La situación económica en Argentina sigue siendo un tema candente, y en este contexto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) ha lanzado un llamado urgente al interventor de los medios públicos, Eduardo González, para que se aborden las negociaciones paritarias y se proceda a una recomposición salarial justa y equitativa para los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública, Radio Nacional y Télam.

El incumplimiento de la obligación de negociar paritarias

Desde diciembre de 2023, los salarios de estos medios apenas se actualizaron un 74,4%, 71,2% y 72,5%, respectivamente, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 173%, según el INDEC. Esta brecha salarial es alarmante y pone en riesgo la dignidad y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras del sector.

La contradicción entre la política gubernamental y la realidad

Mientras el gobierno promueve la productividad del sector privado, las actualizaciones salariales en medios privados fueron muy superiores, alcanzando aumentos por encima del 125% en el mismo período. Esto pone en evidencia la contradicción entre la política gubernamental y la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras del sector público.

La responsabilidad del interventor y la advertencia del sindicato

El sindicato responsabilizó al interventor González por las consecuencias que pueda generar la falta de negociación y advirtió que podrían tomar medidas legales y gremiales. «El salario tiene carácter alimentario y no vamos a permitir que sigan vulnerando nuestros derechos», concluyeron.

La comunidad universitaria y científica argentina se encuentra en estado de alerta y movilización debido a la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei cierre el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Esta medida forma parte de las políticas de ajuste y recorte presupuestario implementadas por el gobierno nacional, que han generado una gran preocupación en el ámbito académico y científico.

La Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) han emitido un comunicado en el que expresan su firme rechazo a estas medidas. Argumentan que la decisión de cerrar el CONICET no solo afecta la producción de conocimiento y la educación pública, sino que también representa un retroceso en términos estratégicos para la soberanía y el progreso del país.¹

Las consecuencias de la medida

La reducción del financiamiento científico podría condenar a Argentina al oscurantismo, el negacionismo y la dependencia tecnológica y económica del extranjero. Según informes del CIICTI, desde diciembre de 2023 se han perdido 3.666 puestos de trabajo en el sector nacional de ciencia, tecnología e innovación. La inversión en ciencia y tecnología es fundamental para abordar desafíos globales y garantizar el desarrollo del país.

La FEDUN y las organizaciones convocan a la comunidad científica, universitaria y a la sociedad en su conjunto a mantenerse alerta y movilizada en defensa de la investigación, la tecnología y la educación pública. Aseguran que estos pilares son esenciales para el futuro de la nación y el bienestar del pueblo argentino, y rechazan cualquier intento de desmantelar décadas de avances y esfuerzos colectivos,

El gobierno nacional estableció un aumento salarial del 1,5% para enero y 1,2% para febrero para los empleados estatales, medida que fue rechazada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) debido a su insuficiencia para combatir la inflación.

El acuerdo salarial establecido por el gobierno nacional para los empleados estatales ha generado un gran debate en el sector. La ATE rechazó la oferta y criticó la decisión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de aceptarla.

Según Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, «la propuesta gubernamental no solo no mejora la situación salarial de los estatales, sino que la empeora». Aguiar destacó que el aumento salarial ofrecido es «inaceptable» debido a que no se ajusta a la realidad inflacionaria del país.

Es importante destacar que durante el 2024, los aumentos salariales quedaron significativamente por debajo de la inflación, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores de la administración pública.

ATE convocará a un plenario federal para definir nuevas medidas de fuerza en febrero, en respuesta a la insuficiente oferta salarial del gobierno. Además, el sindicato reclama la inclusión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en el ítem salarial de presentismo, que pasó de $30.000 a $50.000.