ADICUS cuestiona el 12,3% oficial y advierte sobre una “pérdida acumulada del 50%” del poder adquisitivo

En un escenario atravesado por la discusión de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, los gremios universitarios rechazaron la propuesta salarial del Gobierno nacional y anunciaron un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones. Desde ADICUS, su titular, Jaime Barcelona, denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó la constitucionalidad del proyecto en debate.

En una jornada de protestas que se replicó en distintos puntos del país y que tuvo su expresión en San Juan, Barcelona, lanzó un diagnóstico crítico sobre el rumbo económico y laboral del Gobierno de Javier Milei. El dirigente advirtió que el movimiento obrero se enfrenta a un proceso de reformas que —según su visión— “tiene como variable de ajuste a los trabajadores” y que avanza con el acompañamiento de sectores políticos provinciales.

La movilización, que reunió a sindicatos y organizaciones sociales, se produjo a la par, al tratamiento legislativo de la reforma laboral promovida por la administración nacional. Para Barcelona, la iniciativa no sólo implica un retroceso en derechos adquiridos, sino que además podría abrir un frente judicial. “Se está votando algo inconstitucional”, sostuvo, en referencia a lo que considera una vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El dirigente señaló que, de prosperar la norma, el debate podría trasladarse a la instancia judicial, incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La movilización social va a continuar y, si es necesario, el reclamo también se dará en los tribunales”, anticipó, en un escenario donde el conflicto promete extenderse más allá de la discusión parlamentaria.

Rechazo salarial y ley de financiamiento

En el plano estrictamente universitario, el foco de la controversia se trasladó a la propuesta oficial de recomposición salarial. El Gobierno ofreció un incremento del 12,3% para 2026, en tres tramos y sin fechas definidas. Los gremios lo rechazaron de manera categórica.

Barcelona explicó que el porcentaje alude a una parte de lo adeudado por la evolución inflacionaria de 2025, pero deja sin resolver —según afirmó— las pérdidas acumuladas de 2024 y diciembre de 2023. “No vamos a cambiar un 12,3% por la ley de financiamiento universitario”, remarcó, en alusión a la normativa que fija criterios de actualización presupuestaria y salarial para el sistema.

Desde la conducción sindical sostienen que el Ejecutivo no sólo incumple la ley vigente, sino que además busca reemplazarla por un nuevo proyecto que, a su juicio, consolidaría el ajuste y formalizaría la caída del poder adquisitivo docente. “Lo que pedimos es que se cumpla la ley y que se convoque a paritaria como corresponde”, enfatizó el titular de ADICUS.

El trasfondo del conflicto es más amplio que una discusión porcentual. En el sistema universitario nacional, la combinación de inflación persistente, retraso salarial y tensiones presupuestarias ha deteriorado el poder de compra de los docentes y tensionado el funcionamiento institucional. La paritaria, herramienta central de negociación colectiva, se convirtió en un eje de disputa política y jurídica.

Medidas de fuerza y presión legislativa

El plan de acción ya está en marcha. ADICUS confirmó un paro el día en que la reforma laboral sea tratada en Diputados, además de nuevas huelgas y movilizaciones cuando el Ejecutivo ingrese su proyecto alternativo de financiamiento universitario. También se prevén acciones de visibilización durante la próxima semana.

El objetivo, según el dirigente gremial, es doble: por un lado, exigir el rechazo del proyecto de reforma laboral; por otro, presionar para que el Congreso garantice el cumplimiento de la ley vigente y obligue al Gobierno a reabrir la negociación salarial. “Los diputados y senadores tienen la responsabilidad de no avalar este ajuste”, advirtió.

En el plano político, Barcelona cuestionó la actitud de algunos gobernadores que, a su entender, acompañan la estrategia nacional pese al impacto que las medidas tendrían en sus propias jurisdicciones. Esa tensión entre provincias y Nación se proyecta como uno de los factores determinantes en la votación legislativa.

Un conflicto con proyección institucional

La disputa en torno a la reforma laboral y al financiamiento universitario excede el marco sectorial. Lo que está en juego es el equilibrio entre ajuste fiscal, derechos laborales y sostenibilidad del sistema público de educación superior. El oficialismo apuesta a una reconfiguración estructural del esquema laboral y presupuestario; los sindicatos, en cambio, denuncian un retroceso que compromete garantías constitucionales y consolida la pérdida de ingresos.

Mientras el Congreso se prepara para una votación clave, el movimiento universitario endurece su postura y anticipa que la conflictividad no se disipará con una aprobación formal de la norma. La calle y, eventualmente, los tribunales podrían transformarse en nuevos escenarios de una disputa que combina economía, política y derecho.

En un momento de alta sensibilidad social, la resolución del conflicto marcará no sólo el rumbo de las relaciones laborales en el ámbito universitario, sino también el alcance real de las reformas impulsadas por el Gobierno. Entre el ajuste fiscal y la defensa de derechos adquiridos, el sistema universitario vuelve a situarse en el centro del debate nacional.