La Confederación General del Trabajo intensifica su despliegue político en provincias y en el Senado para impedir que el proyecto oficial se trate en febrero. Apunta a postergar la discusión hasta las sesiones ordinarias y advierte sobre un impacto regresivo en derechos laborales, economías regionales y empleo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha una ofensiva política de alcance federal para frenar el tratamiento acelerado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En los últimos días, la central obrera profundizó contactos con gobernadores y senadores considerados clave, con un objetivo preciso: evitar que el proyecto sea debatido durante el período de sesiones extraordinarias y forzar su análisis a partir del 1 de marzo, cuando se inicien las ordinarias.

Desde la conducción sindical advierten que el oficialismo busca una aprobación rápida, sin debate profundo ni participación de los sectores involucrados. Así lo expresó el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien cuestionó públicamente la intención de discutir la reforma “entre gallos y medianoche” durante las extraordinarias. En declaraciones radiales, el dirigente fue contundente al señalar que se trata de un texto “pobre desde el punto de vista técnico” y alejado del objetivo declarado de modernizar las relaciones laborales.

Según la mirada sindical, el proyecto no sólo no promueve empleo genuino ni inversión productiva, sino que además implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el sector empleador. “Está muy lejos de ayudar a las pymes y de generar trabajo estable”, subrayó Sola, al tiempo que defendió el derecho de los trabajadores a conservar conquistas históricas.

La estrategia de la CGT combina gestiones políticas directas y construcción de consensos en las provincias. “Hemos mantenido numerosas reuniones con quienes hoy tienen la responsabilidad de definir si esta ley va a cambiar el futuro de los trabajadores”, explicó el dirigente, en referencia al rol central que jugarán los gobernadores y el Senado en la definición del trámite legislativo.

Advertencias y presión política

El mensaje se refuerza desde otros sectores de la conducción cegetista. Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, advirtió que lo que está en discusión “es el futuro de la Argentina” y denunció que la iniciativa fue elaborada por estudios jurídicos ligados a grandes corporaciones, sin contemplar beneficios reales para las pymes ni para el mercado laboral. Además, alertó sobre el impacto negativo en el financiamiento de obras sociales, el sistema previsional y las economías regionales.

Por su parte, Octavio Argüello, referente de Camioneros, cuestionó la falta de convocatoria del Poder Ejecutivo al diálogo social y anticipó que la CGT dará la discusión “en todos los ámbitos necesarios” para frenar la reforma. Entre las opciones mencionó el plano institucional, judicial y también la movilización en la calle, al considerar que el proyecto favorece a multinacionales sin crear empleo genuino.

En este sentido, la central obrera asegura contar con propuestas técnicas alternativas y busca que gobernadores y senadores dimensionen el alcance real de la iniciativa antes de avalar su tratamiento exprés.

Con una ofensiva coordinada que combina diálogo político, presión institucional y advertencias públicas, la CGT apuesta a ganar tiempo y bloquear el avance acelerado de la reforma laboral. El objetivo inmediato es claro: sacar el proyecto de las sesiones extraordinarias, abrir un debate profundo en el período ordinario y, en el mejor de los escenarios para el sindicalismo, modificar sustancialmente o desactivar una iniciativa que consideran regresiva. En ese tablero, gobernadores y senadores aparecen como piezas clave de una disputa que promete escalar en las próximas semanas.

Un informe de la consultora EcoGo revela que el 33% de los ingresos mensuales de los hogares ya se destina a pagar deudas con billeteras virtuales y prestamistas no bancarios. La morosidad se disparó en 2025 y los créditos irrecuperables crecieron con fuerza, en un contexto de salarios rezagados y consumo sostenido a crédito.

El panorama se vuelve aún más delicado cuando se incorporan los compromisos asumidos con la banca tradicional. En ese caso, el endeudamiento total de los hogares equivale hoy al 140% de sus ingresos mensuales, un indicador que refleja con crudeza la pérdida de capacidad de pago y la creciente dependencia del crédito para sostener gastos corrientes.

Este proceso acelerado de endeudamiento ya muestra consecuencias concretas. Los créditos clasificados como “irrecuperables” —aquellos con más de un año de atraso— pasaron del 2,6% al 6,4% en apenas doce meses, evidenciando un deterioro significativo en la salud financiera de los hogares.

El salto de la morosidad en el sistema no bancario

El informe de EcoGo señala que el mayor foco de tensión se encuentra en el sector no bancario. Durante 2025, la morosidad en billeteras virtuales y financieras alternativas se disparó hasta alcanzar el 21,4% de la cartera, casi triplicando el nivel registrado un año atrás, cuando se ubicaba en el 7,4%.

En términos absolutos, de los $12,6 billones otorgados en créditos por el sistema no bancario, cerca de $2,7 billones presentan irregularidades graves de pago. Se trata de una masa de deuda difícil de recuperar que expone los límites de un modelo de financiamiento rápido, flexible y con escasos filtros de solvencia, al que recurren crecientemente los trabajadores para cubrir gastos básicos.

Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, explicó que el fenómeno responde a un cambio profundo en la dinámica económica reciente. “Muchas personas que tienen acceso al crédito formal no llegan a fin de mes y utilizan mecanismos alternativos. Antes las cuotas se licuaban con la inflación; ahora eso ya no ocurre”, advirtió.

Impacto también en la banca tradicional

Si bien el sistema bancario muestra una mayor capacidad de contención —en parte por el uso del débito automático—, los indicadores también reflejan un deterioro sostenido. De acuerdo con datos del Banco Central actualizados a noviembre de 2025, la mora en préstamos personales alcanzó el 11%, un máximo histórico, mientras que en tarjetas de crédito trepó al 8,4%, multiplicándose por seis en relación con 2024.

