ADICUS cuestiona el 12,3% oficial y advierte sobre una “pérdida acumulada del 50%” del poder adquisitivo
En un escenario atravesado por la discusión de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, los gremios universitarios rechazaron la propuesta salarial del Gobierno nacional y anunciaron un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones. Desde ADICUS, su titular, Jaime Barcelona, denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó la constitucionalidad del proyecto en debate.
En una jornada de protestas que se replicó en distintos puntos del país y que tuvo su expresión en San Juan, Barcelona, lanzó un diagnóstico crítico sobre el rumbo económico y laboral del Gobierno de Javier Milei. El dirigente advirtió que el movimiento obrero se enfrenta a un proceso de reformas que —según su visión— “tiene como variable de ajuste a los trabajadores” y que avanza con el acompañamiento de sectores políticos provinciales.
La movilización, que reunió a sindicatos y organizaciones sociales, se produjo a la par, al tratamiento legislativo de la reforma laboral promovida por la administración nacional. Para Barcelona, la iniciativa no sólo implica un retroceso en derechos adquiridos, sino que además podría abrir un frente judicial. “Se está votando algo inconstitucional”, sostuvo, en referencia a lo que considera una vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El dirigente señaló que, de prosperar la norma, el debate podría trasladarse a la instancia judicial, incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La movilización social va a continuar y, si es necesario, el reclamo también se dará en los tribunales”, anticipó, en un escenario donde el conflicto promete extenderse más allá de la discusión parlamentaria.
Rechazo salarial y ley de financiamiento
En el plano estrictamente universitario, el foco de la controversia se trasladó a la propuesta oficial de recomposición salarial. El Gobierno ofreció un incremento del 12,3% para 2026, en tres tramos y sin fechas definidas. Los gremios lo rechazaron de manera categórica.
Barcelona explicó que el porcentaje alude a una parte de lo adeudado por la evolución inflacionaria de 2025, pero deja sin resolver —según afirmó— las pérdidas acumuladas de 2024 y diciembre de 2023. “No vamos a cambiar un 12,3% por la ley de financiamiento universitario”, remarcó, en alusión a la normativa que fija criterios de actualización presupuestaria y salarial para el sistema.
Desde la conducción sindical sostienen que el Ejecutivo no sólo incumple la ley vigente, sino que además busca reemplazarla por un nuevo proyecto que, a su juicio, consolidaría el ajuste y formalizaría la caída del poder adquisitivo docente. “Lo que pedimos es que se cumpla la ley y que se convoque a paritaria como corresponde”, enfatizó el titular de ADICUS.
El trasfondo del conflicto es más amplio que una discusión porcentual. En el sistema universitario nacional, la combinación de inflación persistente, retraso salarial y tensiones presupuestarias ha deteriorado el poder de compra de los docentes y tensionado el funcionamiento institucional. La paritaria, herramienta central de negociación colectiva, se convirtió en un eje de disputa política y jurídica.
Medidas de fuerza y presión legislativa
El plan de acción ya está en marcha. ADICUS confirmó un paro el día en que la reforma laboral sea tratada en Diputados, además de nuevas huelgas y movilizaciones cuando el Ejecutivo ingrese su proyecto alternativo de financiamiento universitario. También se prevén acciones de visibilización durante la próxima semana.
El objetivo, según el dirigente gremial, es doble: por un lado, exigir el rechazo del proyecto de reforma laboral; por otro, presionar para que el Congreso garantice el cumplimiento de la ley vigente y obligue al Gobierno a reabrir la negociación salarial. “Los diputados y senadores tienen la responsabilidad de no avalar este ajuste”, advirtió.
En el plano político, Barcelona cuestionó la actitud de algunos gobernadores que, a su entender, acompañan la estrategia nacional pese al impacto que las medidas tendrían en sus propias jurisdicciones. Esa tensión entre provincias y Nación se proyecta como uno de los factores determinantes en la votación legislativa.
Un conflicto con proyección institucional
La disputa en torno a la reforma laboral y al financiamiento universitario excede el marco sectorial. Lo que está en juego es el equilibrio entre ajuste fiscal, derechos laborales y sostenibilidad del sistema público de educación superior. El oficialismo apuesta a una reconfiguración estructural del esquema laboral y presupuestario; los sindicatos, en cambio, denuncian un retroceso que compromete garantías constitucionales y consolida la pérdida de ingresos.
Mientras el Congreso se prepara para una votación clave, el movimiento universitario endurece su postura y anticipa que la conflictividad no se disipará con una aprobación formal de la norma. La calle y, eventualmente, los tribunales podrían transformarse en nuevos escenarios de una disputa que combina economía, política y derecho.
