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La ejecución presupuestaria de 2025 confirma un recorte real cercano al 29% respecto de 2023. El ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei golpeó con fuerza a la salud, la seguridad social, la educación y la ciencia, mientras se sostienen partidas vinculadas a la deuda y crecen los fondos destinados a inteligencia.

Al cierre de 2025, la ejecución del presupuesto de la Administración Pública Nacional exhibe una contracción real cercana al 29% en comparación con 2023, consolidando uno de los ajustes fiscales más profundos de las últimas décadas. Así lo detalla un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte sobre el impacto directo del recorte en áreas clave del Estado y sus consecuencias sociales, productivas y territoriales.

El informe señala que la reducción del gasto no fue homogénea, sino que se concentró en políticas públicas esenciales. Salud, educación, jubilaciones, ciencia y desarrollo social aparecen entre los sectores más castigados, en un contexto económico atravesado por el deterioro del poder adquisitivo, la caída del empleo y el aumento de la demanda social.

Prioridades presupuestarias bajo cuestionamiento

Mientras se aplicaron recortes profundos en partidas sensibles, algunos rubros registraron incrementos significativos. La ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, creció un 52% interanual, en contraste con la fuerte contracción del gasto social. A su vez, los Servicios de la Deuda Pública mantuvieron un peso relevante, concentrando cerca del 8% del gasto total, lo que refuerza el sesgo financiero del esquema presupuestario.

Incluso áreas tradicionalmente asociadas a la seguridad sufrieron desfinanciamiento. La Policía Federal registró una caída del 31% en su presupuesto, seguida por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval (-29%), el Ejército (-18%), la Armada (-20%) y la Fuerza Aérea (-22%), lo que expone un ajuste transversal que también alcanza a las fuerzas federales y armadas.

Salud: programas desmantelados y organismos críticos en retroceso

En materia sanitaria, el ajuste resulta particularmente severo. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una reducción del 72% de su presupuesto, mientras que los hospitales nacionales registraron caídas de entre el 20% y el 40%. Organismos estratégicos como el Instituto Malbrán y la ANMAT padecieron recortes superiores al 25%.

Además, el informe da cuenta de la eliminación directa de programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades, debilitando la capacidad del sistema público de salud. Sólo el acceso a medicamentos y a tecnología médica mostró un crecimiento marginal, insuficiente para compensar el desfinanciamiento generalizado.


Seguridad social y desarrollo: el ajuste más crudo

El impacto también es profundo en el área de seguridad social y desarrollo humano. La ANSES registró una caída del 5%, mientras que organismos y programas orientados a los sectores más vulnerables fueron prácticamente desmantelados. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un recorte del 73%, el INAES otro 73%, el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social fue eliminado en su totalidad (-100%) y el apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 90%.

A su vez, los programas de Comedores Comunitarios y Merenderos se redujeron en un 52%, afectando directamente a miles de familias que dependen de estas políticas para garantizar el acceso básico a la alimentación.

Ciencia, educación y obra pública: retroceso estructural

La ciencia y la educación pública figuran entre los sectores más perjudicados. El CONICET perdió un 32% de su presupuesto real, mientras que los programas de promoción científica sufrieron recortes superiores al 80%. En el ámbito educativo, iniciativas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente fueron directamente eliminadas.

El ajuste se completa con una virtual paralización de la obra pública y del transporte, con caídas de hasta el 100% en los programas de infraestructura, y con un recorte casi total de las transferencias a provincias y municipios, profundizando las desigualdades territoriales y limitando la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales.

El balance presupuestario de 2025 refleja una contracción severa del rol del Estado en áreas estratégicas para el empleo, la inclusión y el desarrollo. El fuerte ajuste sobre políticas sociales, científicas y productivas, combinado con el sostenimiento del peso de la deuda y el refuerzo de partidas vinculadas a inteligencia, configura un escenario crítico para la sostenibilidad de derechos y políticas públicas básicas.

