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La junta interna del INDEC advirtió que el Gobierno manipula las cifras de pobreza para mostrar una mejora artificial en los indicadores sociales y utilizarlos con fines electorales. Denuncian precarización laboral, pérdida de salario real, vaciamiento técnico por la salida de profesionales y reclaman un organismo independiente de los gobiernos de turno.

El detonante: la cifra de los “12 millones”

El anuncio oficial de que más de 12 millones de personas habrían salido de la pobreza encendió la alarma dentro del propio INDEC. La junta interna calificó esa lectura como “una interpretación errónea y maliciosa” de los datos difundidos, que no resiste “el mínimo análisis”.

Según los trabajadores, la afirmación se basa en una comparación sesgada que omite el salto de 12 puntos registrado tras la devaluación de diciembre de 2023 y utiliza de manera incorrecta la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que solo cubre a 30 millones de personas en 31 aglomerados urbanos.
“Para que esa cifra fuera cierta, la caída debería superar el 33%, y eso no sucedió”, puntualizaron.

El “uso electoral” de las estadísticas

En un comunicado difundido tras la publicación de los datos, los trabajadores advirtieron que el Poder Ejecutivo busca “desacreditar la labor técnica de más de mil empleados” para sostener el plan económico oficial con fines electorales.
“La pobreza no cayó por crecimiento económico ni por mejora en el mercado laboral, sino por un rebote estadístico parcial”, señalaron.

Además, denunciaron que el Gobierno soslaya otros indicadores clave:

. Precarización laboral en aumento.

. Caída del salario real en el sector público.

. Desempleo creciente en polos industriales como el conurbano bonaerense.

. Fuerte pérdida de puestos en la construcción.

Crisis interna en el organismo

Más allá de la manipulación de datos, la junta interna alertó sobre el vaciamiento progresivo del INDEC. Los bajos salarios empujan a la salida permanente de técnicos y profesionales calificados, lo que degrada la calidad del trabajo estadístico.

“El Gobierno quiere utilizar el organismo con fines electorales, denostando el esfuerzo de sus equipos y profundizando el ajuste interno”, denunciaron.

. Reclamos concretos

. La junta interna del INDEC reiteró las demandas que ya había planteado en julio:

. Un INDEC independiente de los gobiernos de turno.

. Urgente aumento salarial para todas las modalidades de contratación.

. Apertura de la mesa de negociación paritaria.

. Fin de la precarización laboral en el Estado.

. Pago de un bono de $180.000.

. Cese de los despidos y reincorporación de los cesanteados.

El comunicado de los trabajadores del INDEC expone la brecha entre el discurso oficial y la realidad técnica del organismo que produce los datos más sensibles del país. Mientras el Gobierno utiliza las estadísticas para anunciar mejoras espectaculares en la pobreza, la propia planta del instituto denuncia manipulación, vaciamiento y pérdida de independencia.

En el trasfondo, lo que se juega es algo más que la credibilidad de un indicador puntual: se trata de la confianza en la capacidad del Estado para producir información veraz, transparente y libre de presiones políticas.

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Educación técnica en emergencia: AMET denuncia ajuste contra la educación técnica

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Daniel Quiroga, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMETS) en la provincia, advirtió que el proyecto de presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei elimina partidas esenciales para la educación técnica, agrotécnica y de formación profesional. El gremio, que acaba de conformar una nueva regional en Catamarca, anticipa negociaciones con legisladores y no descarta medidas de fuerza a nivel nacional.

El proyecto de presupuesto nacional para 2026 encendió fuertes alarmas en el ámbito educativo, en particular entre los docentes técnicos. Según denunció Daniel Quiroga, titular de AMET en San Juan, el artículo 30 del texto oficial suprime los fondos específicos destinados a las escuelas técnicas, agrotécnicas y de formación profesional, lo que representaría un golpe directo al futuro de miles de estudiantes.

“Estamos hablando de un desfinanciamiento que afecta a nuestros hijos, a los jóvenes que necesitan de la educación técnica para formarse como profesionales y construir el desarrollo productivo del país”, sostuvo Quiroga en diálogo con este medio.

El reclamo se consolidó en Catamarca, donde se celebró un congreso con más de mil delegados y se lanzó la nueva regional de AMET en esa provincia. El encuentro, respaldado por la CGT local, no sólo permitió debatir estrategias pedagógicas y organizativas, sino que también generó un pronunciamiento categórico contra la iniciativa del Ejecutivo nacional.

