La actividad de la construcción sufrió un nuevo revés en julio al registrar una caída del 1,8% respecto a junio, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra contrasta con el repunte observado el mes anterior y vuelve a encender alertas en torno a la sustentabilidad del sector y al impacto que esta retracción podría generar sobre el empleo.

Si bien la comparación interanual de julio todavía muestra un avance del 1,4%, y el acumulado de los primeros siete meses del año refleja un crecimiento del 9,2% frente a 2024, la tendencia más inmediata exhibe un escenario de fragilidad. La volatilidad del indicador deja entrever que el repunte del año no logra consolidarse frente a las dificultades que arrastra la economía en general.

Empleo en la cuerda floja

El mercado laboral de la construcción refleja un panorama ambiguo. Por un lado, los puestos registrados crecieron 4,8% interanual en julio; sin embargo, en el balance del primer semestre se observa una merma del 0,9%. Esta dualidad evidencia que el sector no consigue estabilizar la creación de empleo, con meses que marcan alzas aisladas y otros en los que predomina la destrucción de puestos.

La pérdida acumulada de empleo durante 2025 preocupa a los gremios y a las cámaras, que ven cómo el enfriamiento de la actividad puede repercutir directamente en la obra privada y pública, dos pilares fundamentales para la generación de trabajo.

El consumo de materiales exhibe también una marcada heterogeneidad. Insumos como mosaicos graníticos, artículos sanitarios, asfalto y hormigón elaborado mostraron incrementos significativos. En contrapartida, otros esenciales para la actividad —cales, ladrillos, yeso y cemento portland— evidenciaron caídas, reflejando la disparidad en la demanda y las dificultades que enfrentan diferentes ramas dentro de la misma cadena productiva.

Pesimismo empresarial y reclamo de medidas

Las expectativas de las compañías encuestadas por el INDEC ratifican la incertidumbre reinante. Entre las dedicadas a la obra privada, casi siete de cada diez creen que la actividad seguirá sin cambios en el corto plazo, mientras que más del 20% prevé un deterioro. En el caso de la obra pública, el pesimismo es similar: un 22,2% anticipa una retracción y más del 60% no espera variaciones.

El diagnóstico se replica en materia de empleo: más del 70% de las empresas, tanto privadas como públicas, proyecta que el personal ocupado permanecerá sin modificaciones, lo que implica un freno a nuevas incorporaciones.

En este contexto, los empresarios insisten en la necesidad de medidas que alivien la carga impositiva y reduzcan los costos laborales, al tiempo que reclaman mayor acceso al crédito para sostener inversiones.

La construcción vuelve a mostrar las fisuras de una recuperación incompleta. Pese a los números positivos en la comparación interanual, la caída mensual, la inestabilidad en el empleo y la falta de confianza empresaria revelan un cuadro de fragilidad estructural. Si no se implementan políticas que fortalezcan la inversión y protejan la generación de puestos de trabajo, el repunte de los primeros meses del año podría desvanecerse, dejando al sector en una situación de estancamiento prolongado.

Según datos de la Secretaría de Minería, en abril de este año los puestos de trabajo totalizaron 38.801, lo que implica una baja del 5,3% interanual y la pérdida de 2.152 empleos en doce meses. Esta tendencia descendente se prolonga desde mediados de 2024 y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sector.

La paradoja es evidente: crece el interés internacional y se multiplican las inversiones, pero la generación de empleo no acompaña. En la actualidad existen 80 proyectos activos en distintas etapas de desarrollo, vinculados a litio, oro, plata, cobre y uranio. Sin embargo, la minería representa apenas el 0,6% del empleo privado formal del país, con una tendencia descendente que se prolonga desde mediados de 2024.

La caída del empleo minero se observa en varios segmentos del sector. Los proyectos metalíferos en producción perdieron 0,9% de empleos en un año, mientras que los servicios y actividades relacionadas experimentaron una caída del 11,1%. La explotación de rocas de aplicación y la producción de litio también registraron descensos significativos.

El único segmento que ha percibido un crecimiento significativo es el de exploración de litio, que incorporó 239 nuevos puestos en un año. Esto sugiere que la demanda de este metal podría ser un motor para la generación de empleo en el sector.

El Gobierno de Javier Milei cambió de estrategia para desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Vialidad, luego de que el Congreso de la Nación rechazara su plan de desguazar estos organismos. Ahora, el Ejecutivo apuesta a desfinanciarlos totalmente para volverlos irrelevantes y hacer que los trabajadores se vayan.

La falta de presupuesto para estas instituciones comenzó a notarse en el retraso de pagos de salarios y en la falta de recursos para realizar tareas diarias. En Vialidad Nacional, por ejemplo, falta nafta para los vehículos de trabajo de los empleados, lo que dificulta las tareas que realizan a diario. Esto fue denunciado por la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara), Graciela Aleña.

La Estrategia del Gobierno

El Gobierno decidió mantener congelados los fondos para estos organismos, que son los mismos que en 2023, a menos que decida discrecionalmente incrementarlos. Sin embargo, no hubo incrementos y los salarios de los trabajadores han perdido casi 10 puntos contra la inflación en lo que va de 2025.

Mientras tanto y con este panorama, los gremios han calculado que la falta de presupuesto y la congelación de fondos afectaron gravemente a los trabajadores. Sin embargo, resaltaron que el rechazo en el Congreso de los decretos que determinaban cambios en los organismos impedía despidos.

La semana pasada, el Gobierno dio marcha atrás con las disoluciones, las fusiones y las transformaciones de diferentes instituciones a través del Decreto 627. Esto brindó esperanza a los trabajadores del INTA, que vieron una oportunidad para empezar a trabajar nuevamente y con normalidad.

Mario Romero, secretario general de Asociación del Personal del INTA, destacó que el funcionamiento administrativo estaba parado desde la pérdida de autonomía que sufrió a principios de julio. Ahora, con el decreto, el Instituto recupera su gobernanza institucional como organismo descentralizado.

Giselle Santana, trabajadora del INTI e integrante de la Asamblea Multisectorial del Instituto, subrayó la importancia de la batalla cultural por la defensa de lo público y el rol indelegable del Estado en algunos aspectos que involucran a toda la sociedad.