ADICUS denuncia un “ataque deliberado” a la universidad pública y anticipa medidas de fuerza
Los docentes universitarios rechazaron el aumento unilateral del 2% dispuesto por el Gobierno nacional y el bono extraordinario de $50.000, al que calificaron como insuficiente y ofensivo. Desde ADICUS advierten que la pérdida salarial ya ronda el 50%, denuncian incumplimientos en el financiamiento universitario y anticipan un plan de lucha con medidas duras a partir de mediados de marzo.
“Estamos frente a salarios de pobreza”, advirtió Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, al señalar que la evolución de los ingresos quedó muy por detrás del aumento general de precios, que acumuló más del 90% en el último período, mientras las recomposiciones salariales fueron mínimas y fragmentadas.
El bono extraordinario de $50.000, lejos de aliviar la situación, fue interpretado como un gesto provocador. Desde el sector docente remarcan que resulta insignificante frente a los bonos otorgados en provincias y en el sector privado, e incapaz de compensar el impacto del ajuste sobre los ingresos.
Sueldos congelados y docentes por debajo de la canasta básica
La crisis salarial tiene un correlato concreto en los recibos de sueldo. Según ADICUS, gran parte de los docentes universitarios percibe ingresos que oscilan entre los $250.000 y $300.000 mensuales, valores que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año.
Los cargos más frecuentes, como los Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación simple, quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, que ronda los $900.000. Incluso cargos de mayor dedicación no alcanzan niveles que permitan cubrir gastos elementales como alquiler, servicios y transporte.
La contradicción se profundiza, subrayan desde el gremio, cuando el Gobierno autoriza fuertes aumentos en tarifas de luz y gas —con subas promedio del 17%— mientras mantiene incrementos salariales marginales para el sector universitario.
Éxodo docente y vaciamiento silencioso
El deterioro de las condiciones laborales comienza a tener efectos estructurales. Cada vez más docentes reducen su carga horaria o directamente abandonan la universidad para buscar ingresos en el sector privado o en otras actividades.
Este fenómeno, advierten desde ADICUS, compromete la calidad académica y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, que dependen de planteles docentes altamente calificados pero cada vez más precarizados.
Incumplimiento del financiamiento universitario y conflicto político
Desde el gremio también denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de resoluciones judiciales que ordenan la recomposición salarial. Para Barcelona, no se trata sólo de un ajuste presupuestario, sino de una “voluntad política deliberada de estigmatizar y empobrecer” a los trabajadores docentes y no docentes.
El conflicto se inscribe así en un marco más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que ya fue blanco de cuestionamientos discursivos y recortes presupuestarios desde el inicio de la actual gestión.
Medidas de fuerza en camino y posible impacto en el ciclo lectivo
El malestar comienza a traducirse en organización. ADICUS y los gremios nucleados en la CONADU Histórica iniciaron una ronda de reuniones internas que derivará en consultas a las bases y un congreso nacional para definir los próximos pasos.
Si bien las medidas no se activarían de inmediato para no afectar las mesas de exámenes de febrero y comienzos de marzo, el gremio anticipa un endurecimiento del plan de lucha a partir de la segunda quincena de marzo, con interrupciones prolongadas de actividades académicas.
Aunque el inicio de clases podría darse de manera dispar según cada universidad, desde el sector advierten que la continuidad del dictado está seriamente comprometida si no hay una respuesta salarial concreta.
Universitarios se suman al rechazo a la reforma laboral
El conflicto docente también se entrelaza con el debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. ADICUS confirmó su adhesión al paro y a las movilizaciones que convoquen las centrales sindicales, en rechazo a un proyecto que consideran regresivo y perjudicial tanto para trabajadores del sector público como privado.
“La reforma impone condiciones de subordinación extrema y elimina derechos básicos”, señalan desde el gremio, que cuestiona el debilitamiento de la negociación colectiva, las restricciones al derecho de huelga y la flexibilización de los despidos.
El rechazo al aumento del 2% expuso algo más profundo que una disputa salarial coyuntural: reveló el deterioro sostenido de los ingresos docentes, el incumplimiento de compromisos legales y el riesgo de un vaciamiento progresivo de la universidad pública. Con salarios por debajo de la línea de pobreza y un clima de creciente conflictividad, los gremios universitarios se preparan para un escenario de confrontación que amenaza con impactar de lleno en el normal desarrollo del ciclo lectivo y en el futuro del sistema universitario nacional.
destacada
ASIJEMIN cuestionó los cambios en el RIGI y advirtió por el impacto sobre las PyMEs nacionales
El sindicato que representa a los trabajadores jerárquicos mineros salió al cruce del Decreto que modifica los criterios para reconocer proveedores locales dentro del régimen de grandes inversiones. Advirtió que la nueva normativa puede reducir la participación de empresas argentinas y debilitar el impacto de la minería sobre las economías provinciales.
La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de cuestionamientos sindicales. ASIJEMIN rechazó el Decreto 1366/2026 y advirtió que los cambios en la definición de proveedor local podrían favorecer a grandes compañías extranjeras en detrimento de las PyMEs nacionales, con consecuencias sobre el empleo, la industria y las economías de las provincias mineras.
La institución considera que la nueva normativa altera las condiciones de participación de las empresas argentinas en los proyectos alcanzados por el régimen, al permitir que compañías extranjeras compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales. A juicio del sindicato, esa equiparación puede profundizar las asimetrías entre grandes corporaciones internacionales y firmas regionales que integran las cadenas de abastecimiento de la minería.
El planteo no cuestiona la llegada de capitales ni la expansión de las inversiones mineras, sino la distribución de sus beneficios. «No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias», sostuvo la entidad.
