En medio de la desesperada búsqueda de financiamiento para evitar una nueva corrida, el ministro Luis Caputo prolonga su estadía en Estados Unidos. Desde Washington, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió el ajuste argentino y sugirió que la ayuda del organismo dependerá de que la sociedad acepte vivir con menos. Con tono paternalista, reivindicó a los gobiernos que recortaron salarios y jubilaciones “hasta un 50%” y fueron reelegidos por ello.

La escena resulta tan elocuente como inquietante. Mientras Luis Caputo multiplica reuniones en Washington intentando asegurar un flujo de dólares que contenga la tensión cambiaria antes de las elecciones, el Fondo Monetario Internacional envía su mensaje más descarnado: el apoyo financiero no solo dependerá de los números fiscales, sino del grado de sumisión social que logre el plan de ajuste.

La directora del organismo, Kristalina Georgieva, participó en el Milken Institute y, en medio de elogios al presidente Javier Milei, dejó una definición que resonó en Argentina:

“Hemos visto líderes valientes que recortaron pensiones y salarios en un 40 o 50% y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara.”

La frase, que podría haber pasado inadvertida en otro contexto, adquiere una contundencia particular en un país donde la mitad de la población trabaja en la informalidad, los salarios se ubican en su nivel más bajo en dos décadas y las jubilaciones no cubren la canasta básica.

Detrás de la retórica de la “disciplina fiscal” se esconde la vieja receta de siempre: ajuste sobre los trabajadores y jubilados, desregulación para los grandes grupos económicos y transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Lo novedoso, quizás, es el sinceramiento. Georgieva ya no habla de “reformas estructurales” ni de “sostenibilidad fiscal”, sino directamente de que los ciudadanos deben “acompañar” la pérdida de sus derechos.

Mientras tanto, Caputo negocia contrarreloj con el Tesoro de Estados Unidos un esquema de swap de monedas por 20 mil millones de dólares, respaldado en los Derechos Especiales de Giro (DEG) que ese país acumula como principal socio del FMI. En la práctica, sería un salvataje condicionado, que implicaría más dependencia política y menor soberanía económica.

Desde junio de 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri acordó con el Fondo un préstamo récord de 55 mil millones de dólares, la economía argentina quedó atada a las decisiones del organismo, que nunca ha disimulado su interés por moldear la política interna del país. La administración Milei, bajo la bandera del “orden fiscal”, lleva esa lógica al extremo, aplicando un ajuste inédito en democracia: caída del gasto público, reducción del empleo estatal, licuación de salarios y desfinanciamiento de áreas sociales.

En este contexto, la advertencia de Georgieva tiene una lectura más profunda: el FMI no solo exige recortes, sino resignación. Reclama que la población legitime en las urnas el sacrificio, aun cuando ese sacrificio se traduzca en pobreza estructural.

Lo que en Washington se interpreta como “valentía” gubernamental, en Argentina se traduce en hambre, deterioro del sistema previsional y destrucción del tejido productivo. El Fondo aplaude la ortodoxia mientras la economía real se asfixia. Y lo hace desde la comodidad de sus estadísticas, midiendo la “confianza” no en bienestar sino en obediencia.

El Fondo vuelve a plantear la misma ecuación que hace décadas: estabilidad a cambio de desigualdad, crédito a cambio de sumisión. El verdadero desafío para la Argentina no será conseguir dólares, sino recuperar autonomía política y dignidad social en un escenario donde el ajuste se naturaliza y la pobreza se convierte en requisito de gobernabilidad.

La administración de Javier Milei derogó una decisión vigente desde 2004 que regulaba los haberes de los contratados en el Estado. La medida, firmada por Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, promete “optimizar la gestión pública”, pero genera preocupación por la ausencia de un nuevo marco que garantice la equidad salarial.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de revisión del empleo público al derogar, mediante la Decisión Administrativa 26/2025, una normativa que durante más de dos décadas había regulado los salarios de los trabajadores contratados en la Administración Pública Nacional.

El texto, rubricado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, deja sin efecto la Decisión Administrativa N° 3/2004, que establecía los criterios de equiparación salarial entre los empleados contratados y los de planta permanente.

Hasta ahora, ese esquema garantizaba que los contratados percibieran un salario equivalente al de un trabajador de planta en el mismo nivel escalafonario, ajustado según la carga horaria y la especialización profesional. Además, los antecedentes laborales y formativos tenían peso en la asignación de un adicional por grado, que reconocía la experiencia y la capacitación acumulada.

Con la derogación, desaparece el marco normativo que aseguraba la proporcionalidad salarial y la estandarización de los mecanismos administrativos de contratación. Según el Gobierno, esta decisión forma parte de una “revisión integral de las políticas de personal” orientada a “optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión”.

Sin embargo, el texto oficial no introduce un régimen sustituto ni detalla cómo se fijarán los nuevos salarios, lo que abre interrogantes sobre la situación contractual y remunerativa de miles de trabajadores estatales que se desempeñan bajo la modalidad de locación de servicios o contratos temporales.