El dirigente sindical recordó que tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley de Educación Técnico-Profesional, sancionadas en 2005 por unanimidad en el Congreso, obligan al Estado a sostener el financiamiento de este sector. “No se trata de un capricho gremial: son normas vigentes que garantizan derechos y que fueron respaldadas por todo el arco político. Desconocerlas es un retroceso histórico y un ataque al futuro de la Argentina”, afirmó.

En la provincia de San Juan, los efectos ya se hacen sentir: existen 14 escuelas técnicas, 13 agrotécnicas y más de 70 centros de formación laboral que nuclean a unos 25 mil estudiantes. “El presupuesto se redujo de manera exponencial desde 2023 y si este proyecto se aprueba, quedarán al borde del colapso. Estamos hablando de perder oportunidades educativas y laborales para toda una generación”, advirtió el gremialista.

Crisis educativa y perspectivas

El referente de AMET sumó otro dato preocupante: sólo el 10% de los alumnos logra finalizar el trayecto completo en las escuelas técnicas. “Ese indicador ya muestra la fragilidad del sistema. Si se retiran los fondos, la situación será aún más grave y se multiplicarán las deserciones”, alertó.

Por ello, Quiroga inició conversaciones con senadores y diputados nacionales, con el objetivo de lograr la eliminación del artículo 30 del presupuesto. La estrategia incluye a legisladores de diferentes bloques y provincias. “Cada gobernador debería defender lo que corresponde a su distrito, más allá de su color político. No se puede permitir que los fondos educativos se transformen en moneda de presión o negociación partidaria”, subrayó.

El representante sindical no descartó que, de no prosperar las negociaciones, se definan medidas de fuerza conjuntas con otros gremios. La próxima semana, los delegados de cada escuela se reunirán para evaluar el escenario y definir acciones a seguir.

La docencia técnica argentina se encuentra en estado de alerta. El recorte previsto en el presupuesto 2026 no sólo amenaza con paralizar a cientos de escuelas y dejar sin recursos a decenas de miles de estudiantes, sino que también pone en riesgo un modelo de país basado en la formación, la industria y el trabajo calificado.

Con un encuentro regional en Catamarca, el apoyo de la CGT y un frente sindical en expansión, AMET se prepara para dar batalla en todos los frentes: legislativo, político y gremial. El desenlace será clave no sólo para la educación técnica, sino para el futuro laboral y productivo de las próximas generaciones.

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La canasta básica del jubilado supera $1,5 millones y cuadruplica la mínima

La Defensoría de la Tercera Edad estimó en $1.514.074 el valor de la canasta básica que refleja el costo de vida de los jubilados en septiembre de 2025. El informe expone la creciente distancia con la jubilación mínima, que con bono alcanza $390.277, y alerta sobre la situación crítica de quienes cobran pensiones no contributivas o la PUAM.

La nueva medición de la Defensoría de la Tercera Edad confirma un panorama alarmante para la población jubilada. En solo seis meses, la canasta básica que estima las necesidades esenciales de los mayores aumentó un 26,12 %, ubicándose en $1.514.074 mensuales.

La composición del gasto revela la presión de los rubros centrales: medicamentos representan el 27 % del total ($402.880), la alimentación un 23 % ($348.000), la vivienda un 19 % ($294.000) y los artículos de limpieza un 7 % ($107.444). Se trata de cifras obtenidas en base a relevamientos en áreas urbanas donde se concentra la mayor proporción de personas mayores, como Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza.

La brecha con las jubilaciones mínimas

La disparidad entre el costo de vida y los haberes previsionales es abismal. En septiembre de 2025, la jubilación mínima —incluyendo el bono extraordinario de $70.000— alcanzó los $390.277,17, apenas una cuarta parte de la canasta estimada.

La situación se agrava en los casos de pensiones más bajas. La Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) se ubicó en $326.221,74, mientras que las pensiones no contributivas rondaron los $294.194,02. Estos montos, advierte la Defensoría, “están lejos de garantizar una subsistencia digna” y consolidan un escenario de creciente vulnerabilidad para uno de los sectores más golpeados por el ajuste económico.

El organismo subrayó en su informe que los datos “ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector jubilado”. La expresión refleja no solo la insuficiencia de los ingresos frente al costo de vida, sino también la presión de gastos ineludibles como los medicamentos, que se llevan más de una cuarta parte del presupuesto mensual estimado.

