El Gobierno impulsa cambios en la Ley de Glaciares y reabre un debate sensible entre federalismo, ambiente y minería

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares y plantea reforzar la autonomía de las provincias en el control de los recursos naturales. En San Juan, una provincia clave para la minería, el avance legislativo fue celebrado por el Gobierno y el sector empresario, mientras crecen los interrogantes sobre el impacto ambiental y los límites de la reforma.

El Gobierno nacional decidió avanzar sobre uno de los marcos normativos más sensibles en materia ambiental y productiva. Este lunes por la noche, la Oficina de la Presidencia confirmó el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, sancionada en 2010, una norma que desde su origen ha sido objeto de disputas políticas, judiciales y económicas.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo cuestionó con dureza la legislación vigente, al sostener que presenta “graves falencias” y que, “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”. Según la Casa Rosada, la iniciativa apunta a “ordenar el marco normativo”, terminar con interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.

La propuesta reaviva un debate estructural: hasta dónde llega la protección ambiental de carácter nacional y cuál es el margen real de decisión de las provincias sobre sus recursos naturales. En ese punto, San Juan emerge como un actor central, tanto por su peso minero como por el posicionamiento político de su gobierno.

El gobernador Marcelo Orrego defendió públicamente el avance legislativo y subrayó el rol provincial en la administración de los recursos. “Los recursos naturales, por Constitución, son de las provincias”, afirmó durante una visita al departamento Iglesia, donde calificó el proyecto como un paso institucional relevante tras años de falta de consensos.

Orrego remarcó que la iniciativa es fruto de un trabajo conjunto entre las provincias y la Nación, y destacó que la autoridad de aplicación debe ser provincial. “Eso es federal”, sostuvo, al tiempo que señaló que San Juan ya cuenta con procedimientos técnicos, como la declaración de impacto ambiental, para evaluar los proyectos productivos.

El mandatario vinculó la reforma a una estrategia más amplia de desarrollo minero y energético, en línea con su rol como presidente de la Mesa del Cobre, y defendió a la minería como eje de la matriz productiva provincial. “El 83% de nuestro territorio son montañas. La minería y las energías renovables son parte del futuro productivo”, afirmó, resaltando la demanda global de minerales como el cobre y el litio.

Sin embargo, detrás del discurso del federalismo y el desarrollo, la reforma despierta cuestionamientos de fondo. La Ley de Glaciares fue concebida como una norma de presupuestos mínimos, justamente para fijar límites uniformes en todo el país ante actividades de alto impacto ambiental. La posibilidad de delegar mayor margen de interpretación a las provincias plantea el interrogante sobre asimetrías en los controles, especialmente en contextos donde la presión económica y la necesidad de inversiones pueden condicionar las decisiones.

Desde el sector minero, la iniciativa fue recibida con entusiasmo. La Cámara Minera de San Juan sostuvo que la reforma era largamente reclamada para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica. Su presidente, Iván Grgic, celebró el envío del anteproyecto y aseguró que “era necesaria una herramienta aclaratoria” para destrabar proyectos que, según las empresas, quedaron limitados por interpretaciones restrictivas de la ley vigente.

Grgic destacó que la industria minera “cuida los glaciares” y que la intención no es avanzar sobre áreas protegidas, sino contar con criterios técnicos claros que permitan distinguir entre formaciones glaciares activas y otras estructuras rocosas sin aporte hídrico significativo. En ese marco, uno de los cambios centrales del proyecto sería que las provincias elaboren inventarios propios, con equipos técnicos locales, para definir caso por caso.

El planteo, sin embargo, no está exento de controversia. Especialistas y organizaciones ambientales advierten desde hace años que fragmentar los criterios de evaluación puede debilitar la protección de las fuentes de agua, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico creciente. La discusión ya no se limita a la minería, sino que atraviesa el modelo de desarrollo y la relación entre economía, ambiente y poder político.

La reforma de la Ley de Glaciares reabre un debate que la Argentina nunca terminó de saldar: cómo compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental sin vaciar de contenido ninguno de los dos objetivos. El Gobierno apuesta a un enfoque federal y a destrabar inversiones estratégicas, mientras provincias como San Juan ven una oportunidad para consolidar su perfil minero.

Pero el desafío será evitar que la búsqueda de competitividad derive en una flexibilización encubierta de los estándares ambientales, especialmente en territorios donde los glaciares cumplen un rol clave como reserva de agua. El debate legislativo que se abre en el Congreso no será meramente técnico: pondrá en juego el equilibrio entre federalismo, sustentabilidad y el rumbo productivo del país.