Taxistas de Mendoza exigen a Cornejo reformas a la Ley de Movilidad para frenar a las apps
El Sindicato de Obreros Taxistas de Mendoza presentó una carta abierta al gobernador Alfredo Cornejo en la que reclama modificaciones urgentes a la Ley de Movilidad 9086. La organización denuncia competencia desleal de las plataformas digitales de transporte, advierte sobre precarización laboral y exige condiciones impositivas y técnicas equivalentes a las que se aplican a taxis y remises.
El conflicto entre el transporte tradicional y las aplicaciones digitales sumó un nuevo capítulo en Mendoza. El Sindicato de Obreros Taxistas de Mendoza (SOTM) difundió este lunes una carta abierta dirigida al gobernador Alfredo Cornejo, donde reclama la intervención inmediata del Ejecutivo provincial y del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) para frenar lo que consideran un “avance desmedido” de plataformas como Uber, Cabify, Didi y Maxim.
El documento, firmado por el secretario general Luis Alvado, refleja el malestar acumulado del sector. Según el SOTM, desde octubre de 2024 vienen advirtiendo a las autoridades sobre las consecuencias de la expansión de estas apps, sin obtener respuestas concretas. “La falta de compromiso de las autoridades frente a nuestros planteos agrava la precarización y pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, señala la misiva.
El sindicato plantea que la Ley de Movilidad 9086, vigente en la provincia, requiere reformas inmediatas para restablecer condiciones de equidad entre taxis, remises y plataformas digitales. Entre los puntos centrales del reclamo se destacan:
. Poner fin a la competencia desleal en materia laboral y previsional.
. Limitar la cantidad de vehículos habilitados por aplicación.
. Obligar a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) utilizadas por las apps a tributar en igualdad de condiciones.
. Exigir requisitos técnicos similares a los del sector tradicional: antigüedad del vehículo, instalación de GPS, controles técnicos y sanitarios.
. Intensificar los operativos de fiscalización impositiva.
. Regular las tarifas de las aplicaciones para evitar la subvaluación que afecta la rentabilidad de taxis y remises.
El SOTM asegura que estas medidas buscan “garantizar el derecho al trabajo digno” y evitar una mayor precarización del sector. La advertencia llega en un contexto en el que las aplicaciones han captado una porción creciente del mercado mendocino gracias a su flexibilidad tarifaria, su tecnología de geolocalización y la posibilidad de operar sin las restricciones que enfrentan los taxis.
La disputa refleja un dilema que atraviesa a muchas provincias y ciudades del país: cómo regular el choque entre un servicio público tradicional y la irrupción de plataformas que operan bajo una lógica de mercado global. Mientras las apps ofrecen comodidad y tarifas más competitivas, los taxistas denuncian que se trata de un modelo basado en la evasión fiscal y en la desprotección laboral de los choferes.
El reclamo al gobernador Cornejo implica además un componente político. Mendoza fue pionera en legalizar el funcionamiento de las aplicaciones, pero lo hizo bajo una normativa que, según los gremios, terminó favoreciendo a las plataformas antes que a los trabajadores locales. La tensión, entonces, no se limita a lo económico: toca también el debate sobre soberanía regulatoria y la capacidad del Estado provincial para equilibrar intereses en disputa.
La carta abierta del SOTM busca reinstalar un debate que no ha perdido vigencia: la necesidad de reglas claras para un sector en transformación acelerada. Al plantear la exigencia de condiciones impositivas, técnicas y laborales equivalentes, los taxistas de Mendoza ponen sobre la mesa un problema estructural que excede las fronteras provinciales. La respuesta de Cornejo será clave para definir si la provincia avanza hacia un esquema de regulación equilibrada o si profundiza la liberalización en favor de las plataformas digitales. Lo cierto es que el conflicto, lejos de cerrarse, amenaza con escalar en las calles y en la Legislatura, donde el gremio promete hacer sentir su peso.
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Entre el acuerdo salarial y la reforma laboral: la mirada de Martín Solazzo (UOM San Juan)
El secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, analizó el acuerdo salarial alcanzado tras 90 días de negociaciones. Destacó los avances para los trabajadores, señaló el deterioro del empleo industrial y cuestionó el rumbo económico y laboral del Gobierno. También advirtió por el impacto de las homologaciones demoradas y la falta de diálogo oficial.
La Unión Obrera Metalúrgica concluyó un extenso proceso de negociaciones paritarias para el período septiembre 2025–marzo 2026, en un contexto nacional marcado por cierres de plantas, caída del empleo y tensiones políticas por la inminente reforma laboral. Martín Solazo, hizo un balance del acuerdo y trazó un diagnóstico severo sobre la situación industrial del país.
