Miguel Agüero, dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, explicó los alcances de la Resolución 219, que establece aumentos salariales para peones, tractoristas y otras categorías entre septiembre y noviembre. El sindicalista advirtió que las primeras ofertas patronales fueron “irrisorias” y denunció la ausencia de fiscalización laboral en el sector. A fines de noviembre se volverá a discutir un nuevo esquema salarial.

La realidad de los trabajadores rurales volvió al centro de la escena con la última actualización salarial definida por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. La Resolución 219, oficializada tras intensas negociaciones, establece incrementos para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Los valores alcanzados buscan sostener el poder adquisitivo frente a una inflación persistente, aunque para el gremio siguen resultando insuficientes.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Miguel Agüero, representante de UATRE en San Juan, desglosó los principales puntos del acuerdo. El peón general mensualizado percibirá desde septiembre $904.000 más $18.000 no remunerativos, con un jornal mínimo de $39.809,40. Hacia noviembre, esas sumas se incorporarán al salario, lo que llevará el ingreso mensual bruto a $954.746,56, acompañado de un jornal garantizado de $42.002,17.

Las categorías técnicas y especializadas también fueron contempladas. El tractorista alcanzará en noviembre $1.059.410,18, con un jornal de $46.677,42, mientras que el rubro de riego presurizado, de alta especialización, superará el $1.346.000 mensual. “Estos montos son apenas un alivio frente a la inflación, pero no resuelven la profunda desigualdad que atraviesan quienes trabajan en el campo”, remarcó Agüero.

Negociaciones tensas y ofertas “irrisorias”

El dirigente sindical describió como “ardua y desgastante” la negociación. Según relató, los empleadores inicialmente ofrecieron 0% de aumento para septiembre y 1,5% para octubre, propuesta que UATRE rechazó de plano. En un segundo tramo, la oferta apenas se corrigió a 1,3% en septiembre y 1,2% en octubre, cifras que fueron calificadas por el gremio como una “burla” frente a las condiciones de esfuerzo físico, exposición a la intemperie y riesgos que caracterizan al trabajo rural.

Agüero apuntó también contra “productores maliciosos” que, en distintos departamentos de San Juan, desconocen los derechos laborales básicos y se resisten a reconocer la magnitud de la tarea rural. “El trabajador del campo sostiene con su esfuerzo la economía regional, pero a cambio recibe propuestas salariales que desconocen la realidad inflacionaria”, cuestionó.

Denuncia por falta de controles

Otro eje de la entrevista fue la ausencia de controles por parte de los organismos estatales. Según Agüero, tanto la Subsecretaría de Trabajo provincial como la Secretaría de Trabajo de la Nación “brillan por su ausencia en el campo”, lo que genera un terreno fértil para la informalidad y la evasión de obligaciones patronales.

El dirigente advirtió que la falta de fiscalización multiplica la vulnerabilidad de los trabajadores, quienes quedan “huérfanos de protección estatal” y deben recurrir únicamente a la estructura sindical para denunciar abusos. “En San Juan, muchas veces UATRE es el único sostén real para los peones frente a la indiferencia de quienes deberían controlar las condiciones laborales”, señaló.

Impacto social y económico

Más allá de las cifras, Agüero enfatizó el impacto social de la pérdida del poder adquisitivo. El ejemplo más gráfico lo dio al mencionar el precio de una garrafa de gas: “En Sarmiento cuesta 20 mil pesos, pero en Iglesia, Calingasta o Valle Fértil vale el doble. La inflación golpea mucho más fuerte en las economías regionales, y el salario nunca alcanza”.

El sindicalista también cuestionó la estrategia del gobierno nacional en materia de estadísticas: “Se busca encubrir los números reales de la inflación, pero en el campo esa realidad no se puede tapar: se mide en el costo de los alimentos, del transporte y de la vida cotidiana”.

Próxima discusión en noviembre

La Resolución 219 tiene vigencia hasta noviembre, momento en el cual volverán a reunirse las partes —UATRE, entidades rurales y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario— para discutir nuevas actualizaciones. El gremio ya adelantó que solicitará la reapertura de la paritaria antes de que concluya el mes, con el objetivo de evitar un mayor deterioro salarial.

“Queremos asegurar incrementos mensuales que fortalezcan la base sobre la cual se calcularán las futuras mejoras”, sostuvo Agüero, destacando que la estrategia gremial apunta a generar previsibilidad y continuidad en las recomposiciones.

