CONÉCTATE CON NOSOTROS

Mientras el Gobierno nacional presenta al petróleo y la minería como pilares del crecimiento, en las provincias energéticas se profundiza la pérdida de empleo, la caída del ingreso y la fragilidad del entramado productivo. El ajuste se territorializa y desnuda una nueva brecha federal.

El debate económico argentino suele concentrarse en variables macroeconómicas y balances sectoriales agregados, pero deja en un segundo plano una dimensión clave: el impacto territorial del modelo productivo. En ese plano, los datos del mercado laboral en petróleo y minería revelan una paradoja inquietante. Los sectores que el gobierno de Javier Milei presenta como “motores del desarrollo” no solo no están generando empleo, sino que están destruyendo puestos de trabajo en las regiones donde históricamente funcionaron como columna vertebral de la economía local.

Según datos oficiales, el complejo de petróleo y minería cuenta hoy con unos 87.500 empleos formales, frente a los 94.600 registrados en noviembre de 2023. En poco más de un año se perdieron más de 7.000 puestos, una caída que se consolida desde mediados de 2024 y que tiene consecuencias particularmente severas en provincias altamente dependientes de estas actividades.

La situación se vuelve más evidente en territorios como Chubut y Santa Cruz, corazón de la Cuenca del Golfo San Jorge, donde la actividad hidrocarburífera no solo explica el empleo directo, sino también buena parte del consumo, la recaudación y la dinámica del comercio regional. Allí, la retracción del empleo petrolero actúa como un factor de arrastre negativo sobre todo el tejido económico.

Federalismo estadístico y desigualdad real

Las estadísticas oficiales muestran tasas de desempleo relativamente bajas en estas provincias, pero los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuentan otra historia: una pérdida sostenida de empleo formal, especialmente en puestos calificados y de altos ingresos. Esta brecha entre indicadores no es casual, sino el reflejo de un proceso de degradación laboral que no siempre se traduce en desocupación abierta.

En las regiones energéticas, el ajuste adopta formas silenciosas: retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, contratos no renovados y un desplazamiento hacia la informalidad.

Para la metodología del INDEC, quien abandona la búsqueda activa de empleo deja de ser desocupado, aunque haya sido expulsado del circuito formal. Así, miles de ex trabajadores petroleros pasan a engrosar un universo de ocupaciones precarias —delivery, transporte, changas, microemprendimientos— que sostienen la subsistencia, pero no reemplazan la calidad del empleo perdido.

Este fenómeno genera un efecto particularmente regresivo en el interior del país, donde las alternativas laborales son más limitadas y la dependencia de un solo sector productivo amplifica los impactos negativos.

Salarios, consumo y economías regionales en retroceso

La pérdida de empleo petrolero no es solo una estadística laboral: es un shock económico regional. Un trabajador de yacimiento puede percibir ingresos cercanos a los 3,8 millones de pesos netos mensuales, con aportes, cobertura de salud y capacidad de crédito. Ese salario dinamiza el comercio, los servicios, la construcción y la recaudación provincial y municipal.

Cuando ese puesto desaparece, lo que lo reemplaza suele ser empleo informal o cuentapropismo de baja productividad, con ingresos 50% inferiores o más, sin estabilidad ni protección social. En términos concretos, se necesitan dos o tres trabajos precarios para igualar el ingreso que generaba un solo empleo petrolero.

Las estimaciones regionales indican que la Cuenca San Jorge perdió alrededor de 300.000 millones de pesos anuales en capacidad de consumo, una cifra que explica la caída del comercio, el cierre de pymes y el deterioro del entramado social en ciudades fuertemente ligadas a la actividad energética.

Un modelo que concentra rentas y descentraliza costos

Incluso dentro del propio sector energético, la reabsorción de trabajadores se produce bajo condiciones cada vez más desfavorables. Cambios de concesión, relicitaciones y reestructuraciones empresarias derivan en recortes salariales del 30 al 35%, reducción de beneficios y flexibilización de condiciones laborales, con el argumento de mejorar la competitividad.

Este esquema revela un problema estructural del modelo actual: las rentas y las decisiones estratégicas se concentran, mientras que los costos sociales y laborales se territorializan. Las provincias productoras asumen el impacto del ajuste sin herramientas fiscales, crediticias o de política industrial que amortigüen la caída.

En términos federales, el resultado es una profundización de las asimetrías: regiones ricas en recursos naturales, pero cada vez más pobres en empleo de calidad y capacidad de desarrollo endógeno.

