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El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares y plantea reforzar la autonomía de las provincias en el control de los recursos naturales. En San Juan, una provincia clave para la minería, el avance legislativo fue celebrado por el Gobierno y el sector empresario, mientras crecen los interrogantes sobre el impacto ambiental y los límites de la reforma.

El Gobierno nacional decidió avanzar sobre uno de los marcos normativos más sensibles en materia ambiental y productiva. Este lunes por la noche, la Oficina de la Presidencia confirmó el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, sancionada en 2010, una norma que desde su origen ha sido objeto de disputas políticas, judiciales y económicas.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo cuestionó con dureza la legislación vigente, al sostener que presenta “graves falencias” y que, “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”. Según la Casa Rosada, la iniciativa apunta a “ordenar el marco normativo”, terminar con interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.

La propuesta reaviva un debate estructural: hasta dónde llega la protección ambiental de carácter nacional y cuál es el margen real de decisión de las provincias sobre sus recursos naturales. En ese punto, San Juan emerge como un actor central, tanto por su peso minero como por el posicionamiento político de su gobierno.

El gobernador Marcelo Orrego defendió públicamente el avance legislativo y subrayó el rol provincial en la administración de los recursos. “Los recursos naturales, por Constitución, son de las provincias”, afirmó durante una visita al departamento Iglesia, donde calificó el proyecto como un paso institucional relevante tras años de falta de consensos.

Orrego remarcó que la iniciativa es fruto de un trabajo conjunto entre las provincias y la Nación, y destacó que la autoridad de aplicación debe ser provincial. “Eso es federal”, sostuvo, al tiempo que señaló que San Juan ya cuenta con procedimientos técnicos, como la declaración de impacto ambiental, para evaluar los proyectos productivos.

El mandatario vinculó la reforma a una estrategia más amplia de desarrollo minero y energético, en línea con su rol como presidente de la Mesa del Cobre, y defendió a la minería como eje de la matriz productiva provincial. “El 83% de nuestro territorio son montañas. La minería y las energías renovables son parte del futuro productivo”, afirmó, resaltando la demanda global de minerales como el cobre y el litio.

Sin embargo, detrás del discurso del federalismo y el desarrollo, la reforma despierta cuestionamientos de fondo. La Ley de Glaciares fue concebida como una norma de presupuestos mínimos, justamente para fijar límites uniformes en todo el país ante actividades de alto impacto ambiental. La posibilidad de delegar mayor margen de interpretación a las provincias plantea el interrogante sobre asimetrías en los controles, especialmente en contextos donde la presión económica y la necesidad de inversiones pueden condicionar las decisiones.

Desde el sector minero, la iniciativa fue recibida con entusiasmo. La Cámara Minera de San Juan sostuvo que la reforma era largamente reclamada para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica. Su presidente, Iván Grgic, celebró el envío del anteproyecto y aseguró que “era necesaria una herramienta aclaratoria” para destrabar proyectos que, según las empresas, quedaron limitados por interpretaciones restrictivas de la ley vigente.

Grgic destacó que la industria minera “cuida los glaciares” y que la intención no es avanzar sobre áreas protegidas, sino contar con criterios técnicos claros que permitan distinguir entre formaciones glaciares activas y otras estructuras rocosas sin aporte hídrico significativo. En ese marco, uno de los cambios centrales del proyecto sería que las provincias elaboren inventarios propios, con equipos técnicos locales, para definir caso por caso.

El planteo, sin embargo, no está exento de controversia. Especialistas y organizaciones ambientales advierten desde hace años que fragmentar los criterios de evaluación puede debilitar la protección de las fuentes de agua, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico creciente. La discusión ya no se limita a la minería, sino que atraviesa el modelo de desarrollo y la relación entre economía, ambiente y poder político.

La reforma de la Ley de Glaciares reabre un debate que la Argentina nunca terminó de saldar: cómo compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental sin vaciar de contenido ninguno de los dos objetivos. El Gobierno apuesta a un enfoque federal y a destrabar inversiones estratégicas, mientras provincias como San Juan ven una oportunidad para consolidar su perfil minero.

Pero el desafío será evitar que la búsqueda de competitividad derive en una flexibilización encubierta de los estándares ambientales, especialmente en territorios donde los glaciares cumplen un rol clave como reserva de agua. El debate legislativo que se abre en el Congreso no será meramente técnico: pondrá en juego el equilibrio entre federalismo, sustentabilidad y el rumbo productivo del país.

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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado

Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.

El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.

Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.

El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.

Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.

Formación y tecnología, dos herramientas para competir

Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.

A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.

También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.

La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.

El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.

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Dos empresas construirán los campamentos de Vicuña y crece la expectativa por el empleo sanjuanino

La construcción de tres campamentos para el Corredor Norte de Vicuña ya tiene empresas adjudicatarias. La compañía seleccionó a MH Evolution y BMI Constructora para ejecutar las instalaciones que alojarán al personal afectado al desarrollo de esa infraestructura, en una contratación que prevé más de 470 empleos directos y vuelve a colocar en primer plano la participación de la economía provincial en los grandes proyectos mineros.

