El operativo se desarrollará durante esta semana de julio en Angaco, Sarmiento, Pocito, San Martín, Zonda y Jáchal. Las garrafas de 10 kilos costarán $20.000 y las de 15 kilos, $30.000, con distribución en distintos puntos de cada departamento.

El Gobierno de San Juan confirmó el cronograma semanal del programa Garrafa Hogar, que entre el 20 y el 24 de julio recorrerá seis departamentos con el propósito de garantizar el acceso al gas envasado a precios establecidos por la Provincia.

Durante el operativo se comercializarán garrafas de 10 kilos a $20.000 y de 15 kilos a $30.000. Las autoridades provinciales recordaron que todas las unidades distribuidas cuentan con las certificaciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

El recorrido comenzará este lunes 20 en Angaco, con puestos de venta en el Monolito del Barrio Campo Batalla, la Plaza del Barrio El Bosque y el Club Deportivo Social Cultural Angaco.

El martes 21 el programa se trasladará a Sarmiento, donde atenderá en Cochagual Norte, el SUM del Barrio Punta del Médano y el Centro Cultural de Media Agua. Ese mismo día también habrá un operativo especial en Pocito, de 11 a 13 horas, en el marco del programa San Juan Cerca, con atención en la Escuela Especial India Mariana.

La distribución continuará el miércoles 22 en San Martín, con puestos en el Playón Capilla de Andacollo, la Escuela Combate de San Lorenzo, en Colonia Fernández, y el Playón del Barrio Bella Vista, en Dos Acequias.

El jueves 23 será el turno de Zonda, donde las garrafas podrán adquirirse en el CIC de Zonda, la cancha de hockey del Barrio Esperanza y la Plaza del Gaucho.

Finalmente, el viernes 24, el operativo llegará a Jáchal, con cinco puntos de distribución: la Unión Vecinal San Roque, la Plazoleta del Barrio Bicentenario I, el Club Andacollo de Tamberías, la Capilla San José de Gran China y la Plaza del Barrio Pampa Vieja II.

El programa Garrafa Hogar constituye una de las principales herramientas de asistencia energética impulsadas por el Gobierno provincial durante el invierno, facilitando el acceso al gas envasado en localidades alejadas de la red de gas natural y contribuyendo a aliviar el costo del abastecimiento para miles de familias sanjuaninas.

La Secretaría de Estado de Seguridad diseña una profunda modernización del sistema provincial de vigilancia. La iniciativa contempla integrar cámaras de particulares al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), desplegar centros de operaciones móviles equipados con drones y fortalecer el programa Prisma para descentralizar el monitoreo y reducir los tiempos de respuesta policial. El proyecto también incluye cambios en el sistema penitenciario y una reorganización de los recursos humanos de la fuerza.

La seguridad pública atraviesa un proceso de transformación en San Juan. Con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y un esquema de vigilancia distribuida, el Gobierno provincial busca ampliar la capacidad preventiva, optimizar la respuesta ante emergencias y fortalecer la articulación entre el Estado y actores privados.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad, apunta a consolidar una red integrada de monitoreo mediante la conexión voluntaria de cámaras pertenecientes a barrios privados, comercios, empresas y parques industriales con el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). El objetivo es ampliar la cobertura territorial sin necesidad de multiplicar la infraestructura pública, aprovechando equipamiento ya instalado en distintos puntos de la provincia.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó que el acceso a esos dispositivos estará sujeto al consentimiento expreso de sus propietarios y que la autorización podrá otorgarse de manera remota cuando una investigación o un hecho delictivo lo justifique. De esa manera, el sistema preservará la propiedad de las imágenes y permitirá la intervención estatal únicamente ante requerimientos concretos de las autoridades.

En el caso de los parques industriales, la propuesta prevé una integración más permanente de las cámaras exteriores, con conexión directa al sistema provincial de vigilancia. La finalidad es reforzar la protección de los establecimientos productivos y de las zonas residenciales próximas, incorporando esos registros al monitoreo preventivo que realiza la Policía de San Juan.

