La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que la industria podría alcanzar los 300.000 puestos de trabajo directos en la próxima década y acercarse al millón de empleos al sumar la cadena de valor. El desarrollo de los grandes proyectos de cobre será el principal impulso de esa expansión, con San Juan entre las provincias protagonistas.

La minería argentina se encamina a convertirse en uno de los mayores generadores de empleo del país. De acuerdo con las proyecciones difundidas por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la industria podría crear alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos durante los próximos diez años, una cifra que representa aproximadamente cuatro veces la dotación laboral de la industria automotriz y autopartista. Si se incorpora el efecto sobre proveedores, servicios y actividades vinculadas, el impacto ascendería a cerca de un millón de empleos.

Las estimaciones fueron presentadas durante Arminera 2026, encuentro que reunió a empresas, especialistas y autoridades para analizar las perspectivas de la industria. Allí se destacó que el crecimiento estará impulsado principalmente por la entrada en construcción de grandes proyectos de cobre, considerados el próximo gran salto productivo de la minería nacional.

Según la CAEM, un emprendimiento cuprífero de clase mundial puede requerir hasta 7.000 trabajadores durante la etapa de construcción. A esa demanda se suma la contratación de empresas de ingeniería, metalurgia, transporte, logística, obras civiles, mantenimiento, gastronomía, hotelería y otros servicios que acompañan el desarrollo de cada iniciativa.

El efecto económico trasciende ampliamente a las compañías mineras. Cada nuevo proyecto moviliza inversiones en infraestructura, fortalece las cadenas de proveedores locales y promueve la creación de empleo en múltiples rubros, favoreciendo el crecimiento de las economías regionales donde se emplazan los yacimientos.

Las perspectivas más favorables se concentran en San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que reúnen algunos de los principales proyectos de cobre y litio del país. En particular, San Juan aparece como uno de los polos con mayor potencial de expansión gracias al avance de emprendimientos de gran escala que podrían modificar la estructura productiva provincial y consolidar a la minería como uno de los pilares de su economía.

No obstante, la industria reconoce que el crecimiento previsto también plantea desafíos. Entre ellos sobresale la necesidad de formar recursos humanos especializados capaces de responder a la creciente demanda de técnicos, ingenieros, geólogos, operadores de equipos pesados y profesionales vinculados con seguridad, ambiente, mantenimiento y nuevas tecnologías aplicadas a la producción minera.

En ese sentido, distintas empresas, universidades y organizaciones sindicales ya comenzaron a impulsar programas de capacitación para fortalecer la oferta de mano de obra calificada. El objetivo es anticiparse a la demanda que generarán los nuevos emprendimientos y maximizar el impacto del empleo local.

Si las inversiones previstas avanzan dentro de los plazos proyectados, la minería no solo incrementará su participación en las exportaciones argentinas, sino que también consolidará su lugar como uno de los principales motores del empleo formal, la inversión productiva y el desarrollo regional, con un protagonismo creciente de San Juan en esa transformación.

La FEDUN y la FATUN reclamaron una recomposición salarial del 28,5%, la convocatoria inmediata a paritarias y el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Además, respaldaron un proyecto para garantizar la sostenibilidad del sistema científico nacional.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales renovaron sus reclamos al Gobierno nacional para que convoque de manera urgente a la negociación paritaria, otorgue una recomposición salarial del 28,5% y dé cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La posición fue difundida por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), encabezada por Daniel Ricci, tras la publicación del decimotercer informe elaborado junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI). El estudio analizó la evolución de los salarios, el financiamiento de las universidades y la situación de las becas estudiantiles desde el inicio de la actual administración nacional.

De acuerdo con el relevamiento, el acuerdo salarial alcanzado en junio permitió recuperar un 21,3% del poder adquisitivo. Sin embargo, los ingresos de docentes y trabajadores universitarios aún permanecen un 22,2% por debajo, en términos reales, de los registrados en noviembre de 2023.

El informe también advierte que el salario universitario perdió 43 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011, reflejando un deterioro acumulado durante más de una década que se profundizó en los últimos años.

Las cifras difundidas por la FEDUN indican que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 los incrementos salariales totalizaron un 226,8%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 320%. Como consecuencia de esa diferencia, la organización sostuvo que los haberes registran una pérdida del 93,2% desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y estimó que sería necesario un incremento adicional del 28,5% para recuperar el poder de compra perdido.

Aunque el sindicato destacó que durante los últimos doce meses los salarios crecieron un 8,5% en términos reales y acumulan una mejora del 14,5% en lo que va de 2026, consideró que esos avances todavía resultan insuficientes para compensar el fuerte retroceso sufrido entre fines de 2023 y 2025.

