La cadena de supermercados francesa atraviesa un proceso decisivo: busca desprenderse de sus operaciones en Argentina y concentra su estrategia global en mercados más rentables. Entre los interesados figuran Coto, Cencosud, el Grupo De Narváez y un holding peruano. La definición se espera antes de fin de año.

El futuro de Carrefour en Argentina está en plena definición. Según fuentes del sector, la multinacional francesa avanza en un proceso de venta de sus activos locales, administrado por un banco de inversión internacional que ya habría recibido las ofertas finales.

“Hay entre cuatro y cinco grupos que están pujando por la operación”, confirmaron desde el entorno empresario. La salida responde a una decisión estratégica del holding global: concentrar su presencia en mercados de mayor rentabilidad —como Francia, España y Brasil— y reducir su exposición en países con alta volatilidad económica y regulatoria, como Argentina.

En los últimos años, la cadena sufrió los efectos combinados de una caída sostenida del consumo, inflación persistente y márgenes cada vez más estrechos, un escenario que erosionó su rentabilidad local y aceleró la decisión de repliegue.

Coto, GDN y Cencosud, entre los finalistas

En la etapa final de la negociación aparecen cinco grandes interesados: el Grupo De Narváez (GDN), Cencosud, Coto, el fondo estadounidense Klaff Realty y un holding peruano, identificado por fuentes del mercado como Intercorp, aunque sin confirmación oficial. También habría un empresario argentino asociado a capitales extranjeros que presentó una propuesta de último momento.

De ese grupo, GDN, Coto y Klaff Realty serían los que cuentan con mayores posibilidades, al haber presentado las ofertas más completas y alineadas con las condiciones de la operación. “La definición es inminente; todo indica que se resolverá antes de fin de año”, señaló un ejecutivo cercano al proceso.

La magnitud del negocio es considerable: Carrefour Argentina cuenta con más de 600 tiendas distribuidas en 22 provincias, incluyendo hipermercados, locales Express y Market, además de centros logísticos y una estructura de más de 15.000 empleados directos.

Cuatro décadas que cambiaron la historia del consumo

El desembarco de Carrefour marcó un antes y un después en el comercio minorista argentino. En 1982, la empresa inauguró en San Isidro su primer hipermercado, el primero del país, e introdujo un concepto que transformó los hábitos de compra de millones de argentinos.

A lo largo de las siguientes décadas, la compañía consolidó su liderazgo a través de fusiones y adquisiciones estratégicas. En 2001 absorbió los supermercados Norte, y en 2012 incorporó 129 tiendas EKI, fortaleciendo su capilaridad en el Área Metropolitana y el interior de país. En 2022, la filial local celebró su 40° aniversario, destacando su papel como empleador e innovador en el sector.

De Francia al mundo: la historia de un pionero

Fundada en 1959 por las familias Fournier y Defforey, Carrefour —que en francés significa “cruce de caminos”— revolucionó la industria minorista al crear el formato de hipermercado en 1963, en la localidad de Sainte-Geneviève-des-Bois.

El modelo, que combinaba la venta de alimentos con productos del hogar, tecnología y moda en un mismo espacio, con estacionamiento gratuito y precios competitivos, fue una innovación disruptiva. En pocas décadas, Carrefour se convirtió en el líder europeo y en el segundo grupo de retail más grande del mundo, solo detrás de Walmart.

Hoy, la compañia opera más de 14.000 tiendas en 40 países, con una facturación que supera los 80.000 millones de euros anuales.

Un cierre con impacto simbólico

La posible salida de Carrefour de la Argentina no solo implica el traspaso de una marca emblemática, sino también el fin de una etapa en la historia del consumo masivo. La empresa fue, durante más de cuatro décadas, sinónimo de innovación, escala y accesibilidad para amplios sectores de la población.

La resolución de la venta, prevista para antes de fin de año, marcará el comienzo de una nueva fase en el mapa del retail argentino, con jugadores locales y regionales disputando un negocio que, pese a las dificultades, sigue siendo clave para la economía nacional.

El caso Carrefour refleja el reacomodamiento del capital global en tiempos de incertidumbre, donde los grandes grupos reevalúan sus prioridades y ajustan su presencia según las condiciones de cada mercado. Para la Argentina, el desenlace será más que una operación comercial: será una señal del grado de confianza —o de desconfianza— que despierta hoy su economía entre los principales actores internacionales del retail.