El marco derogado estaba amparado en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 1421/02, que fijaban los principios de idoneidad, transparencia y equidad dentro del empleo público. A partir de ahora, la ausencia de reglas claras podría derivar en discrecionalidad para determinar sueldos y condiciones, dejando expuestos a los trabajadores que no forman parte de la planta permanente.

El procedimiento de control —hasta hoy a cargo de las unidades de Recursos Humanos, con auditorías internas en cada organismo— también queda sin sustento normativo, lo que podría impactar en la trazabilidad y en la transparencia de las contrataciones futuras.

La eliminación de la norma de 2004 marca un cambio estructural en el empleo público argentino y abre una etapa de transición cargada de incertidumbre. Si bien el Gobierno argumenta que la medida busca una gestión más eficiente y moderna del Estado, la falta de un nuevo marco regulatorio pone en riesgo los principios de equidad y previsibilidad salarial que habían regido durante más de veinte años.

Hasta tanto se defina una nueva política de remuneraciones y contratación, los trabajadores estatales contratados permanecen en un limbo administrativo, sin certezas sobre su futuro laboral ni sobre los criterios que regirán sus ingresos.

Los pilotos nucleados en APLA retoman medidas de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones salariales. Acusan a Aerolíneas Argentinas de dilatar las paritarias y violar el convenio colectivo. La empresa estatal cuestiona el reclamo y advierte que las protestas afectan su recuperación económica.

En la antesala del fin de semana largo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lanzó una nueva medida de fuerza que podría complicar la operación de vuelos en todo el país. El gremio que agrupa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas resolvió realizar asambleas este jueves 9 de octubre entre las 16 y las 20, con posibles demoras y cancelaciones en los servicios.

El conflicto tiene su origen en el estancamiento de las negociaciones paritarias y en lo que el sindicato considera “incumplimientos reiterados” del convenio colectivo de trabajo. En un comunicado difundido a comienzos de la semana, APLA denunció que la empresa estatal “demora intencionadamente las discusiones salariales en un contexto de pérdida de poder adquisitivo”, calificando la actitud oficial como una “provocación”.

Además, el gremio advirtió que las medidas se repetirán el 24 de octubre, entre las 6 y las 10 de la mañana, si no hay avances concretos. “Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones. Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pudiera surgir en la operación”, indicó el comunicado sindical.

El reclamo también apunta al proceso de desregulación del sector aeronáutico, impulsado por el Gobierno nacional. Según APLA, las recientes medidas “están afectando las condiciones laborales y la seguridad operacional”, especialmente tras la aprobación del Decreto 378/2025, que modificó los esquemas de descanso, vacaciones y turnos del personal de vuelo.

El gremio denuncia además que el ingreso de más de 100 pilotos extranjeros con salarios superiores a los nacionales “degrada la profesión y pone en riesgo la estabilidad laboral de los profesionales argentinos”.

La respuesta de Aerolíneas Argentinas

Desde la compañía estatal, la respuesta no se hizo esperar. En declaraciones oficiales, Aerolíneas Argentinas sostuvo que la medida gremial “pretende ejercer presión sobre la discusión paritaria y sobre las modificaciones regulatorias del sector”.

Fuentes de la empresa destacaron que la aerolínea “dejó atrás más de una década de pérdidas millonarias” y atraviesa una etapa de recuperación financiera que “debe ser acompañada con responsabilidad por todos los sectores”. En ese sentido, consideraron que las medidas gremiales “atentan contra el desarrollo positivo y el crecimiento sostenido de la compañía”.

Aerolíneas aseguró, además, que trabaja para mitigar los efectos sobre los pasajeros, buscando mantener la mayor cantidad posible de vuelos programados durante el fin de semana largo.

Un conflicto que se profundiza

El enfrentamiento entre APLA y Aerolíneas Argentinas no es nuevo. En los últimos meses, el Ministerio de Trabajo debió intervenir en reiteradas ocasiones dictando conciliaciones obligatorias para evitar la paralización total de vuelos.

Las diferencias entre el gremio y la empresa estatal se enmarcan en una redefinición estructural del sistema aeronáutico argentino, con cambios en la regulación del trabajo, la apertura del mercado y una política de reducción de costos impulsada por el Gobierno.

En ese contexto, las tensiones laborales se multiplican. La semana pasada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también realizó asambleas en 21 aeropuertos del país en reclamo de aumentos salariales, regularización de contratos y mejores condiciones para el personal técnico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según el gremio, la falta de respuestas “pone en riesgo la seguridad operativa de los vuelos”.

La protesta de los pilotos vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema laboral aeronáutico y las dificultades del Gobierno para sostener una negociación equilibrada entre los intereses gremiales y la necesidad de consolidar una empresa estatal en recuperación.

Con un contexto de ajuste, desregulación y tensiones paritarias, el conflicto con APLA se convierte en un nuevo desafío para la política laboral del sector aéreo. Mientras tanto, los pasajeros se preparan para un fin de semana largo signado por demoras, cancelaciones e incertidumbre en los aeropuertos del país.