La administración de Javier Milei derogó una decisión vigente desde 2004 que regulaba los haberes de los contratados en el Estado. La medida, firmada por Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, promete “optimizar la gestión pública”, pero genera preocupación por la ausencia de un nuevo marco que garantice la equidad salarial.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de revisión del empleo público al derogar, mediante la Decisión Administrativa 26/2025, una normativa que durante más de dos décadas había regulado los salarios de los trabajadores contratados en la Administración Pública Nacional.

El texto, rubricado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, deja sin efecto la Decisión Administrativa N° 3/2004, que establecía los criterios de equiparación salarial entre los empleados contratados y los de planta permanente.

Hasta ahora, ese esquema garantizaba que los contratados percibieran un salario equivalente al de un trabajador de planta en el mismo nivel escalafonario, ajustado según la carga horaria y la especialización profesional. Además, los antecedentes laborales y formativos tenían peso en la asignación de un adicional por grado, que reconocía la experiencia y la capacitación acumulada.

Con la derogación, desaparece el marco normativo que aseguraba la proporcionalidad salarial y la estandarización de los mecanismos administrativos de contratación. Según el Gobierno, esta decisión forma parte de una “revisión integral de las políticas de personal” orientada a “optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión”.

Sin embargo, el texto oficial no introduce un régimen sustituto ni detalla cómo se fijarán los nuevos salarios, lo que abre interrogantes sobre la situación contractual y remunerativa de miles de trabajadores estatales que se desempeñan bajo la modalidad de locación de servicios o contratos temporales.

El marco derogado estaba amparado en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 1421/02, que fijaban los principios de idoneidad, transparencia y equidad dentro del empleo público. A partir de ahora, la ausencia de reglas claras podría derivar en discrecionalidad para determinar sueldos y condiciones, dejando expuestos a los trabajadores que no forman parte de la planta permanente.

El procedimiento de control —hasta hoy a cargo de las unidades de Recursos Humanos, con auditorías internas en cada organismo— también queda sin sustento normativo, lo que podría impactar en la trazabilidad y en la transparencia de las contrataciones futuras.

La eliminación de la norma de 2004 marca un cambio estructural en el empleo público argentino y abre una etapa de transición cargada de incertidumbre. Si bien el Gobierno argumenta que la medida busca una gestión más eficiente y moderna del Estado, la falta de un nuevo marco regulatorio pone en riesgo los principios de equidad y previsibilidad salarial que habían regido durante más de veinte años.

Hasta tanto se defina una nueva política de remuneraciones y contratación, los trabajadores estatales contratados permanecen en un limbo administrativo, sin certezas sobre su futuro laboral ni sobre los criterios que regirán sus ingresos.

Los pilotos nucleados en APLA retoman medidas de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones salariales. Acusan a Aerolíneas Argentinas de dilatar las paritarias y violar el convenio colectivo. La empresa estatal cuestiona el reclamo y advierte que las protestas afectan su recuperación económica.

En la antesala del fin de semana largo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lanzó una nueva medida de fuerza que podría complicar la operación de vuelos en todo el país. El gremio que agrupa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas resolvió realizar asambleas este jueves 9 de octubre entre las 16 y las 20, con posibles demoras y cancelaciones en los servicios.

El conflicto tiene su origen en el estancamiento de las negociaciones paritarias y en lo que el sindicato considera “incumplimientos reiterados” del convenio colectivo de trabajo. En un comunicado difundido a comienzos de la semana, APLA denunció que la empresa estatal “demora intencionadamente las discusiones salariales en un contexto de pérdida de poder adquisitivo”, calificando la actitud oficial como una “provocación”.

Además, el gremio advirtió que las medidas se repetirán el 24 de octubre, entre las 6 y las 10 de la mañana, si no hay avances concretos. “Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones. Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pudiera surgir en la operación”, indicó el comunicado sindical.

