La modificación de último momento que preserva las cuotas solidarias y otros cambios aceptados por la Casa Rosada alivian a la conducción cegetista en su principal preocupación: el financiamiento sindical. Pero la estrategia de negociación silenciosa puede volverse en contra si la reforma avanza sin alterar aspectos sensibles para los trabajadores.

La pregunta comenzó a circular incluso dentro del propio sindicalismo: ¿los cambios introducidos por el Gobierno en la reforma laboral son una victoria táctica o el inicio de una derrota estratégica para la CGT? La respuesta, por ahora, parece moverse en esa ambigüedad.

En las últimas horas, la Casa Rosada aceptó modificaciones sustanciales al proyecto que se debate en el Senado. La más significativa fue la eliminación del artículo que condicionaba a la “conformidad expresa del trabajador” la retención de cuotas sindicales por parte del empleador. Al desaparecer esa cláusula —el artículo 137 de la versión original— queda vigente el esquema actual, que obliga a los empleadores a actuar como agentes de retención no sólo de las cuotas de afiliación sino también de “otros aportes”.

Allí reside la clave: las cuotas solidarias. Esos descuentos pactados en los convenios colectivos que alcanzan tanto a afiliados como a no afiliados constituyen la columna vertebral del financiamiento sindical. El propio Federico Sturzenegger los había definido como “peajes sindicales” y buscó limitarlos desde la llegada de Javier Milei al poder. La CGT logró frenar ese intento en la Justicia cuando fue incluido en el DNU 70 y ahora consiguió que desaparezca también de la reforma laboral.

No fue la única concesión. El Gobierno también eliminó el artículo que reducía las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, otro punto neurálgico para la estructura sindical. Y en el texto anunciado por Patricia Bullrich se estableció que las cuotas solidarias tendrán un tope del 2% hasta el 1° de enero de 2028, cuando pasarían a ser voluntarias.

El resultado es claro: la “caja sindical” quedó a salvo, al menos en esta etapa. Y eso explica buena parte del comportamiento político de la conducción cegetista.

Una movilización contenida

La protesta frente al Congreso de la Nación Argentina dejó una imagen dispar. La columna principal de la CGT tuvo un paso fugaz por la zona y sus máximos dirigentes permanecieron poco más de media hora antes de retirarse. La escena contrastó con los incidentes posteriores protagonizados por sectores de izquierda y grupos más combativos, que derivaron en enfrentamientos con piedras y bombas molotov.

Para el ala dialoguista, la movilización fue parte de una estrategia de contención interna. La conducción logró desactivar propuestas de paro de 12, 24 y 48 horas impulsadas por sectores duros, evitando una escalada que hubiese complicado las negociaciones reservadas con el Ejecutivo.

“Los extremos se unen y son funcionales entre sí”, sostuvo Gerardo Martínez, uno de los referentes del sector más proclive al diálogo. La frase sintetiza la lectura cegetista: exhibir presencia en la calle sin romper los puentes con un Gobierno que, tras el triunfo electoral de octubre, conserva iniciativa política.

La foto que también habló

En ese escenario reapareció Pablo Moyano encabezando la columna de Camioneros y, antes de la marcha, posó junto a Hugo Moyano en la sede del gremio, en una imagen que pareció sellar una tregua en su prolongada disputa interna. Detrás de ellos, una histórica fotografía junto a Saúl Ubaldini evocó el récord de 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín. El simbolismo no pasó inadvertido: la amenaza de conflictividad siempre está latente.

Las columnas más nutridas correspondieron a UPCN, Camioneros, la UOCRA, UDA, Obras Sanitarias, la CATT, la UTEP y el FRESU, entre otros. Sin embargo, la ausencia de algunos referentes y el tono moderado de la conducción reforzaron la percepción de una protesta administrada.

El alivio y la trampa

El problema para la CGT no está en lo que consiguió, sino en lo que quedó intacto. La reforma mantiene aspectos sensibles como los cambios en indemnizaciones, la introducción del banco de horas, la flexibilización en vacaciones, la discusión sobre la ultractividad de los convenios y la posibilidad de convenios por empresa. Estos puntos impactan directamente en el modelo sindical argentino basado en el unicato y la negociación colectiva por actividad.

Algunos dirigentes del ala dura advierten que preservar la caja no alcanza. Si la reforma avanza sin modificar los artículos que afectan derechos individuales y colectivos, la conducción podría pagar un costo político ante sus propias bases. “La gente no va a perdonar que se haya salvado el financiamiento pero no las condiciones laborales”, deslizan en privado.

