El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, Miguel Agüero, advirtió que la falta de prórroga del decreto 514/2021 —que permite compatibilizar planes sociales con empleo registrado— pone en riesgo la formalidad laboral de miles de trabajadores rurales. Además, denunció la existencia de casos de trabajo no registrado y pagos por debajo del salario convenido.

En un momento de incertidumbre económica y social que golpea con fuerza al interior del país, el gremio rural UATRE encendió una señal de alarma. La organización reclama la urgente extensión del decreto 514/21, una norma clave que permitió durante los últimos cuatro años que beneficiarios de programas sociales pudieran acceder a empleos temporarios registrados sin perder sus beneficios estatales.

“El decreto perdió vigencia el 30 de septiembre y eso genera un perjuicio enorme”, explicó en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según precisó, la medida impacta directamente sobre unas 120.000 familias rurales en todo el país, que durante este período pudieron trabajar formalmente, acceder a salarios dignos y a la cobertura social correspondiente.

El dirigente sostuvo que la compatibilidad entre trabajo y asistencia “fue una herramienta fundamental para combatir la informalidad, el trabajo infantil y las condiciones precarias que persisten en el campo”. En ese sentido, destacó que “el decreto 514/21 permitió registrar a miles de trabajadores y mejorar el control sobre la actividad rural, garantizando derechos básicos que durante años fueron postergados”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se hizo eco del reclamo. Según informó el gremialista, el presidente del Secretariado Nacional de UATRE, José Voytenco, mantuvo reuniones con representantes del organismo internacional para exponer la situación y solicitar apoyo frente a la falta de respuesta del Gobierno nacional. “El Ejecutivo no está dimensionando la importancia que tiene esta herramienta para el sostenimiento del empleo rural”, subrayó Agüero.

La preocupación gremial no es solo por los trabajadores. El propio dirigente advirtió que los productores también se verán afectados si no se restablece la medida: “Los costos laborales se encarecerán, y muchos empleadores se verán tentados a recurrir nuevamente a la informalidad o incluso a mano de obra externa. Es una situación regresiva que perjudica a toda la cadena productiva”.

Fiscalizaciones y trabajo no registrado

A la par del reclamo formal, UATRE San Juan continúa con los operativos de fiscalización en distintos departamentos de la provincia. Durante la última semana, el gremio detectó entre 14 y 15 trabajadores sin registrar en el sector pistachero. “Nos encontramos con casos de jóvenes que cobran la mitad de lo que establece el convenio. En octubre el jornal diario debía ser de $41.210, pero algunos recibían apenas $20.000”, detalló Agüero.

El sindicalista relató además que muchos de esos trabajadores se niegan a brindar sus datos por temor a perder los beneficios de sus planes sociales, lo que evidencia el vacío legal dejado por la falta de prórroga del decreto. “La gente está informada, sabe que el decreto venció, y eso genera miedo. El empleador se aprovecha de esa situación y paga menos, mientras el trabajador queda sin protección”, denunció.

Las inspecciones se realizan junto al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), aunque Agüero reclamó una participación más activa de la Nación y de la Provincia. “Las fiscalizaciones buscan asegurar el cumplimiento de la ley laboral, detectar irregularidades y proteger a los trabajadores. Es fundamental que los organismos públicos acompañen este esfuerzo”, remarcó.

La pérdida de vigencia del decreto 514/21 expone una frágil estructura laboral en el corazón productivo del país. Lo que para muchos fue una herramienta transitoria se consolidó en la práctica como un mecanismo esencial para sostener la formalidad y la inclusión en el ámbito rural. Su ausencia no solo amenaza los ingresos de miles de familias, sino que también profundiza la brecha entre el trabajo registrado y la economía informal.

