
La inflación volvió a subir en junio e impacta en los bolsillos populares
La inflación volvió a subir en el mes junio, especialmente en los barrios más humildes, donde los aumentos en alimentos duplican el promedio general. La situación genera preocupación sobre la estrategia económica del gobierno y su impacto en las elecciones legislativas de octubre.
La inflación es un problema que no se ha ido, y su efecto se siente especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), la Canasta Básica de Alimentos en el conurbano bonaerense aumentó 3,41% en junio. Esto significa que una familia necesitó $186.330 más que hace un año para comprar los mismos productos de almacén.
Esa suba se sintió fuerte en los bolsillos. Una familia necesitó en junio $186.330 más que hace un año para comprar los mismos productos de almacén, $110.000 más para adquirir los mismos cortes de carne y $75.000 adicionales para acceder a la misma cantidad de verduras.
Pese a la baja interanual de la inflación (que pasó del 84,5% en enero al 43,5% en mayo), esa desaceleración no se tradujo en alivio real para la mayoría. En paralelo, los salarios, las jubilaciones y las pensiones se desplomaron. Con menos dinero en los bolsillos, la gente no volvió a consumir. “La baja de los precios no devolvió a la gente a los comercios”, graficó un informe reciente.
A nivel nacional, las consultoras privadas estiman que la inflación de junio rondó entre 1,5% y 1,8%. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) marcó un 2,1%, rompiendo con la tendencia del mes anterior, que había sido la más baja en cinco años y motivo de festejo para el oficialismo.
La situación en los barrios populares es crítica. Los aumentos en alimentos y servicios indispensables mantienen las dificultades de los hogares para prever el manejo de presupuestos que no se incrementan en la proporción de los aumentos que se producen, según destaca Isaak Rudnik, director del Isepci.
La estrategia económica del gobierno ha sido cuestionada por varios expertos. Nicolás Trotta, exministro y actual director del Centro para la Concertación y el Desarrollo, señaló que «el alza en los alimentos cuestiona la estabilidad cambiaria y la estrategia gubernamental basada en el ancla del dólar y el control de paritarias». La presión cambiaria y la falta de resultados tras el retiro parcial del cepo también complican la situación.
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La Justicia le puso frenó al Gobierno y suspendió el cierre de Vialidad Nacional

La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto en el decreto 461/2025, tras una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). Esta decisión es un triunfo para los trabajadores y un paso importante para garantizar la seguridad vial en el país.
La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. La jueza Forns advirtió que la aplicación del decreto podría generar traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales en el organismo. Además, señaló que la Ley Bases no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida cautelar presentada por Sevina fue respaldada por la jueza Forns, quien ordenó la suspensión del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad por seis meses. Esta decisión es un triunfo para los trabajadores, que habían expresado su preocupación por la posible pérdida de empleos y la desestabilización del organismo.
La decisión judicial establece que la suspensión del cierre del organismo tendrá una duración de seis meses. Durante este período, la Dirección Nacional de Vialidad seguirá funcionando de manera normal, lo que garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores y la seguridad vial en el país.
Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, destacó que la decisión cautelar es un triunfo para los trabajadores y que la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico que funciona de manera autónoma. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, celebró el fallo judicial y reafirmó la lucha política contra el DNU.
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Estatales van a la Justicia para frenar el régimen de disponibilidad de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que presentará una acción judicial para detener el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, calificándolo como ilegal y violatorio de la estabilidad laboral.
La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca facilitar el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó el régimen como «manifiestamente ilegal», incluso considerando las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo.
Aguiar destacó que solo gobiernos militares han aplicado medidas similares, afectando el derecho constitucional a la estabilidad laboral. La acción judicial será presentada de manera conjunta por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital, liderados por Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional, y Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos de ATE Capital, junto a Suyai Lutz, integrante del equipo.
El referente de la ATE subrayó la importancia de la unidad política y el trabajo conjunto de los equipos jurídicos de ATE, que han logrado resultados positivos en casos recientes. «La Justicia debe actuar de inmediato para proteger los derechos de los trabajadores de la planta permanente», enfatizó.
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Escándalo en la Dirección Nacional de Vialidad: Licitación millonaria para compra de neumáticos en vísperas de su cierre

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.
Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.
Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».
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