El cotitular cegetista Andrés Rodríguez sostuvo públicamente que la reforma “quita derechos” y no generará empleo, pese a reconocer cambios “aparentemente favorables” al movimiento sindical. Esa tensión discursiva revela el delicado equilibrio que intenta sostener la central obrera.

La CGT consiguió alivio inmediato en el terreno financiero e institucional. Pero el Gobierno también logró algo: dividir el frente sindical, moderar la conflictividad y avanzar en el núcleo de su reforma. En esa dialéctica se juega algo más que una ley. Se define el alcance real del poder sindical en la Argentina que emerge bajo la presidencia de Milei.

Si las concesiones se consolidan y el resto del proyecto avanza, la conducción cegetista habrá preservado su estructura, pero deberá explicar por qué no logró frenar los cambios que afectan directamente a los trabajadores. Allí radica la trampa: ganar en la negociación puede implicar perder en legitimidad.

Convocadas por la CGT y las dos CTA, columnas gremiales, sociales y políticas se movilizaron en el centro sanjuanino en simultáneo con el debate en el Senado. El acto central frente a la Catedral dejó un mensaje unificado de rechazo a una iniciativa que, sostienen, “vulnera derechos históricos” y pone en riesgo el modelo laboral vigente.

Mientras en el Senado de la Nación se debatía la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en San Juan las calles del microcentro se transformaron en escenario de una contundente demostración sindical. Miles de personas marcharon desde la sede de la CGT hasta la Plaza 25 de Mayo para expresar un rechazo “rotundo y categórico” al proyecto que redefine el esquema de relaciones laborales en el país.

La movilización comenzó pasadas las 18 en la intersección de España y Mitre. Desde allí, las columnas avanzaron hacia avenida Ignacio de la Roza, continuaron por Mendoza y rodearon la plaza principal hasta confluir en las escalinatas de la Catedral, donde se realizó el acto central.

La desconcentración se produjo sin incidentes y bajo un operativo policial preventivo. A diferencia de lo ocurrido en las inmediaciones del Congreso, donde se aplicó el protocolo antipiquetes y hubo detenidos, en la capital sanjuanina la jornada transcurrió sin altercados.

Unidad sindical y respaldo político

La imagen dominante fue la de cohesión. La CGT y las dos vertientes de la CTA encabezaron la marcha acompañadas por una amplia nómina de gremios: UOM, LUZ Y FUERZA, ASIJEMIN, ADICUS, Estaciones de Servico, UDA, ATSA, UPCN, UTA, Camioneros, SIDUNSJ, STOTAC, AOMA, UOCRA entre otros. También participaron organizaciones sociales, agrupaciones políticas y referentes del justicialismo provincial.

Al frente de la columna se desplegó una bandera argentina de más de diez metros, seguida por estandartes sindicales y pancartas con consignas contra la reforma. Bombos, pirotecnia y cánticos marcaron el pulso de una protesta que combinó liturgia sindical y mensaje político.

Sonaron la Marcha Peronista y “La Marcha de la Bronca”, en un clima que osciló entre la mística histórica del movimiento obrero y el malestar frente a las reformas estructurales promovidas por la Casa Rosada.

El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, sostuvo que la movilización refleja un cambio en el humor social. “La gente está entendiendo que esta mentira que nos dijeron, que iba a haber un cambio y una modernización, no era cierto. Los que ya tenemos algunos años no la creemos”, afirmó. Y agregó: “Esta reforma laboral nunca va a ser beneficiosa para los trabajadores. Estamos mostrando la fuerza del sindicalismo y llevando aliento para que sepan que sus instituciones los van a seguir defendiendo”.

“No es modernización, es precarización”

El documento conjunto fue leído en las escalinatas de la Catedral por el secretario general de APUNSJ, Daniel Durán, quien definió el proyecto como un retroceso histórico. “El Gobierno intenta disfrazar la reforma bajo la palabra modernización. Pero una modernización no implica quitar derechos adquiridos ni debilitar derechos colectivos e individuales”, expresó ante la multitud.

El grmialista fue más allá al advertir que la iniciativa impactará no solo en las condiciones laborales sino también en la estructura productiva y financiera de las provincias. “Esto no es modernización, es precarización. Es volver al siglo XIX”, sostuvo. Desde las centrales obreras también se cuestionó el eventual efecto sobre la coparticipación y el financiamiento de áreas sensibles como obra pública, educación, jubilaciones docentes y seguridad.