Departamentales

San Juan sumó viviendas, tecnología y obras durante una semana de gestión


La Provincia entregó 53 viviendas en Jáchal, distribuyó computadoras a 835 estudiantes y otorgó elementos de accesibilidad a personas con discapacidad. Además, anunció la repavimentación de un tramo de Abraham Tapia, en Rawson.

La entrega de viviendas a 53 familias de Jáchal fue una de las principales acciones concretadas por el Gobierno de San Juan durante la última semana, en una agenda que también incluyó equipamiento tecnológico para estudiantes, elementos destinados a mejorar la autonomía de personas con discapacidad y una nueva obra vial en Rawson.

El conjunto habitacional entregado en el departamento del norte provincial cuenta con los servicios necesarios para su funcionamiento y permitió a las familias adjudicatarias acceder finalmente a una vivienda propia. La incorporación de esos hogares al entramado urbano representa, además, una mejora en las condiciones de permanencia de las familias en su lugar de residencia.

La agenda educativa tuvo otro de sus puntos fuertes en Jáchal, donde 835 alumnos de escuelas primarias, secundarias y técnicas recibieron computadoras. La medida apunta a reducir las desigualdades en el acceso a herramientas digitales y a incorporar tecnología como apoyo para las trayectorias escolares.

La asistencia alcanzó también a personas con discapacidad de nueve departamentos. En total fueron distribuidos 24 kits para adaptar baños y ocho tricicletas, recursos orientados a facilitar desplazamientos, mejorar la accesibilidad dentro de los hogares y favorecer una mayor autonomía en las tareas cotidianas.

En materia de infraestructura, la Provincia anunció la repavimentación de la calle Abraham Tapia, en Rawson, entre avenida de Circunvalación y Callejón Coria. La intervención permitirá renovar una vía de circulación utilizada por vecinos de una zona de creciente tránsito y mejorar las condiciones de desplazamiento.

La obra vial tendrá además incidencia sobre el empleo durante su ejecución, a partir de la contratación de mano de obra vinculada a los trabajos de construcción y mantenimiento.

Este paquete de medidas prioriza la vivienda, la educación, la accesibilidad y la infraestructura local. A través de obras y programas de diferente alcance, la gestión provincial busca dar respuesta directa a las necesidades de las familias sanjuaninas y mantener activo el rol del Estado.

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Después de años de sequía, San Juan espera un río con caudales por encima de la media

Las autoridades provinciales anticipan que el Río San Juan superará ampliamente su promedio histórico de casi 2.000 hectómetros cúbicos. La abundante nieve acumulada en alta cordillera permitiría recuperar las reservas de Caracoles, Punta Negra y Ullum, aunque el pronóstico definitivo se conocerá recién en octubre.

El secretario de Recursos Hídricos, David Devia, evitó anticipar una cifra definitiva hasta completar las mediciones en la cordillera, pero adelantó que el comportamiento del río estará muy por encima de los registros habituales. El promedio histórico ronda los 2.000 hectómetros cúbicos, una referencia que, según el funcionario, será ampliamente superada durante el próximo ciclo.

La mejora en los aportes permitiría recuperar el almacenamiento de Caracoles, Punta Negra y Ullum, después de las restricciones que marcaron los últimos años. Con las reservas fortalecidas, la provincia podría contar con mayor margen para administrar los desembalses y sostener un escurrimiento más continuo por el cauce del Río San Juan.

La principal explicación está en la extraordinaria acumulación de nieve registrada durante el invierno en la alta cordillera. Las mediciones preliminares muestran espesores superiores a tres metros de nieve consolidada en determinados puntos, una magnitud muy distante de los registros de apenas 40 o 50 centímetros que se observaron durante los períodos más críticos de la sequía.

La cantidad acumulada también obligó a modificar la logística de los relevamientos. Personal de la Dirección de Hidráulica de San Juan y de la Dirección General de Irrigación de Mendoza coordinaron criterios de medición y equipamiento para afrontar las condiciones en altura.

