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A horas del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, el Gobierno nacional intimó a la Unión Tranviarios Automotor y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza por considerar vigente una conciliación obligatoria. Los gremios rechazaron la advertencia, negaron su alcance y calificaron de “ignorantes” a funcionarios de la gestión de Javier Milei.

La antesala del paro general sumó un nuevo capítulo de confrontación institucional. En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, intimó a la UTA y a La Fraternidad a no llevar adelante acciones directas por entender que rige una conciliación laboral obligatoria “en pleno trámite”.

Según la postura oficial, cualquier medida de fuerza implicaría un incumplimiento de esa instancia administrativa y, por lo tanto, una vulneración de la normativa vigente. El mensaje no fue menor: el transporte es un sector neurálgico en la efectividad de un paro general y su paralización tiene impacto directo en la vida económica y social del país.

Sin embargo, la respuesta sindical fue inmediata y de alto voltaje. Desde La Fraternidad rechazaron la interpretación del Ejecutivo y sostuvieron que la conciliación obligatoria vigente responde exclusivamente a una discusión paritaria, no a la convocatoria al paro general.

“Nosotros no podemos parar por paritarias, pero por otros motivos sí”, explicaron desde el gremio ferroviario, al tiempo que calificaron de “ignorantes” a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y denunciaron un “apriete” político.

La controversia abre un debate jurídico y político de fondo: ¿puede una conciliación dictada en el marco de una negociación salarial limitar la adhesión a una medida de alcance nacional convocada por la central obrera? Para el Gobierno, la respuesta es afirmativa; para los sindicatos, se trata de planos distintos que no se superponen.

La UTA y el argumento económico

Horas antes de la intimación oficial, la UTA había confirmado su adhesión al paro bajo un argumento central: la pérdida sostenida del salario real. El gremio que conduce Roberto Fernández describió un escenario marcado por la caída del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y la creciente inestabilidad laboral en el sector.

En su comunicado, la organización sostuvo que los trabajadores “soportan el mayor peso del ajuste económico” y que los ingresos no acompañan el aumento del costo de vida. En ese marco, el paro fue definido como una “medida legítima de defensa colectiva” frente a políticas que —según su interpretación— afectan la dignidad del trabajo y la sustentabilidad de la actividad.

El encuadre discursivo no es casual. La UTA buscó despegar la decisión de cualquier interés sectorial inmediato y la presentó como parte de un reclamo más amplio del mundo laboral. El mensaje apunta a reforzar la legitimidad social de la medida en una circunstancia donde el Gobierno insiste en caracterizar las huelgas como obstáculos para la recuperación económica.

Maturano y la hipótesis del paro por tiempo indeterminado

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, fue más allá en sus declaraciones públicas. En entrevistas radiales planteó que la reforma laboral podría frenarse si el movimiento sindical avanzara hacia un paro por tiempo indeterminado, trasladando la presión a la dirigencia política.

“Que se arreglen los gobernadores, los políticos, el Presidente. Es problema de ellos”, sostuvo el dirigente, al sugerir que el conflicto excede a los sindicatos y debe ser resuelto en el plano institucional. La afirmación refleja un clima de máxima tensión y deja entrever que, si el proyecto avanza en el Congreso, el escenario gremial podría escalar.

Maturano también describió un cuadro social complejo: salarios que no alcanzan, pagos en cuotas y creciente fragilidad financiera en amplios sectores de trabajadores. Ese diagnóstico conecta con el núcleo del malestar sindical y explica la decisión de acompañar la protesta.

Un conflicto que trasciende lo administrativo

Más allá de la discusión técnica sobre la conciliación obligatoria, el episodio revela una confrontación más amplia entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado. La reforma laboral se convirtió en el eje de una disputa que combina argumentos jurídicos, tensiones políticas y un trasfondo económico marcado por la caída del poder adquisitivo.

Para la Casa Rosada, sostener la vigencia de la conciliación es una herramienta para preservar servicios esenciales y desactivar el impacto del paro. Para los gremios, la intimación constituye una maniobra para limitar el derecho a la protesta y debilitar la capacidad de presión sindical.

En el centro del conflicto se encuentra el transporte, un sector estratégico cuyo funcionamiento define en gran medida la contundencia de cualquier medida de fuerza nacional.

La pulseada entre el Ejecutivo y los gremios del transporte anticipa un escenario de alta conflictividad en torno a la reforma laboral. La discusión ya no se limita al contenido del proyecto, sino que se extiende a los márgenes del derecho de huelga y a la capacidad del Gobierno para condicionar la acción sindical mediante herramientas administrativas.

Con el paro general como telón de fondo, el conflicto expone una resistencia estructural: la necesidad oficial de sostener gobernabilidad y agenda reformista frente a un movimiento obrero que percibe una pérdida acelerada de derechos e ingresos. En esa disputa, el transporte se convierte en pieza clave y el desenlace marcará el tono de la relación entre la gestión de Milei y el sindicalismo en los meses por venir.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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