El documento incluyó además un señalamiento político directo: se responsabilizó al Gobierno provincial, a los legisladores nacionales por San Juan y a sus aliados por las consecuencias sociales que, a juicio del sindicalismo, acarreará la aprobación de la norma.

Una disputa que excede lo laboral

La protesta sanjuanina se inscribe en un escenario nacional atravesado por la tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. La reforma laboral —que obtuvo media sanción en el Senado— introduce cambios en indemnizaciones, negociación colectiva, derecho de huelga y estatutos profesionales, entre otros puntos sensibles. Para el oficialismo, se trata de una actualización necesaria para generar empleo y reducir litigiosidad; para las centrales obreras, implica un debilitamiento estructural del modelo sindical argentino.

En San Juan, el mensaje fue inequívoco: el sindicalismo local se declaró en estado de alerta y movilización permanente a la espera de la discusión en Diputados. La masividad de la convocatoria y la amplitud del arco gremial presente exhibieron una capacidad de articulación que trasciende a un sector específico y proyecta la disputa hacia el plano político.

La jornada concluyó sin disturbios, pero con un posicionamiento claro. “Los trabajadores no somos variables de ajuste”, afirmó el documento final. En esa consigna se condensó el sentido de la movilización: una advertencia frente a un cambio normativo que, para una parte sustantiva del mundo del trabajo, redefine no solo reglas contractuales, sino también el equilibrio de poder en las relaciones laborales argentinas.

San Juan y diversas provincias argentinas replican la protesta que la CGT encabezará frente al Congreso. Con foco en la posición de los gobernadores y sus legisladores, centrales obreras y trabajadores autoconvocados advierten sobre el impacto social de la reforma impulsada por Javier Milei. El oficialismo afirma que cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

Las calles del interior del país vuelven a ser escenario de protesta en la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) realiza una movilización masiva frente al Congreso, en distintas provincias se organizan marchas y actos para expresar el rechazo a un proyecto que, según denuncian los gremios, implica un retroceso en derechos adquiridos y una profundización del esquema de ajuste.

En este sentido, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, trabajadores autoconvocados y jubilados confluyen en un mismo objetivo: visibilizar el malestar y enviar una señal directa a los gobernadores y a los senadores que deberán votar la iniciativa en la Cámara alta. La estrategia sindical combina presión institucional y demostración de fuerza en la calle, en un escenario donde el resultado legislativo aparece, al menos en los números preliminares, favorable al oficialismo.

Desde el Gobierno nacional y desde la propia CGT coinciden en que La Libertad Avanza tendría los votos necesarios para avanzar con la reforma en el marco de las sesiones extraordinarias. El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo públicamente que el oficialismo “va a tener los votos”, y destacó el trabajo parlamentario de Patricia Bullrich en el Senado y de Martín Menem en Diputados. En paralelo, el Ejecutivo introdujo “correcciones” al texto, entre ellas modificaciones vinculadas al impuesto a las Ganancias, en respuesta a planteos de mandatarios provinciales.

El núcleo del conflicto, sin embargo, permanece intacto. La iniciativa plantea nuevos esquemas de contratación, mayor flexibilidad en las condiciones laborales y cambios sustanciales en materia de indemnizaciones, vacaciones y derecho a huelga. Uno de los puntos que generó mayor controversia es el referido a las licencias por enfermedad o accidentes no vinculados a la prestación laboral, que establecería una percepción del 50% del salario en determinados casos. Para las centrales obreras, se trata de un cambio que debilita la protección del trabajador frente a contingencias personales y sanitarias.

En San Juan La movilización comenzará a las 18 horas, con concentración en la sede de la CGT San Juan, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Santa Fe. Desde allí, las columnas marcharán por el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará un acto central.

Mientras el Congreso lleva adelante una sesión que promete alta tensión, las calles del interior comienzan a marcar el pulso de una discusión que ya dejó de ser exclusivamente parlamentaria. La magnitud de las movilizaciones y la capacidad de articulación de las centrales obreras serán un factor central en la lectura política de las próximas horas. En ese cruce entre números legislativos y termómetro social, se definirá no sólo el destino de la reforma, sino también el alcance del conflicto que puede abrirse en el corto plazo.