A un mes de la elección de autoridades, la Confederación General del Trabajo atraviesa una puja decisiva. Mientras los sectores dialoguistas promueven una terna con Jorge Solá, Maia Volcovinsky y Cristian Jerónimo, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo buscan imponer sus propios candidatos. La interna se mezcla con los preparativos de un inédito acto del 17 de octubre, que apelará a la tecnología para narrar la historia del peronismo.

La interna sindical: un triunvirato en disputa

Tras la reunión del Comité Central Confederal del 18 de septiembre, todo indica que la CGT reeditará el esquema de un triunvirato para el período 2025-2029. El consenso generalizado sobre la necesidad de “unidad” parecía allanar el camino para los candidatos impulsados por el sector dialoguista —Jorge Solá (Seguros), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Cristian Jerónimo (Vidrios)—, pero la calma duró poco.

Luis Barrionuevo, histórico jefe de Gastronómicos, agitó primero el tablero. Aunque en un inicio defendía un esquema de secretario único, terminó proponiendo un trinomio propio con Sebastián Maturano (La Fraternidad), Gustavo Vila (Carga y Descarga) y Aníbal Lubaczewski (Textiles). Incluso deslizó la posibilidad de sumar una cuarta dirigente mujer, en un gesto más provocador que real. Sus sugerencias, sin embargo, no fueron tomadas demasiado en serio por el resto de la central.

La presión más contundente provino de Hugo Moyano. A sus 81 años, el líder camionero recuperó protagonismo tras apartar del gremio a su hijo Pablo y promover a otro de sus hijos, Huguito, como candidato a diputado por Fuerza Patria. Moyano insiste ahora en que Octavio Argüello, representante de Camioneros, integre el nuevo triunvirato. La avanzada amenaza con desplazar a Jerónimo, mientras que la inclusión de una mujer parece asegurada para garantizar equilibrio en la conducción.

Estrategias y movimientos en las sombras

La pulseada tiene un trasfondo político claro: cada sector busca asegurar espacios de poder en una CGT que deberá enfrentar la crisis social y económica derivada de las políticas de Javier Milei. Según fuentes sindicales, la postulación de Argüello podría ser, en realidad, una jugada de Moyano para favorecer el ascenso de su hijo Jerónimo como secretario de Juventud, lugar hoy ocupado por Sebastián Maturano.

Mientras tanto, los dialoguistas se mantienen cautelosos y evitan confirmaciones públicas. El único que expresó abiertamente su disposición a conducir fue Jorge Solá, actual secretario de Comunicación, aunque en su entorno admiten que preferiría un esquema de unicato antes que compartir la conducción.

El 17 de octubre “moderno”: mapping y streaming

En paralelo a las tensiones internas, la CGT prepara un acto conmemorativo inusual para el próximo 17 de octubre. En lugar de una movilización masiva con discursos en la calle, se organizará una serie de actividades en la denominada “semana de la lealtad”. El plato fuerte será un mapping sobre el histórico edificio de Azopardo, donde se proyectará la historia del peronismo, emulando experiencias como el espectáculo del Cabildo durante el Bicentenario en 2010.

La propuesta, impulsada por Solá, busca actualizar la forma de conmemorar la fecha fundacional del movimiento peronista. El evento será transmitido en vivo por Azopardo Stream, el canal digital de la central, y se complementará con intervenciones culturales en espacios públicos como estaciones de tren y plazas.

La CGT encara semanas decisivas entre la conmemoración de su efeméride más emblemática y la definición de su futuro liderazgo. El “acto moderno” del 17 de octubre será la vidriera de una central que intenta mostrarse renovada, mientras en sus pasillos se libra una batalla de poder clásica: nombres, alianzas y operaciones cruzadas. La incógnita persiste: quiénes integrarán finalmente el triunvirato que deberá conducir al sindicalismo argentino en uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

Un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que, desde la asunción de Javier Milei, los trabajadores perdieron un 32% de poder adquisitivo. El retroceso coloca los ingresos en valores inferiores a los de 2001 y con una brecha del 62% respecto al pico alcanzado en 2011.

Un retroceso histórico en el salario real

El relevamiento académico muestra un panorama crítico para el mercado laboral argentino. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el salario mínimo, vital y móvil se desplomó un 32% en términos reales. A pesar de algunas mejoras en meses puntuales, la tendencia es descendente: solo en lo que va de 2025 la pérdida alcanza el 3,7%.

La comparación histórica dimensiona la magnitud del deterioro. El informe advierte que los salarios de agosto de este año se encuentran por debajo de los registrados en 2001, antes de la caída de la convertibilidad. Además, en relación con el máximo de la serie —septiembre de 2011—, la reducción alcanza el 62%.

