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Tras la multitudinaria movilización que reunió en San Juan a las dos CTA y a la CGT, el titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), Marcelo Mena, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral y reclamó profundizar el plan de lucha con un paro general. En diálogo con Mundo Laboral SJ, sostuvo que la iniciativa no apunta a crear empleo sino a flexibilizar despidos y reducir garantías.

La postal sindical en San Juan marcó un hecho poco frecuente: las dos vertientes de la CTA y la CGT marcharon juntas, acompañadas por movimientos sociales y espacios políticos. Para Mena, la jornada expresó un punto de inflexión.
“Desde un principio se planteó la necesidad de marchar unidos, tanto en Buenos Aires como en las provincias. En San Juan no fue la excepción”, afirmó. El dirigente destacó el valor simbólico de la convergencia y la interpretó como una respuesta directa al avance legislativo de la reforma laboral.

A su entender, la movilización no debe ser un hecho aislado sino el inicio de una etapa de mayor intensidad gremial. “No alcanza con salir a la calle. Hay que profundizar con un paro general y fortalecer el trabajo en cada sindicato, en cada comisión interna, con todos los trabajadores defendiendo sus derechos”, sostuvo.

Críticas al núcleo del proyecto

El referente de Asijemin fue categórico al evaluar el contenido de la reforma. Considera que la iniciativa no está orientada a fomentar el empleo ni a modernizar el sistema laboral, sino a facilitar despidos y reducir costos empresariales.

“No tiene ningún sentido para fortalecer al trabajador ni para generar más empleo. Lo que otorga es mayor libertad para despedir o prescindir de personal”, señaló. En ese marco, cuestionó especialmente los cambios vinculados a indemnizaciones, enfermedades laborales y modalidades de contratación.

El dirigente planteó que la discusión excede la estructura sindical. “No se trata de defender instituciones gremiales por sí mismas; se trata de que están vulnerando derechos concretos”, sentenció. Según su análisis, la norma consolida un esquema que tiende a la concentración económica, debilitando el poder de negociación de los trabajadores.

También alertó sobre el impacto cultural y social de una eventual aprobación. “Si el salario se deteriora y se naturaliza la pérdida de garantías, lo que se instala es una lógica de competencia entre trabajadores, en un contexto de mayor desigualdad”, advirtió.

El rol de las centrales y la búsqueda de cohesión

Consultado sobre la aparición de espacios sindicales alternativos y las tensiones internas, Mena evitó profundizar en disputas de liderazgo. Sostuvo que el eje debe estar en la cohesión y no en la fragmentación.

“Las instituciones deben respetarse, pero también deben escuchar a sus bases. Hoy la necesidad es clara: enfrentar esta reforma con medidas firmes”, proclamó. En ese sentido, consideró que el debate no es quién conduce, sino cómo se construye una respuesta unificada frente a un proyecto que —según su mirada— afecta de manera transversal al mundo del trabajo.

La referencia apunta tanto a la Confederación General del Trabajo como a las centrales de trabajadores que confluyeron en la movilización. Para el gremialista, el desafío inmediato es sostener la unidad alcanzada en la calle y traducirla en acciones coordinadas.

El ejemplo minero y la discusión sobre productividad

Desde el ámbito específico de la minería, el dirigente ofreció un contrapunto a los argumentos oficiales que vinculan la reforma con la necesidad de mejorar la competitividad.

Según explicó, en el sector minero sanjuanino se han logrado acuerdos salariales y mejoras en condiciones laborales mediante negociación colectiva, sin necesidad de recortar derechos. Incluso mencionó casos en los que empresas otorgaron incentivos adicionales por desempeño, fortaleciendo el compromiso y la productividad.

“Cuando hay diálogo y reglas claras, se puede crecer sin quitar garantías”, sintetizó. Para Mena, la experiencia del sector demuestra que la productividad no depende de la reducción de indemnizaciones ni de la flexibilización extrema, sino de acuerdos que articulen intereses empresariales y laborales.

En ese aspecto, remarcó que entre los trabajadores mineros existe un amplio rechazo al proyecto. El empresariado, en cambio, mantiene —según su descripción— una posición más expectante, al no verse directamente perjudicado por los cambios propuestos.

Presión política y responsabilidad legislativa

De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, Mena llamó a ejercer presión institucional y social sobre los representantes. “Tenemos que recordarles que son representantes del pueblo y que su función es servir a la sociedad”, alegó.