Devia explicó que los trabajadores deben desplazarse con nieve hasta la cintura y utilizar barrenos capaces de atravesar grandes espesores para determinar con precisión la cantidad y las características del manto. Por esa razón fue necesario incorporar equipamiento específico, entre ellos raquetas adecuadas para desplazarse sobre la superficie nevada.

La evaluación conjunta entre ambas provincias apunta a obtener mediciones comparables y mejorar la precisión del pronóstico de derrame. La tarea, sin embargo, está condicionada por las condiciones meteorológicas y por la necesidad de utilizar aeronaves habilitadas para operar en altura dentro de ventanas de vuelo seguras.

Ese factor podría demorar la presentación del pronóstico oficial. La estimación definitiva del volumen que aportará el deshielo está prevista para mediados de octubre, mientras los técnicos mantienen abierta la posibilidad de que nuevas nevadas tardías modifiquen los registros actuales.

El cambio resulta especialmente relevante para una provincia cuya producción agrícola, el abastecimiento poblacional y buena parte de su matriz económica dependen de la disponibilidad de agua. Si las proyecciones se confirman, el próximo ciclo permitiría recuperar reservas estratégicas y disponer de un margen de administración mucho mayor al de las temporadas marcadas por la sequía.

La confirmación final dependerá de las mediciones de nieve y de la evolución del deshielo, pero el dato preliminar ya marca una diferencia sustancial: por primera vez en varios años, San Juan se prepara para administrar abundancia hídrica en lugar de concentrar sus esfuerzos en administrar la escasez.

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Los gremios desafían el relato oficial: “La inflación baja, pero lo necesario para vivir sube”

La Mesa Sindical cuestionó el 1,7% de inflación informado por el Indec para agosto y sostuvo que los gastos esenciales evolucionan por encima del promedio. Reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral y una moratoria para las deudas de las familias.

Los gremios volvieron a confrontar con el Gobierno de Javier Milei por la distancia que, según exponen, existe entre la inflación oficial y el costo efectivo que enfrentan los hogares argentinos. Tras conocerse el índice de precios de agosto, que registró una suba mensual del 1,7% y llevó el acumulado de 2026 al 21,3%, el colectivo sindical sostuvo que ese promedio no refleja la evolución de los gastos indispensables.

La crítica se concentra especialmente en los rubros que tienen mayor incidencia sobre los ingresos familiares. De acuerdo con el informe del Indec, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,8% durante agosto, mientras que Educación avanzó 2,5%. En el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, el incremento llegó al 3,9%.

Para los sindicatos, la diferencia resulta todavía más significativa cuando se observa la evolución de los alimentos y de los bienes y servicios que componen las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia. La Mesa Sindical sostuvo que la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%, por encima del IPC general.

“Hay una Argentina real y una inventada por el Gobierno”, planteó la organización en un documento difundido después de conocerse la medición oficial. En esa línea, calificó de “insostenible” la lectura de una inflación en descenso cuando los hogares deben afrontar incrementos superiores en bienes y servicios esenciales.

El planteo gremial también incorporó el problema del endeudamiento. La Mesa Sindical afirmó que alrededor de seis millones de argentinos tienen dificultades para cumplir regularmente con sus deudas, en muchos casos vinculadas con gastos básicos como alimentación, medicamentos, útiles escolares o alquileres.

A ese cuadro sumó el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. Los gremialistas sostuvieron que los salarios continúan rezagados frente al costo de vida y denunciaron que los despidos persisten, mientras crece la morosidad entre quienes deben afrontar gastos comunes de vivienda.

En particular, señalaron que cerca del 30% de los diez millones de personas que pagan expensas en el país tienen dificultades para cumplir con esos compromisos. Para la organización, el fenómeno dejó de estar concentrado en determinadas regiones y se extendió de manera generalizada.

Con ese diagnóstico, la Mesa Sindical solicitó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, junto con la declaración de una emergencia laboral destinada a contener los despidos. También propuso una moratoria para las deudas familiares, como mecanismo para aliviar a los hogares que acumularon obligaciones durante los últimos meses.

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