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La combinación de apertura indiscriminada de importaciones, derrumbe del consumo interno y aumento de costos productivos desató en enero una nueva ola de despidos y conflictos laborales en todo el país. La industria manufacturera concentra el mayor impacto, mientras crece la tensión social ante la inminencia de una reforma laboral sin consensos.

Argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de su mercado laboral desde la crisis de 2001. El inicio de 2026 consolidó una tendencia que se venía profundizando durante el último trimestre del año pasado: despidos masivos, suspensiones, cierres de plantas y una conflictividad sindical en ascenso que se extiendió de manera federal.

Los datos oficiales confirman la gravedad del escenario. Solo en octubre de 2025 se perdieron más de 33.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, mientras que desde el inicio del actual gobierno ya se acumulan alrededor de 270.000 empleos destruidos. Lejos de desacelerarse, la dinámica se intensificó en enero, especialmente en la industria manufacturera, donde más de 60.000 trabajadores quedaron fuera del sistema en los últimos dos años.

La caída abrupta del consumo interno, el encarecimiento de tarifas energéticas, las elevadas cargas financieras y, sobre todo, la apertura de importaciones sin mecanismos de protección para la producción local, aparecen como factores centrales del deterioro. El ingreso masivo de productos asiáticos a precios sensiblemente más bajos profundizó una competencia desigual que golpea de lleno a las economías regionales y a los polos industriales del país.

Importaciones letales: el derrumbe del entramado textil

El sector textil se convirtió en uno de los símbolos más claros del ajuste. En Tucumán, Hilados SA (TN & Platex) paralizó su planta hasta febrero de 2026 y suspendió a 190 trabajadores, en un contexto de desplome de ventas y duplicación de importaciones de indumentaria desde China. En La Rioja, la misma firma cerró otra fábrica y dejó sin empleo a 70 operarios, profundizando la crisis social en una provincia altamente dependiente de la industria.

La situación se replica en Santiago del Estero, donde Coteminas Argentina SA anunció 57 despidos recientes, acumulando 112 cesantías en apenas dos meses, mientras que en el Nordeste, la histórica Emilio Alal SACIFI, con más de un siglo de actividad, bajó definitivamente sus persianas en Corrientes y Chaco, afectando a 260 familias. En todos los casos, el diagnóstico se repite: importaciones masivas, costos crecientes, financiamiento inaccesible y un consumo interno en retroceso.

Más allá del textil: despidos que atraviesan toda la industria

La crisis laboral no se limita a un solo sector. En la industria alimenticia, el cierre de la planta de Lamb Weston en Munro dejó 100 trabajadores en la calle, mientras que el gremio STIA denunció un proceso de “industricidio” vinculado a la desprotección del mercado interno. En el sector avícola, Granja Tres Arroyos y WADE enfrentan paros y protestas por incumplimientos salariales que afectan a más de 1.000 empleados.

El escenario se agrava en la industria frigorífica: el establecimiento productor de la marca Paty suspendió a 450 operarios, y en Santa Fe, los trabajadores del Frigorífico Euro ocupan la planta desde noviembre tras meses sin cobrar, en medio de denuncias por vaciamiento empresario.

Una crisis federal que se extiende y se profundiza

Desde la minería hasta el comercio, los conflictos se multiplican en todo el país. En San Luis, más de 50 mineros de Master Lajas mantienen un acampe por abandono patronal; en Córdoba, despidos en metalúrgicas reavivan protestas; en Rosario, Fornax SRL cerró sin previo aviso; y en Tierra del Fuego, la eliminación de aranceles a celulares amenaza 2.500 empleos en la industria electrónica local.

La lista continúa: despidos en supermercados de Misiones, vigiladores sin trabajo en San Juan, 8.000 puestos perdidos en Chubut tras el repliegue de YPF, conflictos en la industria automotriz, petroquímica y de seguros, y un deterioro generalizado de las condiciones laborales que empuja a miles de familias a la incertidumbre.

Análisis: ajuste, reforma laboral y un horizonte de mayor conflictividad

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. Paros, asambleas, ocupaciones de plantas y denuncias sindicales marcan un clima de creciente tensión social. La caída de la capacidad instalada industrial, registrada nuevamente en noviembre de 2025, anticipa que el escenario podría agravarse en los próximos meses.

El telón de fondo es político y económico. El Gobierno insiste en avanzar con la reforma laboral sin un canal de diálogo efectivo con los sindicatos, lo que eleva el riesgo de una escalada de conflictos. La posibilidad de un plan de lucha nacional, con paro general y movilizaciones, comienza a ganar fuerza en el movimiento obrero.

El “enero negro” del empleo no es un fenómeno aislado ni coyuntural: es la expresión más cruda de un modelo económico que, al priorizar el ajuste y la apertura sin regulaciones, desarticula el entramado productivo y profundiza la precarización laboral. Mientras miles de trabajadores pierden su sustento y la industria nacional retrocede, el país ingresa en un febrero cargado de tensión social, con un futuro inmediato marcado por la incertidumbre y el conflicto.

