Los gremios del PAMI iniciaron un nuevo plan de lucha en rechazo al aumento menor al 3% ofrecido por el Gobierno nacional para todo 2025. Tras doce meses de salarios congelados, las organizaciones sindicales consideran la propuesta “una provocación” y denuncian el deterioro en la atención a jubilados y pensionados. Las medidas incluyen paros parciales y una marcha al Ministerio de Desregulación.

El conflicto salarial en el PAMI ingresó en una etapa crítica. Tras un año sin actualizaciones, los trabajadores de la obra social de los jubilados decidieron profundizar las medidas de fuerza luego de que el Gobierno ofreciera un incremento del 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, un total que no supera el 2,8% trimestral.

La propuesta, presentada por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, fue rechazada de plano por los sindicatos ATE, SUTEPA, APPAMIA y UTI, que la consideraron insuficiente y “desconectada de la realidad inflacionaria”.

“El último aumento fue en octubre del año pasado, de apenas 3,5%. Desde entonces, los sueldos permanecen congelados, mientras los precios crecieron más del 100%. Los trabajadores del PAMI perdieron más del 60% de su poder adquisitivo”, señaló un documento conjunto difundido por los gremios.

El cronograma de medidas comenzó este martes 28 con un paro de dos horas entre las 12 y las 14, continuará el miércoles 29 con una nueva interrupción de tres horas, y culminará el jueves 30 con una movilización nacional. Los sindicatos se concentrarán al mediodía frente a la sede central de la entidad, en avenida Corrientes 655, y marcharán hacia el Ministerio de Desregulación, donde exigirán una reapertura inmediata de la negociación paritaria.

“Una política de recorte que afecta también a los jubilados”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la postura oficial. “Esta política de recorte salarial no solo golpea a los trabajadores, sino que repercute directamente en la atención de más de cinco millones de jubilados. No se trata de un reclamo sectorial, sino de una situación que afecta a todo el sistema previsional”, afirmó.

Aguiar describió la última oferta del Gobierno como “una provocación destinada a agravar el conflicto” y adelantó que las medidas podrían extenderse si no hay respuestas. “Vamos a profundizar el plan de acción, porque nuestras demandas son legítimas. No pedimos privilegios, exigimos respeto y una compensación mínima por el esfuerzo que sostenemos día a día”, agregó.

Durante los paros, las oficinas del PAMI funcionan con dotaciones reducidas, lo que genera demoras en trámites, entrega de medicamentos y atención médica. Los sindicatos advirtieron que el deterioro en las condiciones laborales ya tiene un correlato directo en la calidad del servicio: “Con salarios congelados y personal agotado, es imposible garantizar la atención que los jubilados merecen”, indicaron en un comunicado.

Silencio oficial y malestar creciente

Hasta el momento, el Gobierno no se pronunció públicamente sobre el nuevo plan de lucha ni sobre la posibilidad de revisar la pauta ofrecida. La falta de interlocutores claros y la decisión de centralizar las negociaciones en el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger incrementaron el malestar en los sindicatos, que reclaman un canal de diálogo “serio y con responsabilidad institucional”.

Fuentes gremiales señalan que el congelamiento salarial del PAMI se inscribe en un marco de ajuste generalizado en el sector público, que ya afecta a organismos como el ANSES, la Superintendencia de Salud y el propio Ministerio de Trabajo. “El problema no es solo el porcentaje, sino la falta de voluntad de discutir una recomposición real. Es una decisión política de achicar el Estado a costa de los trabajadores y de los jubilados”, advirtieron desde ATE.

Analistas laborales consultados coinciden en que el conflicto del PAMI puede transformarse en un caso testigo. La paritaria del organismo, congelada desde noviembre de 2024, refleja la tensión estructural entre la política de contención del gasto público y la presión sindical por recuperar ingresos en un contexto de inflación persistente.

