Menos salud, educación y ciencia: el gasto público cayó casi 29% en 2025

La ejecución presupuestaria de 2025 confirma un recorte real cercano al 29% respecto de 2023. El ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei golpeó con fuerza a la salud, la seguridad social, la educación y la ciencia, mientras se sostienen partidas vinculadas a la deuda y crecen los fondos destinados a inteligencia.

Al cierre de 2025, la ejecución del presupuesto de la Administración Pública Nacional exhibe una contracción real cercana al 29% en comparación con 2023, consolidando uno de los ajustes fiscales más profundos de las últimas décadas. Así lo detalla un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte sobre el impacto directo del recorte en áreas clave del Estado y sus consecuencias sociales, productivas y territoriales.

El informe señala que la reducción del gasto no fue homogénea, sino que se concentró en políticas públicas esenciales. Salud, educación, jubilaciones, ciencia y desarrollo social aparecen entre los sectores más castigados, en un contexto económico atravesado por el deterioro del poder adquisitivo, la caída del empleo y el aumento de la demanda social.

Prioridades presupuestarias bajo cuestionamiento

Mientras se aplicaron recortes profundos en partidas sensibles, algunos rubros registraron incrementos significativos. La ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, creció un 52% interanual, en contraste con la fuerte contracción del gasto social. A su vez, los Servicios de la Deuda Pública mantuvieron un peso relevante, concentrando cerca del 8% del gasto total, lo que refuerza el sesgo financiero del esquema presupuestario.

Incluso áreas tradicionalmente asociadas a la seguridad sufrieron desfinanciamiento. La Policía Federal registró una caída del 31% en su presupuesto, seguida por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval (-29%), el Ejército (-18%), la Armada (-20%) y la Fuerza Aérea (-22%), lo que expone un ajuste transversal que también alcanza a las fuerzas federales y armadas.

Salud: programas desmantelados y organismos críticos en retroceso

En materia sanitaria, el ajuste resulta particularmente severo. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una reducción del 72% de su presupuesto, mientras que los hospitales nacionales registraron caídas de entre el 20% y el 40%. Organismos estratégicos como el Instituto Malbrán y la ANMAT padecieron recortes superiores al 25%.

Además, el informe da cuenta de la eliminación directa de programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades, debilitando la capacidad del sistema público de salud. Sólo el acceso a medicamentos y a tecnología médica mostró un crecimiento marginal, insuficiente para compensar el desfinanciamiento generalizado.

Seguridad social y desarrollo: el ajuste más crudo

El impacto también es profundo en el área de seguridad social y desarrollo humano. La ANSES registró una caída del 5%, mientras que organismos y programas orientados a los sectores más vulnerables fueron prácticamente desmantelados. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un recorte del 73%, el INAES otro 73%, el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social fue eliminado en su totalidad (-100%) y el apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 90%.

A su vez, los programas de Comedores Comunitarios y Merenderos se redujeron en un 52%, afectando directamente a miles de familias que dependen de estas políticas para garantizar el acceso básico a la alimentación.

Ciencia, educación y obra pública: retroceso estructural

La ciencia y la educación pública figuran entre los sectores más perjudicados. El CONICET perdió un 32% de su presupuesto real, mientras que los programas de promoción científica sufrieron recortes superiores al 80%. En el ámbito educativo, iniciativas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente fueron directamente eliminadas.

El ajuste se completa con una virtual paralización de la obra pública y del transporte, con caídas de hasta el 100% en los programas de infraestructura, y con un recorte casi total de las transferencias a provincias y municipios, profundizando las desigualdades territoriales y limitando la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales.

El balance presupuestario de 2025 refleja una contracción severa del rol del Estado en áreas estratégicas para el empleo, la inclusión y el desarrollo. El fuerte ajuste sobre políticas sociales, científicas y productivas, combinado con el sostenimiento del peso de la deuda y el refuerzo de partidas vinculadas a inteligencia, configura un escenario crítico para la sostenibilidad de derechos y políticas públicas básicas.