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El ajuste universitario acumuló una pérdida salarial de $4,48 billones en casi tres años

Un informe de FEDUN y el CIICTI cuantificó en $4,48 billones la reducción de la masa salarial de docentes y nodocentes desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según el relevamiento, los ingresos perdieron un 24,3% de poder adquisitivo y necesitarían una recomposición del 32% para recuperar los niveles de noviembre de 2023. La disputa por el financiamiento universitario volverá al centro del debate con el tratamiento del Presupuesto 2027.

La pérdida de ingresos de los trabajadores universitarios se convirtió en uno de los principales indicadores del deterioro que atraviesa la educación superior desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Un nuevo informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) estimó que, entre 2024 y 2026, la reducción acumulada de la masa salarial del sistema alcanzará los $4,48 billones, a valores constantes de este año.

El relevamiento, correspondiente a su decimosexta edición y con datos salariales hasta septiembre de 2026, señala que las remuneraciones de docentes y nodocentes registraron una pérdida real del 24,3% desde noviembre de 2023. Aunque durante el último mes analizado se produjo una mejora del 1% en términos reales, el retroceso acumulado desde junio volvió a profundizarse y los ingresos necesitarían un aumento del 32% para recuperar su capacidad de compra previa al cambio de Gobierno.

La brecha entre precios y salarios explica buena parte de ese deterioro. Según el estudio, mientras la inflación acumulada desde noviembre de 2023 llegó al 344,4%, los haberes universitarios aumentaron un 236,6%. En septiembre, la actualización nominal fue del 3%, frente a una inflación del 1,9%, pero esa mejora puntual no alcanzó para revertir una tendencia que, de acuerdo con el informe, acumuló retrocesos reales en 21 de los últimos 23 meses.

La estimación sobre la masa salarial refleja el impacto económico de esa diferencia. FEDUN y el CIICTI calcularon una pérdida de $1,47 billones durante 2024 y de $1,61 billones en 2025, mientras que para 2026 proyectaron otros $1,39 billones. En conjunto, la contracción alcanzaría los $4,48 billones en tres años. El documento también advierte que el nivel salarial universitario permanece por debajo de los registros de 2002 y acumula una caída de 41 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011.

El financiamiento, otra disputa con el Gobierno

El deterioro de los ingresos se inscribe en una discusión más amplia por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales. El informe sostiene que la ejecución presupuestaria proyectada para 2026 mantiene una reducción significativa frente a años anteriores: aunque estima una mejora real del 2,9% respecto del ejercicio previo, el financiamiento todavía se ubicaría un 21,9% por debajo de 2023 y un 32,8% por debajo de 2015.

De acuerdo con el registro, los recursos universitarios representarían el 0,535% del Producto Bruto Interno durante 2026, frente al 0,712% registrado en 2023. Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en el ejercicio actual, el Gobierno debería ampliar en $1,58 billones el crédito presupuestario vigente, según el cálculo de las entidades autoras.

La discusión se proyecta ahora sobre el Presupuesto 2027. Desde FEDUN advierten que la iniciativa oficial no contempla los recursos que las universidades consideran necesarios para garantizar su funcionamiento y anticipan nuevas acciones gremiales. Su secretario general, Daniel Ricci, confirmó que el sindicato realizará una vigilia frente al Congreso el próximo 25 de noviembre, durante el tratamiento legislativo del proyecto, con el objetivo de reclamar a diputados y senadores que rechacen la propuesta del Ejecutivo.

La convocatoria había sido prevista inicialmente para el 18 de noviembre, pero fue reprogramada. Ricci señaló que existe incertidumbre sobre el contenido definitivo de la iniciativa, debido a que las partidas todavía se encuentran sujetas a negociaciones y no había un dictamen cerrado al momento de sus declaraciones.

Paros y reclamos en las universidades

La protesta sindical también se expresa en medidas de fuerza impulsadas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, llevó adelante jornadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo y anunció nuevas acciones para reclamar recomposición salarial, actualización de los gastos de funcionamiento y cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento.

A esos planteos se suma la exigencia de que se haga efectiva la recomposición salarial contemplada en la normativa y la medida cautelar judicial vinculada con las obligaciones del Estado hacia el personal universitario.

En este clima, las declaraciones del papa León XIV sobre la importancia estratégica de la educación superior y la ciencia también fueron incorporadas por las organizaciones gremiales a sus argumentos. Durante su presentación en el Palacio Libertad, el pontífice advirtió sobre las consecuencias de la emigración de jóvenes que deben abandonar su país para desarrollar sus proyectos profesionales, una reflexión que los sindicatos vincularon con la situación presupuestaria de las universidades y del sistema científico.

La discusión salarial es apenas la superficie de un problema mucho más profundo. Sin fondos suficientes, las universidades enfrentan serias dificultades para sostener sus aulas abiertas, evitar la fuga de talentos y dar continuidad a la investigación científica. A las puertas del debate por el Presupuesto 2027, el reclamo universitario obliga a definir cuál será el verdadero peso de la educación superior en la agenda fiscal del país.

