El Ejecutivo nacional oficializó la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la cuenca del río Limay y Neuquén. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el plan de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei para reducir la participación estatal en el sector energético. El proceso será nacional e internacional, con la totalidad del paquete accionario en oferta, y marca un hito en la política de desestatización del Gobierno.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, dispone la difusión del llamado durante tres días consecutivos tanto en el Boletín como en los portales oficiales CONTRAT.AR, DGMarket (Banco Mundial) y la Secretaría de Energía, con el objetivo de garantizar transparencia y concurrencia internacional.

El proceso se inscribe en la política de privatización y desinversión estatal que impulsa el presidente Javier Milei, en el marco de su programa de “reconversión del Estado empresario” y apertura de sectores estratégicos a capital privado.

Según fuentes oficiales, el Gobierno busca “mejorar la eficiencia y la competitividad del sistema eléctrico”, reduciendo costos de operación y trasladando las inversiones de mantenimiento y modernización a empresas privadas, nacionales o extranjeras.

Las represas en detalle

Alicurá

Ubicada sobre el río Limay, entre las provincias de Neuquén y Río Negro, fue inaugurada en 1985. Tiene una potencia instalada de 1.000 MW, con una presa de 110 metros de altura y un embalse de más de 3.000 hectáreas. Es considerada la primera gran represa del complejo Limay y una de las que mayor aporte realiza al sistema interconectado.

El Chocón

Inaugurada en 1973, también sobre el río Limay, en territorio neuquino–rionegrino. Su potencia instalada alcanza los 1.200 MW. Fue construida por la empresa estatal Hidronor durante la década del ’60, y por años se la consideró “la obra del siglo” por su impacto en el desarrollo energético y en el control de crecidas del río.

Cerros Colorados

Ubicado sobre el río Neuquén, este complejo comprende tres obras principales: Los Barreales, Portezuelo Grande y El Chañar, con una potencia conjunta de 480 MW. Además de generación eléctrica, cumple un rol clave en el riego del Alto Valle y en la regulación del caudal del río. Es uno de los proyectos hidroeléctricos más antiguos de la región, finalizado a comienzos de los años ochenta.

Piedra del Águila

La más moderna de las cuatro, fue inaugurada en 1993. Se ubica también sobre el río Limay y tiene una potencia instalada de 1.400 MW, lo que la convierte en la segunda represa más potente del país, solo detrás de Yacyretá. Su embalse, de unos 20.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

En conjunto, estas cuatro centrales aportan cerca del 25 % de la energía hidroeléctrica del país y son esenciales para el abastecimiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, constituyen un eje de desarrollo estratégico para la Patagonia norte.

Del fin de las concesiones a la privatización

Las concesiones originales de estas represas, otorgadas en los años noventa durante el proceso de privatización del gobierno de Carlos Menem, vencieron entre 2023 y 2025.
Tras su vencimiento, el Estado nacional, a través de Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), asumió temporalmente la administración de los complejos, bajo un esquema de “reversión” al dominio público, con el objetivo de definir un nuevo marco de gestión.

Sin embargo, con la llegada de Milei a la Presidencia y la orientación de reducción del Estado empresario, la reversión dio paso a una nueva ola privatizadora, esta vez con la venta total del capital accionario de las sociedades controlantes.
El Ejecutivo argumenta que la operación permitirá “atraer inversiones, garantizar eficiencia operativa y generar ingresos fiscales”, aunque evita precisar montos estimativos de la venta.

Reacciones políticas y provinciales

El anuncio provocó reacciones inmediatas en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde los gobiernos locales habían solicitado una participación directa en la gestión futura de los embalses, bajo el argumento de que los recursos hídricos son de dominio provincial según la Constitución de 1994.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, manifestó su “preocupación” y adelantó que pedirá la revisión del esquema de privatización para garantizar que la energía generada “beneficie también a las regiones productoras”.

Desde el ámbito sindical, la Asociación de Trabajadores de la Energía (APSEE) y gremios del sector alertaron sobre el riesgo de pérdida de soberanía energética y el posible impacto en los puestos de trabajo de las plantas. También cuestionaron que el Estado ceda activos que ya están amortizados y en plena producción, lo que podría implicar una transferencia patrimonial significativa al sector privado.

La venta de las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila representa uno de los movimientos más significativos del Gobierno de Javier Milei en su política de desestatización.

Estas represas no solo son estratégicas por su peso en la generación eléctrica, sino también por su valor simbólico: fueron emblemas del desarrollo estatal y regional durante más de medio siglo.

El proceso abre un debate profundo sobre el modelo energético y la soberanía sobre los recursos hídricos, en un contexto donde la Nación busca recaudar fondos y liberar responsabilidades operativas, mientras las provincias reclaman su rol constitucional.
Entre la promesa de eficiencia y el temor a la pérdida de control, la venta de las represas patagónicas se perfila como un nuevo punto de inflexión en la historia energética argentina, con impacto político, social y territorial de largo alcance.

