caucete y Pocito. Las autoridades de cada escuela comunicarán las nuevas fechas del operativo.

Qué pasará en la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan también resolvió eliminar la presencialidad durante toda la jornada en sus institutos preuniversitarios y modificar el funcionamiento de las facultades.

La decisión fue comunicada por la Secretaría Académica luego del alerta del SMN y de la recomendación de Protección Civil.

En Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Ciencias Sociales; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, las actividades presenciales serán reemplazadas por propuestas virtuales.

En Ingeniería, el dictado académico continuará de manera virtual, mientras que las tareas administrativas se mantendrán de forma presencial únicamente entre las 7 y las 11.

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes suspendió la atención administrativa presencial y mantendrá las actividades académicas mediante modalidad virtual, de acuerdo con las indicaciones de cada cátedra.

Los Institutos Preuniversitarios —entre ellos la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento— también trasladarán las actividades académicas a la modalidad no presencial durante toda la jornada.

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Tecnología en las aulas: 1.800 estudiantes de Rawson recibieron sus equipos

La entrega alcanzó a estudiantes de quinto grado de escuelas estatales y se realizó en el estadio Aldo Cantoni. El Gobierno provincial prevé distribuir más de 20.000 equipos durante 2026, después de haber entregado 25.000 durante el año pasado.

El Gobierno de San Juan entregó alrededor de 1.800 computadoras a estudiantes de quinto grado de escuelas públicas de Rawson, en una nueva etapa del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. El acto se realizó en el estadio Aldo Cantoni y fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto con la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray.

La distribución está destinada a la totalidad de los alumnos de quinto grado de las instituciones de gestión estatal del departamento y se incorpora a un despliegue que ya alcanzó a escuelas de distintos puntos de la provincia. Durante las últimas semanas recibieron dispositivos estudiantes de San Martín, Angaco, Albardón y 9 de Julio, además de alumnos de Jáchal, Vallecito y Bermejo.

Según informó la Provincia, el programa contempla más de 20.000 computadoras durante 2026, que se suman a las 25.000 entregadas en 2025. La cobertura prevista permitirá alcanzar a la matrícula de 5° y 6° grado de primaria y 1° y 2° año de secundaria de gestión estatal, incluidas las modalidades orientada y técnica.

En Capital ya comenzó la segunda etapa de distribución, con más de 1.500 equipos para estudiantes de primaria, luego de una primera entrega que había alcanzado a más de 2.500 alumnos secundarios. En otros departamentos, la distribución superó los 800 dispositivos en Jáchal, mientras que también se incorporaron establecimientos de zonas como Vallecito y Bermejo.

La política no se limita a los estudiantes. El Ejecutivo provincial informó que ya fueron entregadas computadoras a 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores, integrantes de equipos móviles y docentes de las Unidades Educativas para Adultos.

Durante el acto, Orrego señaló que la ampliación del equipamiento busca acompañar la incorporación de tecnología al sistema educativo y anticipó una nueva adquisición de 50.000 computadoras, aunque esa cifra corresponde a una compra proyectada y no a la entrega inmediata anunciada para Rawson.

El programa articula los dispositivos con EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa, y con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que incorpora herramientas de alfabetización digital. La iniciativa también forma parte del proceso de modernización administrativa aplicado al sistema educativo.

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Universidades: la Justicia intimó al Gobierno a cumplir la ley en cinco días

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, incluida la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución establece además que, si el Estado no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, podrán aplicarse multas económicas diarias —astreintes— por cada jornada de demora. El pronunciamiento se produjo después de que el magistrado analizara la información remitida por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no alcanzaba para demostrar que la cautelar hubiera sido cumplida en su totalidad.

El reclamo judicial está vinculado con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. El artículo 5 establece que los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, tomando como referencia la variación del IPC informada por el INDEC. También dispone que las actualizaciones posteriores se incorporen a la negociación paritaria con una periodicidad que no supere los tres meses y con una referencia mensual no inferior a la inflación.

La misma ley contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El artículo 6 dispone que los programas de becas deben actualizarse de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de prever un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios.

El porcentaje de recomposición salarial que aparece en la discusión judicial y sindical ronda el 33%. La cifra es presentada por las organizaciones universitarias como el incremento necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023; la aplicación concreta deberá ajustarse a lo dispuesto por la ley y a la resolución judicial.

La decisión de Cormick también tiene un antecedente inmediato. Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar al considerar que el acuerdo alcanzado en junio no demostraba que la cuestión hubiera quedado resuelta. En esa oportunidad había solicitado al Estado que detallara y documentara el grado de cumplimiento alcanzado.

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