Contexto económico y desgaste institucional

El reclamo del PAMI no ocurre en el vacío. Se da en medio de una contracción del consumo, aumento de la pobreza y deterioro de los salarios públicos, que acumulan más de una década de pérdida sostenida frente a la inflación. La promesa de “orden fiscal” del Gobierno convive con un creciente descontento social, y el sistema previsional —por su magnitud y su impacto directo en la vida de millones de personas— se convierte en un escenario sensible.

“Mientras el Ejecutivo busca mostrar disciplina en el gasto, lo que se ve en la base es desfinanciamiento y desmotivación. Los trabajadores del PAMI están sosteniendo la estructura con salarios de hace un año y sin horizonte de recomposición”, señaló un economista especializado en políticas públicas.

La erosión también se percibe en la estructura institucional. En varias provincias, los empleados de la obra social argumentan que faltan insumos básicos, personal administrativo y recursos tecnológicos, lo que profundiza los retrasos y eleva la conflictividad interna.

El secretario general de SATSAID San Juan, Mario Quinteros, confirmó la recomposición salarial que cierra el año paritario en el sector audiovisual y cuestionó los lineamientos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Con mirada crítica y argumentación firme, el dirigente advirtió que la fragmentación de las negociaciones “solo busca debilitar las instituciones gremiales y profundizar la desigualdad entre trabajadores”.

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) concluyó la negociación salarial correspondiente al último tramo del año. El acuerdo, alcanzado con las empresas del sector de video y conectividad, implica una recomposición destinada a mitigar el impacto de la inflación acumulada y cerrar el ciclo paritario con un leve margen positivo.

“Estamos cerrando el año con un incremento que busca equilibrar la pérdida inflacionaria. No se trata de una mejora real, pero sí de un alivio en un contexto económico adverso”, explicó Quinteros, en diálogo con Mundo Laboral SJ. El dirigente detalló que el entendimiento incluye sumas no remunerativas que corrigen desfasajes salariales y colocan al sector “casi dos puntos por encima de la inflación”.

La recomposición coincide con el inicio del proceso electoral interno del sindicato, previsto para los días 26 y 27 de noviembre. “Ya se cerró la presentación de listas y solo se oficializó la nuestra, que conducirá el gremio hasta 2030. Asumiremos en marzo, normalizando los plazos que se habían alterado por la pandemia”, señaló Quinteros, destacando la continuidad institucional del SATSAID como un valor en sí mismo.

La reforma laboral en debate: un punto de quiebre

El dirigente también analizó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, que promueve la negociación por empresa, la revisión de los convenios colectivos y la flexibilización de ciertas normas laborales. Con tono crítico, Quinteros advirtió que la iniciativa “no busca modernizar las relaciones de trabajo, sino desarticular el poder colectivo de los sindicatos”.

“Negociar por treinta mil trabajadores no es lo mismo que hacerlo por trescientos. Lo que se pretende es dividir, debilitar y precarizar. Hablan de dinamismo salarial, pero en realidad apuntan a romper la solidaridad entre los trabajadores”, enfatizó.

Para el secretario general de SATSAID, el esquema propuesto desconoce el principio básico de igualdad laboral. “Un camarógrafo, un sonidista o un técnico audiovisual deben percibir el mismo salario por igual tarea, sin importar la provincia. Eso no es un privilegio gremial, es justicia social”, sostuvo, recordando que los acuerdos nacionales del gremio garantizan condiciones uniformes en todo el país.

En su análisis, Quinteros admitió que los convenios colectivos requieren actualización, pero aclaró que ello debe hacerse sin resignar derechos. “Hay cláusulas obsoletas, tareas que desaparecieron con los años, y eso se corrige en diálogo con las empresas. Lo que no se puede aceptar es una reforma que utilice esa excusa para reducir garantías laborales”, señaló.

El trasfondo económico y el riesgo de un modelo desigual

El sindicalista fue más allá y enmarcó el debate en una discusión estructural sobre el rumbo económico del país. A su entender, la ofensiva contra los derechos laborales se vincula con la concentración de la riqueza y la falta de redistribución.

