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En medio de la definición legislativa de la reforma laboral y a horas de un paro de 36 horas con movilización al Congreso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Poder Ejecutivo evalúa no liquidar adicionales salariales en febrero. La medida, según el gremio, implicaría una reducción directa en los ingresos de miles de empleados públicos y agravaría una pérdida de poder adquisitivo que ya supera el 45%.

De concretarse, la decisión implicaría —según el gremio— una merma directa de al menos 50.000 pesos para trabajadores no jerárquicos cuyos ingresos netos, de acuerdo con cifras oficiales, oscilan entre 400.000 y 1.500.000 pesos. La posible quita alcanzaría ítems como el premio estímulo a la asistencia, un componente que forma parte habitual de la liquidación mensual.

El planteo sindical se inscribe en un escenario de salarios congelados y negociaciones paritarias paralizadas en lo que va del año. Para ATE, el Ejecutivo no solo incumplió el compromiso de retomar el cuarto intermedio acordado el 26 de diciembre, sino que además “clausuró” en los hechos la discusión salarial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue categórico al atribuir al Gobierno la escalada del conflicto: “Al congelamiento se le suma ahora la decisión de privar a los trabajadores del cobro de adicionales. Es una práctica desleal y de mala fe”, sostuvo.

Desde el sindicato advierten que la eventual reducción impactaría en la calidad de los servicios públicos. “No vamos a tolerar un nuevo recorte. Exigimos que se cumpla en tiempo y forma con el pago de los sueldos”, enfatizó Aguiar, quien vinculó la medida con un deterioro sostenido del poder adquisitivo. Según los registros internos de la organización, durante la gestión de Javier Milei los salarios del sector acumulan una caída real superior al 45,3%.

La controversia salarial se superpone con la pulseada legislativa por la reforma laboral. ATE integra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que convocó a un paro de 36 horas con movilización al Congreso el día en que la Cámara alta trate el proyecto aprobado en Diputados.

La estrategia combina presión en la calle con acciones judiciales: los equipos legales del sindicalismo ya trabajan en presentaciones para cuestionar la constitucionalidad de la norma si finalmente se convierte en ley.

En ese punto, la conducción del gremio coincide con sectores de la Confederación General del Trabajo que anticipan una batalla en tribunales. Para Aguiar, el texto en discusión es “inaplicable y destinado al fracaso”, y advirtió que el oficialismo pretende convertir al Senado en una “escribanía”. La definición parlamentaria, así, no solo determinará el futuro del régimen laboral sino que marcará el tono del vínculo entre el Gobierno y el movimiento obrero en los próximos meses.

El trasfondo excede la coyuntura. La administración libertaria sostiene una política de ajuste fiscal orientada a reducir el gasto público y contener la inflación, mientras los gremios alertan que el equilibrio macroeconómico no puede sostenerse a costa de una licuación persistente de ingresos. En ese delicado equilibrio se juega buena parte de la gobernabilidad.

La inminente votación en el Senado será, entonces, mucho más que un trámite legislativo: funcionará como termómetro político y social. Si prospera la denuncia de ATE y se concreta la quita de adicionales, el conflicto podría escalar hacia un escenario de mayor confrontación, con impacto directo en la prestación de servicios esenciales.

En un entorno de alta sensibilidad económica y fragilidad salarial, la disputa entre el Estado empleador y sus trabajadores se convierte en un capítulo decisivo de la actual etapa. La resolución del diferendo —en el Congreso o en los tribunales— determinará no solo el alcance de la reforma laboral, sino también el margen de maniobra del Gobierno para sostener su programa sin profundizar la fractura social.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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