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Destacadas

Acueducto Gran Tulum: la jueza Lucero anuló parte del proceso y elevó la recusación al Tribunal de Impugnación

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sufrió un retroceso procesal significativo. La jueza de Garantías Mónica Lucero declaró la nulidad de las actuaciones cumplidas desde el 13 de octubre de 2026, una resolución que dejó sin efecto las jornadas de formalización realizadas hasta el momento y postergó la imputación formal de las once personas investigadas.

La decisión fue comunicada este martes 17 de noviembre, durante la continuidad de la audiencia, al resolver parcialmente el pedido de nulidad absoluta presentado por las defensas.

El expediente deberá esperar ahora la intervención del Tribunal de Impugnación, que tendrá a su cargo determinar si Lucero permanece al frente de la causa o debe ser apartada.

El origen de la controversia está en una recusación promovida por los exfuncionarios Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, representados por el abogado Nasser Uzair.

Ambos cuestionaron la continuidad de la magistrada a partir de una denuncia penal presentada contra ella, bajo el argumento de que esa circunstancia impedía que siguiera interviniendo en una investigación en la que están involucrados.

Sin embargo, el planteo tiene una particularidad jurídica: el Código Procesal Penal de San Juan establece que una denuncia contra el juez puede fundamentar una recusación cuando fue presentada antes del inicio del proceso. En este caso, la denuncia invocada por las defensas fue posterior.

El punto que terminó adquiriendo relevancia procesal fue la respuesta de Lucero del 13 de octubre. En aquella oportunidad, la jueza rechazó los argumentos y manifestó su voluntad de continuar en el expediente, pero esa contestación no fue remitida al Tribunal de Impugnación, como establece el procedimiento. Las defensas utilizaron esa omisión para fundamentar el pedido de nulidad.

Al resolver, la magistrada dispuso subsanar el trámite y enviar al tribunal superior el escrito de recusación, su respuesta y los antecedentes correspondientes. También ordenó comunicar la existencia del planteo al juez que podría reemplazarla, de acuerdo con el orden de subrogancia.

La investigación involucra a once personas, entre ellas el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; y el diputado nacional Cristian Andino, quien presidió Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). También aparecen exautoridades del organismo y representantes de la empresa proveedora de los caños utilizados en la obra.

La continuidad del expediente dependerá de la resolución del Tribunal de Impugnación. Si confirma a Lucero, deberá convocarse nuevamente a la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria. Si dispone su apartamiento, la causa quedará a cargo del magistrado que corresponda según el régimen de subrogancias.

Por ahora, los once involucrados siguen sin imputación formal porque la audiencia no pudo completarse. Esta pausa no define si hubo o no irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, pero vuelve a frenar una causa judicial clave para San Juan.

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Departamentales

Desde este miércoles el colectivo costará $1.530 en San Juan y aumentan los viajes al interior

El nuevo cuadro de la Red Tulum comenzará a regir este miércoles y se actualizará simultáneamente en todas las unidades mediante el sistema SUBE. Los pasajes de larga distancia superarán los $42.800, mientras que se mantendrán la gratuidad del boleto escolar, docente y del trasbordo.

Viajar en colectivo será más caro desde este miércoles 18 de noviembre en San Juan. La tarifa del transporte público para la primera sección, que comprende el Gran San Juan, pasará a costar $1.530 y el incremento se aplicará de manera simultánea en todas las unidades de la Red Tulum, una vez completada la actualización técnica del sistema SUBE.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó la fecha de implementación y explicó que el procedimiento depende de Nación Servicios, organismo encargado de incorporar los nuevos valores a las máquinas validadoras. Según indicó, antes de habilitar el cobro se realizan pruebas para evitar fallas en la lectura y procesamiento de las tarjetas. «Impactan en todo el sistema», precisó el funcionario, al descartar una aplicación progresiva por líneas o recorridos. De esta manera, el cambio tarifario comenzará a regir en toda la red en una misma instancia, sin diferencias entre las unidades.

La suba alcanza también a los viajes interdepartamentales, con valores que varían según la distancia. En los trayectos más extensos, los pasajes superarán los $40.000, con tarifas que reflejan el costo de los desplazamientos hacia los departamentos más alejados del Gran San Juan.

El nuevo cuadro tarifario

Los valores informados por la Secretaría de Tránsito y Transporte para cada destino son los siguientes:

Destino
Tarifa
Primera sección (Gran San Juan)
$1.530
Albardón, Pocito y 9 de Julio
$2.562,77
San Martín y Angaco
$2.894,27
Caucete y 25 de Mayo
$4.182,02
Zonda
$4.195,67
Ullum
$5.826,79
Sarmiento
$6.171,04
Jáchal
$25.691,41
Valle Fértil
$38.530,73
Iglesia y Calingasta
$42.814,75

La actualización no modificará los beneficios de gratuidad vigentes. Continuarán sin costo el boleto escolar, el boleto docente y el trasbordo, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

En este sentido, Molina se refirió a los cambios que se vienen ensayando en algunos recorridos para reducir los tiempos de viaje. Explicó que las modificaciones se evalúan mediante períodos de prueba de 60 días y advirtió que todavía no existen elementos suficientes para establecer conclusiones.

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