“Nos quieren llevar a un modelo donde la gente trabaja sin derechos, como en China o la India. Pero Argentina no es eso: es un país con recursos, con historia y con un pueblo que aprendió a defender sus conquistas”, expresó.

Con ironía, criticó la idea de ampliar la jornada laboral sin compensación:

“Si quieren trabajadores de doce horas y sin feriados, abramos los libros de las empresas y repartamos las ganancias. No seamos socios solo de las pérdidas”.

El sindicalista advirtió, además, que detrás del discurso de la competitividad “se esconde una transferencia de costos hacia los trabajadores”. Según dijo, mientras el Gobierno habla de austeridad, “la rentabilidad de algunos grupos empresariales crece sin reinvertirse, y el ajuste siempre recae sobre el asalariado”.

Un movimiento obrero en alerta

Pese a la dureza de su diagnóstico, Quinteros subrayó la voluntad del gremio de mantener canales de diálogo institucional. “Estamos dispuestos a discutir convenios, a revisar cláusulas y a adaptarnos a los nuevos tiempos, pero no vamos a convalidar una reforma que implique retroceder en derechos fundamentales”, remarcó.

En ese sentido, valoró la unidad de acción que se observa en la Confederación General del Trabajo (CGT) frente al proyecto oficial. “El sindicalismo argentino ha demostrado que, pese a las diferencias internas, hay un consenso básico: defender el trabajo digno, la negociación colectiva y la protección social”, sostuvo.

El cierre paritario del SATSAID y las palabras de Mario Quinteros condensan el pulso del sindicalismo argentino en un momento de alta incertidumbre política y económica. Consciente de los desafíos que impone la inflación y de los debates que se avecinan en el Congreso, el gremio audiovisual busca sostener el equilibrio entre la modernización del sector y la defensa irrestricta de los derechos laborales.

Quinteros lo resume con una frase que sintetiza la postura del movimiento obrero frente al nuevo escenario: “No nos oponemos al cambio, pero sí al retroceso. La justicia social no se discute: se defiende”.

Este domingo 26 de octubre, la Argentina celebra elecciones legislativas para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados. El oficialismo de Unión por la Patria se juega casi la mitad de sus escaños, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO buscará fortalecer su peso parlamentario. En un momento de polarización política y de debate por reformas estructurales, el resultado de estas elecciones será clave para definir el equilibrio de poder en el Congreso durante los próximos dos años.

Con 257 diputados en total, la Cámara Baja renovará casi la mitad de sus miembros en una elección que no solo determinará el futuro de los principales bloques políticos, sino también la viabilidad legislativa de las reformas económicas y laborales impulsadas por el Ejecutivo.

El peronismo pone en juego 46 de sus 98 bancas actuales, el PRO 21 escaños, La Libertad Avanza 8, Encuentro Federal 7 y la UCR 11. A su vez, Democracia Para Siempre arriesga 9 bancas, Innovación Federal y la Liga del Interior (ELI) 3 cada uno, la Coalición Cívica 4, y el Frente de Izquierda 3.

El oficialismo necesita al menos retener los lugares que hoy ocupa para no perder margen de maniobra legislativa, mientras que la oposición intentará ampliar su representación y acercarse al número que le permita alcanzar el quórum propio (129 diputados) o incluso los dos tercios necesarios para revertir vetos presidenciales.

El mapa actual

Antes de la elección, la distribución en la Cámara de Diputados es la siguiente:

Unión por la Patria (98 bancas)

La Libertad Avanza (37)

PRO (35)

Encuentro Federal (15)

UCR (14)

Democracia Para Siempre (12)

Innovación Federal (8)

Coalición Cívica y ELI (6 cada uno)

Frente de Izquierda (5)

Coherencia (4)

Independencia (3)

Además, con dos bancas aparecen Futuro y Libertad, el MID, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. Con una banca se ubican Creo, Defendamos Santa Fe, el MPN, Republicanos Unidos, Somos Fueguinos y Unidos.

