ADICUS denuncia un “ataque deliberado” a la universidad pública y anticipa medidas de fuerza

Los docentes universitarios rechazaron el aumento unilateral del 2% dispuesto por el Gobierno nacional y el bono extraordinario de $50.000, al que calificaron como insuficiente y ofensivo. Desde ADICUS advierten que la pérdida salarial ya ronda el 50%, denuncian incumplimientos en el financiamiento universitario y anticipan un plan de lucha con medidas duras a partir de mediados de marzo.

“Estamos frente a salarios de pobreza”, advirtió Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, al señalar que la evolución de los ingresos quedó muy por detrás del aumento general de precios, que acumuló más del 90% en el último período, mientras las recomposiciones salariales fueron mínimas y fragmentadas.

El bono extraordinario de $50.000, lejos de aliviar la situación, fue interpretado como un gesto provocador. Desde el sector docente remarcan que resulta insignificante frente a los bonos otorgados en provincias y en el sector privado, e incapaz de compensar el impacto del ajuste sobre los ingresos.

Sueldos congelados y docentes por debajo de la canasta básica

La crisis salarial tiene un correlato concreto en los recibos de sueldo. Según ADICUS, gran parte de los docentes universitarios percibe ingresos que oscilan entre los $250.000 y $300.000 mensuales, valores que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año.

Los cargos más frecuentes, como los Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación simple, quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, que ronda los $900.000. Incluso cargos de mayor dedicación no alcanzan niveles que permitan cubrir gastos elementales como alquiler, servicios y transporte.

La contradicción se profundiza, subrayan desde el gremio, cuando el Gobierno autoriza fuertes aumentos en tarifas de luz y gas —con subas promedio del 17%— mientras mantiene incrementos salariales marginales para el sector universitario.

Éxodo docente y vaciamiento silencioso

El deterioro de las condiciones laborales comienza a tener efectos estructurales. Cada vez más docentes reducen su carga horaria o directamente abandonan la universidad para buscar ingresos en el sector privado o en otras actividades.

Este fenómeno, advierten desde ADICUS, compromete la calidad académica y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, que dependen de planteles docentes altamente calificados pero cada vez más precarizados.

Incumplimiento del financiamiento universitario y conflicto político

Desde el gremio también denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de resoluciones judiciales que ordenan la recomposición salarial. Para Barcelona, no se trata sólo de un ajuste presupuestario, sino de una “voluntad política deliberada de estigmatizar y empobrecer” a los trabajadores docentes y no docentes.

El conflicto se inscribe así en un marco más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que ya fue blanco de cuestionamientos discursivos y recortes presupuestarios desde el inicio de la actual gestión.

Medidas de fuerza en camino y posible impacto en el ciclo lectivo

El malestar comienza a traducirse en organización. ADICUS y los gremios nucleados en la CONADU Histórica iniciaron una ronda de reuniones internas que derivará en consultas a las bases y un congreso nacional para definir los próximos pasos.

Si bien las medidas no se activarían de inmediato para no afectar las mesas de exámenes de febrero y comienzos de marzo, el gremio anticipa un endurecimiento del plan de lucha a partir de la segunda quincena de marzo, con interrupciones prolongadas de actividades académicas.
Aunque el inicio de clases podría darse de manera dispar según cada universidad, desde el sector advierten que la continuidad del dictado está seriamente comprometida si no hay una respuesta salarial concreta.

Universitarios se suman al rechazo a la reforma laboral

El conflicto docente también se entrelaza con el debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. ADICUS confirmó su adhesión al paro y a las movilizaciones que convoquen las centrales sindicales, en rechazo a un proyecto que consideran regresivo y perjudicial tanto para trabajadores del sector público como privado.

“La reforma impone condiciones de subordinación extrema y elimina derechos básicos”, señalan desde el gremio, que cuestiona el debilitamiento de la negociación colectiva, las restricciones al derecho de huelga y la flexibilización de los despidos.

El rechazo al aumento del 2% expuso algo más profundo que una disputa salarial coyuntural: reveló el deterioro sostenido de los ingresos docentes, el incumplimiento de compromisos legales y el riesgo de un vaciamiento progresivo de la universidad pública. Con salarios por debajo de la línea de pobreza y un clima de creciente conflictividad, los gremios universitarios se preparan para un escenario de confrontación que amenaza con impactar de lleno en el normal desarrollo del ciclo lectivo y en el futuro del sistema universitario nacional.