Desde diciembre de 2023, el sector de ciencia y tecnología perdió 5.143 empleos, según un informe del Grupo EPC-CIICTI. El CONICET, el INTI y el INTA concentran la mayor reducción de personal, mientras que empresas públicas estratégicas como FADEA, NASA y ARSAT también sufrieron recortes. Especialistas advierten que el sistema científico argentino atraviesa su peor crisis desde el retorno de la democracia.

La cifra refleja un proceso de desarticulación sostenida del aparato estatal dedicado a la producción de conocimiento, afectando tanto a organismos públicos como a empresas estatales estratégicas. El documento revela que 4.481 empleos se perdieron en organismos dependientes de la Administración Pública Nacional, mientras que 711 correspondieron a empresas del sector.

CONICET, INTI e INTA: los más golpeados por el ajuste

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) encabeza la lista de organismos más afectados, con 1.912 trabajadores menos en los últimos 24 meses. Le siguen el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ambos con reducciones significativas en sus plantillas.

Según el informe, los organismos transversales del sistema —como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICT) y la Agencia I+D+i— perdieron el 40% de su personal, un dato que evidencia el alcance de los recortes.

El impacto también se trasladó al ámbito empresarial. FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones, redujo su planta en 220 trabajadores, mientras que la Nucleoeléctrica Argentina (NASA) despidió 221 empleados. En ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado, la merma alcanzó los 124 puestos.

El deterioro del CONICET: becas y carreras científicas en retroceso

El Grupo EPC-CIICTI realizó un análisis desestacionalizado que muestra la magnitud del deterioro dentro del CONICET. Desde septiembre de 2023, se eliminaron 1.502 becas de investigación y 585 cargos de investigadores de carrera, lo que equivale a 2.087 empleos menos en dos años.

El recorte no solo implica una reducción de personal, sino una pérdida de capacidades científicas y tecnológicas acumuladas durante décadas. Los programas de becas son la base de la renovación generacional del sistema, y su caída afecta de manera directa la continuidad de líneas de investigación en universidades y centros científicos de todo el país.

Un sistema científico que pierde escala

El estudio también incorpora un análisis comparativo con otros países. Según el Grupo EPC-CIICTI, “cualquier comparación internacional —por ejemplo, referida a los datos de la OCDE— demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala y por la persistente ausencia de inversión privada en I+D”.

En ese sentido, el informe destaca que Argentina cuenta con apenas tres investigadores cada mil habitantes, mientras que “los países desarrollados a los que el Presidente dice aspirar, llegan a tener hasta diecisiete”.

La brecha, señalan los especialistas, no solo refleja la falta de recursos, sino también una pérdida de visión estratégica respecto al papel del conocimiento científico como motor de desarrollo económico, tecnológico y social.

Contexto y consecuencias: el impacto del ajuste sobre el futuro

La contracción del empleo en el sector de ciencia y tecnología se enmarca en una política de ajuste fiscal y reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Milei. La decisión de congelar ingresos, suspender becas y paralizar proyectos tiene efectos que trascienden lo inmediato: muchos científicos emigran o buscan alternativas en el sector privado, mientras las instituciones pierden capacidad operativa.

Para los especialistas, el proceso actual no solo debilita la estructura científica, sino que rompe el tejido institucional que sostiene la producción de conocimiento en el país. “El sistema está siendo desmantelado por goteo. Cada renuncia o despido implica una pérdida de saber acumulado que llevará años recuperar”, advirtió un investigador del CONICET consultado por el informe.

Con el impulso político obtenido tras las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional acelera la redacción de una reforma laboral que busca ser debatida en sesiones extraordinarias antes de fin de año. Aunque todavía no hay un texto oficial, los borradores que circulan entre laboralistas y dirigentes sindicales despertaron una fuerte preocupación: para muchos especialistas, el anteproyecto pone en riesgo derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En los estudios jurídicos ya comenzó el análisis técnico de los puntos más controvertidos. La coincidencia entre los expertos es casi unánime: varias de las modificaciones vulnerarían garantías constitucionales básicas, lo que anticipa una intensa judicialización si el proyecto llega al Congreso tal como está.

