Paritarias congeladas y tensión sindical: crece la disputa entre la Casa Rosada y los trabajadores públicos

En medio de la definición legislativa de la reforma laboral y a horas de un paro de 36 horas con movilización al Congreso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Poder Ejecutivo evalúa no liquidar adicionales salariales en febrero. La medida, según el gremio, implicaría una reducción directa en los ingresos de miles de empleados públicos y agravaría una pérdida de poder adquisitivo que ya supera el 45%.

De concretarse, la decisión implicaría —según el gremio— una merma directa de al menos 50.000 pesos para trabajadores no jerárquicos cuyos ingresos netos, de acuerdo con cifras oficiales, oscilan entre 400.000 y 1.500.000 pesos. La posible quita alcanzaría ítems como el premio estímulo a la asistencia, un componente que forma parte habitual de la liquidación mensual.

El planteo sindical se inscribe en un escenario de salarios congelados y negociaciones paritarias paralizadas en lo que va del año. Para ATE, el Ejecutivo no solo incumplió el compromiso de retomar el cuarto intermedio acordado el 26 de diciembre, sino que además “clausuró” en los hechos la discusión salarial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue categórico al atribuir al Gobierno la escalada del conflicto: “Al congelamiento se le suma ahora la decisión de privar a los trabajadores del cobro de adicionales. Es una práctica desleal y de mala fe”, sostuvo.

Desde el sindicato advierten que la eventual reducción impactaría en la calidad de los servicios públicos. “No vamos a tolerar un nuevo recorte. Exigimos que se cumpla en tiempo y forma con el pago de los sueldos”, enfatizó Aguiar, quien vinculó la medida con un deterioro sostenido del poder adquisitivo. Según los registros internos de la organización, durante la gestión de Javier Milei los salarios del sector acumulan una caída real superior al 45,3%.

La controversia salarial se superpone con la pulseada legislativa por la reforma laboral. ATE integra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que convocó a un paro de 36 horas con movilización al Congreso el día en que la Cámara alta trate el proyecto aprobado en Diputados.

La estrategia combina presión en la calle con acciones judiciales: los equipos legales del sindicalismo ya trabajan en presentaciones para cuestionar la constitucionalidad de la norma si finalmente se convierte en ley.

En ese punto, la conducción del gremio coincide con sectores de la Confederación General del Trabajo que anticipan una batalla en tribunales. Para Aguiar, el texto en discusión es “inaplicable y destinado al fracaso”, y advirtió que el oficialismo pretende convertir al Senado en una “escribanía”. La definición parlamentaria, así, no solo determinará el futuro del régimen laboral sino que marcará el tono del vínculo entre el Gobierno y el movimiento obrero en los próximos meses.

El trasfondo excede la coyuntura. La administración libertaria sostiene una política de ajuste fiscal orientada a reducir el gasto público y contener la inflación, mientras los gremios alertan que el equilibrio macroeconómico no puede sostenerse a costa de una licuación persistente de ingresos. En ese delicado equilibrio se juega buena parte de la gobernabilidad.

La inminente votación en el Senado será, entonces, mucho más que un trámite legislativo: funcionará como termómetro político y social. Si prospera la denuncia de ATE y se concreta la quita de adicionales, el conflicto podría escalar hacia un escenario de mayor confrontación, con impacto directo en la prestación de servicios esenciales.

En un entorno de alta sensibilidad económica y fragilidad salarial, la disputa entre el Estado empleador y sus trabajadores se convierte en un capítulo decisivo de la actual etapa. La resolución del diferendo —en el Congreso o en los tribunales— determinará no solo el alcance de la reforma laboral, sino también el margen de maniobra del Gobierno para sostener su programa sin profundizar la fractura social.