Desde UATRE, la advertencia es clara: sin una prórroga inmediata, la Argentina corre el riesgo de retroceder en derechos laborales que costaron décadas en consolidarse. En un escenario donde la pobreza y la precariedad se expanden, la formalización del trabajo rural no puede quedar sujeta a la desidia burocrática. La compatibilidad entre empleo y asistencia no es una concesión, sino una política de Estado indispensable para garantizar dignidad en el campo argentino.

El consumo masivo registró en septiembre una de las caídas más pronunciadas del año, con un retroceso del 7,9% respecto de agosto. Según Focus Market, el fenómeno refleja el peso creciente de los servicios en los presupuestos familiares y el deterioro sostenido del poder adquisitivo de la clase media, que reduce el gasto en bienes ante la presión de precios y tarifas.

El consumo en la Argentina atraviesa una fase de contracción estructural que trasciende los vaivenes coyunturales. Los hogares, en especial los de ingresos medios, enfrentan un escenario de precios desalineados con los ingresos, una inflación persistente en los servicios y un crédito cada vez más inaccesible. En este contexto, las decisiones de gasto se orientan a cubrir necesidades básicas y compromisos fijos, desplazando la compra de bienes de consumo corriente.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, basado en el sistema Scanntech, que monitorea 756 puntos de venta en todo el país, el consumo masivo cayó un 7,9% en septiembre frente al mes anterior, y 6,3% en la comparación interanual. Pese a esa contracción, el acumulado de los primeros nueve meses del año aún muestra una suba del 3% respecto de igual período de 2024, sostenida principalmente por el fuerte dinamismo del primer trimestre.

Para Damián Di Pace, director de la firma, “la caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos”. El especialista advirtió que “la clase media destina una porción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo drásticamente su capacidad de consumo discrecional”. A su juicio, “la recuperación dependerá de una recomposición sostenida del salario real y de la estabilización del cuadro inflacionario”.

Brecha territorial y formatos en retroceso

La contracción no fue homogénea. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la demanda se desplomó 16,7% y la facturación retrocedió 14,7%, reflejando la mayor sensibilidad del consumo urbano ante los incrementos de tarifas y servicios. En el interior del país, el descenso fue más moderado: 2,9% en consumo y 3,8% en facturación.

Los distintos formatos comerciales también mostraron impactos dispares. Las tiendas independientes fueron las más castigadas, con una retracción del 13,1% y un ticket promedio de $10.793. Les siguieron los autoservicios grandes, con una baja del 5,3%, y los autoservicios medianos, que retrocedieron 3,3%. En los comercios de menor escala, la contracción alcanzó el 1,9%, con un valor promedio por compra de $6.807.

El patrón común en todos los segmentos fue la disminución del volumen de compra: la cantidad de tickets cayó 5,6% y el número de unidades por transacción se redujo 3,4%, un signo de la prudencia con la que las familias administran cada gasto.

Alimentos resisten, bebidas y limpieza retroceden

Dentro de la composición del consumo, los alimentos consolidaron su predominio en la facturación total, al pasar de 60,2% a 62% del total vendido. Por el contrario, bebidas, limpieza y cuidado personal perdieron participación. En términos de unidades, los rubros de alimentos, limpieza y cuidado personal mostraron leves incrementos, mientras que las bebidas fueron las únicas que retrocedieron.

Di Pace explicó que “los alimentos continúan liderando los aumentos de precios, impulsados por el encarecimiento logístico y de insumos. En contraste, el segmento de bebidas exhibe caídas en precios como estrategia defensiva para sostener volumen, mientras que los productos de higiene y cuidado personal recuperan márgenes tras meses de rezago”.

Precios en escalada y crédito paralizado

La canasta básica de productos registró un alza del 1% mensual y del 21,8% interanual, con subas destacadas en cuidado personal (+4,7%), cosmética (+3,4%) y cuidado del calzado (+3,3%). En cambio, las bebidas alcohólicas y sin alcohol mostraron descensos de entre 2% y 3%, junto con las golosinas.

