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La Confederación General del Trabajo presentó una acción ante la Justicia del Trabajo para suspender provisoriamente 64 artículos de la reforma laboral. Denuncia vulneración de derechos constitucionales y profundiza su estrategia judicial tras recientes reveses.

En una nueva escalada de confontación entre el movimiento obrero organizado y el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción judicial para frenar la aplicación de una porción sustancial de la reforma laboral recientemente sancionada por el Congreso. El planteo, radicado ante la Justicia del Trabajo, incluye un pedido de medida cautelar con el objetivo de suspender de manera inmediata 64 artículos de la norma, al tiempo que solicita su declaración de inconstitucionalidad.

La presentación apunta directamente contra aspectos medulares de la denominada Ley de Modernización Laboral, una de las piezas centrales del paquete de reformas impulsado por el oficialismo. Según argumenta la central sindical, los artículos cuestionados afectan derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores, vulnerando garantías consagradas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.

En el escrito, la CGT sostiene además que varios de los puntos impugnados replican contenidos previamente incluidos en el DNU 70/2023, que ya fue objeto de múltiples cuestionamientos judiciales. Este antecedente, remarcan, refuerza la presunción de inconstitucionalidad de los artículos ahora incorporados por vía legislativa.

La ofensiva judicial no se limita a este expediente. Forma parte de una estrategia más amplia desplegada por la conducción sindical en distintos fueros, incluyendo el contencioso administrativo, donde también se tramitan presentaciones contra otros capítulos de la reforma. El objetivo es construir un cerco jurídico que limite la aplicación efectiva de la norma hasta tanto se resuelva su validez constitucional de fondo.

El nuevo movimiento de la CGT se produce en un clima adverso en los tribunales. Días atrás, la central sufrió un revés cuando un juzgado rechazó una medida cautelar que buscaba suspender disposiciones vinculadas al traspaso de la Justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Ese fallo, lejos de desactivar la estrategia, parece haber acelerado la decisión de profundizar la disputa judicial.

La judicialización de la reforma laboral confirma que el conflicto ha ingresado en una etapa de mayor complejidad institucional. Ya no se trata únicamente de una puja política o sindical, sino de una controversia que será dirimida en los tribunales, con impacto directo sobre la arquitectura normativa del mercado de trabajo.

El planteo de la CGT se apoya en un argumento central: la presunta regresividad de los derechos laborales. Este eje no es menor, ya que la jurisprudencia de la Corte Suprema y los estándares internacionales han establecido límites a las reformas que impliquen retrocesos en materia de protección social. En ese aspecto, la discusión sobre la constitucionalidad de la ley no solo será técnica, sino también profundamente política.

Al mismo tiempo, la reiteración de contenidos previamente incluidos en el DNU 70/2023 introduce un elemento adicional de controversia. Si bien el Congreso tiene potestad para legislar sobre esas materias, la persistencia de artículos ya cuestionados judicialmente podría ser interpretada como una continuidad de criterios normativos que aún no han superado el test de constitucionalidad.

La ofensiva judicial de la CGT abre un nuevo capítulo en la disputa por la reforma laboral. Con una cautelar en trámite y múltiples frentes abiertos en distintos fueros, el futuro de la norma queda sujeto a decisiones judiciales que podrían redefinir su alcance o incluso invalidar partes sustanciales. En un escenario de alta tensión política y social, la última palabra, al menos por ahora, la tendrá la Justicia.

Departamentales

La Fiesta Nacional del Sol abre sus puertas con Turf, Tan Biónica y una agenda para toda la familia

La celebración comenzará este viernes en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito, y se extenderá hasta el domingo 22. Turf y Tan Biónica protagonizarán la primera jornada, mientras que el espectáculo central reunirá a más de 350 artistas locales. Habrá feria, gastronomía, propuestas departamentales y transporte gratuito.

La principal celebración de los sanjuaninos comienza este viernes 20 de noviembre con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Durante tres jornadas, el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito, concentrará recitales, actividades culturales, propuestas gastronómicas y espacios recreativos, en una programación que combinará figuras nacionales con el talento artístico y productivo de la provincia.

