A un mes de la elección de autoridades, la Confederación General del Trabajo atraviesa una puja decisiva. Mientras los sectores dialoguistas promueven una terna con Jorge Solá, Maia Volcovinsky y Cristian Jerónimo, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo buscan imponer sus propios candidatos. La interna se mezcla con los preparativos de un inédito acto del 17 de octubre, que apelará a la tecnología para narrar la historia del peronismo.

La interna sindical: un triunvirato en disputa

Tras la reunión del Comité Central Confederal del 18 de septiembre, todo indica que la CGT reeditará el esquema de un triunvirato para el período 2025-2029. El consenso generalizado sobre la necesidad de “unidad” parecía allanar el camino para los candidatos impulsados por el sector dialoguista —Jorge Solá (Seguros), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Cristian Jerónimo (Vidrios)—, pero la calma duró poco.

Luis Barrionuevo, histórico jefe de Gastronómicos, agitó primero el tablero. Aunque en un inicio defendía un esquema de secretario único, terminó proponiendo un trinomio propio con Sebastián Maturano (La Fraternidad), Gustavo Vila (Carga y Descarga) y Aníbal Lubaczewski (Textiles). Incluso deslizó la posibilidad de sumar una cuarta dirigente mujer, en un gesto más provocador que real. Sus sugerencias, sin embargo, no fueron tomadas demasiado en serio por el resto de la central.

La presión más contundente provino de Hugo Moyano. A sus 81 años, el líder camionero recuperó protagonismo tras apartar del gremio a su hijo Pablo y promover a otro de sus hijos, Huguito, como candidato a diputado por Fuerza Patria. Moyano insiste ahora en que Octavio Argüello, representante de Camioneros, integre el nuevo triunvirato. La avanzada amenaza con desplazar a Jerónimo, mientras que la inclusión de una mujer parece asegurada para garantizar equilibrio en la conducción.

Estrategias y movimientos en las sombras

La pulseada tiene un trasfondo político claro: cada sector busca asegurar espacios de poder en una CGT que deberá enfrentar la crisis social y económica derivada de las políticas de Javier Milei. Según fuentes sindicales, la postulación de Argüello podría ser, en realidad, una jugada de Moyano para favorecer el ascenso de su hijo Jerónimo como secretario de Juventud, lugar hoy ocupado por Sebastián Maturano.

Mientras tanto, los dialoguistas se mantienen cautelosos y evitan confirmaciones públicas. El único que expresó abiertamente su disposición a conducir fue Jorge Solá, actual secretario de Comunicación, aunque en su entorno admiten que preferiría un esquema de unicato antes que compartir la conducción.

El 17 de octubre “moderno”: mapping y streaming

En paralelo a las tensiones internas, la CGT prepara un acto conmemorativo inusual para el próximo 17 de octubre. En lugar de una movilización masiva con discursos en la calle, se organizará una serie de actividades en la denominada “semana de la lealtad”. El plato fuerte será un mapping sobre el histórico edificio de Azopardo, donde se proyectará la historia del peronismo, emulando experiencias como el espectáculo del Cabildo durante el Bicentenario en 2010.

La propuesta, impulsada por Solá, busca actualizar la forma de conmemorar la fecha fundacional del movimiento peronista. El evento será transmitido en vivo por Azopardo Stream, el canal digital de la central, y se complementará con intervenciones culturales en espacios públicos como estaciones de tren y plazas.

La CGT encara semanas decisivas entre la conmemoración de su efeméride más emblemática y la definición de su futuro liderazgo. El “acto moderno” del 17 de octubre será la vidriera de una central que intenta mostrarse renovada, mientras en sus pasillos se libra una batalla de poder clásica: nombres, alianzas y operaciones cruzadas. La incógnita persiste: quiénes integrarán finalmente el triunvirato que deberá conducir al sindicalismo argentino en uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario tras rechazar el veto presidencial. El movimiento académico destacó el logro como fruto de la organización social, pero subrayó que el gobierno podría resistirse a aplicarlo bajo el argumento del déficit fiscal. Dirigentes gremiales remarcaron que la defensa de la universidad pública excede lo institucional y representa una causa democrática y social más amplia.

La sanción definitiva de la ley de financiamiento universitario fue recibida con entusiasmo en el ámbito académico. La norma restituye recursos fundamentales para el funcionamiento de las universidades públicas y constituye un revés político para el Poder Ejecutivo.

Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios Nacionales (ADUNA), valoró la decisión legislativa: “Es fundamental que los representantes del pueblo escuchen al pueblo y voten en consecuencia”. Sin embargo, advirtió que el avance es limitado: “Esta ley, de implementarse, volvería a poner a las universidades en el nivel en el que estaban en diciembre de 2023. Sabemos que es muy probable que el gobierno no la implemente, pero hoy tenemos que sentirnos orgullosos porque es la demostración de que luchar sirve”.

La secretaria de Relaciones Internacionales de Conadu, Yamile Socolovsky, subrayó el carácter colectivo del triunfo: “El resultado en el Senado es fruto de la unidad y de la movilización popular frente al ajuste”. Para la dirigente, el movimiento universitario logró enviar “un mensaje contundente al Congreso” y al mismo tiempo reafirmó el rol de la universidad pública como actor democrático.

Socolovsky recordó que la gestión de Javier Milei ya ha desconocido otras normas apelando a la necesidad de reducir el déficit. Por eso, advirtió que la tarea inmediata será exigir que el financiamiento se ejecute efectivamente: “Nuestra responsabilidad es defender el cumplimiento de esta ley”.