Empleo formal en retroceso

El mercado laboral tampoco logra escapar a la contracción. En junio, último dato disponible, se destruyeron 12.200 puestos asalariados formales en el sector privado. Aunque el sector público sumó 7.800 empleos, el saldo total fue negativo, con una pérdida neta de 4.100 puestos, incluyendo el trabajo en casas particulares.

Según los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), había en junio alrededor de 10,1 millones de trabajadores asalariados registrados. El informe del EDIL precisa que, tras leves recuperaciones intermitentes, el empleo formal volvió a retroceder en abril, mayo y junio de 2025, ubicándose en niveles similares a los de enero.

En perspectiva interanual, en junio de 2025 hubo 18.000 empleos formales menos que en junio de 2024, lo que equivale a una contracción del 0,2%. Frente a noviembre de 2023, el ajuste es mucho más marcado: casi 190.000 puestos destruidos, un 1,8% del total.

El peso de la política económica

La combinación de caída salarial y reducción del empleo refleja el impacto del programa económico implementado por la actual gestión. Con un enfoque de ajuste fiscal severo y apertura de mercado, la política oficial ha mantenido la inflación en niveles altos, al tiempo que los ingresos de los trabajadores se vieron erosionados por la falta de recomposición acorde.

Los analistas advierten que el retroceso no solo afecta el consumo interno, sino que compromete la sostenibilidad social y económica. El salario, motor del mercado doméstico, se encuentra en mínimos históricos, lo que limita la recuperación de la actividad y acentúa la precarización.

El informe de la UBA confirma un diagnóstico que se refleja en la vida cotidiana: la pérdida del poder adquisitivo se transformó en un fenómeno estructural. Con un salario real por debajo de los niveles de 2001 y con un retroceso equivalente a dos tercios de su valor histórico máximo, los trabajadores enfrentan un escenario de fragilidad que amenaza con profundizar la desigualdad. En paralelo, la destrucción de empleo formal erosiona aún más el tejido laboral. La “miseria planificada”, como titulan algunos economistas, se instala como uno de los rasgos más duros de la era Milei.

El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario tras rechazar el veto presidencial. El movimiento académico destacó el logro como fruto de la organización social, pero subrayó que el gobierno podría resistirse a aplicarlo bajo el argumento del déficit fiscal. Dirigentes gremiales remarcaron que la defensa de la universidad pública excede lo institucional y representa una causa democrática y social más amplia.

La sanción definitiva de la ley de financiamiento universitario fue recibida con entusiasmo en el ámbito académico. La norma restituye recursos fundamentales para el funcionamiento de las universidades públicas y constituye un revés político para el Poder Ejecutivo.

Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios Nacionales (ADUNA), valoró la decisión legislativa: “Es fundamental que los representantes del pueblo escuchen al pueblo y voten en consecuencia”. Sin embargo, advirtió que el avance es limitado: “Esta ley, de implementarse, volvería a poner a las universidades en el nivel en el que estaban en diciembre de 2023. Sabemos que es muy probable que el gobierno no la implemente, pero hoy tenemos que sentirnos orgullosos porque es la demostración de que luchar sirve”.

La secretaria de Relaciones Internacionales de Conadu, Yamile Socolovsky, subrayó el carácter colectivo del triunfo: “El resultado en el Senado es fruto de la unidad y de la movilización popular frente al ajuste”. Para la dirigente, el movimiento universitario logró enviar “un mensaje contundente al Congreso” y al mismo tiempo reafirmó el rol de la universidad pública como actor democrático.

Socolovsky recordó que la gestión de Javier Milei ya ha desconocido otras normas apelando a la necesidad de reducir el déficit. Por eso, advirtió que la tarea inmediata será exigir que el financiamiento se ejecute efectivamente: “Nuestra responsabilidad es defender el cumplimiento de esta ley”.

Los gremios coinciden en que el debate por el financiamiento trasciende lo estrictamente académico. “La defensa de la universidad pública constituye una bandera clave en la lucha por la soberanía, la democracia y la justicia social”, sostuvo Socolovsky, en sintonía con el diagnóstico de Petraglia y otros referentes.

Ese enfoque explica que la movilización social haya sido determinante en el proceso parlamentario: estudiantes, docentes y no docentes confluyeron en marchas y vigilias, transformando la causa universitaria en una expresión más amplia de rechazo al ajuste.

La sanción de la ley de financiamiento universitario se erige como una victoria significativa en el escenario político actual, pero también como un punto de partida. El movimiento académico celebra el logro, al tiempo que reconoce que la verdadera disputa recién comienza: lograr que el gobierno cumpla con la norma. En ese desafío, la calle seguirá siendo, como hasta ahora, el principal bastión de la universidad pública y de quienes la defienden como patrimonio colectivo de la sociedad argentina.