Desde diciembre de 2023, el empleo formal cayó en 169.300 puestos, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo. La contracción se concentra en el sector privado, que encadena siete meses de baja. Solo el trabajo independiente muestra un leve crecimiento.

En julio —último mes con datos oficiales disponibles— el empleo asalariado retrocedió un 0,1% mensual, con una caída de 8.700 puestos en el sector privado, que hoy emplea a 6.216.500 personas. Mientras tanto, el sector público se mantuvo sin variaciones, y el trabajo en casas particulares creció apenas un 0,1%, alcanzando 442.900 empleos.

Comparado con noviembre de 2023, último mes de la administración de Alberto Fernández, la contracción del trabajo formal es notoria: el sector privado redujo su plantilla de 6.385.800 a 6.216.500 trabajadores, mientras que el empleo público bajó de 3.484.300 a 3.407.000.

El panorama no mejora en los meses posteriores. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el empleo privado registrado volvió a caer en agosto un 0,3%, lo que confirma siete meses consecutivos de retroceso en los principales aglomerados urbanos del país.

En paralelo, el trabajo independiente creció un 0,4% en julio, con 11.700 nuevos registros. Sin embargo, los especialistas advierten que este aumento no refleja una mejora genuina, sino una migración forzada hacia el autoempleo o el monotributo, ante la falta de alternativas en el mercado formal.

En los primeros siete meses del año, el empleo asalariado privado solo registró crecimiento en febrero y abril (0,2%), mientras que cayó en enero, marzo, junio y julio, y permaneció sin cambios en mayo.

Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración de rechazo a la eliminación del beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas. Aunque la medida no tiene efecto vinculante sobre Nación, marca una posición política fuerte frente al proyecto de Presupuesto 2026, que busca derogar la ampliación del régimen.

Durante una sesión especial celebrada este miércoles 15 de octubre, la Legislatura de San Juan protagonizó una de las pocas escenas de unidad política en tiempos de polarización. Con 34 votos afirmativos y uno en contra, correspondiente al único legislador libertario, el cuerpo aprobó una Declaración de rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno nacional elimine los beneficios tarifarios de Zona Fría, contemplados en la Ley N.º 27.637.

El pronunciamiento no tiene efectos legales sobre el Ejecutivo nacional ni implica una directriz hacia el Congreso, pero funciona como un gesto institucional contundente. La Cámara de Diputados provincial busca dejar constancia de la preocupación local por la eventual quita de un beneficio que alcanza a más de 120.000 usuarios sanjuaninos, que pagan entre 30 y 50% menos en su factura de gas gracias al esquema vigente.

La posición adoptada en la provincia llega en un momento clave: el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno de Javier Milei incluye un artículo que deroga la ampliación de la Zona Fría, incorporada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Si ese artículo prosperara, el beneficio se limitaría nuevamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe, dejando afuera a provincias como San Juan, Mendoza, La Pampa, Tucumán y parte de Buenos Aires.

La Unión de Usuarios y Consumidores, a través de su titular Claudio Boada, advirtió que la eliminación de la ampliación carece de sustento económico, ya que el subsidio no depende del Tesoro nacional, sino de un aporte solidario de 6,8% que pagan todos los usuarios del país. “No afecta al déficit cero, que es el principal argumento del Gobierno. Lo financian los propios consumidores”, remarcó Boada, en alusión al plan de ajuste fiscal que sostiene la administración libertaria.

Las organizaciones de consumidores y distintos intendentes de las regiones afectadas advirtieron que la medida duplicaría las tarifas y restringiría el poder adquisitivo de comunidades enteras, generando un efecto regresivo en economías locales como las de Azul, Olavarría o Jáchal.

En San Juan, el rechazo legislativo implica ahora un mandato político a los diputados nacionales de los bloques Producción y Trabajo y Unión por la Patria, quienes deberán trasladar la postura provincial a la Cámara baja del Congreso. Allí se espera que la discusión se concentre en las comisiones de Presupuesto y Energía, donde los sectores opositores intentarán eliminar el artículo que deroga la ampliación.

Un reclamo simbólico que tensiona la relación Nación–Provincia

Aunque la declaración de la Legislatura no tiene efectos normativos, su peso político es evidente. Representa una posición unificada de casi todo el arco sanjuanino frente a una medida percibida como injusta y centralista. También anticipa una pulseada entre las provincias cordilleranas y el Gobierno nacional, en un contexto de fuertes ajustes sobre subsidios y transferencias.

De fondo, lo que está en discusión no es solo una tarifa, sino el modelo de federalismo fiscal que Milei pretende imponer. San Juan, al igual que otras jurisdicciones afectadas, defiende la idea de que el costo energético debe contemplar las condiciones climáticas y socioeconómicas de cada región.

En ese sentido, la sesión legislativa de este miércoles 15 de octubre fue más que un gesto administrativo: fue una señal política hacia Buenos Aires, una advertencia de que el ajuste no puede avanzar a costa del interior productivo.