Bajo el nombre de “Parque Triásico”, la edición 2026 tendrá como inspiración el patrimonio paleontológico sanjuanino, con especial protagonismo del Parque Provincial Ischigualasto. La propuesta se extenderá hasta el domingo 22 y tendrá como uno de sus principales atractivos el espectáculo central “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”, que se presentará durante las tres noches en el Velódromo Vicente Chancay.

La puesta artística contará con más de 350 intérpretes sanjuaninos y buscará trasladar al escenario una experiencia vinculada con la historia natural y la identidad provincial. La apertura de la feria está prevista para las 19, el acto oficial se realizará a las 20 en el Paseo Federal y el ingreso al Estadio del Bicentenario comenzará a las 20.30. Los primeros recitales están programados para las 21.30.

Tres noches con figuras nacionales

La programación musical tendrá al rock nacional como protagonista de la jornada inaugural. De la Lora y Los Mentidores abrirán la actividad del escenario mayor, antes de las presentaciones de Turf y Tan Biónica, encargados de cerrar la primera noche.

El sábado 21 será el turno de Andrés Calamaro y Diego Torres. El primero tiene prevista su actuación desde aproximadamente las 22.30, mientras que Torres estará a cargo del cierre. Durante esa jornada también se desarrollará la elección de la Emprendedora del Sol.

La última noche, el domingo 22, estará dedicada a la música popular y el cuarteto, con las actuaciones de Ángela Leiva, La Pepa Brizuela y Desakta2, que tendrá a su cargo el cierre de la celebración.

La programación se completará con cuatro escenarios destinados a artistas locales, donde habrá folclore, rock, música urbana, danza y otros géneros. A esto se sumará el Paseo Federal, un espacio en el que los 19 departamentos exhibirán sus expresiones culturales, producciones, artesanías y gastronomía.

Entradas, precios y transporte gratuito

El acceso a la feria y al espectáculo del Velódromo tendrá un valor de $5.000 por persona.

Para los recitales del Estadio del Bicentenario, las localidades se comercializarán con los siguientes precios:

Tribunas populares: $20.000.
Campo de pie: $30.000.
Platea alta: $35.000.
Platea baja: $45.000.

Los menores de seis años podrán ingresar sin cargo acompañados por un adulto, con excepción de los sectores de plateas. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek y en las boleterías habilitadas del Estadio del Bicentenario.

Para facilitar el traslado, el Gobierno provincial dispuso un servicio de 100 colectivos gratuitos de la Red Tulum, con salidas desde 23 puntos de la provincia. Los recorridos de ida funcionarán entre las 18 y las 22, mientras que el regreso estará disponible desde las 19 hasta la finalización de los espectáculos.

El predio contará, además, con accesos diferenciados para peatones y vehículos particulares, espacios de estacionamiento y un operativo especial de seguridad para organizar la circulación y el ingreso del público.

Con una agenda que combina música, identidad cultural, producción local y entretenimiento, la Fiesta Nacional del Sol vuelve a ocupar un lugar central en la vida pública de San Juan. La expectativa estará puesta en la convocatoria de las tres jornadas y en la capacidad de la celebración para reunir a artistas, emprendedores, departamentos y visitantes en torno a una de las principales expresiones de la identidad provincial.

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El proyecto Vicuña suma otros 50 kilómetros de caminos entre La Majadita y el campamento

La unión transitoria integrada por Minera Zlato y José J. Chediack ejecutará los tramos E y F, entre La Majadita y el Campamento Vicuña, en el departamento Iglesia. Las obras atravesarán sectores de alta montaña, con cotas superiores a los 4.400 metros, y buscan avanzar en la consolidación de una vía estratégica para el desarrollo del proyecto minero.

Vicuña Corp. asignó la construcción de otros 50 kilómetros del Corredor Norte a una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por la firma sanjuanina Minera Zlato y la constructora José J. Chediack. El contrato comprende los tramos E y F, que conectarán La Majadita con el Campamento Vicuña, en el departamento Iglesia, y forman parte de la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del emprendimiento cuprífero.