El reclamo también apunta al proceso de desregulación del sector aeronáutico, impulsado por el Gobierno nacional. Según APLA, las recientes medidas “están afectando las condiciones laborales y la seguridad operacional”, especialmente tras la aprobación del Decreto 378/2025, que modificó los esquemas de descanso, vacaciones y turnos del personal de vuelo.

El gremio denuncia además que el ingreso de más de 100 pilotos extranjeros con salarios superiores a los nacionales “degrada la profesión y pone en riesgo la estabilidad laboral de los profesionales argentinos”.

La respuesta de Aerolíneas Argentinas

Desde la compañía estatal, la respuesta no se hizo esperar. En declaraciones oficiales, Aerolíneas Argentinas sostuvo que la medida gremial “pretende ejercer presión sobre la discusión paritaria y sobre las modificaciones regulatorias del sector”.

Fuentes de la empresa destacaron que la aerolínea “dejó atrás más de una década de pérdidas millonarias” y atraviesa una etapa de recuperación financiera que “debe ser acompañada con responsabilidad por todos los sectores”. En ese sentido, consideraron que las medidas gremiales “atentan contra el desarrollo positivo y el crecimiento sostenido de la compañía”.

Aerolíneas aseguró, además, que trabaja para mitigar los efectos sobre los pasajeros, buscando mantener la mayor cantidad posible de vuelos programados durante el fin de semana largo.

Un conflicto que se profundiza

El enfrentamiento entre APLA y Aerolíneas Argentinas no es nuevo. En los últimos meses, el Ministerio de Trabajo debió intervenir en reiteradas ocasiones dictando conciliaciones obligatorias para evitar la paralización total de vuelos.

Las diferencias entre el gremio y la empresa estatal se enmarcan en una redefinición estructural del sistema aeronáutico argentino, con cambios en la regulación del trabajo, la apertura del mercado y una política de reducción de costos impulsada por el Gobierno.

En ese contexto, las tensiones laborales se multiplican. La semana pasada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también realizó asambleas en 21 aeropuertos del país en reclamo de aumentos salariales, regularización de contratos y mejores condiciones para el personal técnico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según el gremio, la falta de respuestas “pone en riesgo la seguridad operativa de los vuelos”.

La protesta de los pilotos vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema laboral aeronáutico y las dificultades del Gobierno para sostener una negociación equilibrada entre los intereses gremiales y la necesidad de consolidar una empresa estatal en recuperación.

Con un contexto de ajuste, desregulación y tensiones paritarias, el conflicto con APLA se convierte en un nuevo desafío para la política laboral del sector aéreo. Mientras tanto, los pasajeros se preparan para un fin de semana largo signado por demoras, cancelaciones e incertidumbre en los aeropuertos del país.

La secretaria general de Luz y Fuerza San Juan, Lilia Martín, dialogó con Mundo Laboral SJ sobre las acciones institucionales del gremio: el homenaje a Juan José Chica, la adquisición de un nuevo inmueble para ampliar prestaciones y las actividades que fortalecen la identidad lucifuercista. También analizó la crítica situación nacional, diferenciando la realidad sanjuanina, donde el sector mantiene diálogo y estabilidad, aunque con preocupación por la creciente precarización y la falta de personal idóneo.

El sindicato de Luz y Fuerza San Juan atraviesa un momento de intensa actividad institucional y social, su secretaria general repasó los principales ejes de trabajo y reafirmó el compromiso con los valores que legó el histórico dirigente Juan José Chica, a dos años de su fallecimiento.

“Juan José, como amigo y como dirigente, está presente todos los días. Su ejemplo nos guía en cada decisión, en cada acción gremial o social. Este aniversario fue una oportunidad para agradecerle su legado y renovar nuestro compromiso con los trabajadores”, expresó Martín.

El homenaje se realizó en el cementerio de la Capital, con la presencia de la comisión directiva y del centro de jubilados, en un acto íntimo y emotivo.

Pero la gestión del gremio no se detiene. Martín confirmó la adquisición de un inmueble lindante a la sede central para trasladar y modernizar la Farmacia de Luz y Fuerza (Farmaluz), así como ampliar los servicios médico-asistenciales en alianza con el Sanatorio San Juan.