La modernización no se limitará al seguimiento mediante cámaras fijas. La Secretaría también proyecta incorporar cuatro Centros de Operaciones de Emergencia (COE) móviles, unidades especialmente equipadas para intervenir en operativos de gran magnitud, eventos masivos o contingencias extraordinarias. Cada vehículo dispondría de un centro de comando y dos drones de última generación para ampliar la capacidad de observación aérea y coordinar intervenciones en tiempo real.

Si bien Delgado reconoció que la prioridad presupuestaria continúa siendo la ampliación de la red de videovigilancia tradicional, sostuvo que estas plataformas móviles representan el siguiente paso en la evolución del sistema provincial, permitiendo trasladar capacidades tecnológicas hacia cualquier punto del territorio donde resulte necesario.

Uno de los pilares del nuevo esquema será el fortalecimiento del programa Prisma, concebido como un sistema integral de monitoreo activo que busca descentralizar las tareas que actualmente se concentran en el CISEM. La iniciativa transformará las casillas policiales en centros operativos desde los cuales cada efectivo podrá supervisar entre 15 y 20 cámaras correspondientes a su jurisdicción.

El modelo procura reducir significativamente los tiempos de reacción frente a hechos delictivos, ya que el personal asignado conocerá las particularidades del área bajo su responsabilidad y podrá coordinar de manera inmediata el desplazamiento de móviles policiales. La descentralización también aliviará la carga operativa del centro de monitoreo principal y permitirá una cobertura más eficiente de los distintos departamentos.

La incorporación de estas herramientas exige, además, importantes inversiones en infraestructura informática. Delgado recordó que las imágenes utilizadas como evidencia judicial deben cumplir estrictos protocolos de autenticidad e integridad digital, por lo que el sistema requiere software especializado que garantice la trazabilidad de cada registro y evite cualquier posibilidad de alteración durante su almacenamiento o transmisión.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el Municipio de Capital y la Unión Vecinal del barrio Frondizi iniciaron un operativo conjunto para regularizar la situación dominial de unas 500 viviendas. La iniciativa contempla asesoramiento personalizado, visitas domiciliarias y acompañamiento integral para que las familias puedan obtener el título de propiedad después de casi 30 años de espera.

La regularización dominial de unas 500 viviendas del barrio Frondizi comenzó a tomar impulso con un trabajo coordinado con una iniciativa que busca resolver un reclamo sostenido durante décadas y otorgar seguridad jurídica a cientos de familias.

El operativo se puso en marcha con una reunión informativa realizada en la Escuela Arturo Frondizi, donde técnicos del IPV explicaron el procedimiento administrativo, los requisitos documentales y las etapas que deberán cumplir los adjudicatarios para acceder a la escritura definitiva de sus inmuebles.

La iniciativa continuará con un amplio despliegue territorial. Equipos técnicos recorrerán el barrio casa por casa para relevar la situación de cada grupo familiar, informar sobre la documentación necesaria y brindar orientación personalizada. Posteriormente, se habilitarán jornadas de atención en la sede de la Unión Vecinal, donde los interesados podrán presentar la documentación requerida y resolver consultas específicas.

Desde el IPV señalaron que cada expediente será evaluado de manera individual debido a las particularidades jurídicas y administrativas que presenta cada vivienda. El organismo garantizó que el acompañamiento se mantendrá hasta completar la escrituración definitiva, procurando reducir demoras y facilitar la regularización de cada caso.

La obtención del título de propiedad representa mucho más que un trámite administrativo. La escritura constituye el instrumento legal que acredita la titularidad del inmueble, brinda seguridad jurídica, facilita el acceso al crédito, incrementa el valor patrimonial de la vivienda y permite transmitir el bien mediante herencia o venta con plena validez legal.

En Argentina, la regularización dominial se ha convertido en una política pública de relevancia para consolidar el derecho a la vivienda y fortalecer la integración urbana. Diversos programas impulsados por provincias y municipios buscan resolver situaciones de ocupación histórica o adjudicaciones que, pese al transcurso de los años, nunca concluyeron con la entrega del título de propiedad.