En un momento de alta sensibilidad social, la resolución del conflicto marcará no sólo el rumbo de las relaciones laborales en el ámbito universitario, sino también el alcance real de las reformas impulsadas por el Gobierno. Entre el ajuste fiscal y la defensa de derechos adquiridos, el sistema universitario vuelve a situarse en el centro del debate nacional.
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El PJ sanjuanino apeló a la unidad, pero la celebración del 17 de octubre mostró sus diferencias
El peronismo de San Juan conmemoró el Día de la Lealtad con tres convocatorias separadas y ausencias que alimentaron las señales de fragmentación interna. Mientras la conducción del Partido Justicialista (PJ) encabezó homenajes en su sede central y en Chimbas, la CGT organizó un acto propio, con Eduardo Cabello como principal referente. La jornada volvió a exponer las diferencias entre la dirigencia partidaria y el movimiento obrero en un momento en que ambos espacios buscan recuperar competitividad electoral.
La ausencia más significativa fue la del senador nacional Sergio Uñac, quien no participó de ninguna de las convocatorias y envió una nota para disculparse. Tampoco estuvieron el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, ni Fabián Gramajo, presidente de San Juan Te Quiero. En el homenaje realizado en la sede partidaria faltaron, además, intendentes de ocho departamentos: Rawson, Caucete, Albardón, 25 de Mayo, Jáchal, Valle Fértil, Calingasta y San Martín. Desde el PJ señalaron que algunos jefes comunales organizaron actos en sus respectivas juntas departamentales.
Las actividades partidarias fueron encabezadas por el presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, la vicepresidenta primera, Graciela Seva, y el vicepresidente segundo, Fabián Aballay. También participaron el exgobernador José Luis Gioja, el diputado nacional Cristian Andino, Facundo Perrone, Matías Sotomayor y los legisladores provinciales Mario Herrero y Marisa López.
La segunda convocatoria se trasladó a la avenida Costanera Juan Domingo Perón, en Chimbas, donde la intendenta Daniela Rodríguez encabezó la reinauguración del busto de Juan Domingo Perón, restaurado después de sufrir daños por vandalismo. Allí también estuvo Jorge «Koki» Chica, ausente en la ceremonia de la sede central. La elección del departamento no fue menor: Chimbas concentra un caudal electoral relevante para las aspiraciones del peronismo de cara a 2027.
Ante la dispersión de los homenajes, Quiroga Moyano recurrió reiteradamente al término «diversificación» para describir la organización de la jornada. La expresión buscó presentar como una distribución de actos lo que también dejó a la vista la falta de una convocatoria común, especialmente por la decisión de la CGT de celebrar por separado.
Aballay, en tanto, vinculó el significado histórico del 17 de octubre de 1945 con las dificultades que atraviesa el justicialismo. Aunque reconoció las diferencias internas, sostuvo su expectativa de que una eventual unidad permita al partido volver a competir con posibilidades en las elecciones de 2027.
La mirada sindical fue más crítica. Desde la CGT, Eduardo Cabello reivindicó el papel del movimiento obrero en la identidad peronista y cuestionó las divisiones de la dirigencia política, a las que atribuyó parte de la responsabilidad por la pérdida de los gobiernos provincial y municipales. Su planteo ubicó a los sindicatos como actores centrales de una eventual reconstrucción partidaria y marcó diferencias con la lectura de la conducción del PJ.
A 81 años de la movilización que reclamó la liberación de Perón y se convirtió en una fecha fundacional del movimiento, la conmemoración sanjuanina dejó una señal política concreta: la unidad continúa siendo una aspiración compartida, pero todavía no se traduce en una conducción capaz de reunir a sus principales referentes. La disputa por el protagonismo y la reconstrucción electoral seguirá condicionando la relación entre el partido, los intendentes y el sindicalismo.
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La CGT de San Juan celebró el Día de la Lealtad y reclamó recuperar la identidad peronista
La división del peronismo sanjuanino quedó expuesta este17 de octubre y tuvo una de sus expresiones más directas en la sede de la CGT. Allí, Eduardo Cabello, cuestionó la falta de entendimiento entre los dirigentes políticos y reivindicó al sindicalismo como garante de la identidad histórica del movimiento.
“La política hoy no se pudo poner de acuerdo”, afirmó Cabello durante el acto realizado pasadas las 12.00, en alusión a la multiplicación de convocatorias por el Día de la Lealtad. La ceremonia se desarrolló sin representantes de la actual conducción del Partido Justicialista sanjuanino, mientras el PJ organizó su propia celebración y hubo otra convocatoria en Chimbas.