Los complejos estarán ubicados en Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, con capacidad para 450 personas cada uno. La distribución de las obras quedó definida de la siguiente manera: MH Evolution tendrá a su cargo el establecimiento de Piedras Pintadas, mientras que BMI Constructora ejecutará los otros dos. Según el cronograma informado por la minera, los trabajos deberán finalizar entre el primer y el segundo trimestre de 2027.

La adjudicación representa un nuevo avance en la infraestructura necesaria para sostener el despliegue del proyecto, pero también abre interrogantes sobre el impacto territorial de la inversión. Vicuña no precisó qué proporción de los puestos previstos será cubierta por trabajadores sanjuaninos ni cuál será la participación específica de habitantes de Iglesia y Jáchal, los departamentos directamente vinculados con el desarrollo del corredor.

Dos contratistas con distinta presencia en San Juan

Aunque ambas compañías son argentinas, su relación con la provincia presenta características diferentes. MH Evolution, anteriormente conocida como Modular Homes, tiene origen en Neuquén, pero consolidó una estructura productiva en San Juan, donde desarrolla actividad industrial desde hace 25 años.

Especializada en construcciones modulares para los rubros minero, energético y petrolero, la firma cuenta con antecedentes en emprendimientos como Pascua-Lama, Veladero y Josemaría. En mayo de 2026 informó que su operación provincial reunía más de 250 trabajadores directos y una red superior a 100 proveedores y empresas vinculadas. También destacó los envíos realizados desde su planta sanjuanina hacia Vaca Muerta durante el año anterior.

Su participación en el campamento de Piedras Pintadas adquiere relevancia por esa capacidad instalada, aunque todavía no se informó qué proporción de la fabricación y el montaje se realizará efectivamente en la provincia.

BMI Constructora, por su parte, tiene sede en Salta y una trayectoria superior a 35 años en ingeniería, abastecimiento y construcción de instalaciones industriales. Su actividad comprende obras para minería y energía, con experiencia en campamentos, plantas industriales e infraestructura electromecánica, incluso en ambientes de alta montaña.

La incorporación de esta contratista amplía la participación de empresas nacionales en las obras de Vicuña, aunque no se informó sobre una estructura productiva permanente de la compañía en San Juan.

La Ley de Desarrollo Local Minero, bajo observación

La contratación se produce después de la sanción, el 2 de julio de 2026, de la Ley de Desarrollo Local Minero, cuyo propósito es ampliar los beneficios económicos de la actividad mediante la incorporación de trabajadores, proveedores y empresas de la provincia.

La normativa establece criterios de prioridad para las contrataciones: primero las firmas de las comunidades directamente relacionadas con los proyectos, luego las del resto de San Juan y, posteriormente, las empresas nacionales o extranjeras. También promueve la capacitación y el crecimiento del empleo privado registrado.

En ese marco, las nuevas adjudicaciones adquieren una dimensión que excede la ejecución de las obras. La contratación de compañías radicadas fuera de la provincia no determina por sí misma dónde se generarán los puestos de trabajo ni dónde se realizarán las compras, pero sí vuelve relevante conocer los compromisos de incorporación de personal y proveedores locales.

Vicuña cuenta con antecedentes de participación empresarial sanjuanina en el Corredor Norte. En septiembre adjudicó las secciones A1 y A2, correspondientes a 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, a una unión transitoria integrada por Contreras, Boetto y Buttigliengo Constructora, junto con la firma provincial Construmin. También organizó una ronda de negocios con más de 90 empresas locales para acercar proveedores a las oportunidades de contratación.

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FNS 2026: así será el recorrido de taxis y remises para ingresar y recoger pasajeros

El Ministerio de Gobierno dispuso un recorrido obligatorio para los transportes habilitados que trasladarán pasajeros hasta el predio de la Fiesta Nacional del Sol. El esquema contempla accesos por Ruta 40, una zona de espera y un espacio específico para el ascenso y descenso de usuarios.

Según se informó, los vehículos deberán ingresar por Ruta 40 en dirección sur hasta la bajada de Calle 8. Desde allí cruzarán la ruta para incorporarse a la colectora Este, ubicada junto al espacio donde se desarrollará la celebración.

El trayecto continuará por esa vía hasta antes de Calle 7, donde deberán realizar un nuevo cruce para acceder al área destinada a la espera y organización de las filas. El sector habilitado para el ascenso de pasajeros estará ubicado pasando esa arteria, desde donde las unidades podrán recoger a los usuarios y continuar hacia la salida mediante la rampa dispuesta para tal fin.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la rura establecida y seguir las indicaciones del personal de organización y seguridad. La medida busca facilitar el funcionamiento del transporte contratado y evitar maniobras que puedan interferir con el desplazamiento de los asistentes.

El circuito formará parte del operativo de movilidad de la FNS 2026 y será una referencia para quienes elijan taxis, remises o vehículos de alquiler como alternativa para llegar al predio y regresar una vez finalizadas las actividades.

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