La adjudicación se concretó mediante un proceso competitivo entre compañías previamente precalificadas. Con esta decisión, la operadora busca retomar los trabajos en este segmento y avanzar con su ejecución antes de la temporada invernal de 2027, una condición relevante para la planificación de obras en una geografía marcada por la altura, las condiciones climáticas y las dificultades de acceso.

El nuevo contrato comprende dos sectores con características constructivas diferentes. El tramo E tendrá una extensión de 20 kilómetros y vinculará La Majadita con La Brea. Su recorrido atravesará terrenos de alta montaña, con una elevación máxima de aproximadamente 4.410 metros sobre el nivel del mar y una franja de servidumbre de 70 metros de ancho.

Las tareas contemplan la limpieza y preparación del terreno, excavaciones, cortes y rellenos, conformación de la subrasante y construcción de la capa portante. También se ejecutarán alcantarillas, obras complementarias y señalización para garantizar las condiciones de circulación.

El tramo F, en tanto, abarcará otros 30 kilómetros entre el campamento de La Brea y el Campamento Vicuña. Esta sección presenta mayores exigencias por la complejidad del relieve y las condiciones geológicas del área. Entre las intervenciones previstas figuran el encauzamiento de cauces, la estabilización de taludes y los trabajos sobre roca mediante perforaciones y voladuras.

El proyecto también incluye rampas de frenado, zanjas impermeabilizadas, alcantarillas, gaviones, muros de terraplén armado y defensas. A estas intervenciones se sumará la colocación de mallas estabilizadoras y señalización vial, elementos destinados a mejorar la seguridad y la estabilidad del trazado en sectores de montaña.

Una obra clave para la logística minera

Los trabajos correspondientes a ambos tramos habían comenzado durante 2025, pero fueron interrumpidos en abril de 2026 debido al operativo invernal en la cordillera. La nueva adjudicación permitirá reorganizar su continuidad y avanzar sobre una infraestructura fundamental para el desplazamiento de personal, equipos e insumos hacia las instalaciones del proyecto.

El Corredor Norte constituye una de las principales vías de acceso a Vicuña desde territorio sanjuanino. En una etapa anterior, la compañía había adjudicado las secciones A1 y A2, que comprenden 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca. Con los nuevos 50 kilómetros asignados, continúa la construcción de un trazado de importancia estratégica para la conectividad de la zona cordillerana y el desarrollo de las operaciones.

La participación de Minera Zlato incorpora a una empresa sanjuanina en una contratación de relevancia para la infraestructura minera provincial, junto con la experiencia constructiva de José J. Chediack. La adjudicación vuelve a colocar en primer plano la participación de proveedores locales en los grandes proyectos de inversión, un aspecto central para evaluar cuánto de la actividad económica generada por la minería puede traducirse en trabajo y contratación de empresas de San Juan.

Vicuña Corp. es una sociedad conjunta de BHP y Lundin Mining creada para desarrollar los depósitos Josemaría, ubicado en San Juan, y Filo del Sol, que se extiende entre la provincia y la Región de Atacama, en Chile. Ambos yacimientos integran una iniciativa minera de gran escala, centrada principalmente en el cobre y con presencia de oro y plata.

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La CGT marchará por el financiamiento de las obras sociales y alerta sobre su continuidad

La central obrera movilizará el jueves 26 de noviembre a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar recursos que permitan sostener la cobertura de 17 millones de personas. Según la dirigencia sindical, el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina a prestaciones por discapacidad. La protesta será parte de un plan de acción que continuará en diciembre.

La crisis financiera de las obras sociales sindicales se convirtió en el principal motivo de movilización de la CGT. La conducción resolvió marchar el próximo jueves 26 de noviembre hacia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para exigir una respuesta del Gobierno frente al deterioro de los recursos del sistema, una situación que, según advierten los gremios, compromete el funcionamiento de numerosas entidades y la continuidad de las prestaciones médicas para millones de afiliados.

La concentración comenzará a las 15 frente a la sede del organismo, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue definida durante una reunión de la mesa chica cegetista en el Sindicato del Seguro, con la participación de los tres integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, además de Héctor Daer, de Sanidad; Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos; Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza.