Para ASIJEMIN, el volumen de capital destinado a los emprendimientos extractivos no constituye, por sí solo, una garantía de desarrollo. La entiadad reclama que esos desembolsos se traduzcan en contratación de trabajadores argentinos, fortalecimiento industrial y participación efectiva de proveedores radicados en las regiones donde se ejecutan los proyectos.
En esa línea, el sindicato exigió revisar y derogar las modificaciones introducidas por el decreto, además de establecer políticas que aseguren condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, los proveedores regionales y la mano de obra nacional.
La discusión trasciende el alcance de una disposición administrativa y pone en debate el modelo de desarrollo asociado con la expansión minera. La capacidad de las provincias para transformar las inversiones en empleo, producción y encadenamientos industriales depende, en buena medida, de cuánto puedan participar las empresas locales en los grandes emprendimientos.
El comunicado lleva la firma de Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, junto con la Comisión Directiva Nacional y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La organización sintetizó su posición con una definición: «La minería debe generar riqueza para el país, trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestras provincias».
La advertencia sindical instala una discusión central para el futuro de la minería argentina: cómo atraer inversiones de gran escala sin relegar a las empresas nacionales que pueden aportar servicios, tecnología, empleo y valor agregado en los territorios donde se desarrolla la actividad.
Departamentales
El deshielo pone bajo vigilancia rutas y puentes de cinco departamentos sanjuaninos
Protección Civil monitorea el aumento de los caudales y evalúa posibles restricciones en caminos de Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas. La Ruta 400 ya permanece cortada en la zona cordillerana, mientras los organismos provinciales refuerzan los controles sobre puentes y pasos vulnerables.
El director de Protección Civil, Diego Morales, comunicó que las cuadrillas provinciales supervisan de forma continua el comportamiento hídrico y la resistencia de la infraestructura en riesgo. Si bien los cauces operan hoy dentro de los márgenes normales, se prevé que la continuidad del deshielo incremente de manera importante el caudal.
La ocupación de los terrenos naturales del río San Juan durante los últimos veinte años de sequía representa hoy un problema complejo. Con la actual recuperación de los caudales a niveles inéditos en dos décadas, las viviendas y fincas instaladas en el antiguo cauce obligan a desplegar maquinaria para redirigir el agua y reducir el riesgo de inundaciones o daños.
En ese marco, las autoridades realizan maniobras controladas en los descargadores de fondo del dique Ignacio de la Roza, con liberaciones progresivas de agua destinadas a observar la respuesta del terreno y anticipar eventuales intervenciones.
Los puntos más sensibles en el Gran San Juan
Entre Chimbas y Albardón, uno de los sectores que concentra mayor atención es calle Salta, conexión utilizada para llegar a El Rincón y Las Tapias. Allí, la capacidad de drenaje podría resultar insuficiente ante una crecida importante, con el riesgo de que el agua alcance la calzada e impida el tránsito.
También se encuentra bajo observación el puente de Albardón, cuya respuesta frente a un caudal de esta magnitud deberá ser evaluada por los equipos técnicos. A esto se suman los cruces informales de Villa Observatorio, que serán inhabilitados por el peligro que representa atravesar sectores del lecho con una corriente creciente.
La vigilancia alcanza además a calle Rodríguez, una vía que vincula San Martín con Chimbas y Angaco. Debido a las características de su trazado y a la proximidad del cauce, Protección Civil e Hidráulica analizan la necesidad de establecer restricciones preventivas.
Calingasta, con un corte ya vigente
En la zona cordillerana, las consecuencias del deshielo ya se reflejan en la interrupción total de la Ruta 400, que conecta El Molle con Laguna Blanca y el área del proyecto minero Pachón. El avance del agua impide la circulación segura y obliga a utilizar recorridos alternativos para acceder a los emprendimientos de la zona.
Las empresas mineras pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de acondicionamiento y reparación de los sectores afectados, según la información difundida.
Controles en diques y cauces
Las medidas preventivas también comprenden las maniobras de erogación desde el dique Cuesta del Viento, cuyo flujo llega hasta el dique Pachimoco. Las autoridades buscan evitar que la formación de espejos de agua en sectores sin infraestructura de seguridad derive en accidentes, especialmente por la presencia de personas que se acercan a bañarse.
En este sentido, Hidráulica desarrolla trabajos de limpieza de sedimentos y mantenimiento en puentes para reducir obstrucciones que puedan alterar el curso del agua. La presencia de corrales y construcciones precarias dentro de los cauces constituye otro factor de preocupación.
Con el deshielo en pleno desarrollo, la prioridad de los organismos provinciales es anticiparse a los efectos de las crecidas, preservar la infraestructura y evitar accidentes. La evolución de los cursos de agua determinará si las advertencias actuales se traducen en nuevas restricciones para la circulación en los departamentos bajo seguimiento.
destacada
La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%
El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.
La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.
Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.
Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.
Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.
-
Localeshace 6 añosDetectan varios casos de trabajo esclavo en San Juan
-
Localeshace 5 añosCGT local: Moral asumió en la secretaría de Género
-
Gremioshace 7 añosDieron a conocer el calendario de pagos anual de sueldos para estatales sanjuaninos
-
destacadahace 2 añosDesignan a Eugenia Cortona como la nueva subsecretaria de Empleo
-
Generalhace 6 añosMas de 300.000 niños fueron víctimas de la explotación laboral
-
Generalhace 3 añosLlaman a cubrir cargos en la Tecnicatura Superior en Criminalística
-
Generalhace 7 añosEmpresarios pyme se reunieron con Alberto Fernández y Carlos Heller
-
Generalhace 4 añosPablo Moyano se reunió con Alberto Fernandez