Los gremios coinciden en que el debate por el financiamiento trasciende lo estrictamente académico. “La defensa de la universidad pública constituye una bandera clave en la lucha por la soberanía, la democracia y la justicia social”, sostuvo Socolovsky, en sintonía con el diagnóstico de Petraglia y otros referentes.

Ese enfoque explica que la movilización social haya sido determinante en el proceso parlamentario: estudiantes, docentes y no docentes confluyeron en marchas y vigilias, transformando la causa universitaria en una expresión más amplia de rechazo al ajuste.

La sanción de la ley de financiamiento universitario se erige como una victoria significativa en el escenario político actual, pero también como un punto de partida. El movimiento académico celebra el logro, al tiempo que reconoce que la verdadera disputa recién comienza: lograr que el gobierno cumpla con la norma. En ese desafío, la calle seguirá siendo, como hasta ahora, el principal bastión de la universidad pública y de quienes la defienden como patrimonio colectivo de la sociedad argentina.

Miguel Agüero, dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, explicó los alcances de la Resolución 219, que establece aumentos salariales para peones, tractoristas y otras categorías entre septiembre y noviembre. El sindicalista advirtió que las primeras ofertas patronales fueron “irrisorias” y denunció la ausencia de fiscalización laboral en el sector. A fines de noviembre se volverá a discutir un nuevo esquema salarial.

La realidad de los trabajadores rurales volvió al centro de la escena con la última actualización salarial definida por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. La Resolución 219, oficializada tras intensas negociaciones, establece incrementos para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Los valores alcanzados buscan sostener el poder adquisitivo frente a una inflación persistente, aunque para el gremio siguen resultando insuficientes.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Miguel Agüero, representante de UATRE en San Juan, desglosó los principales puntos del acuerdo. El peón general mensualizado percibirá desde septiembre $904.000 más $18.000 no remunerativos, con un jornal mínimo de $39.809,40. Hacia noviembre, esas sumas se incorporarán al salario, lo que llevará el ingreso mensual bruto a $954.746,56, acompañado de un jornal garantizado de $42.002,17.

Las categorías técnicas y especializadas también fueron contempladas. El tractorista alcanzará en noviembre $1.059.410,18, con un jornal de $46.677,42, mientras que el rubro de riego presurizado, de alta especialización, superará el $1.346.000 mensual. “Estos montos son apenas un alivio frente a la inflación, pero no resuelven la profunda desigualdad que atraviesan quienes trabajan en el campo”, remarcó Agüero.

Negociaciones tensas y ofertas “irrisorias”

El dirigente sindical describió como “ardua y desgastante” la negociación. Según relató, los empleadores inicialmente ofrecieron 0% de aumento para septiembre y 1,5% para octubre, propuesta que UATRE rechazó de plano. En un segundo tramo, la oferta apenas se corrigió a 1,3% en septiembre y 1,2% en octubre, cifras que fueron calificadas por el gremio como una “burla” frente a las condiciones de esfuerzo físico, exposición a la intemperie y riesgos que caracterizan al trabajo rural.

Agüero apuntó también contra “productores maliciosos” que, en distintos departamentos de San Juan, desconocen los derechos laborales básicos y se resisten a reconocer la magnitud de la tarea rural. “El trabajador del campo sostiene con su esfuerzo la economía regional, pero a cambio recibe propuestas salariales que desconocen la realidad inflacionaria”, cuestionó.

Denuncia por falta de controles

Otro eje de la entrevista fue la ausencia de controles por parte de los organismos estatales. Según Agüero, tanto la Subsecretaría de Trabajo provincial como la Secretaría de Trabajo de la Nación “brillan por su ausencia en el campo”, lo que genera un terreno fértil para la informalidad y la evasión de obligaciones patronales.

El dirigente advirtió que la falta de fiscalización multiplica la vulnerabilidad de los trabajadores, quienes quedan “huérfanos de protección estatal” y deben recurrir únicamente a la estructura sindical para denunciar abusos. “En San Juan, muchas veces UATRE es el único sostén real para los peones frente a la indiferencia de quienes deberían controlar las condiciones laborales”, señaló.

Impacto social y económico

Más allá de las cifras, Agüero enfatizó el impacto social de la pérdida del poder adquisitivo. El ejemplo más gráfico lo dio al mencionar el precio de una garrafa de gas: “En Sarmiento cuesta 20 mil pesos, pero en Iglesia, Calingasta o Valle Fértil vale el doble. La inflación golpea mucho más fuerte en las economías regionales, y el salario nunca alcanza”.

El sindicalista también cuestionó la estrategia del gobierno nacional en materia de estadísticas: “Se busca encubrir los números reales de la inflación, pero en el campo esa realidad no se puede tapar: se mide en el costo de los alimentos, del transporte y de la vida cotidiana”.

Próxima discusión en noviembre

La Resolución 219 tiene vigencia hasta noviembre, momento en el cual volverán a reunirse las partes —UATRE, entidades rurales y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario— para discutir nuevas actualizaciones. El gremio ya adelantó que solicitará la reapertura de la paritaria antes de que concluya el mes, con el objetivo de evitar un mayor deterioro salarial.

“Queremos asegurar incrementos mensuales que fortalezcan la base sobre la cual se calcularán las futuras mejoras”, sostuvo Agüero, destacando que la estrategia gremial apunta a generar previsibilidad y continuidad en las recomposiciones.

La recomposición obtenida representa una conquista parcial para los trabajadores rurales, pero deja a la vista las profundas tensiones que atraviesan al sector: resistencia empresarial, falta de control estatal y un contexto inflacionario que licúa rápidamente cualquier incremento. El cierre de esta etapa salarial será apenas un punto de partida: en noviembre, la nueva discusión definirá si los aumentos permiten sostener el ingreso real de los peones rurales o si el conflicto se agudiza de cara al verano.