Durante una visita a la planta metalúrgica Sidersa, en San Nicolás, el presidente Milei anunció que impulsará una “reforma general del régimen laboral” para “dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. Además, celebró un supuesto “apoyo histórico” de Estados Unidos, tras confirmarse un swap financiero de 20 mil millones de dólares y la inversión de YPF junto a la italiana Eni para exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta.

El Jefe de Estado argumentó que “los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda de empleo, el salario sube”, reiterando su visión de que la flexibilización del mercado laboral favorecerá la creación de puestos de trabajo. Aunque no brindó detalles concretos sobre los plazos ni el contenido del proyecto, fuentes oficiales confirmaron que se trata de una iniciativa que buscará eliminar “rigideces sindicales” y “costos judiciales”, en línea con el programa de desregulación impulsado por el Ejecutivo.

Paralelamente, Milei aprovechó la ocasión para destacar lo que definió como un “apoyo histórico” de Estados Unidos. Según el presidente, el país norteamericano acordó un swap financiero de 20 mil millones de dólares con Argentina, anunciado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El funcionario confirmó que parte de la operación incluye la compra de pesos argentinos a través del banco Santander, luego de una ronda de reuniones mantenidas con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington.

“El rumbo que Argentina emprendió desde 2023 le ha valido el reconocimiento del mundo entero; el coraje, el esfuerzo y la paciencia de los argentinos son un ejemplo para las naciones de Occidente”, expresó Milei, en tono triunfalista, aludiendo a lo que interpreta como una validación internacional de su programa de ajuste fiscal y liberalización económica.

El mandatario también se refirió al acuerdo suscripto entre la petrolera estatal YPF y la empresa italiana Eni (Ente nazionale idrocarburi), que prevé una inversión estimada en 30 mil millones de dólares a lo largo de los próximos cinco años para desarrollar la infraestructura de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta. Según Milei, el proyecto “permitirá exportar entre 12 mil y 20 mil millones de dólares anuales de gas natural licuado”, y constituirá “la inversión más grande de la historia argentina”.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) advirtió que denunciará penalmente al presidente Javier Milei si el Poder Ejecutivo desobedece la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. “No hay ningún argumento legal para desconocer una norma vigente”, sostuvo su secretario general, Daniel Ricci, durante el Congreso Extraordinario del gremio.

La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público sumó un nuevo capítulo. Este jueves 9 de septiembre, en la sede de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), se realizó el Congreso Extraordinario del gremio, donde participaron congresales de los distintos sindicatos de base. En ese marco, el secretario general Daniel Ricci anticipó que si el Poder Ejecutivo no aplica la Ley de Financiamiento Universitario recientemente convalidada por el Congreso, la organización impulsará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Ricci celebró la sanción definitiva de la norma y el rechazo al intento de veto presidencial, agradeciendo especialmente a los legisladores que “defendieron a la Universidad Pública”. Sin embargo, advirtió que el sector mantiene la guardia alta ante los trascendidos que indican que el Gobierno podría desconocer la ley. “No existe argumento alguno que permita al Presidente omitir su promulgación o aplicación. Si lo hace, estará faltando a la democracia y violando el Código Penal”, enfatizó el dirigente.

El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público está previsto en los artículos 248 y 249 del Código Penal Argentino. Se refiere a la omisión, negativa o demora en la ejecución de actos propios de la función pública, y contempla sanciones que incluyen prisión e inhabilitación para ejercer cargos. “La ley es válida, vigente y de cumplimiento obligatorio. Pretender desconocerla sería un acto de autoritarismo y desprecio por las instituciones”, sostuvieron desde la FEDUN.

El encuentro también sirvió para la elección unánime de la junta electoral que conducirá el próximo proceso interno de la Federación. En un documento final, los delegados llamaron a acompañar en las elecciones de octubre a las candidaturas que defiendan la universidad pública, la salud, las jubilaciones, los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo docente.

En medio de la desesperada búsqueda de financiamiento para evitar una nueva corrida, el ministro Luis Caputo prolonga su estadía en Estados Unidos. Desde Washington, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió el ajuste argentino y sugirió que la ayuda del organismo dependerá de que la sociedad acepte vivir con menos. Con tono paternalista, reivindicó a los gobiernos que recortaron salarios y jubilaciones “hasta un 50%” y fueron reelegidos por ello.

La escena resulta tan elocuente como inquietante. Mientras Luis Caputo multiplica reuniones en Washington intentando asegurar un flujo de dólares que contenga la tensión cambiaria antes de las elecciones, el Fondo Monetario Internacional envía su mensaje más descarnado: el apoyo financiero no solo dependerá de los números fiscales, sino del grado de sumisión social que logre el plan de ajuste.

La directora del organismo, Kristalina Georgieva, participó en el Milken Institute y, en medio de elogios al presidente Javier Milei, dejó una definición que resonó en Argentina:

“Hemos visto líderes valientes que recortaron pensiones y salarios en un 40 o 50% y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara.”

La frase, que podría haber pasado inadvertida en otro contexto, adquiere una contundencia particular en un país donde la mitad de la población trabaja en la informalidad, los salarios se ubican en su nivel más bajo en dos décadas y las jubilaciones no cubren la canasta básica.

Detrás de la retórica de la “disciplina fiscal” se esconde la vieja receta de siempre: ajuste sobre los trabajadores y jubilados, desregulación para los grandes grupos económicos y transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Lo novedoso, quizás, es el sinceramiento. Georgieva ya no habla de “reformas estructurales” ni de “sostenibilidad fiscal”, sino directamente de que los ciudadanos deben “acompañar” la pérdida de sus derechos.

Mientras tanto, Caputo negocia contrarreloj con el Tesoro de Estados Unidos un esquema de swap de monedas por 20 mil millones de dólares, respaldado en los Derechos Especiales de Giro (DEG) que ese país acumula como principal socio del FMI. En la práctica, sería un salvataje condicionado, que implicaría más dependencia política y menor soberanía económica.

Desde junio de 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri acordó con el Fondo un préstamo récord de 55 mil millones de dólares, la economía argentina quedó atada a las decisiones del organismo, que nunca ha disimulado su interés por moldear la política interna del país. La administración Milei, bajo la bandera del “orden fiscal”, lleva esa lógica al extremo, aplicando un ajuste inédito en democracia: caída del gasto público, reducción del empleo estatal, licuación de salarios y desfinanciamiento de áreas sociales.

En este contexto, la advertencia de Georgieva tiene una lectura más profunda: el FMI no solo exige recortes, sino resignación. Reclama que la población legitime en las urnas el sacrificio, aun cuando ese sacrificio se traduzca en pobreza estructural.

Lo que en Washington se interpreta como “valentía” gubernamental, en Argentina se traduce en hambre, deterioro del sistema previsional y destrucción del tejido productivo. El Fondo aplaude la ortodoxia mientras la economía real se asfixia. Y lo hace desde la comodidad de sus estadísticas, midiendo la “confianza” no en bienestar sino en obediencia.

El Fondo vuelve a plantear la misma ecuación que hace décadas: estabilidad a cambio de desigualdad, crédito a cambio de sumisión. El verdadero desafío para la Argentina no será conseguir dólares, sino recuperar autonomía política y dignidad social en un escenario donde el ajuste se naturaliza y la pobreza se convierte en requisito de gobernabilidad.