“Se trata de recuperar un espacio que fue del gremio hasta 1978, perdido durante la dictadura, y que ahora vuelve a ser parte de nuestra historia. Allí funcionará la nueva Farmaluz, un vacunatorio y alojamiento para afiliados del interior que llegan a la capital por salud o trámites sindicales”, detalló la dirigente. El proyecto también contempla una sala de espera para familiares de pacientes internados en el sanatorio, “para que puedan estar contenidos y acompañados en momentos difíciles”.

Actividades sociales y deportivas

En el plano recreativo, Luz y Fuerza prepara una agenda intensa. El próximo 10 de octubre se realizará la segunda Feria de Emprendedores, reprogramada por cuestiones climáticas, en el camping de Parque Norte, Capital.

“Queremos brindar un espacio para que nuestros afiliados emprendedores y artesanos puedan mostrar y vender sus productos, en un ambiente familiar y abierto a la comunidad”, explicó la sindicalista. La feria contará con stands, espectáculos artísticos, propuestas infantiles y un cierre musical con un grupo de rock local.

Por otro lado, se ultiman los preparativos para las Olimpíadas Lucifuercistas “Juan José Chica”, un clásico del sindicato que se celebra desde hace más de cuatro décadas. Las competencias incluirán fútbol, pádel, truco, chinchón, pesca y senderismo, entre otras disciplinas.

“Las olimpiadas son mucho más que una competencia: son un espacio de encuentro, camaradería y pertenencia. La familia lucifuercista se fortalece en cada edición”, subrayó.

Las actividades se desarrollarán desde el 15 de octubre hasta el 6 de diciembre, cuando se disputarán las finales y se celebrará el tradicional torneo de asadores en el Camping El Paraíso, ubicado en el departamento Pocito.

Entre la crisis nacional y la realidad local

Consultada sobre la situación del país y los recientes intentos de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, Martín fue contundente:

“Es muy triste lo que está pasando. Este gobierno está destruyendo el tejido social y la clase trabajadora. La precarización laboral es creciente y la política económica está dirigida sólo a los sectores poderosos. Se sostiene la economía sobre el sufrimiento del pueblo.”

Sin embargo, la dirigente gremial marcó una distinción entre el escenario nacional y la realidad provincial, reconociendo que en San Juan el sector mantiene cierta estabilidad institucional y diálogo con las autoridades, aunque persisten preocupaciones por las condiciones laborales.

“En nuestra provincia, la relación con la empresa y con el gobierno es buena, hay diálogo y predisposición. Pero no podemos dejar de ver que también aquí está creciendo la precarización, sobre todo con personal que no siempre tiene la capacitación necesaria para tareas técnicas sensibles. Eso genera riesgos y deteriora la calidad del servicio”, advirtió Martín.

La referente de Luz y Fuerza destacó la importancia de sostener la formación profesional y la seguridad eléctrica, pilares históricos del gremio, y reclamó políticas que fortalezcan la inversión en recursos humanos y mantenimiento de redes.

Sobre el decreto del gobierno nacional que habilita la venta parcial de Nucleoeléctrica, Martín sostuvo que se trata de “un avance inadmisible sobre un área estratégica del Estado”.

“Argentina es uno de los pocos países con tecnología y capacidad nuclear propia. Privatizar ese patrimonio es regalar años de inversión y conocimiento. Luz y Fuerza no lo va a permitir: vamos a dialogar, pero si es necesario también a luchar para defender la soberanía energética”, afirmó.

Entre homenajes, proyectos concretos y una mirada firme frente al ajuste, Luz y Fuerza San Juan reafirma su papel histórico: el de un sindicato con memoria, gestión y compromiso con la defensa del interés nacional.

La conducción de Lilia Martín combina acción social, modernización institucional y una clara posición política frente a un escenario económico adverso.

En tiempos de incertidumbre, la organización apuesta a sostener su legado con hechos: trabajo, capacitación, solidaridad y soberanía.