Jornadas de hasta 12 horas: “un retroceso de un siglo”

Uno de los aspectos más sensibles es la posibilidad de extender la jornada laboral de ocho a doce horas diarias. Hoy la legislación vigente establece un máximo de ocho horas por día o 48 semanales, con límites más estrictos para el trabajo nocturno y para menores de edad.

Para los especialistas, la medida colisiona con el principio constitucional de “jornada limitada” y con tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. “Sería un retroceso de cien años en materia de derechos laborales”, sintetizó un abogado del fuero laboral. La ampliación horaria, advirtieron, afecta la salud y la seguridad del trabajador, pilares que el derecho del trabajo protege desde principios del siglo XX.

Vacaciones fraccionadas y pagos parciales: el descanso en riesgo

Otro punto bajo observación es la división del período de vacaciones en varios tramos, lo que diluye la finalidad del descanso prolongado. La jurisprudencia argentina ha sostenido que el objetivo del régimen vacacional es la recuperación física y mental del trabajador, un propósito que se perdería con interrupciones o fraccionamientos sucesivos.

Además, los pagos parciales de vacaciones o indemnizaciones —también contemplados en el borrador— serían, según los laboralistas, una forma de precarización encubierta, incompatible con el derecho de propiedad y el principio de integralidad salarial que protege la Constitución.

Indemnizaciones con tope y en cuotas: alivio para empresas, costo para empleados

La iniciativa prevé que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, con un tope de 10 sueldos. Este esquema choca de lleno con la LCT, que establece una compensación equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, sin límite y con pago íntegro.

“Más allá del argumento de aliviar la carga a las pymes, en los hechos se traslada el costo del despido al trabajador”, explican los abogados laboralistas. Además, el Código Civil y Comercial prohíbe el pago parcial de deudas si el acreedor no lo acepta, lo que sumaría otro conflicto jurídico.

Banco de horas: flexibilidad con pérdida salarial

El borrador introduce la figura del “banco de horas”, un sistema que permitiría compensar horas extras con días de descanso, eliminando el pago con recargo. El Gobierno lo presenta como una herramienta de “modernización”, pero desde el sindicalismo advierten que, en la práctica, implica una reducción del salario real y una mayor disponibilidad horaria sin retribución económica.

Actualmente, la LCT establece un recargo del 50% o del 100% según el día y horario de las horas extras, un esquema que protege al trabajador de los abusos en la carga laboral.

El regreso de los “tickets canasta”: la sombra de los 90

Entre los puntos más polémicos figura el posible retorno de los vales de comida o “tickets canasta”, eliminados en 2007. Este sistema, característico de la flexibilización laboral de los años 90, fue declarado de carácter salarial por la Corte Suprema en 2009, al reconocer que debía integrarse a los aportes y contribuciones.

De reinstaurarse, advierten los especialistas, se excluiría parte del salario de los aportes jubilatorios y del cálculo de indemnizaciones, lo que debilitaría la protección social del trabajador y reproduciría esquemas ya superados.

Fin de la ultraactividad: golpe a la negociación colectiva

La propuesta también contempla eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, su vigencia automática hasta que se firme un nuevo acuerdo. Para los expertos, esta decisión desequilibra las relaciones laborales y debilita el poder de negociación sindical, en abierta contradicción con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen jerarquía constitucional en Argentina.

“Quitar la ultraactividad es desconocer los compromisos internacionales del país y retroceder en materia de libertad sindical”, alertaron fuentes gremiales.

Una reforma en conflicto con la Constitución

De aprobarse en los términos actuales, la reforma nacería con serias inconsistencias jurídicas, advierten los especialistas. Las modificaciones afectarían artículos centrales de la LCT sin revisar su estructura general, lo que generaría conflictos de interpretación y posibles planteos de inconstitucionalidad.

“No es una modernización del trabajo, sino una reedición de las recetas de los años 90”, sostienen desde el ámbito sindical. Mientras tanto, en los estudios de abogados laboralistas ya se preparan los argumentos que podrían llevar la disputa a los tribunales.

La pulseada recién comienza, pero el horizonte anticipa una batalla legal que podría redefinir los límites entre la flexibilidad empresarial y los derechos laborales.