La retracción del consumo y el aumento de los costos operativos profundizan la crisis del sector supermercadista. Hiper Libertad avanza con despidos, reducción de su formato comercial y evalúa la venta de sucursales, mientras crece la preocupación gremial por el impacto laboral en varias provincias.

La crisis del consumo volvió a encender luces de alarma en el sector supermercadista argentino. En distintas provincias, especialmente del norte del país, crece la preocupación por la posibilidad de nuevos despidos y un ajuste más profundo en cadenas de alcance nacional, en una coyuntura económica que golpea incluso al comercio de alimentos.

El foco de mayor inquietud está puesto en Hipermercados Libertad, cuya situación se agravó durante 2025 con recortes de personal, reducción de operaciones y cambios en su formato comercial. La combinación de despidos ya concretados y versiones sobre la eventual venta de sucursales activó el estado de alerta en los sindicatos, que advierten por el riesgo que enfrentan cientos de puestos de trabajo.

La problemática de Libertad no aparece aislada. Otras firmas del rubro como Vea, Easy, y Yaguar atraviesan dificultades similares, afectadas por la caída sostenida del consumo, el incremento de los costos operativos y un escenario macroeconómico que presiona los márgenes del comercio minorista.

Despidos, hermetismo y temor sindical

Durante el último año, el ajuste en la cadena Libertad se hizo sentir con fuerza en distintas provincias. En San Juan, la empresa recortó 29 puestos de trabajo a lo largo de 2025 y sumó otros 30 despidos en el primer mes de este año, lo que encendió la alarma en el Sindicato de Empleados de Comercio.

“Necesitamos saber qué va a pasar para darle tranquilidad a los trabajadores”, expresó Mirna Moral, secretaria general del SEC, quien además cuestionó el hermetismo de la empresa frente a los reclamos gremiales. “Desde Libertad no dicen nada, y eso es lo que más preocupa. En su momento se habló de que los dueños querían quedarse con la parte inmobiliaria y alquilar los locales”, señaló la dirigente.

El impacto fue aún más profundo en Misiones, donde la sucursal local pasó de contar con 200 empleados a apenas 60, dejando de operar como hipermercado para reconvertirse en un formato comercial más reducido. Según explicó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, la empresa busca “ajustar la cantidad de personal como una especie de salvataje, porque dicen que los números les dan en rojo”.

Venta de sucursales e incertidumbre

A este escenario se suma la versión de una posible venta de sucursales, que habría despertado el interés de un grupo financiero vinculado a La Anónima. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, la falta de información por parte de la empresa alimenta la incertidumbre sobre el futuro de la cadena y refuerza el temor de que el ajuste continúe y se extienda a otras provincias.

Los gremios advierten que el sector supermercadista atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, con márgenes cada vez más ajustados y un consumo que no logra recuperarse. En ese marco, reclaman respuestas urgentes y garantías concretas para preservar las fuentes laborales y evitar una nueva ola de despidos en un rubro clave para el empleo formal.

La situación que atraviesa Hiper Libertad sintetiza una problemática más amplia que afecta al comercio argentino. La caída del consumo, el encarecimiento de los costos y la incertidumbre económica empujan a las grandes cadenas a redefinir su estructura, muchas veces a costa del empleo. Sin señales claras de reactivación, el riesgo de nuevos despidos en el sector supermercadista se mantiene latente y amenaza con profundizar el impacto social de la crisis en distintas regiones del país.

El sistema de provisión de medicamentos para jubilados atraviesa un momento de extrema fragilidad. Las principales entidades nacionales que representan a la actividad farmacéutica elevaron un reclamo formal al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, ante el persistente atraso en los pagos correspondientes al “Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes”, una situación que, según advierten, amenaza la continuidad de la prestación en todo el territorio nacional.

El reclamo fue difundido públicamente y lleva la firma de referentes centrales del sector: Carlos Villagra, por la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA); Miguel Lombardo, de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF); Alejandra Gómez, del Colegio Farmacéutico (COFA); Damián Sudano, de la Federación Farmacéutica (FEFARA); y Sebastián Ercolessi, de la Asociación de Propietarios de Farmacias (ASOFAR).

Según detallaron, la demora en los pagos se inició el 10 de diciembre de 2025 y se extendió hasta el mes de enero de 2026, afectando compromisos correspondientes a prestaciones realizadas en octubre y noviembre del año pasado. De acuerdo con el documento, algunos de los compromisos más antiguos ya acumulan un mes de atraso, generando un escenario de creciente incertidumbre en las farmacias prestadoras.