La recomposición obtenida representa una conquista parcial para los trabajadores rurales, pero deja a la vista las profundas tensiones que atraviesan al sector: resistencia empresarial, falta de control estatal y un contexto inflacionario que licúa rápidamente cualquier incremento. El cierre de esta etapa salarial será apenas un punto de partida: en noviembre, la nueva discusión definirá si los aumentos permiten sostener el ingreso real de los peones rurales o si el conflicto se agudiza de cara al verano.

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), acordó con las cámaras empresarias CAMARCO y FAEC un esquema de incrementos acumulativos y sumas fijas no remunerativas para los meses de septiembre y octubre. El entendimiento impacta en las categorías de los convenios colectivos 76/75 y 577/10 y será revisado nuevamente en octubre.

El esquema definido contempla un 1,3% de aumento en septiembre sobre los básicos vigentes al 31 de agosto, y un 1,2% adicional en octubre, calculado sobre los salarios ya actualizados a septiembre. Así, por ejemplo, un Oficial Especializado en Zona A verá su salario básico diario elevarse de $5.067 en septiembre a $5.128 en octubre, mientras que un Ayudante pasará de $3.687 a $3.731. En tanto, el salario mensual de un Sereno se ubicará en $669.856 en septiembre y en $677.895 en octubre.

A estos incrementos se suma una asignación extraordinaria no remunerativa que se pagará de manera quincenal durante septiembre y octubre. Los montos previstos para la Zona A ascienden a $74.200 para el Oficial Especializado, $71.000 para el Oficial, $64.900 para el Medio Oficial y $61.800 tanto para Ayudantes como para Serenos. Si bien esta suma no integra el salario básico, se encuentra alcanzada por aportes y contribuciones a la obra social, asegurando cobertura de salud para los trabajadores.

El acuerdo también establece una cláusula de absorción, por la cual los incrementos pactados podrán compensar cualquier suba voluntaria otorgada por los empleadores desde agosto. Sin embargo, se aclara que en ningún caso la aplicación de esta cláusula podrá significar una reducción en el nivel total de ingresos percibidos por jornada normal en septiembre.

Con el objetivo de garantizar seguimiento y previsibilidad, las partes constituyeron una Comisión Especial que evaluará las variables del sector y del contexto económico. Este cuerpo se reunirá el próximo 20 de octubre para definir los ajustes correspondientes a noviembre, aunque no se descarta la convocatoria anticipada si la situación lo amerita.

La firma del acuerdo contó con la presencia de Rubén Darío Pronotti por la UOCRA, Gustavo Weiss por CAMARCO y el Dr. Ricardo Andino por FAEC, quienes solicitarán ahora la homologación ante la autoridad laboral para su plena entrada en vigencia.

Con una mayoría opositora consolidada, el Senado rechazó los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que beneficiarán al Hospital Garrahan y al sistema público de salud. El Gobierno de Javier Milei quedó obligado a promulgar ambas normas, en un nuevo revés político pese a los intentos de diálogo con sectores moderados.

Luego de que en Diputados diera media sanción a ambos proyectos por amplia mayoría, la Cámara alta terminó de ratificar la sanción por una votación de 59 afirmativos, 7 negativos, y 3 abstenciones la de emergencia pediátrica y 58 afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones la de financiamiento universitario.

La votación reflejó la consolidación de una mayoría opositora que viene articulando posiciones frente al oficialismo. A pesar de que el presidente Javier Milei buscó en las últimas semanas recomponer puentes con sectores dialoguistas mediante gestos y encuentros políticos, el oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para sostener los vetos.

La consecuencia inmediata es clara: la Casa Rosada tendrá que promulgar las leyes y aceptar la decisión del Congreso, en lo que constituye otro capítulo de la serie de derrotas legislativas que acumula el Gobierno desde el inicio de su mandato. Para el oficialismo, el resultado será leído como un retroceso en su intento por mantener control en el Parlamento.

El temario de la sesión incluyó además otros puntos de relevancia institucional, entre ellos la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y el tratamiento de dos tratados internacionales.

Al mismo tiempo, el cuerpo avanzó en el debate para otorgar media sanción al Programa Alerta Sofía, una herramienta lanzada en 2019 por el Ministerio de Seguridad con el objetivo de difundir de forma urgente casos de desapariciones de menores. La iniciativa, impulsada bajo la gestión de Patricia Bullrich, busca reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas que involucran a la niñez.

La sesión dejó al descubierto la fragilidad política del oficialismo en el Senado y la creciente capacidad de articulación de la oposición. El rechazo a los vetos no solo habilita recursos vitales para el sistema universitario y la salud pediátrica, sino que también evidencia los límites del margen de maniobra del presidente Milei en el Congreso. El desenlace confirma un nuevo traspié para el Gobierno y reconfigura el escenario político, con un Poder Legislativo que marca la agenda frente al Ejecutivo.