“Fueron tres meses de negociaciones, pero finalmente logramos un entendimiento razonable para el trabajador dentro del contexto actual”, señaló el dirigente. El esquema contempla un 3,14% para septiembre —correspondiente a la paritaria previa y que nunca llegó a aplicarse—, un 4,2% en noviembre y otro 4,2% en enero. El resto de los meses se complementan con bonos de suma fija: $35.000 en octubre y diciembre, $15.000 en noviembre y enero, $25.000 en febrero y nuevamente $35.000 en marzo.
Según explicó Solazzo a Mundo Laboral SJ, la combinación entre porcentuales y montos fijos permitió superar el nivel de aumento que buscaba limitar el Gobierno. “La sumatoria da un 12% y, siendo acumulativo, llega a un 14%. El Gobierno pretendía que no se pasara del 7 a 7,6% en estos siete meses. Si nos guiábamos solo por porcentuales, perdíamos; los bonos fueron claves para sostener el salario.”
Además, la UOM logró dejar asentado que la base de cálculo para abril de 2026 se incrementará automáticamente en un 5%, punto que había sido acordado meses atrás pero que las cámaras empresarias no habían aplicado por problemas de redacción. Esta corrección queda ahora formalmente incorporada como piso para la paritaria 2026–2027.
Homologación y revisiones: el otro frente abierto
El referente gremial advirtió, no obstante, sobre un problema que se volvió frecuente en el último año: las demoras en la homologación de acuerdos por parte de la Secretaría de Trabajo. “Venimos padeciendo esperas de 60 u 80 días. Esperamos que esta vez no pase lo mismo”, expresó.
También confirmó dos instancias de revisión: una en enero —para medir el impacto inflacionario del fin de año— y otra en marzo. Según explicó, diciembre suele ser un mes de fuerte presión de precios y es clave analizar si el poder adquisitivo queda rezagado.
Un sector golpeado: cierres, retiros y un modelo sin industria
Más allá del acuerdo salarial, Solazzo describió un panorama industrial crítico. Señaló cierres recientes que golpearon al sector metalúrgico y a la actividad manufacturera en general.
“Empresas históricas como SKF o Whirlpool se están yendo después de décadas. Son señales claras del daño que hace un modelo económico sin horizonte industrial”, afirmó. Para el dirigente, la caída del consumo —a su vez consecuencia de la pérdida salarial— profundiza el deterioro del mercado interno y acelera el cierre de plantas. “Si hay un mal salario, no hay consumo, y sin consumo la industria se cae. Es directamente proporcional.”
El líder metalúrgico remarcó que la UOM busca acuerdos que puedan asumir tanto grandes firmas como pymes, pero reconoció que la situación económica vuelve cada negociación más compleja. “Seguimos estando varios puntos abajo. En algún momento hay que recuperar lo perdido”, sostuvo.
Reforma laboral y tensión con el Gobierno
En la recta final de la entrevista, Solazzo fue particularmente crítico con el manejo político del Gobierno, tanto en materia laboral como institucional. En referencia al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, afirmó: “La CGT tiene razón en su postura. Esta es una reforma regresiva que no vamos a acompañar bajo ningún punto de vista.”
También cuestionó la falta de diálogo y la tendencia del Gobierno a imponer definiciones sin consenso: “No es de sorprender. El Gobierno trabaja así: no debate, no escucha y termina resolviendo por DNU. Lo vimos incluso con el salario mínimo.”
Para el titular de la UOM San juan, la respuesta sindical será firme: “Resistiremos, saldremos a la calle y haremos lo que tengamos que hacer para que no nos atropellen al sector trabajador.”
El acuerdo paritario metalúrgico representa un alivio moderado en un escenario económico adverso, donde la pérdida salarial, el freno industrial y las tensiones políticas se superponen. Martín Solazzo celebra un entendimiento que, dentro de las limitaciones, refuerza ingresos y establece garantías futuras, pero no oculta la preocupación por el presente del sector y por un Gobierno que, según advierte, desconoce el rol estratégico de la industria y del trabajo organizado.
El cierre de plantas, la caída del empleo y la inminente discusión por la reforma laboral prefiguran un 2026 cargado de desafíos, en el que la pulseada entre sindicatos y Gobierno volverá a ser central para el rumbo social y productivo del país.
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La UOCRA alerta por 1.800 puestos en riesgo por la paralización del oleoducto Vaca Muerta Sur
La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) encendió las alarmas por la situación de 1.800 trabajadores afectados por la paralización del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), obra que abarca una traza de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, y que incluye la construcción de un nuevo puerto para la salida de petróleo no convencional.
Según una comunicación oficial del gremio, desde el 4 de diciembre los trabajadores se encuentran sin actividad como consecuencia de un conflicto que involucra a la Provincia de Río Negro, la empresa contratista SACDE–Techint y la comitente YPF. El gremio sostiene que la situación “mantiene a los trabajadores de rehenes en los obradores”, teniendo en cuenta las grandes distancias entre los campamentos y sus hogares, y que además se ven comprometidos sus salarios y su continuidad laboral.