Las entidades expresaron “la inquietud e inseguridad” que se vive en el sector, y subrayaron que la viabilidad del convenio depende del cumplimiento estricto de los plazos de pago, especialmente del segmento de anticipos. Ese mecanismo, explicaron, permite a las farmacias cumplir con sus obligaciones frente a las droguerías y sostener la dinámica cotidiana de la prestación a los afiliados del PAMI.

“El funcionamiento del convenio descansa en un delicado equilibrio financiero”, advirtieron, al señalar que los pagos en término no sólo garantizan la reposición de medicamentos, sino que también permiten afrontar los crecientes costos operativos de las farmacias, en un contexto de inflación sostenida y aumento permanente de insumos, servicios y gastos de funcionamiento.

Desde el sector remarcaron que el cumplimiento “altamente satisfactorio” de la provisión de medicamentos a jubilados se construyó sobre la base del respeto a los plazos acordados. En ese marco, alertaron que la actual mora impacta de manera directa en las cuentas con las droguerías, impide en muchos casos la reposición regular de medicamentos y pone en riesgo la próxima dispensa a los afiliados.

El documento también incorpora la preocupación manifestada por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), que advirtió sobre el impacto del atraso en toda la cadena de suministro. Desde esa entidad reclamaron no sólo la regularización inmediata de los pagos, sino también la definición de un cronograma cierto que permita evitar “situaciones de extrema complejidad” en un escenario ya tensionado.

En este sentido, las entidades farmacéuticas advirtieron que comienza a instalarse la posibilidad de suspender la reposición regular de medicamentos a las farmacias de todo el país, una situación que, de concretarse, podría derivar en una crisis sin precedentes en el acceso a tratamientos esenciales para jubilados y pensionados.

El conflicto salarial en el sistema universitario vuelve a escalar tras la decisión del Ejecutivo de aplicar de manera unilateral un aumento del 2% a los salarios de los y las docentes universitarias, sin convocar a la paritaria específica del sector. La medida fue comunicada a través del Instructivo de Liquidación de Salarios, que también establece el pago de bonos extraordinarios por única vez, diferenciados según el tipo de cargo.

De acuerdo con lo dispuesto, los cargos simples percibirán un bono de 12.500 pesos, los semi exclusivos 25.000 pesos y los cargos exclusivos 50.000 pesos. Sin embargo, desde el ámbito universitario señalaron que estos montos no modifican la estructura salarial ni compensan la pérdida acumulada frente a la inflación, al tratarse de sumas no remunerativas y de carácter excepcional.

Las organizaciones docentes cuestionaron con dureza el alcance del incremento. “Está muy lejos de compensar la inflación acumulada”, advirtieron desde la representación gremial, al tiempo que señalaron que el aumento “sigue licuando los ingresos mes a mes”. En un contexto de inflación persistente y suba sostenida del costo de vida, el ajuste del 2% consolida, según los sindicatos, un deterioro que ya se arrastra desde meses anteriores.

Uno de los principales ejes del reclamo es la continuidad del congelamiento de la paritaria universitaria. Los gremios denunciaron que el Ejecutivo mantiene suspendido ese ámbito de negociación de manera “arbitraria e ilegal”, pese a los reiterados reclamos y a la normativa vigente que regula las relaciones laborales en el sector. “El Gobierno insiste en desconocer la paritaria universitaria e imponer aumentos por decreto, como si los salarios docentes fueran una variable de ajuste”, señalaron.

El conflicto salarial se inscribe, además, en un debate más amplio sobre el financiamiento del sistema universitario. Desde el sector docente recordaron que existe un fallo judicial que ordena la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y subrayaron que su cumplimiento permitiría destrabar de forma inmediata la discusión salarial. “La solución es simple: el Gobierno debe acatar el fallo de la Justicia y garantizar el financiamiento de las universidades”, afirmaron.

La falta de recomposición salarial impacta no sólo en el poder adquisitivo de los docentes, sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas. Los gremios advierten que la precarización de los ingresos afecta la dedicación académica, la investigación y la calidad del sistema educativo, en un contexto de creciente presión presupuestaria sobre las casas de altos estudios.

Frente a este escenario, las organizaciones docentes anticiparon que se encaminan a retomar el plan de lucha en defensa de la universidad pública. Las medidas podrían intensificarse en las próximas semanas si no hay una convocatoria urgente a la paritaria universitaria y una propuesta salarial que contemple una recomposición acorde a la inflación y al costo de vida real.