El escenario energético actual deja una advertencia que trasciende al sector. El bajo desempleo agregado no alcanza para evaluar la salud de una economía, especialmente en un país federal y desigual como la Argentina. Lo que está en juego no es solo cuántos puestos existen, sino dónde se destruyen, qué calidad tenían y qué los reemplaza.

Hoy, el petróleo y la minería ya no funcionan como anclas de desarrollo regional. Lejos del efecto derrame prometido, concentran incertidumbre, ajuste y precarización en las provincias productoras. Sin una estrategia federal que articule inversión, empleo y desarrollo territorial, el modelo energético corre el riesgo de consolidar un país con enclaves extractivos prósperos y regiones cada vez más frágiles.

Departamentales

San Juan sumó viviendas, tecnología y obras durante una semana de gestión


La Provincia entregó 53 viviendas en Jáchal, distribuyó computadoras a 835 estudiantes y otorgó elementos de accesibilidad a personas con discapacidad. Además, anunció la repavimentación de un tramo de Abraham Tapia, en Rawson.

La entrega de viviendas a 53 familias de Jáchal fue una de las principales acciones concretadas por el Gobierno de San Juan durante la última semana, en una agenda que también incluyó equipamiento tecnológico para estudiantes, elementos destinados a mejorar la autonomía de personas con discapacidad y una nueva obra vial en Rawson.

El conjunto habitacional entregado en el departamento del norte provincial cuenta con los servicios necesarios para su funcionamiento y permitió a las familias adjudicatarias acceder finalmente a una vivienda propia. La incorporación de esos hogares al entramado urbano representa, además, una mejora en las condiciones de permanencia de las familias en su lugar de residencia.

La agenda educativa tuvo otro de sus puntos fuertes en Jáchal, donde 835 alumnos de escuelas primarias, secundarias y técnicas recibieron computadoras. La medida apunta a reducir las desigualdades en el acceso a herramientas digitales y a incorporar tecnología como apoyo para las trayectorias escolares.

La asistencia alcanzó también a personas con discapacidad de nueve departamentos. En total fueron distribuidos 24 kits para adaptar baños y ocho tricicletas, recursos orientados a facilitar desplazamientos, mejorar la accesibilidad dentro de los hogares y favorecer una mayor autonomía en las tareas cotidianas.

En materia de infraestructura, la Provincia anunció la repavimentación de la calle Abraham Tapia, en Rawson, entre avenida de Circunvalación y Callejón Coria. La intervención permitirá renovar una vía de circulación utilizada por vecinos de una zona de creciente tránsito y mejorar las condiciones de desplazamiento.

La obra vial tendrá además incidencia sobre el empleo durante su ejecución, a partir de la contratación de mano de obra vinculada a los trabajos de construcción y mantenimiento.

Este paquete de medidas prioriza la vivienda, la educación, la accesibilidad y la infraestructura local. A través de obras y programas de diferente alcance, la gestión provincial busca dar respuesta directa a las necesidades de las familias sanjuaninas y mantener activo el rol del Estado.

Continúe Leyendo

destacada

Después de años de sequía, San Juan espera un río con caudales por encima de la media

Las autoridades provinciales anticipan que el Río San Juan superará ampliamente su promedio histórico de casi 2.000 hectómetros cúbicos. La abundante nieve acumulada en alta cordillera permitiría recuperar las reservas de Caracoles, Punta Negra y Ullum, aunque el pronóstico definitivo se conocerá recién en octubre.

El secretario de Recursos Hídricos, David Devia, evitó anticipar una cifra definitiva hasta completar las mediciones en la cordillera, pero adelantó que el comportamiento del río estará muy por encima de los registros habituales. El promedio histórico ronda los 2.000 hectómetros cúbicos, una referencia que, según el funcionario, será ampliamente superada durante el próximo ciclo.

La mejora en los aportes permitiría recuperar el almacenamiento de Caracoles, Punta Negra y Ullum, después de las restricciones que marcaron los últimos años. Con las reservas fortalecidas, la provincia podría contar con mayor margen para administrar los desembalses y sostener un escurrimiento más continuo por el cauce del Río San Juan.

La principal explicación está en la extraordinaria acumulación de nieve registrada durante el invierno en la alta cordillera. Las mediciones preliminares muestran espesores superiores a tres metros de nieve consolidada en determinados puntos, una magnitud muy distante de los registros de apenas 40 o 50 centímetros que se observaron durante los períodos más críticos de la sequía.