Inspecciones, infracciones y el origen del freno
El conflicto se desató luego de que la autoridad laboral provincial realizara una serie de inspecciones en los obradores. Tras ese proceso, se dispuso la paralización total de las obras por dos motivos principales:
Infracciones en materia de seguridad e higiene laboral.
Incumplimiento de la ley provincial que exige un 80% de mano de obra local y 20% foránea.
La decisión dejó sin actividad a la totalidad del personal, generando un impacto inmediato en los trabajadores desplazados desde distintos puntos del país.
Exigencias del gremio: traslados, pagos garantizados y reanudación inmediata
Frente a este panorama, la UOCRA presentó una nota ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro exigiendo medidas urgentes en defensa de los obreros.
Entre los reclamos principales se destacan:
Regreso inmediato a sus hogares de todos los trabajadores no indispensables para tareas de conservación o mantenimiento.
Obligación de las empresas de garantizar los traslados y cubrir los costos derivados.
Pago íntegro de jornales caídos, dado que la interrupción de la obra es ajena a la voluntad de los empleados.
Cese inmediato de la orden de paralización, para evitar que los trabajadores continúen siendo perjudicados por un conflicto interempresarial.
El gremio remarcó que las medidas buscan “resguardar los derechos básicos de los trabajadores”, quienes quedaron atrapados en una disputa ajena, sin certezas sobre su situación laboral.
Un cierre de año con incertidumbre en uno de los sectores más dinámicos
La paralización del VMOS no solo compromete los puestos de trabajo actuales, sino que también amenaza el ritmo de una obra considerada estratégica para la expansión productiva de Vaca Muerta. En un año complejo para la construcción, el freno aparece como un golpe adicional en un sector que viene alternando períodos de recuperación con bruscas caídas por falta de financiamiento y conflictos regulatorios.
La UOCRA insistió en que la prioridad debe ser proteger el empleo y normalizar la situación cuanto antes para evitar que 1.800 familias queden en un limbo laboral en pleno cierre del año.
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Comercio acordó un bono de fin de año de $170.000 para empleados de supermercados
la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció la firma de un bono extraordinario de $170.000 que se pagará a trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en las principales cadenas de supermercados del país. El refuerzo se agrega a la suma fija vigente y anticipa una compleja temporada de negociaciones en un contexto económico desafiante.
El entendimiento fue oficializado por el secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri, junto al secretario de Asuntos Laborales, Daniel Lovera, y el secretario de Prensa, Ángel Martínez, tras una negociación sostenida con firmas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día%.
Esta gratificación de fin de año marca además el inicio de la ronda de acuerdos extraordinarios que distintos gremios buscan concretar antes del cierre del 2025, un proceso que se prevé complejo debido a las tensiones que atraviesan múltiples ramas productivas e industriales.
Cómo quedan los salarios entre diciembre y enero
El bono de $170.000 se pagará por única vez y se suma al salario mensual. También se adiciona a la suma fija no remunerativa de $40.000, vigente hasta diciembre por acuerdo paritario.
A partir de enero de 2026, esa suma fija se incorpora al básico, elevando el piso salarial de todas las categorías.
La estructura salarial mercantil se rige por el Convenio Colectivo 130/75, que contempla:
Básico por categoría
Adicional por antigüedad (1% por año trabajado)
Adicional por presentismo (art. 40)
Los montos informados corresponden a personal de jornada completa, sin adicionales por zona, convenio particular o regímenes especiales.
Escala salarial vigente
Administrativos
Administrativo A
Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
Enero 2026: $1.107.268
Administrativo B
Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
Enero 2026: $1.111.860
Administrativo C
Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448
Enero 2026: $1.116.448
Vendedores
Vendedor A
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Enero 2026: $1.111.091
Vendedor B
Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
Enero 2026: $1.134.044
Vendedor C
Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690
Enero 2026: $1.141.690
Auxiliares
Auxiliar A
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Enero 2026: $1.111.091
Auxiliar B
Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
Enero 2026: $1.118.740
Auxiliar C
Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985
Enero 2026: $1.143.985
El bono de $170.000 representa un alivio significativo en un rubro que ha sostenido un ritmo laboral intenso durante todo el año, especialmente en las semanas previas a las fiestas. La incorporación de la suma fija a los básicos en enero y el cierre del tramo paritario le otorgan al sector mercantil un horizonte más claro para comenzar el 2026.
Aun así, la Federación anticipa que las negociaciones salariales continuarán siendo un desafío en un contexto macroeconómico volátil, donde la actualización de ingresos seguirá siendo un eje prioritario para miles de trabajadores y trabajadoras.
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