El economista advirtió que la elevada tasa de interés impone un freno adicional: “El alto costo del financiamiento, sumado al endeudamiento acumulado y la caída del ingreso disponible, restringe la capacidad de compra y debilita el consumo financiado. Sin una mejora tangible en los ingresos reales, el mercado interno difícilmente podrá reactivarse”.

El comportamiento del consumo en septiembre expone, con nitidez, el agotamiento de la capacidad de gasto de los hogares argentinos. El aumento sostenido de los servicios, la rigidez de los precios de alimentos y la ausencia de crédito asequible delinean un escenario de contracción prolongada.

La clase media, históricamente motor del consumo interno, se ve obligada a redefinir sus prioridades: garantizar servicios básicos, asumir tarifas crecientes y restringir el acceso a bienes que hasta hace poco eran cotidianos. En un contexto de inflación persistente y salarios rezagados, la estabilidad macroeconómica será condición necesaria, pero no suficiente, para revertir la caída. La verdadera recuperación dependerá de una política de ingresos que devuelva poder de compra a los hogares y restablezca la confianza en el futuro económico inmediato.

La Cámara Nacional Electoral resolvió este martes que los resultados de las elecciones legislativas del próximo domingo deberán publicarse por distrito electoral, y no como un único cómputo nacional, tal como pretendía el Gobierno. El fallo, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, frena la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza, que buscaba presentar un resultado consolidado a nivel país.

A cinco días de los comicios legislativos, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó un fallo clave que desarma una de las principales aspiraciones del oficialismo: mostrar un resultado global que reflejara un “triunfo violeta” en todo el país.

El tribunal resolvió que la Dirección Nacional Electoral (DINE) deberá publicar los resultados provisorios por distrito electoral, es decir, provincia por provincia, tal como lo establece la legislación vigente.

“Los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral”, sostiene la resolución firmada por Dalla Vía, Bejas y Corcuera.

La decisión implica un duro revés para el Gobierno, que apostaba a un conteo unificado para fortalecer la imagen nacional de La Libertad Avanza (LLA). El oficialismo es la única fuerza que competirá con el mismo sello en todo el país, a diferencia del peronismo, que irá dividido bajo el frente Fuerza Patria (FP) y sus variantes provinciales.

Precisamente, fueron los apoderados de Fuerza Patria quienes formalizaron el reclamo ante la Cámara Electoral, solicitando que el conteo se respete “por distrito” y no bajo la modalidad de “distrito único” propuesta por el Ejecutivo.

El documento —firmado por Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila— subrayó que las elecciones legislativas son “nacionales de distrito” y no un escrutinio general, por lo que cualquier intento de consolidar resultados a nivel país “carece de fundamento jurídico”.

Los apoderados advirtieron además que un cómputo nacional podría “inducir a interpretaciones erróneas del proceso electoral” y distorsionar la lectura política de los resultados. En esa línea, reclamaron que la DINE “se limite a contabilizar y publicar los resultados oficiales por distrito”, tal como establece la normativa, sin involucrarse en lecturas políticas.

La Cámara hizo suyas esas observaciones y recordó que la función de la Dirección Nacional Electoral es puramente técnica, limitada al recuento y la difusión del escrutinio provisorio, sin margen para redefinir la estructura legal del proceso.

El fallo de la Cámara Electoral resta al Gobierno la posibilidad de capitalizar comunicacionalmente los resultados de las legislativas del 26 de octubre bajo un único conteo nacional. De ahora en más, la difusión se hará provincia por provincia, conforme al criterio tradicional.

La decisión no solo preserva el principio federal que rige las elecciones legislativas, sino que también marca un límite claro a los intentos de reinterpretar las reglas electorales desde el poder político. A menos de una semana de los comicios, el pronunciamiento judicial reconfigura el escenario y obliga al oficialismo a ajustar su estrategia discursiva en una contienda que será leída, distrito por distrito, y no bajo una única bandera nacional.