El Gobierno avanza sobre la estructura salarial del empleo público nacional
La administración de Javier Milei derogó una decisión vigente desde 2004 que regulaba los haberes de los contratados en el Estado. La medida, firmada por Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, promete “optimizar la gestión pública”, pero genera preocupación por la ausencia de un nuevo marco que garantice la equidad salarial.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de revisión del empleo público al derogar, mediante la Decisión Administrativa 26/2025, una normativa que durante más de dos décadas había regulado los salarios de los trabajadores contratados en la Administración Pública Nacional.
El texto, rubricado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, deja sin efecto la Decisión Administrativa N° 3/2004, que establecía los criterios de equiparación salarial entre los empleados contratados y los de planta permanente.
Hasta ahora, ese esquema garantizaba que los contratados percibieran un salario equivalente al de un trabajador de planta en el mismo nivel escalafonario, ajustado según la carga horaria y la especialización profesional. Además, los antecedentes laborales y formativos tenían peso en la asignación de un adicional por grado, que reconocía la experiencia y la capacitación acumulada.
Con la derogación, desaparece el marco normativo que aseguraba la proporcionalidad salarial y la estandarización de los mecanismos administrativos de contratación. Según el Gobierno, esta decisión forma parte de una “revisión integral de las políticas de personal” orientada a “optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión”.
Sin embargo, el texto oficial no introduce un régimen sustituto ni detalla cómo se fijarán los nuevos salarios, lo que abre interrogantes sobre la situación contractual y remunerativa de miles de trabajadores estatales que se desempeñan bajo la modalidad de locación de servicios o contratos temporales.
El marco derogado estaba amparado en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 1421/02, que fijaban los principios de idoneidad, transparencia y equidad dentro del empleo público. A partir de ahora, la ausencia de reglas claras podría derivar en discrecionalidad para determinar sueldos y condiciones, dejando expuestos a los trabajadores que no forman parte de la planta permanente.
El procedimiento de control —hasta hoy a cargo de las unidades de Recursos Humanos, con auditorías internas en cada organismo— también queda sin sustento normativo, lo que podría impactar en la trazabilidad y en la transparencia de las contrataciones futuras.
La eliminación de la norma de 2004 marca un cambio estructural en el empleo público argentino y abre una etapa de transición cargada de incertidumbre. Si bien el Gobierno argumenta que la medida busca una gestión más eficiente y moderna del Estado, la falta de un nuevo marco regulatorio pone en riesgo los principios de equidad y previsibilidad salarial que habían regido durante más de veinte años.
Hasta tanto se defina una nueva política de remuneraciones y contratación, los trabajadores estatales contratados permanecen en un limbo administrativo, sin certezas sobre su futuro laboral ni sobre los criterios que regirán sus ingresos.
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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados
El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).
La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.
La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.
Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.
Un segundo cierre en Rawson
La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.
El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.
Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.
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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata
La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.
La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.
La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.
Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.
Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.
Una operación pendiente de aprobación
Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.
Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.
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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros
Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.
La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.
Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.
Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.
La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.
Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.
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