Con una mayoría opositora consolidada, el Senado rechazó los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que beneficiarán al Hospital Garrahan y al sistema público de salud. El Gobierno de Javier Milei quedó obligado a promulgar ambas normas, en un nuevo revés político pese a los intentos de diálogo con sectores moderados.

Luego de que en Diputados diera media sanción a ambos proyectos por amplia mayoría, la Cámara alta terminó de ratificar la sanción por una votación de 59 afirmativos, 7 negativos, y 3 abstenciones la de emergencia pediátrica y 58 afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones la de financiamiento universitario.

La votación reflejó la consolidación de una mayoría opositora que viene articulando posiciones frente al oficialismo. A pesar de que el presidente Javier Milei buscó en las últimas semanas recomponer puentes con sectores dialoguistas mediante gestos y encuentros políticos, el oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para sostener los vetos.

La consecuencia inmediata es clara: la Casa Rosada tendrá que promulgar las leyes y aceptar la decisión del Congreso, en lo que constituye otro capítulo de la serie de derrotas legislativas que acumula el Gobierno desde el inicio de su mandato. Para el oficialismo, el resultado será leído como un retroceso en su intento por mantener control en el Parlamento.

El temario de la sesión incluyó además otros puntos de relevancia institucional, entre ellos la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y el tratamiento de dos tratados internacionales.

Al mismo tiempo, el cuerpo avanzó en el debate para otorgar media sanción al Programa Alerta Sofía, una herramienta lanzada en 2019 por el Ministerio de Seguridad con el objetivo de difundir de forma urgente casos de desapariciones de menores. La iniciativa, impulsada bajo la gestión de Patricia Bullrich, busca reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas que involucran a la niñez.

La sesión dejó al descubierto la fragilidad política del oficialismo en el Senado y la creciente capacidad de articulación de la oposición. El rechazo a los vetos no solo habilita recursos vitales para el sistema universitario y la salud pediátrica, sino que también evidencia los límites del margen de maniobra del presidente Milei en el Congreso. El desenlace confirma un nuevo traspié para el Gobierno y reconfigura el escenario político, con un Poder Legislativo que marca la agenda frente al Ejecutivo.

El secretario general de AJEPROC San Juan, Claudio Navas, cuestionó las políticas de reducción de personal y la precarización salarial que afectan al Correo Argentino y Radio Nacional. Señaló que los retiros voluntarios golpearon especialmente a los cuadros jerárquicos y advirtió sobre el riesgo de que localidades enteras de la provincia pierdan cobertura postal. También destacó el papel estratégico del Correo en los próximos comicios, garantizando transparencia y trazabilidad.

La Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de las Comunicaciones (AJEPROC) de San Juan celebrará un nuevo aniversario este 7 de octubre, en un escenario marcado por la incertidumbre laboral y la amenaza de recortes. Su secretario general, Claudio Navas, expresó con firmeza que las políticas actuales buscan “desaparecer” servicios estatales históricos como el Correo Argentino y Radio Nacional.

“Nos quieren mostrar como una carga, pero nuestro trabajo demuestra lo contrario”, sostuvo. Según el dirigente, estas instituciones cumplen funciones irremplazables en materia de comunicación, integración territorial y garantía democrática, aun en los momentos más difíciles de la historia reciente.

Uno de los ejes más delicados es el impacto de los retiros voluntarios. “Nuestro sindicato agrupa a los cuadros con más experiencia: inspectores, jefes de sucursal, responsables de áreas. Son personas que hicieron toda la carrera postal y hoy están dejando la actividad. Eso nos afecta directamente”, explicó. El resultado inmediato fue una reducción de personal que, paradójicamente, generó superávit en la empresa, aunque a costa de una pérdida de capital humano clave.

Las consecuencias no se limitan a lo económico. Con el cierre de oficinas en localidades pequeñas, se vulnera el derecho a la comunicación de miles de ciudadanos. Navas señaló como ejemplo el caso de Angualasto, donde el gobierno considera “no rentable” mantener una sucursal. “Un kiosco puede ser rentable o no, pero un correo es un servicio. No puede medirse con el mismo criterio que un negocio privado”, enfatizó.

En paralelo, la situación de los medios públicos tampoco está despejada. Según el gremialista, la exclusión de Radio Nacional y del Correo de la Ley Bases dio un respiro, pero no garantiza estabilidad a futuro: “La calma actual es relativa. Estuvimos al borde de que se intentara eliminar Radio Nacional, la TV Pública y los medios estatales. El riesgo sigue latente”.

El plano salarial refleja otra arista del conflicto. Hubo un reconocimiento parcial con incrementos mínimos y una bonificación por servicios electorales, pero Navas cuestionó que gran parte de esas sumas sean “no remunerativas”: “Es un daño silencioso porque no impacta en las jubilaciones. Quien aportó toda su vida se jubila con ingresos muy bajos, y este tipo de decisiones agravan el problema”.

