El sector minero sanjuanino se suma al rechazo sindical y exige un paro general

Tras la multitudinaria movilización que reunió en San Juan a las dos CTA y a la CGT, el titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), Marcelo Mena, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral y reclamó profundizar el plan de lucha con un paro general. En diálogo con Mundo Laboral SJ, sostuvo que la iniciativa no apunta a crear empleo sino a flexibilizar despidos y reducir garantías.

La postal sindical en San Juan marcó un hecho poco frecuente: las dos vertientes de la CTA y la CGT marcharon juntas, acompañadas por movimientos sociales y espacios políticos. Para Mena, la jornada expresó un punto de inflexión.
“Desde un principio se planteó la necesidad de marchar unidos, tanto en Buenos Aires como en las provincias. En San Juan no fue la excepción”, afirmó. El dirigente destacó el valor simbólico de la convergencia y la interpretó como una respuesta directa al avance legislativo de la reforma laboral.

A su entender, la movilización no debe ser un hecho aislado sino el inicio de una etapa de mayor intensidad gremial. “No alcanza con salir a la calle. Hay que profundizar con un paro general y fortalecer el trabajo en cada sindicato, en cada comisión interna, con todos los trabajadores defendiendo sus derechos”, sostuvo.

Críticas al núcleo del proyecto

El referente de Asijemin fue categórico al evaluar el contenido de la reforma. Considera que la iniciativa no está orientada a fomentar el empleo ni a modernizar el sistema laboral, sino a facilitar despidos y reducir costos empresariales.

“No tiene ningún sentido para fortalecer al trabajador ni para generar más empleo. Lo que otorga es mayor libertad para despedir o prescindir de personal”, señaló. En ese marco, cuestionó especialmente los cambios vinculados a indemnizaciones, enfermedades laborales y modalidades de contratación.

El dirigente planteó que la discusión excede la estructura sindical. “No se trata de defender instituciones gremiales por sí mismas; se trata de que están vulnerando derechos concretos”, sentenció. Según su análisis, la norma consolida un esquema que tiende a la concentración económica, debilitando el poder de negociación de los trabajadores.

También alertó sobre el impacto cultural y social de una eventual aprobación. “Si el salario se deteriora y se naturaliza la pérdida de garantías, lo que se instala es una lógica de competencia entre trabajadores, en un contexto de mayor desigualdad”, advirtió.

El rol de las centrales y la búsqueda de cohesión

Consultado sobre la aparición de espacios sindicales alternativos y las tensiones internas, Mena evitó profundizar en disputas de liderazgo. Sostuvo que el eje debe estar en la cohesión y no en la fragmentación.

“Las instituciones deben respetarse, pero también deben escuchar a sus bases. Hoy la necesidad es clara: enfrentar esta reforma con medidas firmes”, proclamó. En ese sentido, consideró que el debate no es quién conduce, sino cómo se construye una respuesta unificada frente a un proyecto que —según su mirada— afecta de manera transversal al mundo del trabajo.

La referencia apunta tanto a la Confederación General del Trabajo como a las centrales de trabajadores que confluyeron en la movilización. Para el gremialista, el desafío inmediato es sostener la unidad alcanzada en la calle y traducirla en acciones coordinadas.

El ejemplo minero y la discusión sobre productividad

Desde el ámbito específico de la minería, el dirigente ofreció un contrapunto a los argumentos oficiales que vinculan la reforma con la necesidad de mejorar la competitividad.

Según explicó, en el sector minero sanjuanino se han logrado acuerdos salariales y mejoras en condiciones laborales mediante negociación colectiva, sin necesidad de recortar derechos. Incluso mencionó casos en los que empresas otorgaron incentivos adicionales por desempeño, fortaleciendo el compromiso y la productividad.

“Cuando hay diálogo y reglas claras, se puede crecer sin quitar garantías”, sintetizó. Para Mena, la experiencia del sector demuestra que la productividad no depende de la reducción de indemnizaciones ni de la flexibilización extrema, sino de acuerdos que articulen intereses empresariales y laborales.

En ese aspecto, remarcó que entre los trabajadores mineros existe un amplio rechazo al proyecto. El empresariado, en cambio, mantiene —según su descripción— una posición más expectante, al no verse directamente perjudicado por los cambios propuestos.

Presión política y responsabilidad legislativa

De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, Mena llamó a ejercer presión institucional y social sobre los representantes. “Tenemos que recordarles que son representantes del pueblo y que su función es servir a la sociedad”, alegó.

Sin promover acciones por fuera del marco democrático, planteó la necesidad de interpelar públicamente a los legisladores y exigir explicaciones sobre el sentido de su voto. Para el dirigente sindical, el debate no es técnico sino profundamente político: define el modelo de relaciones laborales que regirá en los próximos años.

La voz de Asijemin se suma a un clima que combina unidad circunstancial y creciente tirantez con el Gobierno. Desde San Juan, la dirigencia minera advierte que la reforma laboral no constituye una herramienta de desarrollo, sino un reordenamiento de fuerzas que, a su juicio, inclina la balanza hacia el capital en detrimento del trabajo.

La discusión en Diputados será determinante. Allí se pondrá en juego no solo el contenido de una ley, sino el alcance de un consenso social más amplio sobre productividad, derechos y distribución del ingreso. Para Marcelo Mena, el mensaje es claro: cualquier transformación del régimen laboral debe surgir del diálogo tripartito y no de una imposición que, lejos de pacificar el escenario, amenaza con profundizar la conflictividad.