Provincias clave

Buenos Aires

La provincia más poblada del país y principal distrito electoral renueva 35 bancas. De ellas, 15 pertenecen a Unión por la Patria, 7 al PRO, 3 a Encuentro Federal, 3 a la Coalición Cívica, 2 a La Libertad Avanza, 2 a Democracia Para Siempre, 2 al Frente de Izquierda y 1 a la UCR.
Es el escenario donde se definirá gran parte del equilibrio del Congreso.

Ciudad de Buenos Aires

La Capital Federal elige 13 diputados. En juego hay 3 bancas del PRO, 3 de Unión por la Patria, 2 de La Libertad Avanza, 1 de la UCR, 1 de Democracia Para Siempre, 1 de la Coalición Cívica, 1 del Frente de Izquierda y 1 de Republicanos Unidos.

Santa Fe y Córdoba

Dos provincias estratégicas del centro del país renuevan 9 bancas cada una.
En Santa Fe, el PRO y sus aliados arriesgan 5, Unión por la Patria 2, Encuentro Federal 1 y Defendamos Santa Fe 1.
En Córdoba, la UCR pone en juego 3, el PRO 2, Encuentro Federal 3 y Unión por la Patria 1.

Mendoza y Entre Ríos

Ambas provincias deben renovar 5 escaños.
En Mendoza, se juegan 2 de la UCR, 2 de Unión por la Patria y 1 de La Libertad Avanza.
En Entre Ríos, 2 de Unión por la Patria, 1 del PRO, 1 de la UCR y 1 de Democracia Para Siempre.

Región NEA

En Corrientes, se eligen 3 bancas, hoy distribuidas entre la UCR, Democracia Para Siempre y Unión por la Patria.
En Misiones, también 3, actualmente ocupadas por La Libertad Avanza, la UCR e Innovación Federal.
Chaco vota 4 escaños (2 de Unión por la Patria, 1 del PRO y 1 de Democracia Para Siempre), mientras que Formosa pone en juego 2 (una de Unión por la Patria y otra de Democracia Para Siempre).
En Santiago del Estero, las 3 bancas corresponden hoy al peronismo.

Región Cuyo y NOA

Catamarca renueva 3 diputados (2 de Unión por la Patria y 1 de la UCR); La Rioja, 2 (ambas del peronismo); y San Juan, 3 (2 de Unión por la Patria y 1 de Producción y Trabajo).
San Luis también elige 3, pertenecientes a Unión por la Patria, La Libertad Avanza y el PRO.
En La Pampa, se disputan 3 bancas: una por Unión por la Patria, otra por el PRO y otra por Democracia Para Siempre.

En el norte, Tucumán elige 4 diputados (2 del bloque Independencia, 1 de la UCR y 1 de Creo); Salta, 3 (de Unión por la Patria, Innovación Federal y La Libertad Avanza); y Jujuy, 3 (peronismo, UCR y Frente de Izquierda).

Patagonia

Neuquén renueva 3 lugares (MPN, Unión por la Patria y UCR).
Río Negro, 2 (Innovación Federal y PRO).
Santa Cruz, 3 (Por Santa Cruz, UCR y Unión por la Patria).
Chubut, 2 (PRO y Unión por la Patria).
Finalmente, Tierra del Fuego elige 2 diputados, actualmente de Unión por la Patria y Somos Fueguinos, el bloque aliado a La Libertad Avanza.

Estas elecciones intermedias definirán no solo el nuevo mapa político del Congreso, sino también el grado de gobernabilidad y negociación del Ejecutivo en los próximos años.
Mientras La Libertad Avanza busca consolidar su poder parlamentario y avanzar con su agenda de reformas, el peronismo enfrenta el desafío de conservar su representación en un escenario electoral adverso.

El resultado será determinante para medir la fortaleza real de las coaliciones y el rumbo que tomará la política argentina hacia 2027.
Este domingo no solo se eligen diputados: se redefine el equilibrio del poder en la Argentina.