En ese marco, la FEDUN solicitó adelantar la revisión paritaria prevista originalmente para el 15 de septiembre. El planteo se apoya en la resolución de la Corte Suprema que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que, según el gremio, obliga a actualizar las partidas destinadas a las universidades nacionales y garantizar la recuperación de los salarios.

La defensa del sistema universitario también se extendió al ámbito científico. La FEDUN y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) expresaron su respaldo al proyecto de ley de Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentado durante un encuentro que reunió a dirigentes sindicales, legisladores, rectores y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Desde la FATUN sostuvieron que el fortalecimiento del sistema científico constituye una condición indispensable para el desarrollo del país y remarcaron que la producción de conocimiento representa un componente central para alcanzar mayor autonomía tecnológica y crecimiento económico.

El pronunciamiento recibió además el acompañamiento del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que busca consolidar una posición común en defensa del financiamiento de las casas de altos estudios y de los organismos de ciencia y tecnología frente a las restricciones presupuestarias.

En San Juan, el reclamo adquiere una dimensión particular por su impacto sobre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), institución que forma profesionales e investigadores en áreas clave para la provincia, como ingeniería, minería, ciencias básicas, salud y tecnología. La evolución del financiamiento universitario y de las políticas científicas incide de manera directa en la continuidad de proyectos de investigación, la formación de recursos humanos y el desarrollo de actividades de extensión que mantienen un fuerte vínculo con el entramado productivo y social sanjuanino.

La Comunicación «A» 8460 incorporó al dólar entre las monedas habilitadas para las cuentas sueldo y permitió a los bancos acreditar remuneraciones en moneda extranjera. La modalidad será voluntaria y dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.

El Banco Central de la República Argentina completó la reglamentación necesaria para que las empresas puedan pagar salarios en dólares al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en esa moneda. La medida, formalizada mediante la Comunicación «A» 8460, adapta la normativa bancaria a la reforma laboral aprobada por el Congreso y permite que las entidades financieras administren cuentas sueldo en dólares bajo las mismas condiciones de gratuidad que las existentes en pesos.

La decisión da cumplimiento a la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones podrán abonarse en dinero «ya sea en moneda nacional o extranjera». Hasta ahora, el régimen de cuentas sueldo solo contemplaba depósitos en pesos.

La reglamentación garantiza que la apertura y el mantenimiento de estas cuentas no tendrán costo para el trabajador hasta el monto acreditado por la relación laboral. Además, los fondos podrán permanecer depositados por tiempo indefinido sin generar cargos de administración, replicando el esquema vigente para las cuentas sueldo tradicionales.

El Banco Central también fijó las condiciones operativas para el manejo del efectivo. Los bancos deberán asegurar depósitos y extracciones de dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta, mientras que la disponibilidad del servicio en otras sedes, cajeros automáticos o terminales de autoservicio quedará sujeta al stock de billetes y a la capacidad operativa de cada entidad.

Pese a que el marco regulatorio quedó plenamente definido, la posibilidad de generalizar el pago de salarios en moneda extranjera todavía enfrenta obstáculos. Las restricciones que continúan alcanzando a las personas jurídicas para acceder libremente al mercado cambiario limitan la compra de divisas destinada a este tipo de operaciones. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había señalado meses atrás que flexibilizar esos controles no figuraba entre las prioridades inmediatas del organismo.

Por esa razón, el nuevo esquema aparece, en principio, como una alternativa con mayores posibilidades de aplicación en empresas que generan ingresos en dólares o mantienen una estrecha vinculación con mercados internacionales. Entre ellas sobresalen las vinculadas a la economía del conocimiento, la industria del software, los servicios profesionales exportables y otras actividades tecnológicas que compiten por talento altamente calificado.

La nueva modalidad tampoco modifica el régimen general de las relaciones laborales. El pago de salarios en dólares deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes y no reemplaza automáticamente la remuneración en pesos ni altera los restantes derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral vigente.

Como paso final, el Banco Central informó que enviará a las entidades financieras las actualizaciones correspondientes del texto ordenado sobre depósitos de ahorro, cuentas sueldo y cuentas especiales para adecuar toda la normativa operativa al nuevo régimen. La Comunicación «A» 8460 lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

La decisión representa uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral en materia de remuneraciones. Aunque su implementación masiva dependerá de la evolución del régimen cambiario y de la voluntad de empleadores y trabajadores, el sistema financiero ya dispone del instrumento legal necesario para acreditar salarios en dólares, una modalidad que podría comenzar a expandirse en aquellos rubros con mayor integración a la economía internacional.