La dispersión de los encuentros volvió visible una fractura que excede las diferencias de organización. En una fecha central para el peronismo, los distintos espacios no confluyeron en una celebración común, una ausencia de unidad que el referente sindical convirtió en el centro de su discurso.

“El 17 de octubre también fue por los derechos y la dignidad”
Cabello llamó a revisar el sentido de la conmemoración y advirtió sobre el riesgo de reducirla a una evocación del pasado. “¿Vamos a ser fanáticos y vivir de nostalgias o vamos a tener valores?”, planteó ante los presentes.
Para el dirigente, la movilización del 17 de octubre de 1945, que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón, dejó una enseñanza que trasciende el recuerdo histórico. “El 17 no fue solamente para que dejen a Perón libre, fue decir que hay derechos, que hay dignidad”, sostuvo.
También definió aquella jornada como una expresión colectiva que debe traducirse en representación para quienes no encuentran canales para hacer oír sus reclamos. Habló de un “calor que se puede y debe transformar en una cualidad para llegar a los que no tienen voz”, en una reivindicación del compromiso social que atribuye a los orígenes del movimiento.
El sindicalismo, en el centro de la identidad peronista
El titular de la Regional San Juan reafirmó la pertenencia doctrinaria del movimiento obrero y defendió el papel de los gremios en la representación de los trabajadores. “Tenemos la doctrina escrita en el corazón. No nos equivoquemos. Los sindicatos vamos a ser la luz y la sal de cada trabajador sanjuanino”, expresó.
La jornada incluyó un llamado a los afiliados y trabajadores, con choripanes y gaseosas, en una celebración que combinó el homenaje histórico con un mensaje político hacia la dirigencia justicialista.
El acto de la CGT dejó así una doble señal: la voluntad sindical de reivindicar su protagonismo dentro del peronismo y el cuestionamiento a una dirigencia que, al menos en esta conmemoración, no logró compartir una convocatoria. La discusión por la unidad vuelve a instalarse con una pregunta de fondo: qué lugar ocupará el movimiento obrero en la reorganización política del justicialismo.
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Paritarias: los bancarios elevaron el salario inicial a $2,63 millones
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias del sistema financiero una actualización salarial del 1,9% para septiembre, con la que el ingreso inicial de los trabajadores bancarios pasó a superar los $2,6 millones. El entendimiento, encabezado por el gremio que conduce Sergio Palazzo, contempla además un bono mínimo superior a $2,2 millones y la continuidad de las revisiones salariales durante el último trimestre del año.
La nueva escala fija un salario inicial de $2.552.560,34, al que se suma un concepto de Participación en las Ganancias (ROE) de $73.786,55. De esta manera, la remuneración inicial global alcanza los $2.626.346,89 para septiembre.
El incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, habituales y normales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales establecidos en el convenio colectivo y aquellos otorgados por fuera de sus disposiciones.
Con esta actualización, La Bancaria informó que la recomposición acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 alcanza el 23,6%, tomando como referencia las escalas salariales vigentes en diciembre de 2025.
Bono por el Día del Bancario
El enetendimiento también establece el monto mínimo de la gratificación correspondiente al Día del Bancario, que tendrá un piso de $2.275.519,25.
Las entidades financieras deberán depositar ese concepto como fecha límite el 6 de noviembre, jornada en la que tradicionalmente no hay atención bancaria al público en todo el país por la celebración del día de los trabajadores de la actividad.
El monto funciona como un piso garantizado, por lo que la cifra final puede variar de acuerdo con las condiciones salariales y los adicionales correspondientes a cada trabajador.
Revisiones hasta diciembre y nueva negociación en enero
El pacto no se agota en la actualización de septiembre. Las partes acordaron mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mismo mecanismo de revisión periódica utilizado hasta ahora, con idénticos alcances sobre las remuneraciones y adicionales.
Además, la representación sindical y las cámaras empresarias establecieron que volverán a reunirse formalmente para discutir la paritaria durante la segunda quincena de enero de 2027.
La continuidad de las revisiones permite que la negociación permanezca abierta frente a la evolución de los precios y evita que la escala salarial quede congelada durante varios meses. Para La Bancaria, el mecanismo constituye una herramienta para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.
El acuerdo vuelve a colocar a la paritaria bancaria entre las negociaciones salariales de mayor magnitud nominal: con un ingreso inicial que ya supera los $2,6 millones, un bono anual con piso de $2,27 millones y revisiones previstas hasta fin de año, el gremio mantiene una política de actualización frecuente que tendrá una nueva instancia formal en enero de 2027.
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