El reclamo involucra a un sistema que, de acuerdo con las estimaciones de la central obrera, brinda cobertura a unos 17 millones de personas. La conducción sindical sostiene que la reducción de los ingresos y las dificultades para acceder a los fondos de compensación profundizaron el desequilibrio financiero de las entidades. Algunas ya habrían restringido prestaciones, mientras que distintos sindicatos recurren a recursos propios para sostener la atención de sus afiliados.

El Fondo Solidario, en el centro de la disputa

Uno de los principales focos del conflicto es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes de trabajadores y empleadores. Su función es compensar a las obras sociales por determinados gastos sanitarios, entre ellos tratamientos de alta complejidad, medicamentos de elevado costo y prestaciones específicas.

Según fuentes sindicales, alrededor del 90% de los recursos del fondo se destina actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad. La CGT considera que esa concentración limita la disponibilidad de dinero para afrontar otras obligaciones asistenciales y reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean absorbidos por los ministerios nacionales correspondientes, en lugar de recaer sobre los recursos destinados al financiamiento sanitario.

La dirigencia asegura que mantuvo tres encuentros con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación, pero afirma que no recibió una propuesta concreta para corregir los desequilibrios. La movilización ante la Superintendencia apunta a obtener una respuesta institucional y abrir una instancia de resolución sobre la distribución de los recursos.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que la continuidad de algunas obras sociales y la cobertura de sus afiliados están comprometidas. El dirigente puso el acento en la dimensión del problema: cualquier deterioro del sistema podría repercutir sobre los servicios de salud de millones de personas que dependen de esas entidades.

La presión de los costos y la caída de los aportes

A las dificultades de financiamiento se suma el deterioro de las variables que sostienen económicamente a las obras sociales. La pérdida del poder adquisitivo reduce los salarios sobre los que se calculan los aportes y contribuciones, mientras que los medicamentos, los insumos y las prestaciones médicas registran aumentos que presionan sobre los presupuestos institucionales.

La combinación de menores ingresos y mayores costos restringe la capacidad de respuesta, especialmente en entidades con estructuras financieras más frágiles o con una población afiliada que demanda tratamientos complejos. Para los gremios, el problema excede una discusión contable: puede traducirse en demoras, limitaciones de servicios y mayores dificultades para acceder a la atención.

El conflicto tiene antecedentes en el debate de la reforma laboral. Durante su tratamiento en el Senado, en febrero, el Gobierno aceptó mantener en el 6% la contribución patronal destinada a las obras sociales, en lugar de reducirla al 5%, una modificación que había generado un fuerte rechazo sindical.

Jerónimo cuestionó las políticas oficiales por considerar que debilitan el funcionamiento del sistema solidario de salud y advirtió que, si no aparecen respuestas, la central avanzará con nuevas medidas de presión.

Una protesta por etapas y sin paro general inmediato

La marcha del 26 de noviembre será una de las últimas acciones previstas por la CGT antes de concluir el año. La conducción también analiza realizar, a mediados de diciembre, un cese de actividades de entre dos y cuatro horas, acompañado por asambleas en los lugares de trabajo y con alcance simultáneo en todo el país. La fecha y la duración definitiva todavía deberán ser resueltas por el Consejo Directivo.

La modalidad forma parte de una protesta por etapas, conocida como “a la francesa”, que busca incrementar la presión sobre el Ejecutivo sin convocar, por el momento, a un nuevo paro general. Aunque distintos sectores gremiales reclaman una huelga nacional, el triunvirato mantiene una estrategia gradual y procura sostener la unidad de la central.

El plan de lucha había perdido intensidad durante la visita del papa León XIV, cuando la CGT renovó su propuesta de establecer una mesa de diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. La falta de avances en esa instancia y la persistencia de los reclamos sectoriales llevaron a la conducción a recuperar la agenda de movilizaciones.

La disputa también se desarrolla en un escenario de diferencias dentro del movimiento sindical. A comienzos de noviembre, Luis Barrionuevo, titular de UTHGRA, anunció junto con alrededor de 50 organizaciones gremiales una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa iniciativa constituye otro frente de presión sobre el Gobierno, aunque por fuera de la convocatoria definida por la conducción cegetista.

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