En contraste con ese deterioro, el Correo Argentino se prepara para desplegar una operación crucial en las próximas elecciones legislativas. Los simulacros realizados en todo el país alcanzaron altos niveles de eficacia, y se alista un operativo que incluye traslado de materiales, asistencia en escuelas y transmisión digital de resultados. “En cada elección, en cada catástrofe o situación de emergencia, el Correo está presente. Lo mismo ocurrió durante la pandemia, cuando fuimos esenciales y no paramos un solo día”, recordó Navas.

Para el sindicalista, el debate trasciende lo gremial: “Defender al Correo y a Radio Nacional es defender la cohesión territorial y la democracia. Sin servicios públicos no hay integración real ni elecciones transparentes”.

El testimonio de Claudio Navas sintetiza el dilema actual: mientras el Correo Argentino muestra capacidad para sostener la logística electoral y cumplir con exigencias tecnológicas modernas, la reducción de planteles y la precarización laboral amenazan con erosionar esa fortaleza. La advertencia de AJEPROC San Juan es un llamado de atención: si se sigue debilitando el empleo estatal y la cobertura postal, lo que se pierde no es sólo trabajo, sino también soberanía territorial y calidad democrática.

Con subas que van del 1% al 7% y sumas fijas que buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo, más de quince gremios aplicarán aumentos salariales en octubre. El impacto abarca sectores estratégicos como transporte, comercio, construcción, bancarios, alimentación y estatales.

El arranque de octubre de 2025 trae consigo un nuevo capítulo en la pulseada entre gremios y Gobierno por la actualización de haberes en un contexto de inflación persistente. De acuerdo con los convenios paritarios firmados en los últimos meses, múltiples sindicatos implementarán ajustes salariales que, en algunos casos, incluyen bonos extraordinarios y sumas no remunerativas.

Los camioneros, encabezados por la Federación Nacional, recibirán un incremento del 1,1% sobre el salario de septiembre, llevando el haber mensual a más de $811.000, al que se añadirá un 1% adicional en noviembre.

En el sector rural, la UATRE fijó el salario mínimo para el personal permanente en $954.746,57, lo que representa un avance frente a los $922.903,02 del mes anterior. La medida busca garantizar estabilidad en un rubro sensible a la dinámica del agro.

Los vigiladores privados, nucleados en la UPSRA, percibirán un 2,83% en octubre, con actualizaciones previstas para noviembre y diciembre. La actividad, considerada esencial, atraviesa un proceso de revisión constante por su peso en la seguridad preventiva.

El rubro avícola, representado por la Federación de Alimentación, completa un aumento acumulado del 6,7% en el trimestre agosto-octubre, luego de tensas negociaciones que incluyeron reclamos por mejores condiciones laborales.

En tanto, la sanidad privada aplica un esquema escalonado: 1,9% en agosto, 1,7% en septiembre y 1,6% en octubre, sumado a una asignación no remunerativa mensual de $60.000.

Otros sectores también avanzan con mejoras:

Trabajadores de la carne: 1% más suma fija de $20.000.

Comercio: 1% en octubre y un extra de $40.000 no remunerativo.

Construcción (UOCRA): actualización de escalas con jornales que superan los $3.700.

Gastronómicos (UTHGRA): aumentos escalonados y sumas adicionales que impactan en los básicos.

Bancarios: 1,9% indexado al IPC de agosto, con salario inicial que roza los $2 millones.

Encargados de edificios (FATERYH): 1,8% en septiembre y bono de $50.000 que pasará al básico en diciembre.

Heladeros: 7% no remunerativo en octubre, con impacto en el básico desde noviembre.

Mineros (AOMA): 2% adicional en octubre, acumulando subas que elevan el salario promedio a $1,2 millones.

UTEDYC (clubes y entidades deportivas): 8% escalonado de julio a octubre.

Seguros: aumentos de entre 1,5% y 2% según rama, con mejoras de hasta 13% en Vida y Retiro.

Estatales bonaerenses: 5% distribuido en dos tramos.

Estatales nacionales: 1,1% más $20.000 fijo en octubre, dentro de un 7,5% hasta noviembre.

Telefónicos (CONSITEL): 1,9% en octubre, más pagos extraordinarios.

Vendedores viajantes: salario de base que asciende a $735.258 en octubre.

Estaciones de servicio: 1% de suba más $20.000 no remunerativos.

Médicos privados (AMAP): incrementos mensuales y suma fija de $60.000, con cláusula de revisión en noviembre.

La lista, amplia y diversa, refleja la heterogeneidad de la negociación colectiva: mientras algunos sectores apenas logran empatar con la pauta oficial del 1% mensual, otros obtienen incrementos superiores que buscan anticiparse a la inflación, acumulada en 19,5% en lo que va de 2025.

Las paritarias de octubre evidencian la tensión estructural entre la pauta de aumentos moderados impulsada por el Gobierno y las demandas gremiales en un escenario de precios en alza. Si bien varios sindicatos lograron acuerdos que superan la pauta oficial, el denominador común es la búsqueda de preservar el poder adquisitivo en un contexto de incertidumbre económica.

De cara a noviembre, se esperan nuevas rondas de revisión, especialmente en sectores estratégicos como la alimentación, la salud y los servicios públicos, lo que anticipa un cierre de año marcado por la negociación permanente.