Sin promover acciones por fuera del marco democrático, planteó la necesidad de interpelar públicamente a los legisladores y exigir explicaciones sobre el sentido de su voto. Para el dirigente sindical, el debate no es técnico sino profundamente político: define el modelo de relaciones laborales que regirá en los próximos años.

La voz de Asijemin se suma a un clima que combina unidad circunstancial y creciente tirantez con el Gobierno. Desde San Juan, la dirigencia minera advierte que la reforma laboral no constituye una herramienta de desarrollo, sino un reordenamiento de fuerzas que, a su juicio, inclina la balanza hacia el capital en detrimento del trabajo.

La discusión en Diputados será determinante. Allí se pondrá en juego no solo el contenido de una ley, sino el alcance de un consenso social más amplio sobre productividad, derechos y distribución del ingreso. Para Marcelo Mena, el mensaje es claro: cualquier transformación del régimen laboral debe surgir del diálogo tripartito y no de una imposición que, lejos de pacificar el escenario, amenaza con profundizar la conflictividad.

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San Juan busca preparar su infraestructura para dos décadas de expansión minera

En la Cumbre Federal de Logística 2026, el gobernador Orrego advirtió que San Juan deberá prepararse para un flujo de transporte pesado creciente durante las próximas dos décadas. Reivindicó los fondos del Bono San Juan para la Ruta 40 Norte, los US$ 250 millones vinculados a Vicuña y la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica y vial.

Esta fue una de las principales definiciones del gobernador Marcelo Orrego durante la Segunda Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, donde advirtió que las proyecciones para las próximas dos décadas anticipan un flujo de transporte pesado de gran magnitud. “Hasta diría un camión cada 46 segundos de alto porte”, señaló el mandatario al describir la circulación que podría generar el desarrollo de los proyectos mineros. La dimensión de esa demanda, sostuvo, obliga a anticipar inversiones para evitar que las limitaciones de conectividad condicionen la expansión productiva.

Orrego remarcó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre de la Argentina y que el 73% de su territorio es montañoso. Esa combinación de potencial geológico y complejidad geográfica exige obras capaces de conectar yacimientos, centros industriales y corredores de transporte.

Vicuña y el Bono San Juan, fuentes de financiamiento

El gobernador vinculó esa preparación con dos instrumentos de financiamiento. Por un lado, mencionó el acuerdo relacionado con el proyecto Vicuña, por US$ 250 millones destinados al desarrollo eléctrico y vial, con beneficios previstos también para otras industrias y el turismo.

Por otro, destacó la colocación del Bono San Juan para financiar obras prioritarias. Según detalló, la Legislatura había autorizado una emisión de US$ 600 millones, pero la colocación recibió ofertas por más de US$ 1.030 millones, un monto equivalente al 72% por encima de la autorización original. Los recursos permitirán financiar trabajos en la Ruta Nacional 40 Norte.

La disponibilidad de fondos, sin embargo, deberá traducirse en obras capaces de responder a las necesidades de transporte que acompañarán el crecimiento minero. La conectividad vial y el abastecimiento energético aparecen entre las condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones y ampliar las cadenas de proveedores locales.

Trámites más rápidos y emergencia hídrica

Orrego también defendió la digitalización de la administración pública como una herramienta para acortar plazos sin resignar controles. Según explicó, la simplificación de procedimientos busca agilizar las gestiones vinculadas con proyectos productivos y reducir tiempos administrativos.

A esa agenda sumó la emergencia hídrica provincial. San Juan cuenta con unos 3.000 kilómetros de canales primarios que requieren obras de intervención y mantenimiento, una infraestructura relevante para sostener la producción agrícola en una provincia condicionada por la disponibilidad de agua.

Al referirse a la relación entre minería y sociedad, el gobernador planteó que el desarrollo no puede limitarse a la construcción de caminos y redes eléctricas. “Ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social”, afirmó, al señalar la importancia de que la población confíe en los proyectos y en sus beneficios.

La cumbre, convocada bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios y especialistas para analizar las necesidades de transporte y conectividad de las provincias.

La expansión cuprífera plantea un desafío logístico prioritario para San Juan: sincronizar el flujo de capitales, el desarrollo de infraestructura y el compromiso social de manera preventiva ante el inminente aumento del transporte de carga. De la resolución estratégica de estas variables dependerá el encadenamiento productivo y el crecimiento industrial de la región.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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