
Resistencia estatal: Los trabajadores se organizan contra el cierre de organismos
Los trabajadores estatales y los gremios se preparan para resistir el cierre de varios organismos públicos, luego de que el gobierno nacional avanzara con la fusión y absorción de varias entidades. Los trabajadores impulsan amparos judiciales y acciones directas para frenar la decisión del Ejecutivo.
La decisión del gobierno nacional de cerrar más de 20 reparticiones estatales causó una fuerte reacción sindical y política. Los trabajadores y los gremios se organizan para resistir la medida y frenar el vaciamiento de los organismos públicos. La semana pasada, el Ejecutivo nacional avanzó con el cierre de varias entidades, lo que generó un rechazo inmediato por parte de los instituciones gremiales que representan a los trabajadores del sector.
La Lucha de los Trabajadores del INTI
Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) son uno de los grupos que se encuentran en pie de lucha contra la decisión del gobierno. A través de movilizaciones y asambleas, los trabajadores advierten que van a resistir «el vaciamiento» del organismo por decreto. La medida afecta la autonomía del INTI y lo reduce a una dependencia de la Secretaría de Comercio e Industria bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo.
Amparo por Vialidad Nacional
El cierre de Vialidad Nacional también ocasionó una fuerte reacción gremial y política. Los sindicatos que representan a los empleados del organismo impulsan un amparo en la justicia laboral para declarar inconstitucional la medida. Además, trabajan junto a legisladores en un proyecto de ley para derogarla en el Congreso. El argumento central es que el Poder Ejecutivo no puede eliminar por decreto un organismo creado por ley, como es el caso de Vialidad.
Protesta en Salud
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) también se suma a la resistencia contra el gobierno. Convocan a un paro nacional de salud con movilización desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. La medida es de carácter federal y es «en rechazo al enorme daño que están ocasionando las políticas de ajuste del Gobierno Nacional a las residencias públicas y al sistema de salud en su conjunto».
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La Justicia le puso frenó al Gobierno y suspendió el cierre de Vialidad Nacional

La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto en el decreto 461/2025, tras una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). Esta decisión es un triunfo para los trabajadores y un paso importante para garantizar la seguridad vial en el país.
La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. La jueza Forns advirtió que la aplicación del decreto podría generar traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales en el organismo. Además, señaló que la Ley Bases no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida cautelar presentada por Sevina fue respaldada por la jueza Forns, quien ordenó la suspensión del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad por seis meses. Esta decisión es un triunfo para los trabajadores, que habían expresado su preocupación por la posible pérdida de empleos y la desestabilización del organismo.
La decisión judicial establece que la suspensión del cierre del organismo tendrá una duración de seis meses. Durante este período, la Dirección Nacional de Vialidad seguirá funcionando de manera normal, lo que garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores y la seguridad vial en el país.
Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, destacó que la decisión cautelar es un triunfo para los trabajadores y que la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico que funciona de manera autónoma. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, celebró el fallo judicial y reafirmó la lucha política contra el DNU.
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Estatales van a la Justicia para frenar el régimen de disponibilidad de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que presentará una acción judicial para detener el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, calificándolo como ilegal y violatorio de la estabilidad laboral.
La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca facilitar el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó el régimen como «manifiestamente ilegal», incluso considerando las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo.
Aguiar destacó que solo gobiernos militares han aplicado medidas similares, afectando el derecho constitucional a la estabilidad laboral. La acción judicial será presentada de manera conjunta por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital, liderados por Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional, y Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos de ATE Capital, junto a Suyai Lutz, integrante del equipo.
El referente de la ATE subrayó la importancia de la unidad política y el trabajo conjunto de los equipos jurídicos de ATE, que han logrado resultados positivos en casos recientes. «La Justicia debe actuar de inmediato para proteger los derechos de los trabajadores de la planta permanente», enfatizó.
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Escándalo en la Dirección Nacional de Vialidad: Licitación millonaria para compra de neumáticos en vísperas de su cierre

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.
Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.
Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».
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