Más de 500 dirigentas de 34 gremios participaron de un encuentro nacional en el que reclamaron la incorporación femenina al triunvirato de la CGT. Con el respaldo de los principales referentes sindicales, las trabajadoras impulsan una agenda que busca traducir en poder real la creciente participación de las mujeres en la estructura gremial.

En una jornada que podría marcar un antes y un después en la historia del sindicalismo argentino, la Mesa de Mujeres de la CGT reunió a más de quinientas dirigentas de 34 gremios en un encuentro que combinó militancia, debate y organización política. El reclamo fue claro y contundente: una mujer en el triunvirato que conduce la central obrera.

Durante el acto, se presentó la “Declaración de las Mujeres Trabajadoras de la CGT”, un documento que plantea la necesidad de garantizar una representación femenina proporcional en todos los niveles de decisión. El texto, producto de un consenso transversal, sostiene que la paridad no debe ser entendida como una concesión, sino como una consecuencia lógica del protagonismo que las mujeres han construido dentro del movimiento obrero.

“Una mujer en el triunvirato no es un símbolo, es el reconocimiento de una realidad que se organiza todos los días y sostiene la fuerza vital del movimiento obrero”, expresa el documento, que fue leído ante una sala colmada de dirigentas sindicales y referentes de peso en la CGT.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Héctor Daer, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Julio Piumato, quienes acompañaron la convocatoria en señal de apoyo a un proceso que, aunque interno, tiene una fuerte proyección política y social.

Un proceso de construcción colectiva

El avance de las mujeres en la CGT no surgió de un gesto espontáneo, sino de un proceso sostenido de organización que se consolidó tras la reforma del Estatuto en 2021, cuando se incorporó la paridad de género en la conformación del Consejo Directivo. A partir de ese cambio, se desplegó una red de acción que multiplicó espacios de trabajo, encuentros regionales y articulaciones entre gremios.

La co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, definió este momento como el resultado de una construcción legítima:

“Si pedimos estar en los niveles de decisión es porque lo practicamos hacia adentro. Somos quienes más sufrimos las políticas neoliberales, pero también las que más trabajamos para revertirlas. Nuestra participación fortalece a la CGT y al país.”

En la misma línea, Marina Jaureguiberry, secretaria general del SADOP y miembro del Consejo Directivo, reivindicó la raíz histórica del movimiento:

“Venimos de una tradición que nos legó Eva Perón: la organización y el poder de las mujeres. Este es un día histórico; cuando se cuente esta historia podremos decir que estuvimos acá, siendo protagonistas.”

Por su parte, Vanesa Núñez, dirigente de UTEDYC y co-secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo, destacó el carácter colectivo del proceso:

“El poder que construimos no es patriarcal ni individual; nace del trabajo en red, de cada compañera y de las que nos sostienen. Eva Perón nos enseñó a ejercer el poder mirando la realidad. Cuando llegue una, llegamos todas.”

El desafío de la representatividad

El reclamo por una mujer en el triunvirato no se limita a una demanda simbólica: apunta a redefinir la distribución real del poder dentro del sindicalismo argentino. La CGT, históricamente conducida por hombres, enfrenta hoy el desafío de adecuar su estructura a una composición social donde las mujeres ocupan un rol creciente en el trabajo formal, en la negociación colectiva y en la representación gremial.

El debate interno combina tensiones y aprendizajes. En un contexto económico difícil, con caída del salario real, precarización laboral y reformas en discusión, las dirigentas sostienen que la mirada femenina aporta una agenda más inclusiva, que contempla tanto la defensa del empleo como las condiciones de vida, la equidad y la economía del cuidado.

En la Declaración de las Mujeres Trabajadoras, se afirma que la unidad del movimiento obrero solo será posible si sus estructuras reflejan la pluralidad de quienes lo integran:

“Somos parte sustancial de la unidad. Nacimos y crecimos dentro del trabajo, de la organización y de la lucha. Sostenemos la fuerza, el pensamiento y la estructura del sindicalismo argentino.”

Claudia Testa dejará su cargo como subsecretaria de Trabajo en las próximas horas, apenas un día hábil antes de los comicios nacionales. Su salida se suma a las recientes renuncias del canciller Gerardo Werthein y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y refleja un nuevo foco de fractura en el gabinete de Javier Milei, marcado por disputas internas y desgaste político en plena cuenta regresiva electoral.

La funcionaria, que no alcanzó a cumplir un año en el cargo, abandona su puesto tras semanas de fuertes tensiones en el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. Según confirmaron fuentes oficiales y sindicales, el conflicto se centró en los desacuerdos con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por la gestión de expedientes y decisiones clave en materia laboral.

“El vínculo se volvió insostenible”, reconocieron fuentes cercanas a la cartera, que no descartan nuevas renuncias o movimientos después de las elecciones.

El detonante habría sido el reciente conflicto con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que expuso las profundas diferencias de criterio entre Testa y Cordero. La subsecretaria, con perfil dialoguista y llegada al ámbito gremial, cuestionó la forma en que el área laboral intervino en el conflicto, lo que habría precipitado su salida.

Una seguidilla de renuncias en el gabinete

El alejamiento de Testa se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein y al inminente apartamiento del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuya salida se oficializará el lunes próximo. Estos movimientos reflejan un momento de inestabilidad política dentro del Gobierno libertario, que enfrenta crecientes disputas internas y señales de fragmentación en su estructura de poder.