La combinación de salarios que corren por detrás de los precios, mayor dependencia del crédito para afrontar gastos cotidianos y tasas que ya no se diluyen con la inflación configura un escenario de estrés financiero persistente para los hogares.

El informe de EcoGo pone números a una realidad que atraviesa silenciosamente a millones de trabajadores: endeudarse dejó de ser una herramienta transitoria y pasó a convertirse en un rasgo estructural de la economía doméstica. Con un tercio del salario absorbido por deudas con fintechs y una morosidad en fuerte ascenso, el crédito ya no actúa como puente, sino como una carga que erosiona ingresos y condiciona el consumo futuro. La advertencia es clara: sin una recomposición sostenida del poder adquisitivo, el problema del endeudamiento seguirá profundizándose y tensionando tanto al sistema financiero como al tejido social.

Las autoridades del organismo confirmaron la continuidad del ajuste: prevén la salida de 1.300 trabajadores mediante retiros voluntarios y avanzan con un plan inmobiliario que incluye la venta de más de 47 mil hectáreas destinadas a investigación y desarrollo.

La agenda de ajuste del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no se detiene con el inicio de 2026. En una reunión mantenida entre la nueva conducción del gremio APINTA y las máximas autoridades del organismo, el Ejecutivo ratificó su decisión de profundizar el recorte de personal y avanzar con el remate de una porción significativa de las tierras destinadas históricamente a investigación científica y transferencia tecnológica.

El mensaje fue transmitido de manera directa por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, al secretario general saliente de APINTA, Mario Romero, quien confirmó que el rumbo del organismo no sufrió modificaciones pese al cambio de año. “La agenda de las autoridades del INTA y del gobierno viene siendo la misma y va a ser la misma en este año, con respecto a reducción de estructuras y retiro voluntario”, sostuvo el dirigente sindical.

Un nuevo retiro voluntario desde marzo

Según lo informado en el encuentro, las autoridades prevén lanzar un nuevo plan de retiros voluntarios a partir de marzo, iniciativa que será tratada formalmente el próximo 29 de enero en una reunión del Consejo Directivo del organismo. La propuesta, de acuerdo con versiones anticipadas por el medio especializado Bichos de Campo, contemplaría una compensación de 1,1 sueldos por año trabajado para quienes opten por dejar la institución.

Bronzovich estuvo acompañado en la reunión por el vicepresidente del INTA, Carlos Vera; el coordinador de Recursos Humanos, Sebastián Ibarra; y el gerente de dictámenes jurídicos, Martín Navarro. Además de repasar la situación institucional, el encuentro sirvió para presentar formalmente a Pablo García, nuevo secretario general de APINTA.

Romero advirtió que, más allá del formato voluntario, el gremio mantiene una postura firme de rechazo. “Nuestra posición es negativa, no estamos de acuerdo y esto se lo manifestamos a las autoridades”, remarcó en un mensaje enviado a los delegados de todo el país.

El objetivo oficial: achicar drásticamente la planta

El plan de ajuste tiene un objetivo concreto: reducir la dotación del INTA a unos 4.500 empleados. Al inicio de la actual gestión, el organismo contaba con aproximadamente 6.300 trabajadores. Hoy la planta se ubica en torno a los 5.800, tras jubilaciones anticipadas, no renovación de becas, renuncias motivadas por la parálisis de proyectos y un primer retiro voluntario implementado en 2024, al que solo se acogieron unos 300 empleados.

Para el gremio, estas cifras evidencian un deterioro progresivo del sistema científico-tecnológico vinculado al agro. “Hay gente que se va cansada del manoseo institucional y de la falta de condiciones para investigar”, advierten desde APINTA.

El plan inmobiliario: venta de tierras estratégicas

En paralelo al ajuste laboral, el Gobierno impulsa un plan de venta de activos inmobiliarios que genera fuerte preocupación en la comunidad científica. La iniciativa contempla el remate de unas 47.500 hectáreas, casi la mitad de las 101.500 hectáreas que posee el INTA en todo el país, actualmente destinadas a estaciones experimentales, ensayos productivos y tareas de extensión rural.

Desde el oficialismo, esas tierras son calificadas como “en desuso”, una definición que el gremio y especialistas del sector rechazan de plano. Para APINTA, se trata de activos estratégicos cuyo valor no puede medirse únicamente en términos inmobiliarios, sino por su aporte a la soberanía tecnológica y productiva.

Este capítulo del plan aparece además vinculado a la figura del empresario Eduardo Elsztain, uno de los principales referentes del negocio inmobiliario en la Argentina y cercano al presidente Javier Milei. En ese marco, el nombramiento de Nicolás Pakgojz, hombre de confianza de Elsztain, al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encendió alarmas en el sector. Según trascendió, ya se iniciaron tareas de medición y relevamiento de las tierras del INTA con vistas a su eventual remate.

Reestructuración y conflicto latente

Además de los retiros voluntarios, las autoridades plantearon una reorganización interna del organismo, con reducción de cargos jerárquicos y una estandarización de las estructuras de los Centros Regionales. “Hablan de que todos tengan más o menos la misma estructura”, explicó Romero, lo que en la práctica implicaría una poda adicional de funciones y responsabilidades.

El conflicto, lejos de cerrarse, promete escalar en los próximos meses. Para APINTA, la ofensiva oficial no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que compromete el rol histórico del INTA como pilar del desarrollo agropecuario y científico del país.