La escalada de la canasta del jubilado expone el deterioro estructural del sistema previsional argentino. Con un costo de vida que supera el millón y medio de pesos y haberes mínimos que apenas cubren una fracción de esa cifra, los adultos mayores enfrentan un escenario de creciente exclusión. La disparidad no solo es un indicador económico, sino también un síntoma social: la brecha entre ingresos y necesidades elementales se amplía, colocando a millones de jubilados y pensionados en una situación crítica que reclama soluciones urgentes.

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Moyano y Barrionuevo desafían al sector dialoguista en la antesala de la renovación sindical

A un mes de la elección de autoridades, la Confederación General del Trabajo atraviesa una puja decisiva. Mientras los sectores dialoguistas promueven una terna con Jorge Solá, Maia Volcovinsky y Cristian Jerónimo, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo buscan imponer sus propios candidatos. La interna se mezcla con los preparativos de un inédito acto del 17 de octubre, que apelará a la tecnología para narrar la historia del peronismo.

La interna sindical: un triunvirato en disputa

Tras la reunión del Comité Central Confederal del 18 de septiembre, todo indica que la CGT reeditará el esquema de un triunvirato para el período 2025-2029. El consenso generalizado sobre la necesidad de “unidad” parecía allanar el camino para los candidatos impulsados por el sector dialoguista —Jorge Solá (Seguros), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Cristian Jerónimo (Vidrios)—, pero la calma duró poco.

Luis Barrionuevo, histórico jefe de Gastronómicos, agitó primero el tablero. Aunque en un inicio defendía un esquema de secretario único, terminó proponiendo un trinomio propio con Sebastián Maturano (La Fraternidad), Gustavo Vila (Carga y Descarga) y Aníbal Lubaczewski (Textiles). Incluso deslizó la posibilidad de sumar una cuarta dirigente mujer, en un gesto más provocador que real. Sus sugerencias, sin embargo, no fueron tomadas demasiado en serio por el resto de la central.

La presión más contundente provino de Hugo Moyano. A sus 81 años, el líder camionero recuperó protagonismo tras apartar del gremio a su hijo Pablo y promover a otro de sus hijos, Huguito, como candidato a diputado por Fuerza Patria. Moyano insiste ahora en que Octavio Argüello, representante de Camioneros, integre el nuevo triunvirato. La avanzada amenaza con desplazar a Jerónimo, mientras que la inclusión de una mujer parece asegurada para garantizar equilibrio en la conducción.

Estrategias y movimientos en las sombras

La pulseada tiene un trasfondo político claro: cada sector busca asegurar espacios de poder en una CGT que deberá enfrentar la crisis social y económica derivada de las políticas de Javier Milei. Según fuentes sindicales, la postulación de Argüello podría ser, en realidad, una jugada de Moyano para favorecer el ascenso de su hijo Jerónimo como secretario de Juventud, lugar hoy ocupado por Sebastián Maturano.

Mientras tanto, los dialoguistas se mantienen cautelosos y evitan confirmaciones públicas. El único que expresó abiertamente su disposición a conducir fue Jorge Solá, actual secretario de Comunicación, aunque en su entorno admiten que preferiría un esquema de unicato antes que compartir la conducción.

El 17 de octubre “moderno”: mapping y streaming

En paralelo a las tensiones internas, la CGT prepara un acto conmemorativo inusual para el próximo 17 de octubre. En lugar de una movilización masiva con discursos en la calle, se organizará una serie de actividades en la denominada “semana de la lealtad”. El plato fuerte será un mapping sobre el histórico edificio de Azopardo, donde se proyectará la historia del peronismo, emulando experiencias como el espectáculo del Cabildo durante el Bicentenario en 2010.

La propuesta, impulsada por Solá, busca actualizar la forma de conmemorar la fecha fundacional del movimiento peronista. El evento será transmitido en vivo por Azopardo Stream, el canal digital de la central, y se complementará con intervenciones culturales en espacios públicos como estaciones de tren y plazas.

La CGT encara semanas decisivas entre la conmemoración de su efeméride más emblemática y la definición de su futuro liderazgo. El “acto moderno” del 17 de octubre será la vidriera de una central que intenta mostrarse renovada, mientras en sus pasillos se libra una batalla de poder clásica: nombres, alianzas y operaciones cruzadas. La incógnita persiste: quiénes integrarán finalmente el triunvirato que deberá conducir al sindicalismo argentino en uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

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