La cantidad acumulada también obligó a modificar la logística de los relevamientos. Personal de la Dirección de Hidráulica de San Juan y de la Dirección General de Irrigación de Mendoza coordinaron criterios de medición y equipamiento para afrontar las condiciones en altura.

Devia explicó que los trabajadores deben desplazarse con nieve hasta la cintura y utilizar barrenos capaces de atravesar grandes espesores para determinar con precisión la cantidad y las características del manto. Por esa razón fue necesario incorporar equipamiento específico, entre ellos raquetas adecuadas para desplazarse sobre la superficie nevada.

La evaluación conjunta entre ambas provincias apunta a obtener mediciones comparables y mejorar la precisión del pronóstico de derrame. La tarea, sin embargo, está condicionada por las condiciones meteorológicas y por la necesidad de utilizar aeronaves habilitadas para operar en altura dentro de ventanas de vuelo seguras.

Ese factor podría demorar la presentación del pronóstico oficial. La estimación definitiva del volumen que aportará el deshielo está prevista para mediados de octubre, mientras los técnicos mantienen abierta la posibilidad de que nuevas nevadas tardías modifiquen los registros actuales.

El cambio resulta especialmente relevante para una provincia cuya producción agrícola, el abastecimiento poblacional y buena parte de su matriz económica dependen de la disponibilidad de agua. Si las proyecciones se confirman, el próximo ciclo permitiría recuperar reservas estratégicas y disponer de un margen de administración mucho mayor al de las temporadas marcadas por la sequía.

La confirmación final dependerá de las mediciones de nieve y de la evolución del deshielo, pero el dato preliminar ya marca una diferencia sustancial: por primera vez en varios años, San Juan se prepara para administrar abundancia hídrica en lugar de concentrar sus esfuerzos en administrar la escasez.

Continúe Leyendo

destacada

Los gremios desafían el relato oficial: “La inflación baja, pero lo necesario para vivir sube”

La Mesa Sindical cuestionó el 1,7% de inflación informado por el Indec para agosto y sostuvo que los gastos esenciales evolucionan por encima del promedio. Reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral y una moratoria para las deudas de las familias.

Los gremios volvieron a confrontar con el Gobierno de Javier Milei por la distancia que, según exponen, existe entre la inflación oficial y el costo efectivo que enfrentan los hogares argentinos. Tras conocerse el índice de precios de agosto, que registró una suba mensual del 1,7% y llevó el acumulado de 2026 al 21,3%, el colectivo sindical sostuvo que ese promedio no refleja la evolución de los gastos indispensables.

La crítica se concentra especialmente en los rubros que tienen mayor incidencia sobre los ingresos familiares. De acuerdo con el informe del Indec, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,8% durante agosto, mientras que Educación avanzó 2,5%. En el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, el incremento llegó al 3,9%.

Para los sindicatos, la diferencia resulta todavía más significativa cuando se observa la evolución de los alimentos y de los bienes y servicios que componen las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia. La Mesa Sindical sostuvo que la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%, por encima del IPC general.

“Hay una Argentina real y una inventada por el Gobierno”, planteó la organización en un documento difundido después de conocerse la medición oficial. En esa línea, calificó de “insostenible” la lectura de una inflación en descenso cuando los hogares deben afrontar incrementos superiores en bienes y servicios esenciales.

El planteo gremial también incorporó el problema del endeudamiento. La Mesa Sindical afirmó que alrededor de seis millones de argentinos tienen dificultades para cumplir regularmente con sus deudas, en muchos casos vinculadas con gastos básicos como alimentación, medicamentos, útiles escolares o alquileres.

A ese cuadro sumó el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. Los gremialistas sostuvieron que los salarios continúan rezagados frente al costo de vida y denunciaron que los despidos persisten, mientras crece la morosidad entre quienes deben afrontar gastos comunes de vivienda.

En particular, señalaron que cerca del 30% de los diez millones de personas que pagan expensas en el país tienen dificultades para cumplir con esos compromisos. Para la organización, el fenómeno dejó de estar concentrado en determinadas regiones y se extendió de manera generalizada.

Con ese diagnóstico, la Mesa Sindical solicitó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, junto con la declaración de una emergencia laboral destinada a contener los despidos. También propuso una moratoria para las deudas familiares, como mecanismo para aliviar a los hogares que acumularon obligaciones durante los últimos meses.

Continúe Leyendo

Tendencias