Desde su llegada a la administración nacional en enero de 2025, Claudia Testa se había posicionado como una figura con buena relación con los sindicatos y con experiencia en temas laborales. Su designación formó parte de la primera etapa de armado de Capital Humano, en la que Milei buscó incorporar perfiles técnicos y moderados para fortalecer el área laboral. Sin embargo, la convivencia con Cordero se deterioró rápidamente.

Con su salida, Testa se convierte en la quinta subsecretaria de Trabajo en la gestión libertaria. Antes que ella pasaron por el cargo Martín Huidobro, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Acosta de Archimbal. Una rotación que evidencia la inestabilidad estructural en uno de los ministerios más sensibles del Gobierno.

Un golpe político en un momento crítico

La renuncia de Testa no sólo expone las tensiones entre funcionarios de Capital Humano, sino que también representa un nuevo golpe político para el presidente Milei en la recta final hacia las elecciones legislativas. La sucesión de salidas en puestos clave debilita la imagen de cohesión interna que el Ejecutivo intenta proyectar, mientras distintos sectores del oficialismo admiten que el clima dentro del gabinete “es de incertidumbre y desgaste”.

En un momento marcado por la caída de ministros, fricciones entre áreas y críticas cruzadas, la administración libertaria enfrenta su momento más complejo desde diciembre. Las internas en el núcleo de Capital Humano —una cartera que concentra políticas sociales, laborales y educativas— anticipan un nuevo reacomodamiento del gabinete después de los comicios.

El secretario general de la UOCRA, principal interlocutor de la CGT ante el Gobierno, cuestionó duramente los planes de flexibilización laboral que impulsa Javier Milei y anticipó que el sindicalismo no acompañará medidas inspiradas en el DNU 70/2023. En Azopardo reconocen que “no hay margen para seguir dialogando” con una gestión que, según acusan, busca debilitar derechos conquistados.

El clima entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la asunción de Javier Milei. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y pieza clave en la interlocución sindical con el oficialismo, lanzó una advertencia pública que podría marcar un punto de quiebre: la eventual salida de la central obrera del Consejo de Mayo, el espacio creado por el Ejecutivo para articular políticas con empresarios, legisladores y provincias.

Según fuentes cercanas al gremialista, la decisión se haría efectiva después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la sede de la calle Azopardo aseguran que el sindicalismo se siente “sin interlocutor válido” y que los esfuerzos por mantener una mesa de diálogo “chocan con la lógica unilateral del Gobierno libertario”.

En una carta pública difundida por la UOCRA, Martínez fue categórico al rechazar el nuevo proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo anticipó durante el Coloquio de IDEA. Para el dirigente, se trata de “una reedición del DNU 70/2023 en su capítulo laboral”, norma que —recordó— fue “rechazada por la CGT y judicializada con éxito”.

“La ausencia de un modelo económico que contemple el trabajo y los salarios como ejes del desarrollo retrasa cualquier posibilidad de progreso. Ningún país crece empobreciendo a sus trabajadores”, subrayó Martínez.

El dirigente advirtió que cada intento de avanzar sobre los derechos laborales en la historia argentina derivó en más precariedad y desigualdad, y volvió a defender la negociación colectiva como herramienta de justicia social.

“No es el salario el problema”

En contraposición al discurso oficial, que atribuye la falta de competitividad al “costo argentino”, Martínez argumentó que los verdaderos obstáculos se encuentran en “la mala gestión económica, tributaria y cambiaria”, y no en los sueldos. “El salario no tiene incumbencia en el costo argentino. El libre ejercicio de la negociación colectiva es la llave maestra del desarrollo”, afirmó.

Además, reclamó que el Gobierno mire hacia las pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 90% del empleo formal del país. “No es el exceso de regulaciones lo que impide el crecimiento, sino la falta de políticas que generen condiciones reales de inversión y rentabilidad sostenible”, remarcó.

Llamado al diálogo, pero con límites

Pese al tono confrontativo, Martínez no cerró las puertas a la negociación, aunque advirtió que la CGT sólo participará de ámbitos de diálogo “siempre que no se pretenda cercenar derechos consagrados”. En ese sentido, definió la justicia social como “el horizonte irrenunciable del movimiento obrero”.

“Para el sindicalismo argentino, el diálogo es el medio que garantiza la justicia social, pero debe ser transparente, sustentable y abarcar todos los intereses, no sólo los empresarios”, sentenció.

En el entorno cegetista reconocen que el vínculo con el Ejecutivo está “en un punto crítico” y que, si se concreta la salida del Consejo de Mayo, se consolidará una ruptura institucional entre el Gobierno y la principal central sindical del país.

El posicionamiento de Gerardo Martínez no sólo refleja el hartazgo de la CGT frente a la política laboral del oficialismo, sino también una redefinición del mapa sindical de cara al nuevo ciclo político. El distanciamiento con el Gobierno libertario deja a la central obrera ante el desafío de sostener su rol negociador sin claudicar en la defensa de los derechos laborales. En tiempos de ajuste y reformas, el mensaje es claro: la CGT no está dispuesta a legitimar un modelo que, bajo la promesa de eficiencia, recorte las bases del trabajo digno.